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El 13 de diciembre de 2019, el Fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado remitió a la Inspección Fiscal escrito de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en el que propone el nombramiento del Fiscal, Ilmo. Sr. don Carlos Fernández Seijo, como Delegado de la especialidad en la citada Fiscalía a raíz de la solicitud de renuncia presentada por el Ilmo. Sr. don Javier Ródenas Molina.

HECHOS

Único.

Con motivo de la solicitud de renuncia del anterior Delegado de Medio Ambiente, queda vacante en la Fiscalía Provincial el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad, si la renuncia se acepta. Para cubrir el cargo, la Fiscal Jefe comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. El único solicitante ha sido don Carlos Fernández Seijo, que aportó su currículum vitae y tiene acreditada experiencia y formación.

La propuesta, con la simultánea solicitud de renuncia, ha sido elevada, con fecha 12 de diciembre de 2019, por la Fiscal Jefe Provincial de Las Palmas de Gran Canaria a la Fiscalía General del Estado, destacando el interés y disposición del candidato para asumir esta responsabilidad, así como los méritos que le hacen idónea para desempeñar el cargo.

Mediante escrito de fecha 12 de diciembre de 2019, el Fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (art 3.4 RD 437/1983).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (art. 36.4). Esto último no es aplicable al presente caso, al haber sido don Carlos Fernández Seijo el único candidato.

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá también el mismo procedimiento de designación en los casos en los que el Delegado provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento, aceptando simultáneamente la renuncia interesada. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Aceptar la renuncia del Ilmo. Sr. don Javier Ródenas Molina y nombrar al Ilmo. Sr. don Carlos Fernández Seijo, Fiscal Delegado de Medio Ambiente en la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con IO dispuesto en el artículo 1 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny n ^o 4. Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.^a de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 20 de diciembre de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.