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La Orden de 26 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 80, de 3 de abril), establece las bases reguladoras para la concesión de determinadas ayudas de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural. Por Resolución de 21 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 31, de 5 de febrero), de esa Dirección General, se convocan, junto con el resto de las previstas en la Orden de 26 de marzo, las ayudas para la formación de profesionales de la cultura correspondientes al presente ejercicio.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Resolución de 21 de enero de 1999, la Comisión de Estudio y Valoración, órgano instructor del procedimiento, ha examinado y valorado las solicitudes presentadas a la convocatoria, habiendo propuesto, finalmente, la concesión de determinadas ayudas a los solicitantes seleccionados. Con posterioridad se ha procedido a requerir a los citados solicitantes, para que presenten la documentación a que se refiere el punto tercero.6.3.º de la mencionada Resolución.

De acuerdo con lo establecido en el punto tercero.6.2.º de la Resolución de 21 de enero de 1999, los criterios tenidos en cuenta por la Comisión de Estudio y Valoración para la selección de solicitudes, referidas a actividades docentes, han sido: a) Valoración de la aportación que represente la actividad propuesta para el cumplimiento de las finalidades del apartado primero de la Resolución, b) Actividades de formación realizadas con anterioridad, c) Dotación de recursos materiales para el ejercicio de la actividad formativa, d) Número y cualificación de los profesores, e) Interés de los cursos en relación con la demanda y oferta de las enseñanzas de formación programadas, f) Relación entre el presupuesto total de la actividad y la cuantía de la ayuda solicitada, g) Coste de la matrícula por alumno, h) Becas que los organizadores prevén conceder en relación con el curso propuesto, valorándose especialmente la concesión de becas sin discriminación alguna por el lugar de nacimiento o residencia, con objeto de fomentar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, i) Evaluación de resultados de cursos anteriores. A su vez, para las actividades discentes se han tenido en cuenta los siguientes criterios: a) Valoración de la aportación que represente la actividad propuesta para el cumplimiento de las finalidades del apartado primero de la Resolución, b) Méritos alegados en el documento anexo VII correspondientes a las actividades realizadas con anterioridad, en relación con la actividad formativa para la que se solicita la ayuda, c) Titulación y curriculum vitae del solicitante, d) Relevancia académica y artística de los centros en los que se vayan a realizar los estudios, e) Valoración del informe de trabajos realizados, así como de las pruebas o audiciones que en relación con el objeto de la ayuda solicitada considere conveniente realizar el órgano instructor, f) Medios económicos del solicitante.

Por tanto, vistas todas las solicitudes presentadas a la convocatoria; vista la propuesta elaborada por la Comisión de Estudio y Valoración en su reunión de 1 de junio de 1999; y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, en la Orden de 26 de marzo de 1998 y en la Resolución de 21 de enero de 1999, antes citadas, dispongo:

Primero.

Conceder ayudas a las personas y entidades que se relacionan en el anexo a la presente Resolución, para la realización de las actividades que en el mismo se mencionan y en las cuantías que allí se señalan.

Segundo.

Fijar como plazos para realizar las actividades objeto de la ayuda las fechas que, para cada beneficiario, se consignan en el mencionado anexo.

La realización de estas actividades será justificada por los beneficiarios de conformidad con lo establecido en el punto tercero.8.2.o de la Resolución de 21 de enero de 1999, de acuerdo con las instrucciones del anexo I de la citada Resolución, y en los tres meses siguientes a la terminación del plazo de realización que, según lo establecido en el párrafo anterior, les corresponda.

De conformidad con lo establecido en el punto tercero.8.4.o de la pre-citada Resolución de 21 de enero de 1999, los beneficiarios de ayudas para actividades discentes quedan exonerados de la obligación de aportar los justificantes de los gastos correspondientes a transportes, alojamiento y manutención, todos ellos realizados dentro del país en el que tiene lugar la acción formativa, hasta un importe máximo del 30 por 100 del importe concedido. La aportación de justificantes se sustituirá por una declaración expresa responsable de haber realizado esos gastos, hasta esa cuantía, en los citados conceptos.

Tercero.

Denegar el resto de las solicitudes por los motivos que se expresan en anexo al acta de la Comisión de Estudio y Valoración en su reunión de 1 de junio de 1999, cuyo contenido se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural de la Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de Educación y Cultura.

Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación a los beneficiarios, o al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para el resto de los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 1 de julio de 1999.–El Secretario de Estado, P. D. (Orden de 26 de marzo de 1998), el Director general de Cooperación y Comunicación Cultural, Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca.

ANEXO

Aplicación presupuestaria: 18.15.455C.484