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La Directora General de Gobernanza Pública, por delegación, y el Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han suscrito, con fecha 5 de septiembre de 2019, un Convenio para la identificación de cargas administrativas y su reducción.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la publicación del referido Convenio, como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 5 de septiembre de 2019.–El Secretario de Estado de Función Pública, P. D. (Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo), la Directora General de Gobernanza Pública, María Pía Junquera Temprano.
En Madrid, a 5 de septiembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, doña María Pía Junquera Temprano, Directora General de Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública (en adelante MINPTFP), según nombramiento efectuado por Real Decreto 686/2016, de 16 de diciembre, «BOE» del 17 de diciembre, en ejercicio de las competencias que le atribuye el apartado Vigésimo segundo.b) de la Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias, por el que el Secretario de Estado de Función Pública delega en el titular de la Dirección General de Gobernanza Pública la formalización de convenios hasta el límite de 600.000 euros.
De otra parte, don Lorenzo Amor Acedo, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (en adelante ATA), según nombramiento efectuado por el Pleno de dicha Asociación en su sesión de fecha 14 de marzo de 2015 y en virtud de las atribuciones reconocidas al Presidente de la Federación de acuerdo con los Estatutos de la misma, en concreto las referidas en el apartado b) del artículo 12.
Interviniendo en el ejercicio de sus cargos y haciendo uso de la representación que ostentan, ambas partes se reconocen suficiente capacidad legal y competencia para celebrar el presente Convenio y en relación con el mismo,
EXPONEN
I. Que la reducción de cargas administrativas constituye un objetivo y un compromiso del Gobierno de España, correspondiendo a la Secretaría de Estado de Función Pública (en adelante SEFP), la simplificación administrativa, el estudio de las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que han de aplicarse para flexibilizar las estructuras de las Administraciones Públicas y superar las dificultades que pueden encontrar los ciudadanos y empresas para relacionarse con ellas.
A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados, entre otras medidas, prestar una atención particular a la mejora de la tramitación mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas, así como crear o mantener dentro de los servicios de sus administraciones un organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y de la Administración con vistas a fomentar la simplificación de los procedimientos administrativos y de la legislación.
El proceso de simplificación de procedimientos va dirigido a identificar y realizar propuestas de mejora del diseño de los procedimientos vigentes en el ámbito de una determinada Administración Pública para que éstos, además de adecuarse a las necesidades existentes en cada momento, operen con la máxima economía, y alcancen el mayor grado posible de eficacia y eficiencia.
En lo que se refiere a los trabajadores autónomos, los distintos estudios realizados desde ATA muestran que este colectivo sigue identificando como un obstáculo a su actividad las trabas administrativas a las que tienen que hacer frente. Dichos obstáculos afectan principalmente durante el desarrollo de su actividad, más que en el inicio o constitución de la misma, ya que el tiempo y el coste que suponen para un autónomo determinados trámites con la Administración son una barrera al desempeño de su gestión, dada la dimensión de su negocio y el coste añadido que deben asumir, pues la mayoría de ellos se ven obligados a recurrir a gestores externos.
En la vía del enfoque participativo que promueve el gobierno abierto, se podría avanzar en la mejora del funcionamiento de la Administración y de sus servicios abriendo la posibilidad de los destinatarios de los servicios, a una experiencia conjunta de búsqueda de soluciones a problemas concretos. Este cambio cultural pretende favorecer la formación de espacios de creatividad donde la Administración comparta sus datos, experiencia y recursos, y los ponga a disposición del sector empresarial o social (que aporta su experiencia como usuario de procedimientos).
Desde el año 2014, se han suscrito convenios entre la Administración General del Estado y ATA. Las propuestas de simplificación de cargas administrativas resultantes de los citados convenios, se pusieron en conocimiento de la Secretaría de Estado de Función Pública para su traslado a los centros gestores y posterior evaluación de los mismos.
Finalizada la vigencia del anterior Convenio, se considera necesario dar continuidad a la colaboración entre las partes mediante la suscripción de un nuevo Convenio con ATA para la identificación y eliminación de los obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora.
Destaca también la importancia de poner en marcha acciones de divulgación de las novedades en este ámbito y de las nuevas herramientas disponibles y ofrecer, para ello, servicios de asesoramiento y tutoría en el uso de las mismas, teniendo en cuenta las especificidades del colectivo de autónomos.
II. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al MINPTFP la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Función y Gobernanza públicas. En particular, el artículo 6.1.n) del Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, atribuye a la Secretaría de Estado de Función Pública la política de la reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado.
III. Que ATA representa a más de 485.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, tiene integradas más de 800 organizaciones y presencia en todo el territorio nacional. Ha sido declara por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social como una de las entidades asociativas de trabajadores autónomos más representativa a nivel nacional.
IV. Que ATA se considera un interlocutor válido ante los órganos de la Administración del Estado para la defensa y coordinación del colectivo de trabajadores autónomos.
V. Que la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos, en cuanto propicia la reducción de trámites y cargas burocráticas, además de facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración, contribuye a reducir los costes de explotación de las actividades mercantiles, ayudando a mejorar la competitividad de las empresas y a estimular su desarrollo.
VI. Que ATA, por su representatividad empresarial y por su objeto y fines sociales, es el cauce institucional adecuado para ayudar a identificar los trámites y cargas burocráticas innecesarias, redundantes o excesivas, que pesan sobre el colectivo de los trabajadores autónomos, y para determinar o sugerir cambios o medidas que faciliten su simplificación o reducción, así como para realizar acciones divulgativas al respecto entre el colectivo empresarial, motivos por los que dicha Federación y el propio MINPTFP tienen interés en establecer un marco de diálogo y colaboración sobre el asunto mencionado.
Teniendo presente que la consulta a los sectores interesados permite mejorar la calidad de la legislación y su adecuación a las necesidades sociales, resulta pertinente establecer nuevas vías de colaboración que fomenten la participación de los trabajadores autónomos en esta iniciativa pública y, en consecuencia, las partes consideran oportuno suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
El objeto del presente Convenio es establecer los términos de la colaboración entre la Administración General del Estado, a través del MINPTFP, y ATA para identificar y plantear propuestas concretas de reducción de cargas administrativas susceptibles de ser reducidas que afectan al colectivo de autónomos. Se hará hincapié en la aplicación del Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, así como en el impacto de la administración electrónica entre el colectivo.
Dentro de esta colaboración se podría encuadrar la participación en laboratorios de ideas para la reducción de cargas administrativas, en los que, de manera conjunta, Administración y el sector implicado discutan sobre procedimientos a simplificar.
ATA, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, realizará las siguientes actuaciones:
1. Diseño de propuestas de reducción de cargas:
Por parte de ATA se diseñarán propuestas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación que afecta a los trabajadores autónomos, orientadas a eliminar las barreras burocráticas existentes. Dichas propuestas serán concretas y contrastadas e irán destinadas a contribuir en el impulso y mejora de la relación de los trabajadores autónomos con la Administración, con una traslación práctica y directa.
Dichas propuestas irán acompañadas de la correspondiente estimación del ahorro que generarán aplicando el Método Simplificado de medición de cargas administrativas, normativa a modificar y órgano competente, y se acompañarán de la memoria explicativa procedente.
En caso que de que sean formuladas varias propuestas de simplificación con la misma identidad sustancial en cuanto al objeto, finalidad o tipo de medida adoptada, se agruparán todas ellas en una única propuesta con el fin de facilitar el seguimiento por parte del Centro Gestor.
ATA hará entrega al MINPTFP, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, del informe en el que se relacionarán los trámites identificados y las propuestas de reducción de cargas. El documento se entregará, en todo caso, antes del 25 de noviembre de 2019.
El personal dedicado al cumplimiento de los objetivos de este Convenio podrá ser propio de ATA o subcontratado a tal fin.
Asimismo, ATA aportará la información en el formato que la Administración le indique.
2. Sensibilización para trabajadores autónomos y empresarios:
Por parte de ATA se realizará una campaña de sensibilización. Para ello se llevarán a cabo al menos 2 encuentros en diferentes localidades del territorio nacional, poniéndose en conocimiento de los autónomos y emprendedores la información referente a la eliminación y simplificación de trámites administrativos.
Estas jornadas, en la medida de lo posible se celebrarán antes del 30 de octubre de 2019.
Asimismo, se divulgará en todas las jornadas, a petición del MINPTFP, cualquier tipo de información o material sobre la reducción de cargas y simplificación administrativa que se considere de interés, a través de la red de ATA.
En cualquier tipo de actividad de comunicación, ATA dará publicidad de la participación del MINPTFP en la financiación de este Convenio con inclusión del logo de todos los firmantes del mismo.
3. Plan de tutoría:
Para poder incrementar la información recibida por los destinatarios de las acciones y los índices de utilización de los medios de contacto para presentar sugerencias de simplificación, ATA pondrá a disposición de los empresarios autónomos a personal técnico para la resolución de las dudas y problemas que pudieran surgir.
4. Difusión:
ATA realizará aquellas acciones necesarias para hacer llegar a todos los destinatarios las actuaciones objeto de este Convenio. En la difusión de la información se establecerá una fase previa a la ejecución de las correspondientes actuaciones con el fin de contactar con los emprendedores y futuros beneficiarios. Así mismo, se informará sobre el desarrollo y los resultados finales de éstas.
Dentro de las acciones de difusión se realizarán las siguientes:
– Inserción de publicidad en medios propios de comunicación: inserción en la revista «Autónomos» y en su propia página web.
– Envío de e-mail y realización de campañas de telemarketing, dirigidas a los asociados de ATA y a las organizaciones integradas en la Federación, buscando acceder al mayor número de beneficiarios posibles.
5. Otras actividades:
Cuantas otras actividades o servicios se consideren necesarios o convenientes para el buen desarrollo del Convenio, en particular la realización de iniciativas de divulgación sobre las actividades realizadas en este ámbito.
Entre estas actividades pueden encuadrarse el desarrollo de laboratorios de ideas para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que la SEFP podría promover con el fin de fomentar la implicación de los órganos gestores y expertos de los sectores afectados. En este contexto, ATA podría participar, directamente o a través de la designación de representantes entre profesionales con experiencia en la materia de que se trate.
1. Asesoramiento:
Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de medición de cargas administrativas y de su reducción.
2. Seguimiento:
Seguimiento de los trabajos realizados por la organización durante la vigencia del Convenio, a través de reuniones periódicas concertadas por las partes.
3. Comisión de Seguimiento:
Convocatoria para la constitución de la Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula sexta de este Convenio.
4. Análisis de las propuestas presentadas:
Remisión de las propuestas presentadas por la organización a los Departamentos ministeriales competentes por razón de la materia objeto de las iniciativas. Se elaborará un informe con las valoraciones de los Departamentos, que será remitido a ATA.
5. Difusión y comunicación:
La SEFP podrá dar difusión en sus medios de la firma del Convenio y los resultados obtenidos.
La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio, así como cualquier otro derecho que se pudiera derivar de los mismos, pertenecerán al MINPTFP y a ATA, y no podrán ser explotados por ningún tercero sin el consentimiento expreso de todas las partes.
No obstante, ATA podrá hacer difusión de su papel activo en los trabajos desarrollados en relación a este Convenio.
1. El coste total de la financiación de las actividades derivadas de la suscripción del presente Convenio es de cincuenta y tres mil doscientos cincuenta euros (53.250 €).
2. Para la realización de estas actividades el MINPTFP aportará la cantidad de cuarenta y dos mil seiscientos euros (42.600 €) y ATA la cantidad de diez mil seiscientos cincuenta euros (10.650 €).
El crédito presupuestario al que se imputará la obligación correspondiente al MINPTFP es el siguiente: 22.02.921N.640.06.
3. A partir de la publicación en el BOE de este Convenio, el MINPTFP abonará a ATA los pagos correspondientes a su aportación, previa justificación de los servicios realizados, con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto de 2019, del Proyecto de inversión 2009 22 002 000 100.
Para realizar dicho abono, ATA remitirá al MINPTFP, documentación justificativa de las actividades relacionadas con las propuestas para la reducción de cargas administrativas del presente Convenio. Se considera documentación justificativa del gasto, además del documento de cargo que emita ATA, la certificación acreditativa del órgano competente de ATA en que se especifique el alcance de las labores desarrolladas por esta Federación en el marco del Convenio. Complementariamente, y para la justificación de los gastos en que se han incurrido, se remitirán facturas o documentos probatorios equivalentes.
4. A partir de la publicación en el BOE del presente Convenio, y antes de su finalización, ATA se compromete a abonar la totalidad de su aportación para financiar las actividades previstas en el presente Convenio, presentando certificación acreditativa.
El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública y por dos representantes de ATA, designados por las autoridades firmantes del Convenio. Estará presidida por el titular de la Dirección General de Gobernanza Pública o funcionario en quien delegue.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley. Resolverá todas las incidencias o controversias que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este Convenio.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión de Seguimiento, a las reuniones de ésta podrán asistir otros responsables de la Administración General del Estado y de ATA, cuando deban tratarse temas que hagan conveniente su presencia o requieran su asesoramiento.
El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y adquirirá eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo de vigencia se extiende desde su publicación en «BOE» hasta el 31 de diciembre de 2019.
La realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de cargas administrativas de la cláusula segunda, recopilación, análisis y presentación de propuestas de reducción de cargas, se desarrollará durante el periodo comprendido entre la publicación en el «BOE» del Convenio y el 25 de noviembre de 2019.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Serán causas de resolución:
− El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
− El acuerdo unánime de todos los firmantes.
− Por denuncia de cualquiera de los firmantes mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra parte con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de resolución.
− Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará al otro firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
− Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
− Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El cumplimiento y la resolución de este Convenio darán lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta de la Comisión de Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este Convenio por alguna de las partes, la otra deberá comunicarlo a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula sexta, que decidirá sobre las actuaciones a llevar a cabo.
En el caso de persistir el incumplimiento se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa no dará lugar a indemnización.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se considera de los establecidos en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, por tanto, queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI, del Título Preliminar, de dicha Ley
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan surgir en la interpretación o ejecución del presente Convenio.
Para cuestiones litigiosas que puedan suscitarse sobre la interpretación, cumplimiento, resolución y efectos del presente Convenio que no puedan solventarse de mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento se estará a lo que dispone el artículo 5 de la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas, y se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Directora General de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, María Pía Junquera Temprano.–El Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor Acedo.
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