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El 3 de junio de 2019, el Fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado remitió a la Inspección Fiscal escrito del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Córdoba, en el que propone el nombramiento de la Fiscal, Ilma. Sra. doña Eva María Pérez Jiménez, como Delegada de la especialidad en la citada Fiscalía a raíz de la solicitud de renuncia presentada por la Ilma. Sra. doña María Eugenia Bautista Torres.

Hechos

Único.

Con motivo de la solicitud de renuncia de la anterior Delegada de Medio Ambiente, queda vacante en la Fiscalía Provincial el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad, si la renuncia se acepta. Para cubrir el cargo, el Fiscal Jefe comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. La única solicitante ha sido doña Eva María Pérez Jiménez, que aportó su curriculum vitae y tiene acreditada experiencia y formación.

La propuesta, con la simultanea solicitud de renuncia, ha sido elevada, con fecha 14 de mayo de 2019, por el Fiscal Jefe Provincial de Córdoba a la Fiscalía General del Estado, destacando el interés y disposición de la candidata para asumir esta responsabilidad, así como los méritos que le hacen idónea para desempeñar el cargo.

Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2019, el Fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (art. 3.4 RD 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (art. 36.4). Esto último no es aplicable al presente caso, al haber sido doña Eva María Pérez Jiménez la única candidata.

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá también el mismo procedimiento de designación en los casos en los que el Delegado provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento, aceptando simultáneamente la renuncia interesada. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Córdoba está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Aceptar la renuncia de la Ilma. Sra. doña María Eugenia Bautista Torres y nombrar a la Ilma. Sra. doña Eva María Pérez Jiménez, Fiscal Delegada de Medio Ambiente en la Fiscalía Provincial de Córdoba.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 11 de junio de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.