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El 16 de octubre de 2019, el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial remitió a la Inspección Fiscal propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Albacete en el que propone el nombramiento de la Fiscal, Ilma. Sra. doña Silvia Ballesteros Aparicio, como Delegada de Seguridad Vial en la citada Fiscalía, tras la jubilación del anterior Delegado Ilmo. Sr. don Juan Pedro Guillén Oquendo.

Con motivo de la jubilación del anterior Fiscal Delegado de Seguridad Vial, Ilmo. Sr. don Juan Pedro Guillén Oquendo, quedó vacante el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad en la Fiscalía Provincial de Albacete. Para cubrirlo, el Fiscal Jefe comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. La única solicitante fue doña Silvia Ballesteros Aparicio. El Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Albacete en fecha 11 de octubre de 2019, elevó a la Unidad Especializada de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado propuesta de designación en favor de la Ilma. Sra. doña Silvia Ballesteros Aparicio, destacando la valía y experiencia profesional general y particular en la especialidad de la candidata para asumir esta responsabilidad.

Mediante informe de fecha 11 de octubre de 2019, el Fiscal de Sala de la Unidad de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (artículo 36.4), lo que ha sido debidamente cumplimentado.

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá el mismo procedimiento de designación también en los casos en los que el Delegado Provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Albacete está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Nombrar a la Ilma. Sra. doña Silvia Ballesteros Aparicio, Fiscal Delegada de Seguridad Vial en la Fiscalía Provincial de Albacete.

2. Publicar el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Poner de manifiesto que contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (c/ Fortuny, n.º 4, 28010 Madrid), en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1, regla 1.ª, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 28 de octubre de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.