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Con fecha 26 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-5/2019, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 29 de julio de 2019 a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las sanciones por infracciones graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa.

Toda vez que la citada resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 115.5, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a las siguientes sanciones, impuestas en dicha resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.:

Sanción de multa impuesta a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., por importe de cuatro millones de euros (4.000.000 €) prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

En concreto, se han incumplido las obligaciones derivadas del artículo 5.9 del citado Real Decreto-Ley, en relación con la información que se proporciona a los clientes sobre la existencia y contenido del código de buenas prácticas, así como, en determinados casos, sobre la información relativa a las causas de denegación de las solicitudes o la documentación a proporcionar por el cliente.

Sanción de multa impuesta a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., por importe de dos millones de euros (2.000.000 €) prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, consistente en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 5.4 del citado Real Decreto-Ley.

En concreto, se han incumplido algunas de las obligaciones derivadas del artículo 5.4 del citado Real Decreto-Ley, relacionadas con cuestiones tales como el momento en que deben aplicarse los efectos económicos de las reestructuraciones, y, en determinados casos, su plazo de amortización o la exigencia de condiciones adicionales a las establecidas en la norma.

Madrid, 10 de agosto de 2021.–El Director General Adjunto de Supervisión, Alberto Ríos Blanco.