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El Reglamento (CE) 2371/2002, del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, señala como objetivo de esta, la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura en el contexto de un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta de manera equilibrada los aspectos medioambientales, económicos y sociales.
La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, prevé que el titular del Departamento podrá adoptar medidas de regulación del esfuerzo pesquero, encontrándose entre las mismas la limitación del tiempo de la actividad pesquera.
El Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero español y adaptación al Fondo europeo de la Pesca establece la normativa básica de ordenación aplicable al ajuste de los esfuerzos pesqueros entre otros los referidos a la paralización temporal de la actividad pesquera.
La Orden AAA/175/2012, de 30 de enero, establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera («BOE» de 4 de febrero de 2012).
El Consejo, mediante su Decisión del 20 de diciembre de 2011, por la que se deroga la Decisión 2011/491/UE del Consejo relativa a la firma en nombre de la Unión Europea y a la aplicación del Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, y en atención a la Resolución Legislativa del Parlamento europeo, de 14 de diciembre de 2011, deniega la aprobación de la prórroga del protocolo de pesca.
En consecuencia, la flota pesquera debe abandonar el caladero de Marruecos desde el 15 de diciembre de 2011 y un considerable número de buques de distintas modalidades de pesca y con puerto base en diferentes comunidades autónomas, que hasta ahora venían ejerciendo su actividad en ese caladero, se han visto afectados por la imposibilidad de seguir faenando en dichas aguas, en tanto se establezca un nuevo protocolo de pesca.
Dada la gravedad y excepcionalidad de la actual coyuntura, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, decide conceder ayudas a los armadores o propietarios que se hayan visto afectados por esta Decisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 a. iii) del Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca.
En consecuencia, mediante la presente orden, se establece la convocatoria de ayudas para los propietarios o armadores de los buques pesqueros españoles de distintas modalidades de pesca, afectados por la paralización temporal obligatoria de su actividad pesquera, cofinanciadas por el Estado y la Unión Europea, y cuya gestión se llevará a cabo por la Administración General del Estado.
El artículo 33.2 del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero español y adaptación al Fondo europeo de la Pesca, establecen la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en la actualidad Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pueda adoptar un régimen de ayudas a los armadores o propietarios y pescadores afectados, en caso de paralizaciones temporales que tengan lugar en el supuesto de no renovación o suspensión de un acuerdo de pesca y cuando la medida afecte a varias comunidades autónomas, por lo que se procede a la gestión centralizada de las presentes ayudas.
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, la gestión centralizada se perfila como el medio más apropiado para garantizar idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que el recurso pesquero no se encuentra compartimentado, siendo al mismo tiempo un medio necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase las disponibilidades presupuestarias destinadas al sector.
Asimismo, tanto la urgencia que acompaña a la tramitación de esta orden, como la participación en su financiación de fondos comunitarios, conllevan la necesidad de una determinada forma de gestión que no sobrepase los plazos preestablecidos.
La gestión de las presentes ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta el Censo y la modalidad de pesca de los barcos a cuyos armadores o propietarios se abonará la ayuda.
En su tramitación se ha cumplido con el trámite de consultas a las comunidades autónomas afectadas, sector afectado y agentes sociales.
En su virtud, dispongo:
La presente orden tiene por objeto convocar para el año 2012, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles de distintas modalidades de pesca, afectados por la derogación de la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2011, por la que se deroga la Decisión 2011/491/UE del Consejo, en atención a la Resolución Legislativa del Parlamento europeo, de 14 de diciembre de 2011 que deniega su aprobación a la celebración del Protocolo.
Dichas ayudas se otorgarán con motivo de la paralización temporal obligatoria que la flota efectúe como consecuencia de esa Decisión.
La financiación de las ayudas previstas se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 23.16.415B.774.15 «Ayudas a programas operativos de la Unión Europea» de los Presupuestos Generales del Estado del año 2012. La cuantía total máxima de las ayudas ascendería a la cantidad de 3.660.000,00 €. La concesión de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.
La aportación comunitaria se hará con cargo al Fondo Europeo de la Pesca (FEP), de conformidad con los límites establecidos en el Reglamento CE 1198/2006 del Consejo de 27 de julio, relativo al FEP.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas por paralización temporal de la actividad los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles afectados por la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2011, por la que se deroga la Decisión 2011/491/UE del Consejo, en atención a la Resolución Legislativa del Parlamento europeo, de 14 de diciembre de 2011 que deniega su aprobación a la celebración del Protocolo; que hubiesen pagado una licencia de pesca para faenar en el caladero marroquí en el año 2011 y/o hubiesen abonado la correspondiente licencia para el 2012, y que cumplan con los requisitos establecidos en la Orden AAA/175/2012, de 30 de enero, que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera.
2. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden, será condición necesaria que todos los buques permanezcan con el dispositivo VMS de localización de buques pesqueros encendido durante todo el periodo que dure la paralización temporal.
El importe máximo por día de ayuda, así como los criterios para su determinación serán los que figuran en el anexo II de la presente convocatoria.
1. Desde la entrada en vigor de la presente orden, las ayudas se otorgarán con carácter general por periodos mínimos de un mes y por un periodo máximo de seis meses de paralización temporal, realizados de forma continuada entre el 15 de diciembre de 2011, fecha de abandono del caladero de Marruecos por la flota pesquera y el 14 de junio de 2012, ambos inclusive.
En el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2011 y la entrada en vigor de la presente orden, podrán contabilizarse periodos inferiores a un mes.
2. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden cualquier buque que interrumpa la parada temporal e inicie la actividad pesquera no podrá volver a realizar ningún periodo de parada, ni beneficiarse de las correspondientes ayudas durante este periodo de seis meses.
3. El periodo de inactividad se computará desde el día siguiente al de la llegada del buque a puerto hasta el día anterior a la salida efectiva del mismo.
Los periodos de tránsito no serán computables a efectos de paralización.
1. La solicitudes se dirigirán al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, conforme al modelo que se acompaña en el anexo I, y se presentarán en el Registro de la Secretaría General de Pesca, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El plazo de presentación de la solicitud será de 10 días hábiles a contar desde la entrada en vigor de la presente convocatoria.
3. Esta solicitud será única para todo el periodo de la parada y deberá ir acompañada de la documentación que se especifica en la Orden AAA/175/2012, de 30 de enero de 2012.
Con la primera solicitud el armador deberá presentar certificación de la Capitanía Marítima donde se acrediten los periodos de parada realizados desde el 15 de diciembre de 2011, y hasta la fecha de entrada en vigor de la presente orden.
4. Después de esta primera solicitud y con el límite del periodo máximo de parada de seis meses, el armador deberá remitir a la Secretaría General de Pesca sucesivas certificaciones emitidas por la Capitanía Marítima a fecha 15 del mes correspondiente, que acrediten la paralización continuada del buque desde la fecha anteriormente certificada y nunca por periodos inferiores a un mes.
No obstante, la primera y la última certificación de las paradas realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente orden, podrán llevarse a cabo también por periodos inferiores al mes.
El plazo máximo para la recepción de estas acreditaciones será de 10 días a contar desde el día 15 de cada mes, y la no presentación de esta certificación se considerará como renuncia del armador a la continuidad de percepción de las ayudas.
5. Asimismo, si se produce alguna modificación respecto al contenido de las declaraciones juradas contempladas en los anexos de la presente orden, el beneficiario deberá obligatoriamente comunicarlo a la Secretaría General de Pesca.
1. El órgano competente para la instrucción será la Subdirección General de Política Estructural.
2. El Subdirector General de Política Estructural elevará la correspondiente propuesta de resolución por los días efectivamente inmovilizados, con el contenido que establece el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El Director General de Ordenación Pesquera, dictará la correspondiente resolución motivada en el plazo de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud, que será notificada al interesado de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a través de correo certificado con acuse de recibo.
4. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución los interesados podrán entender desestimada su solicitud.
5. La resolución que recayere pone fin a la vía administrativa, pudiéndose recurrir potestativamente en reposición en virtud del artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si transcurridos los seis meses de parada temporal contenidos en esta orden, persistiese la situación y condiciones actuales, se procederá a tramitar una nueva orden de convocatoria de ayudas por la paralización temporal de esta flota.
La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de febrero de 2012.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, P. D. (Orden ARM/939/2011, de 13 de abril), el Secretario General de Pesca, Carlos Domínguez Díaz.
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