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La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, EHA/777/2005, de 21 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo de 2005), modificada por la Orden EHA/405/2006, de 10 de febrero, por la que se regula el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para las entidades estatales de derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, establece en el apartado Tercero que, en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado presente las respectivas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, dichos organismos habrán de publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la información contenida en el «Resumen de las Cuentas Anuales», al que se refiere el punto 1.2 del apartado Segundo de esta Orden. La Intervención General de la Administración del Estado, mediante medios electrónicos y telemáticos, con fecha 24 de septiembre de 2007, ha comunicado a este Organismo la presentación de sus Cuentas Anuales, ante el Tribunal de Cuentas, con fecha 21 de septiembre de 2007.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la invocada Orden ministerial EHA/777/2005, de 21 de marzo, Esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Resumen de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006, que figura en el anexo de esta Resolución.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.-El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo González López.

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IV. Resumen de la memoria IV.1 Organización y Actividad.-El Instituto Nacional de Empleo (INEM) fue creado por el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, habiéndose configurado como Organismo autónomo administrativo, con personalidad jurídica propia, adscribiéndose al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actualmente, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

Sin embargo, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, ha modificado su denominación por la de Servicio Público de Empleo Estatal, con una atribución de competencias netamente diferenciadas respecto de las asignadas por su norma fundacional (el precitado Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre) y por la actualmente derogada Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo. El traspaso de las políticas activas de empleo (hasta el año 2006, a 16 Comunidades Autónomas) ha propiciado la aprobación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. La actividad del Servicio Público de Empleo Estatal se sustenta en la gestión, en el aspecto presupuestario, de los siguientes programas de gasto: Fomento de la Inserción y Estabilidad Laboral (programa 241-A) y Prestaciones a los desempleados (programa 251-M). La actividad del Organismo se centra en la consecución de los objetivos establecidos para cada uno de los mencionados programas de gasto que pueden, a su vez, agruparse en dos grandes bloques:

a) Fomento de la inserción y estabilidad laboral (Programa 241-A) corresponde al ámbito de las Políticas Activas de Empleo.

b) Prestaciones a los desempleados (Programa 251-M) corresponde al ámbito de la protección económica por desempleo.

La asunción de competencias por las Comunidades Autónomas, con la consiguiente territorialización de la gestión de las políticas activas de empleo (a decir de los Reales Decretos de traspasos, de la gestión realizada por el INEM en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación) y la configuración de un servicio público de empleo de ámbito estatal, circunscrito al ejercicio de las competencias definidas en el artículo 13 de la reiterada Ley de Empleo de 16 de diciembre de 2003, son los dos aspectos más reseñables de la redefinición de la gestión del empleo a nivel nacional.

A) Fomento de la inserción y estabilidad laboral = Políticas activas de empleo. A.1 Programas y acciones de empleo. 1. La intermediación en el mercado laboral.-En este programa, se encuadra la Intermediación en el mercado laboral a través de los Servicios Públicos de Empleo, mediante la red de Oficinas de Empleo y las Agencias de Colocación. Gestión, en su mayor parte, transferida a las Comunidades Autónomas (hasta el año 2006, todas excepto el País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla).

2. El apoyo a la creación de empresas y al autoempleo.-Se diversifica en la gestión encaminada al fomento de la actividad productiva en distintos ámbitos: Iniciativas Locales de Empleo, mediante subvenciones a las Corporaciones Locales y a promotores privados para la búsqueda de oportunidades y la implantación de pequeñas empresas generadoras de empleo estable; la constitución de desempleados en trabajadores autónomos o por cuenta propia, mediante la concesión de subvenciones para facilitar la puesta en marcha de sus proyectos de empresa y garantizar en lo posible su consolidación en el mercado y, por último, impulsando la creación y mantenimiento de la actividad económica en Centros Especiales de Empleo, en los que los discapacitados puedan desempeñar puestos de trabajo adecuados a sus posibilidades. 3. La promoción del empleo a través del apoyo a la contratación indefinida.-En esta línea de actuación, se encuadran los resultados de las medidas normativas encaminadas a la generación de empleo establecida a través de la contratación indefinida, que incide en determinados colectivos y que se ha regulado, fundamentalmente, mediante el programa de Fomento del Empleo para el año 2005, a través de la disposición adicional quincuagésima de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, que ha sido derogado y sustituido por el Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo (como plasmación del resultado del Diálogo Social, impulsado por el Gobierno en Julio de 2004), actualmente, la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, que se ha instrumentado mediante las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social. 4. La mejora de la ocupabilidad de demandantes de empleo.-Se trata de actuaciones cuyos servicios se dirigen a facilitar la inserción o reinserción en el mercado laboral de los desempleados a través de:

Empleo Público Local (colaboración exclusiva con Corporaciones Locales).

Empleo Público Institucional (colaboración con Organismos e Instituciones sin fines de lucro, excluídas Corporaciones Locales). La Información, Orientación, Búsqueda de Empleo y Asistencia al Autoempleo. Los Planes de Servicios Integrados para el Empleo.

A.2 Formación profesional ocupacional y continua.-En el programa de «Fomento de la Inserción y Estabilidad Laboral», se incluyen las dotaciones de los dos subsistemas de Formación Profesional: la ocupacional (dirigida a trabajadores desempleados) y la continua (destinada a trabajadores ocupados).

La Formación Profesional Ocupacional, dirigida a trabajadores desempleados, tiene como objetivo potenciar la inserción y la reinserción de la población demandante de empleo, mediante la cualificación, recualificación o puesta al día de sus competencias profesionales, que podrán acreditarse mediante las certificaciones correspondientes. La Formación Continua se conceptúa, en cambio, como conjunto de acciones formativas que se desarrollen por las empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, a través de las modalidades previstas en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, dirigidas tanto a la mejora de competencias y cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores ocupados con la formación individual del trabajador. A.3 Programas Mixtos de Empleo-Formación: Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.-Se distinguen dos tipos de proyectos de empleo y formación:

Escuelas Taller y Casas de Oficios. Se han consolidado desde su inicio, en 1985, como medidas eficaces de inserción en el mercado de trabajo a través de la cualificación y profesionalización de jóvenes desempleados menores de 25 años mediante la formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional.

Talleres de Empleo. En esta medida se combinan, igualmente, acciones de formación-empleo, con la finalidad de mejorar las posibilidades de colocación de los desempleados de 25 o más años con especiales dificultades de inserción laboral o que se determinen como colectivos preferentes de actuación en los Planes Nacionales de Acción para el Empleo de cada año.

B) Prestaciones a los desempleados = La protección económica por desempleo.-El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, regulariza y sistematiza en su Título III las normas de protección por desempleo, protección que se estructura en una prestación por desempleo de nivel contributivo y un subsidio por desempleo de nivel asistencial.

La situación de desempleo estacional y la especial precariedad de los trabajadores eventuales agrarios del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, en el ámbito de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, condujo a establecer la protección de dicho colectivo que en la actualidad se recoge en la Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el Subsidio por Desempleo en favor de los Trabajadores Eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Ha de destacarse, también, que en 2003 se aprobó, a través del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, dentro de la acción protectora por desempleo, una prestación económica específica, la Renta Agraria, para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social Residentes en Andalucía y Extremadura. Asimismo, se aprobó el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se ha regulado el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.

Financiación y consideraciones especiales:

Las principales fuentes de financiación del SPEE son las cuotas de desempleo y formación profesional, así como los ingresos del Fondo Social Europeo, para cofinanciar los Programas de Empleo y Formación Profesional.

El Organismo está exento del Impuesto de Sociedades y ninguna de sus operaciones está sujeta al IVA. La estructura organizativa del Instituto Nacional de Empleo hasta el año 2006 (inclusive), no obstante el cambio de denominación del Organismo operado por la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (disposición adicional primera), de Servicio Público de Empleo Estatal (en lo sucesivo, SPEE) está regulada por los Reales Decretos1458/1986, de 6 de junio, y 377/2001, de 6 de abril.

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Los Órganos de participación institucional del SPEE son:

1. A nivel central: El Consejo General y la Comisión Ejecutiva son los órganos rectores colegiados integrados por representantes de la Administración Pública y de las Organizaciones Empresariales y Sindicales.

El Consejo General está compuesto por treinta y nueve miembros, con representación tripartita de la Administración Pública, Organizaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales. La Comisión Ejecutiva está compuesta por nueve miembros, con representación tripartita de la Administración General del Estado, Organizaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales. 2. A nivel periférico: Las Comisiones Ejecutivas Provinciales e Insulares, participadas por los agentes sociales. Los Consejos Comarcales, con presencia no sólo de los agentes sociales sino también de la Administración local. Las Comisiones de Seguimiento de la Contratación Laboral también funcionan como órganos de participación institucional a nivel provincial. Los Órganos Gestores son:

1. Dirección General.

2. Estructura Central:

Subdirección General de Gestión de Recursos.

Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria. Subdirección General de Servicios Técnicos. Subdirección General de Informática y Estadística. Subdirección General de Promoción de Empleo. Subdirección General de Gestión de Formación Ocupacional. Subdirección General de Prestaciones. Subdirección General de Formación Continua. Inspección de Servicios.

Las funciones de la unidad de Coordinación de Escuelas Taller y Programas Especiales se desarrollan por la Subdirección General de Promoción de Empleo.

3. Estructura Periférica:

Direcciones Provinciales.

Oficinas de Prestaciones. Oficinas de Empleo (en territorio no transferido). Centros de Formación Profesional Ocupacional (en el territorio no transferido).

La Organización Contable del SPEE es centralizada, por lo que la elaboración y rendición de la Cuenta Anual se realiza por su Dirección General, como Órgano Directivo central.

En cuanto a la actividad de ejecución del presupuesto de gastos, está desconcentrada, a nivel provincial, con provisiones periódicas de créditos desde la Dirección General conforme al volumen de gestión y necesidades de la provincia. La ejecución del Presupuesto de Ingresos, sin embargo, está centralizada. Determinadas competencias de autorización de gastos están delegadas por el Director General en los Subdirectores Generales de Gestión de Recursos (sólo en materia de contratación) y de Gestión Económica y Presupuestaria, en tanto que las de ordenación de pagos, sin excepción, están delegadas por el Director General en el Subdirector General de Gestión Económica y Presupuestaria, respecto del ámbito de los Servicios Centrales, y en los Directores Provinciales del Organismo en la forma recogida expresamente en la Resolución del Servicio Público de Empleo 1 de junio de 2005, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de julio de 2005 (Corrección de errores publicada en el Boletín Oficial del Estado de 14 de septiembre de 2005), que incluye tanto la autorización de gastos como la ordenación de pagos generados por la gestión provincial. Según la organización del Servicio Público de Empleo Estatal, la responsabilidad se residencia en el Director General y, por sustitución de aquél, en los Subdirectores Generales, en el orden en que se relacionan en el Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio, de estructura orgánica del INEM, modificado por el Real Decreto 377/2001, de 6 de abril (en virtud del Real Decreto 377/2001, se creó la Subdirección General de Formación Continua). El Director General tiene delegadas competencias, en virtud de la precitada Resolución de 1 de junio de 2005 (Boletín Oficial del Estado de 16 de julio y corrección de errores de 14 de septiembre), según las distintas materias y con las limitaciones que se establecen, en todos los Subdirectores Generales. Las mismas competencias serán ejercidas por los Subdirectores Generales Adjuntos en caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de cada Subdirección General. Igualmente, tienen delegadas competencias en todos los Directores provinciales, si bien circunscritas a su ámbito territorial (el provincial) dentro del límite de los créditos presupuestarios habilitados por los Servicios Centrales del Organismo a las Direcciones Provinciales. A los Directores Provinciales les sustituyen los Subdirectores Provinciales, en el mismo orden que el establecido para los Subdirectores Generales en el Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio. El número medio de empleados se sitúa en torno a los 8.000 y el número de empleados a 31 de diciembre del 2006 ha sido 6.124 funcionarios, 1.495 laborales fijos, 593 eventuales y 11 efectivos encuadrados como otro personal. El SPEE está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de Empleo (artículo 16.6 del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo actúa como entidad colaboradora y de apoyo técnico del SPEE, en el marco del sistema de Formación Profesional, en los términos que se establezcan reglamentariamente (disposición adicional quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo -procede del Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio-) y depende financieramente del SPEE a través de su presupuesto de gastos (aprobado por la ley anual de Presupuestos Generales del Estado), desde el que recibe una subvención nominativa para gastos corrientes y otra subvención nominativa para gastos de inversión, circunscritas al desarrollo de su actividad.

IV.2 Bases de presentación de cuentas:

a) Principios contables.-Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad, se expresan en euros, y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaría y en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado y con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto.

b) Comparación de la Información: Como consecuencia de el alta en cuentas de los valores producto del inventario, encargado a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A., se ha producido una reclasificación en el balance de la entidad en relación con las cuentas del ejercicio anterior, ya que se ha producido la baja de cuenta 2215 «Obras en Curso» y de la cuenta 108 «Patrimonio entregado en cesión» y, por otro lado, el alta de las cuentas 222 «Instalaciones técnicas» y 223 «Maquinaria», actualizándose los elementos que componen las demás cuentas. Además se ha realizado la amortización elemento a elemento, como marca la Resolución de la Intervención General del Estado de 14 de diciembre de 1999, con el siguiente criterio:

Aplicaciones informáticas, vida útil de 6 años -Edificios administrativos, comerciales, de servicios y viviendas, vida útil de 100 años -Edificios industriales y almacenes, 68 años -Instalaciones técnicas de naturaleza 2, grupos electrógenos 20 años.-Instalaciones técnicas de naturaleza 3, equipos de climatización, aire acondicionado, centrales telefónicas, etc., vida útil de 18 años.-Instalaciones técnicas de naturaleza 7, centrales de alarma, cámaras de vigilancia, etc., la vida útil de 12 años.-Maquinaria utilizada en almacenes para traslado de paquetería y otros artículos almacenados, 18 años.-Mobiliario en general vida útil de 20 años, excepto fotocopiadoras que son 14 años.-Equipos informáticos 8 años.-Elementos de transporte 14 años.-Bienes inventariados en Centros de Formación como dotaciones de cursos, amortizan en 14 años, excepto el mobiliario que se les aplica el que corresponde como tal mobiliario.

Como consecuencia de ello se ha procedido a ajustar los bienes en balance a 1 de enero contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por importe de 5.270.860,07 euros de pérdidas.

c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización: La forma del cálculo del Remanente de Tesorería se ha visto modificada con respecto al ejercicio anterior como consecuencia de lo establecido en el artículo primero de la Orden EHA/405/2006, de 10 de febrero, lo que ha supuesto una disminución de su importe, con respecto al cálculo realizado de acuerdo con el criterio anterior, de 797.870,23 euros en el ejercicio 2006 y de 506.525,60 euros en el ejercicio 2005. IV.3 Normas de valoración:

a) Inmovilizado Inmaterial: Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su precio de adquisición. La amortización de las mismas se realiza determinando las cuotas de acuerdo con el método lineal. Se toma como vida útil el periodo establecido en las tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución de la Intervención General del Estado de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.

b) Inmovilizado material: Las inversiones materiales se registran al coste de adquisición. Las cuotas de amortización del inmovilizado material se determinan por el método lineal. Se toma como vida útil el periodo establecido en la Resolución de la Intervención General del Estado de 14 de diciembre de 1999. c) Inversiones financieras: El Organismo no ha realizado inversiones financieras en el ejercicio 2006. El saldo de las partidas incluidas en el Activo del Balance en las cuentas del PGCP 252 «Deudores a largo plazo» y 544 «Deudores a corto plazo» corresponde a los importes pendientes de reintegrar a 31 de diciembre de 2006 de los anticipos al personal concedidos por el Organismo desde el ejercicio 2001. d) Existencias: El Organismo no dispone de existencias. e) Provisiones para riesgos y gastos: Se dotan provisiones para responsabilidades cuando existe una alta probabilidad de incurrir en obligaciones como consecuencia de litigios en curso etc... con base en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado (BOE de 21 de diciembre de 1999), en el punto 5 del apartado Tercero «Provisión para responsabilidades», que determina que «sólo debe constituirse si las responsabilidades estimadas tienen una probabilidad alta de producirse. El informe de los servicios jurídicos del ente se tomará como elemento primordial para la justificación de su registro». f) Deudas: El Organismo no tiene contabilizadas deudas en las agrupaciones C) I, C) II, D) I, D) II, D) III 5, del Pasivo del Balance. El importe que figura en la agrupación D) 5 «Otros acreedores», por importe de 797.870,23 euros corresponde al saldo de los conceptos no presupuestarios de la agrupación «Cobros pendientes de aplicación» 3.21.009 «Ingresos pendientes de distribución», por importe de 482.357,34 euros, y 3.21.019 «Fondos en Provincias pendientes de reintegrar a Servicios Centrales» por importe de 315.512,89 euros. g) Provisión dudoso cobro: La entidad dota provisiones por dudoso cobro por el procedimiento establecido en la Resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, modificada por la de 26 de noviembre de 2003, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos, que establece en el punto 3. «Provisiones para insolvencias», del apartado tercero, «provisiones», dos procedimientos para la dotación de la provisión para insolvencias:

a) Seguimiento individualizado de los créditos. Para aquellos créditos en los que ocurra alguna de las siguientes circunstancias: a.1) Que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en que se ha iniciado el período ejecutivo, sin que se haya satisfecho la deuda, acordado su compensación, o haya sido aplazada con la aportación de las garantías correspondientes.

a.2) Que los créditos hayan sido reclamados judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa el cobro. a.3) Que el deudor esté declarado en quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o incurso en un procedimiento de quita y espera. a.4) Que el deudor esté procesado por alguno de los delitos previstos en los artículos 257 y 258 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En los dos primeros casos la dotación alcanzará la totalidad del crédito vencido o reclamado; sin embargo, en los dos últimos casos, la dotación se efectuará por la totalidad de los créditos, vencidos o no, que tenga la entidad contra dicho tercero.

b) Estimación global del riesgo de fallidos. Para aquellos créditos de los que no se efectúe un seguimiento individualizado, la dotación a la provisión para insolvencias se determinará mediante la estimación global del riesgo de fallidos que realice la entidad sobre la serie temporal histórica de las mismas.

h) Ingresos y gastos: Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos o se reconozcan las obligaciones presupuestarias.

Sin embargo la nómina de prestaciones de desempleo del mes de diciembre de 2006 pagada en el mes de enero de 2007 se ha imputado a créditos presupuestarios del ejercicio 2007. Se transcribe la contestación dada por el Organismo en su escrito de alegaciones a los Anteproyectos de Declaración Definitiva de las Cuentas Anuales de los años 2005 y anteriores:

El Instituto Nacional de Empleo, en el ejercicio de 1996, según las recomendaciones (número 5 «Prestaciones de desempleo») del Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas a este Organismo, correspondiente a 1994, para imputar a su presupuesto de gastos la decimotercera nómina de prestaciones, celebró una reunión, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el 13 de noviembre de 1996, a la que asistió personal de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, y de la Oficina Presupuestaria. En dicha reunión, se indicó que, para poder alcanzar los objetivos de Convergencia Europea, no se consideraba oportuna la propuesta de incrementar el gasto en prestaciones por desempleo, derivado de la decimotercera nómina, a imputar al ejercicio de 1996, habida cuenta su incidencia presupuestaria para la Seguridad Social.

Este Instituto elaboró borrador de modificación presupuestaria, suplemento de crédito, financiado con Remanente de Tesorería, por importe de 95.618 millones de pesetas, para financiar la mencionada decimotercera nómina, si bien el gasto de la nómina decimotercera, previsto el 4 de noviembre de 1996, ascendía a 135.300 millones de pesetas (la diferencia entre el gasto previsto -135.300 millones de pesetas-y el importe del suplemento del crédito -95.618 millones-se cubría con cargo al crédito disponible del Presupuesto Prorrogado del ejercicio 1996). Dicho borrador de modificación presupuestaria, sin embargo, no prosperó, respecto de su tramitación, como consecuencia de lo tratado, y así reseñado en la mencionada reunión de 13 de noviembre de 1996 y, a su vez, por indicación de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, de no resultar conveniente la tramitación de la modificación presupuestaria. Por otra parte, el Director General del INEM, dando contestación a un escrito de la Intervención General de la Administración del Estado de fecha 19 de octubre de 1998, sobre la decimotercera nómina, comunicó el 4 de noviembre de 1998 al Interventor General de la Administración del Estado: «.la incidencia, en el déficit del Sistema de la Seguridad Social, de contabilizar el gasto de prestaciones por desempleo de diciembre, con cargo al Presupuesto del ejercicio corriente, es la única razón por la que no se ha procedido a su realización en 1997». i) Transacciones en moneda distinta del euro: Al final del ejercicio 2006 no existen cuentas a pagar o cobrar en moneda distinta del euro.

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