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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 15 de junio de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2018, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar a la Comunidad Autónoma de La Rioja a poner en marcha lo antes posible las siguientes medidas:

– Valorar posibles cambios normativos en la definición de los criterios de pertenencia de las entidades a su sector público, especialmente, en el caso de las fundaciones y los consorcios públicos, teniendo en consideración no solo criterios patrimonialistas basados en la participación mayoritaria del Gobierno de La Rioja en su dotación fundacional o patrimonio, sino también en el control de la gestión y nombramiento de sus miembros, así como en la financiación de las actividades de la entidad, con el objetivo de que determinadas entidades fueran incluidas en los presupuestos de la Comunidad y a su vez no quedasen extramuros del control de la Administración Autonómica y de la aplicación de la normativa en materia presupuestaria y de estabilidad presupuestaria, y para mitigar la fragmentación normativa existente.

– Considerar al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como integrante de su sector público, de acuerdo con lo previsto en el art 120.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, objeto que deberá quedar resuelto por los representantes de las administraciones autonómica y local que forman parte de la Junta de Gobierno del Consorcio, quienes deberán resolver la adscripción de la entidad, lo que permitirá concluir sobre su carácter público autonómico o local y su consecuente integración en uno o en otro sector público.

– Considerar al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como integrante de su sector público, de acuerdo con lo indicado en la Memoria de la Cuenta General rendida, al no ostentar el control sobre el mismo en los términos establecidos en la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

– Regular el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o consolidación de la Cuenta General, de acuerdo a lo establecido en la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

– Dotar los servicios necesarios de los organismos autónomos autonómicos, de acuerdo con lo previsto en las respectivas disposiciones transitorias de sus leyes de creación, en orden a ejercer las competencias que dichas normas les atribuyen en materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y patrimonio, lo que facilitaría, por un lado, la adecuada transparencia de la información económico-patrimonial de estas entidades y, por otra parte, daría cumplimiento a la obligación de rendición de sus cuentas anuales individuales.

– Revisar los sistemas de registro contable y auxiliares empleados en la gestión de los ingresos de la Comunidad Autónoma, y en particular, por lo que se refiere a las cuentas no presupuestarias, la Administración General de la Comunidad debería dotarse de una aplicación informática que permitiera la obtención de datos históricos sobre los saldos deudores y acreedores, así como proceder a la elaboración de un manual de procedimientos contables en el que se normara el registro de las operaciones no presupuestarias, en el marco del sistema contable auxiliar que tiene implantado la Administración de la Comunidad.

– Definir los criterios y establecer los cálculos oportunos para determinar en cada ejercicio los saldos deudores de dudoso cobro.

– Realizar una adecuada planificación presupuestaria que haga posible atender sin dificultad las necesidades de gasto previstas para cada ejercicio corriente, de manera que la liquidación presupuestaria recoja la totalidad de obligaciones y derechos devengados en el ejercicio en cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria.

– Reforzar los mecanismos de coordinación existentes, con los recursos ya disponibles, entre la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Administración General de la Comunidad y las unidades económicas responsables de las empresas y fundaciones autonómicas que permitan mejorar la planificación de la actividad de estas entidades, de modo que en las Leyes de Presupuestos anuales de la Comunidad se incorporen y cuantifiquen con el suficiente detalle las previsiones de sus presupuestos de explotación y capital y en la Cuenta General se informe sobre la liquidación de los mismos.

– Adoptar, en relación con la Universidad de La Rioja, las siguientes actuaciones:

a. Dictar una normativa adecuada a fin de que el procedimiento establecido por el que la Universidad aprueba de manera autónoma e independiente sus presupuestos se incorpore en el procedimiento general establecido en la normativa autonómica para el sector público, con respeto a la autonomía universitaria en su vertiente financiera reconocida a las mismas, de manera que la ley habilitante de los créditos en la Comunidad contenga también los aprobados por aquella.

b. Incorporar a dicha entidad en el ámbito de los controles financieros previstos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.

– Modificar la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja con vistas a incluir, tal como hace la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, de forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero.

– Evaluar los puestos de trabajo desempeñados por contratados laborales temporales y funcionarios interinos durante periodos dilatados de tiempo, con el fin de determinar su naturaleza, coyuntural o estructural, que permita una planificación más eficiente de los recursos humanos y evitar situaciones de temporalidad excesivamente prolongadas.

– Formalizar un contrato programa entre la Consejería de Salud y la Gerencia del Organismo autónomo Servicio Riojano de Salud (SERIS) en el que se regule la prestación del servicio de asistencia sanitaria por este último a través de sus servicios y unidades.

– Desarrollar normativamente las funciones de inspección de la sanidad concertada por parte de la consejería competente para implantar un sistema de evaluación objetivo mediante la definición de criterios e indicadores de medición.

– Registrar en un programa presupuestario específico la ejecución de las medidas en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres, lo que facilitará efectuar un adecuado seguimiento global de los proyectos, normalmente de carácter plurianual, desarrollados por los diferentes órganos gestores contemplados en el Plan Integral de la Mujer aprobado en la Comunidad.

– Realizar análisis y estudios para relacionar los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos en la Agenda 2030 con los planes y programas estratégicos existentes en la Administración.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.