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Hechos

Único.

Con motivo de la renuncia del anterior Delegado de Criminalidad Informática en la Fiscalía Provincial de Alicante, Ilmo. Sr. don Ramón Siles Suarez para atender otras responsabilidades en esa Fiscalía, el Fiscal Jefe Provincial efectuó la oportuna convocatoria para cubrir la plaza vacante, presentándose sendas solicitudes por los Fiscales, Ilma. Sra. doña M.ª Luz Morillas Alba y don Enrique Manchón Llopis. El Fiscal Jefe elevó informe de 30 de octubre de 2018 a la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática proponiendo el nombramiento del Ilmo. Sr. don Enrique Manchón Llopis teniendo en cuenta el mayor número de cursos relacionados con la criminalidad informática que había realizado.

La Fiscal de Sala de Criminalidad Informática, mediante escrito de 12 de noviembre de 2018, acepta la propuesta de nombramiento de don Enrique Manchón Llopis por ser persona idónea y que se encuentra en condiciones adecuadas para el desempeño de esta función dados sus conocimientos, preparación y experiencia.

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. El mismo precepto exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación del todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (art. 36.4).

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que también se seguirá el mismo procedimiento de designación en los casos en los que el Delegado Provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

La misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Alicante está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, haciendo propia la fundamentación de la propuesta y habiéndose cumplido el requisito de la puesta en conocimiento del Consejo Fiscal del nuevo nombramiento se acuerda:

La aceptación de la renuncia del Ilmo. Sr. don Ramón Siles Suarez como Fiscal Delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Alicante.

El nombramiento del Ilmo. Sr. don Enrique Manchón Llopis como nuevo Fiscal Delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Alicante.

Notifíquese lo acordado al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia, al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Alicante, que trasladará copia del presente Decreto al Fiscal interesado, así como a la Ilma. Sra. doña M.ª Luz Morillas Alba.

Publíquese el Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Recursos. Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (c/ Fortuny n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla la de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 26 de noviembre de 2018.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.