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Documento BOE-A-2021-18342

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Navarra, para el desarrollo de programas de intervención en el centro penitenciario de Pamplona, en el ámbito de la salud mental y la igualdad de género.

Publicado en:
«BOE» núm. 268, de 9 de noviembre de 2021, páginas 138215 a 138220 (6 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-A-2021-18342

TEXTO ORIGINAL

Habiéndose suscrito el 27 de octubre de 2021 el Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Consejería de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra para el desarrollo de programas de intervención en el centro penitenciario de Pamplona, en el ámbito de la salud mental y la igualdad de género, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 3 de noviembre de 2021.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez.

ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Consejería de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra para el desarrollo de programas de intervención en el centro penitenciario de Pamplona, en el ámbito de la salud mental y la igualdad de género

Madrid, a 27 de octubre de 2021.

REUNIDOS

De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones Penitenciarias, nombrado por Real Decreto de nombramiento 504/2018, de 18 de junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente Convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.

Y de otra parte, don Eduardo Santos Itoiz, Consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, nombrado por Decreto Foral de la Presidencia de la Comunidad Foral de Navarra 28/2019, de 6 de agosto, y competencia en virtud del artículo 90.2b) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y del Sector Público Institucional Foral, con domicilio a estos efectos en la avenida San Ignacio, 1, 31002 Pamplona.

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto

EXPONEN

Primero.

Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Segundo.

Que el artículo 25.2 de la Constitución Española y el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establecen como fin primordial de las penas y medidas penales privativas de libertad la reeducación y reinserción social. Asimismo, la mencionada ley señala que para conseguir dicho objetivo deben desarrollarse programas socioculturales, educativos, formativos y asistenciales.

Tercero.

Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.

Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

Cuarto.

Que conforme al artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.

Igualmente, según el apartado tercero del citado artículo, la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Quinto.

Que la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en su Artículo 58.1.a), contempla que corresponde a Navarra la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, lo que ha conllevado el ejercicio continuado en el tiempo de aspectos determinados de tales competencias, incluyendo la participación y la aportación de recursos y programas orientados al cumplimiento de la finalidad reinsertadora de las penas privativas de libertad.

Igualmente, en virtud del decreto foral 266/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, corresponde al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, a través de la Dirección General de Justicia, la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, fomentando y desarrollando una ejecución penal que propicie la reparación a las víctimas, la reinserción y la limitación de los delitos, en el ámbito de las competencias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En concreto estas funciones han quedado adscritas al Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, creado por el Decreto Foral 9/2021, de 10 de febrero (BON de 26 de febrero de 2021).

Sexto.

Que la implantación de programas específicos de reeducación y tratamiento tiene como finalidad incidir en el comportamiento de la persona penada, tratando de evitar la repetición de iguales o parecidas conductas y ayudando a mejorar las situaciones sociales desfavorables que pueden estar en el origen del delito. En definitiva, es una cuestión de suma importancia social en la que ha de implicarse toda la sociedad y, especialmente, las Administraciones Públicas.

Séptimo.

Que para personas internas condenadas a privación de libertad el artículo 59 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, determina que: «1. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. 2. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general».

En consonancia con lo anterior, el artículo 65.2 del mismo texto normativo establece que: «La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada vez más importantes, que implicarán una mayor libertad».

Por todo ello, es fundamental desarrollar programas de intervención específicos con los penados cuya situación penal y penitenciaria así lo requiera.

Octavo.

Que los manuales de los talleres y programas objeto del presente Convenio se pueden encontrar en el siguiente enlace:

https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/fondo-documental/publicaciones de la página web de instituciones penitenciarias, y han sido incluidas en el catálogo de publicaciones oficiales del Ministerio del interior. En concreto, el presente Convenio permitirá la efectiva puesta en marcha de los siguientes programas:

– Programa de Atención Integral al Enfermo Mental en las prisiones españolas (PAIEM).

– Programa de intervención con mujeres privadas de libertad Ser mujer.eS.

Por lo expuesto, se acuerda suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto la efectiva puesta en marcha de los Programas PAIEM y Ser mujer.eS en el Centro Penitenciario de Pamplona.

Segunda. Compromisos que asume la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se compromete a:

1. Posibilitar el desarrollo de los programas de intervención, mediante la derivación de los casos de personas penadas que así lo requieran.

2. Colaborar en la formación de los especialistas necesarios para la adecuada aplicación del programa de intervención a desarrollar.

3. Facilitar el material de trabajo, la metodología de aplicación y los instrumentos necesarios para el desarrollo del programa.

4. Establecer un plan de seguimiento, evaluación y control de la calidad del programa.

5. Coordinar e integrar todas las actuaciones realizadas, a fin de dar fiel cumplimiento del programa a los destinatarios del mismo.

6. Permitir el acceso a las personas designadas por el Gobierno de Navarra para el desarrollo de los Programas, adoptando las medidas de seguridad oportunas para ello.

Tercera. Compromisos que asume el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra.

El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra, a través de su Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, se compromete a:

1. Desarrollar los Programas citados conforme a los modelos establecidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de acuerdo con los principios constitucionales así como el pleno respeto a los derechos de las víctimas.

2. Aportar a los y las profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo de los Programas objeto del presente Convenio.

Cuarta. No existencia de relaciones contractuales.

Asimismo, en ningún caso se derivarán relaciones de naturaleza laboral, contractual, funcionarial o estatuaria entre los profesionales que realicen los programas y la Administración Penitenciaria.

Quinta. Confidencialidad y protección de datos.

1. El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente Convenio. En particular, será considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente Convenio.

2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos, en concreto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos en lo que resulten de aplicación.

A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter personal respectivamente recabados en el ámbito del trabajo en beneficio de la comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del Convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.

3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra. Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI y copia de los hechos probados del testimonio de sentencia.

4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

5. Las partes firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera incurrido

Sexta. Financiación del Convenio.

El presente Convenio no generará obligaciones de carácter económico para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra cubrirá los gastos necesarios para el desarrollo de los Programas objeto del Convenio con cargo a su presupuesto general. En concreto, para el Programa PAIEM, se prevé destinar 6.000 euros de la partida F20000/F2000/1200/111200 «Retribuciones del personal fijo». A su vez, para el Programa Ser mujer.eS, se estima un gasto de 3.000 euros de la partida «Fomento de la Reinserción» con código F20001 F2100 2279 112110.

Séptima. Comisión de Seguimiento.

1. Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos representantes de la otra parte firmante que serán nombrados por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias y por el Consejero de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.

2. Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que éstos designen.

3. La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que actuará con voz pero sin voto.

4. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio.

5. El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava. Régimen de modificación del Convenio.

El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra.

Los acuerdos de modificación, prórroga y resolución del Convenio deberán ser tramitados de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e inscritos en el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».

Novena. Legislación aplicable.

Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del Convenio que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Décima. Vigencia y entrada en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente Convenio se perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».

Igualmente, el texto definitivo será publicado en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la vigencia del Convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de la Comunidad Foral de Navarra podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.

Undécima. Causas de extinción.

Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones que se encuentren en ejecución en el momento de la resolución del Convenio estableciendo un plazo improrrogable de tres meses para su finalización.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–El Consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos Itoiz.

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