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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 15 de junio de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2017, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar a la Comunidad Autónoma de Cantabria a poner en marcha lo antes posible las siguientes medidas:

– Efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio, o incluso 30 de junio, del ejercicio siguiente a que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por este Tribunal. En este sentido, cabe recordar la Resolución de 24 de septiembre de 2013, reiterada por la Resolución de 8 de abril de 2014, aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

– Implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada, conforme a los criterios fijados en el Documento 8 por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas.

– Considerar los saldos de las cuentas restringidas de recaudación como integrantes del saldo final de tesorería y proceder a su contabilización y conciliación.

– Aportar en las memorias toda la información necesaria para conocer la situación financiera de la administración autonómica.

– Dotar de medios suficientes al Servicio Cántabro de Salud, al Servicio Cántabro de Empleo, al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, dentro de los disponibles por la administración autonómica, con el fin de hacer posible que entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren, por separado, la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del presupuesto, máxime la transcendencia que estos presentan. En este mismo sentido, se pronuncian las Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de fechas 8 de mayo de 2012, 14 de septiembre de 2013 y 27 de mayo de 2014.

– Analizar la posibilidad y, en su caso, conveniencia de la aplicación del artículo 44 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en relación con las transferencias realizadas a la Universidad de Cantabria, según el cual la Consejería competente en materia de Hacienda podrá declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a las entidades integrantes del sector público autonómico cuando, como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de la actividad presupuestada o, incluso, solicitar el ingreso en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de la totalidad o de parte de dichas disponibilidades y, adicionalmente, dictar las normas y procedimientos oportunos a fin de que, por un lado, se incorporase el presupuesto de la Universidad en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y, por otro, se recogiesen los extremos previstos en el artículo 82 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

– Articular los mecanismos necesarios para que la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda pueda ejercitar el control de las cuentas restringidas de ingresos, integrantes de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, cuya competencia está asignada a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria hasta el momento en que los fondos de las mismas son traspasados a la cuenta general de ingresos.

– Tomar las medidas oportunas para articular el presupuesto monetario al que se refiere el artículo 82 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, al objeto de conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma.

– Valorar la presentación de una Cuenta General única consolidada, mediante la que se pueda reflejar la situación presupuestaria y patrimonial del conjunto del sector público cántabro, al amparo de la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

– Valorar el dictado de una norma similar a la contenida en la Orden HAP/801/2014, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación.

– Depurar y regularizar los derechos reconocidos pendientes de cobro que, estando prescritos, figuran aún registrados en contabilidad.

– Completar la conexión del sistema contable auxiliar de Modernización y Organización Unificada de Recursos Operativos con el Sistema de Información Contable con el fin de realizar de forma telemática la transmisión de la información contable.

– Proceder a la implantación de manuales de procedimientos para la contratación del personal para el caso de las empresas y fundaciones públicas que aún carecen de los mismos, basándose en los principios de publicidad de las convocatorias, transparencia e imparcialidad en la selección.

– Realizar las actuaciones necesarias para que las empresas y fundaciones públicas que aún carecen de manuales de procedimientos para la contratación del personal, procedan a su implantación, basándose en los principios de publicidad de las convocatorias, transparencia e imparcialidad en la selección.

– Potenciar el papel coordinador de la Consejería de Educación en los planes de acción a elaborar por los centros educativos, a la vista de los resultados obtenidos en las distintas pruebas de evaluación, así como, reforzar la revisión y el control económico de los centros docentes, públicos y concertados, tanto por la citada Consejería como por la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

– Promover el desarrollo reglamentario de los aspectos pendientes de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria.

– Proceder al desarrollo y/o utilización de los diferentes instrumentos previstos en la legislación medioambiental para promover una mayor efectividad en el control y coordinación de estas actividades.

– Acometer la tarea de preparación de la Comunidad Autónoma para la implementación, el control y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.