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ACTA DE LA X REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO‐COLOMBIANA DE COOPERACIÓN 2020-2024
El día 26 de febrero de 2021 se firmó en Bogotá el Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación prevista, tanto en el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, suscrito el 27 de junio de 1979, como en el Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación, firmado el 31 de mayo de 1988, así como en el Convenio Cultural, suscrito el 11 de abril de 1953 y en el Tratado General de Cooperación y Amistad firmado el día 29 de octubre de 1992.
Igualmente, esta firma tuvo en cuenta el Acta de la IX reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación (2015-2019) firmada el 24 de noviembre de 2015 en Cartagena de Indias y el Convenio Marco de Cooperación entre el Reino de España y la República de Colombia, ratificado por España en 2015, en proceso de ratificación por parte colombiana.
En este contexto, ambas partes acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo de un programa de cooperación en áreas de interés común para el periodo 2020-2024, que se describe en Marco de Asociación País Cooperación Española en Colombia anexo.
La Delegación del Reino de España estuvo presidida por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sra. Arancha González Laya.
La Delegación de la República de Colombia estuvo presidida por la Ministra de Relaciones Exteriores, Sra. Claudia Blum de Barberi.
La relación completa de participantes de ambas Delegaciones figura como anexo I de este acta.
Ambas Delegaciones manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del acta, que contiene dos capítulos principales y cuatro anexos, que forman parte integrante de la misma:
– Marco de actuación.
– Consideraciones finales.
– Anexos.
• Relación de integrantes de las Delegaciones de Colombia y España (anexo I).
• Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 (anexo II).
1. Marco de actuación
El Marco de Asociación País 2015-2019 (MAP 2015-2019) y el Acta de la Reunión de la IX Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación (24 de noviembre 2015) son los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la Cooperación Española en Colombia.
Finalizado el periodo de vigencia del MAP 2015-2019, se ha elaborado el Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024, anexo a la presente acta, que define la nueva estrategia compartida de cooperación para el desarrollo a implementarse durante el periodo mencionado.
La elaboración del nuevo Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 ha sido liderada por dos grupos:
Por parte de España, el Grupo Estable de Coordinación (GEC), conformado de la siguiente manera: La Embajada de España, ostentando el Embajador de España la Presidencia del GEC; la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Colombia, que ha asumido la coordinación y la secretaría técnica del proceso; representantes de las Comunidades Autónomas con presencia en Colombia; las ONGD españolas con sede en Colombia y la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, en representación de las empresas españolas presentes en el país.
Por parte de Colombia, el proceso de diálogo que ha permitido el diseño del documento del Marco de Asociación País estuvo coordinado en la Comisión de Planificación, seguimiento y evaluación, constituida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y el Departamento Nacional de Planeación.
La Delegación Colombiana informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, proponer, orientar, coordinar y ejecutar la política exterior de Colombia. La política de cooperación internacional responde a lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Estrategia nacional de cooperación internacional (ENCI).
Asimismo, el Gobierno de Colombia creó, en noviembre de 2011, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), como la entidad del Estado encargada de gestionar, orientar y coordinar toda la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera que reciba y otorgue el país. APC-Colombia actúa como interlocutor técnico entre la comunidad internacional y las instituciones colombianas en materia de coordinación y gestión de programas, proyectos e iniciativas de cooperación técnica internacional. Por su parte, la participación del Departamento Nacional de Planeación garantiza la articulación de la cooperación internacional que recibe el país con el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Por su parte, la Delegación Española informó sobre las prioridades de la política española de cooperación internacional al desarrollo, con base en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada el 7 de julio de 1998, e indicó que, el 23 de marzo de 2018, se aprobó por Consejo de Ministros el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, en un momento de intensa transformación global que afecta todos los ámbitos y sitúa a la cooperación para el desarrollo en un contexto de grandes cambios, fijando como uno de sus resultados, la focalización de la cooperación española en aquellos países donde puede tener mayor incidencia e impacto, dando especial énfasis a la gestión por resultados, la rendición de cuentas y la transparencia.
En el V Plan Director Colombia recibe la consideración de país de asociación de renta media. La cooperación con estos países está enfocada, según su demanda y las capacidades de la cooperación española, a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y al fomento del crecimiento económico. Esto bajo una óptica general de transferencia del conocimiento y apoyo a la sociedad civil para promover que los avances en desarrollo sean inclusivos y equitativos y se realicen en un marco de mayor democracia y respeto a los derechos humanos.
Ambas Delegaciones hicieron referencia, a la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y a la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de metas y objetivos de la misma, ratificando adicionalmente su compromiso para avanzar en la calidad de ayuda y eficacia del desarrollo, de acuerdo con la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra y el IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan en 2011. A este respecto, señalaron la importancia de los compromisos que se han acordado en esta materia y que se encuentran reflejados en el Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 y en la presente acta.
Asimismo, coincidieron en valorar la importante potencialidad de la cooperación triangular y sur-sur para transferir y recibir experiencias exitosas en la aplicación de políticas públicas y programas de desarrollo.
En este contexto, la Delegación Española ratificó su compromiso con el desarrollo de Colombia, sobre la base del potencial de este país socio. Ello supone que la República de Colombia seguirá siendo uno de los principales socios de España en materia de cooperación para el desarrollo en los próximos años.
El Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano, reducción de desigualdades y construcción de paz. Integra a una multiplicidad de actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través de un estrecho diálogo, trabajo conjunto y coordinado entre los Gobiernos, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como con otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.
1.1 Valoración del Marco de Asociación País.
Ambas Delegaciones revisaron los principales resultados previstos del MAP 2020-2024. En general se destaca la alineación con las prioridades del Gobierno de Colombia, permitiendo la concentración de recursos en los sectores priorizados y, por tanto, un mayor impacto en términos de estabilización y consolidación de la paz.
1.1.1 Principales recomendaciones de la revisión del MAP 2015-2019
La revisión del MAP 2015-2019 destacó la pertinencia del Marco, en relación con las prioridades de Política Pública, así como su alineamiento con los ODS y el Plan Director de la Cooperación Española. En cuanto a la concentración geográfica, se consideró igualmente pertinente.
En relación con las recomendaciones derivadas de la revisión del anterior MAP se sugirió priorizar temas en los que España tiene ventaja comparativa (descentralización, turismo rural, violencias contra las mujeres…), mantener la acción humanitaria, con esquemas flexibles de respuesta y movilización rápida de recursos, y apoyar y promover la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto.
Entre las recomendaciones sobre enfoque MAP se encuentran el profundizar en el concepto de desarrollo territorial, sostener y promover más propuestas integrales de intervención como los Proyectos de desarrollo territorial y otras, apoyar la integración de la institucionalidad regional/local/Organizaciones de sociedad civil.
También se recomienda reforzar el enfoque de sostenibilidad, otorgar mayor responsabilidad al gobierno colombiano en seguimiento y sostenibilidad MAP. Definir indicadores, metas y fuentes internas de medición y un sistema global de seguimiento y monitoreo. Incluir indicadores de impacto e incorporar de manera explícita el enfoque de género en todas las intervenciones.
En relación con los actores, y teniendo en cuenta que Colombia es un país de renta media alta, se recomienda reforzar la transferencia de conocimiento técnico, el trabajo con el sector privado español, el enfoque de redes con organizaciones de la sociedad civil, las estrategias de coordinación y complementariedad entre actores y potenciar el papel del Centro de Formación en Cartagena, como activo valioso para el intercambio y gestión de conocimiento.
1.1.2 Articulación entre actores de la Cooperación Española.
La Delegación Española resaltó el papel desempeñado por los principales actores del sistema de cooperación española en Colombia, destacando a la Agencia Española de Cooperación internacional AECID con la Oficina Técnica de Cooperación en Bogotá y el Centro de Formación en Cartagena de Indias. Otros organismos de la cooperación descentralizada, como Comunidades Autónomas y Entidades Locales, han cobrado una importancia creciente en su apoyo a la cooperación en Colombia. Así mismo de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, universidades, empresas y organizaciones empresariales, sindicatos, medios de comunicación social, asociaciones de derechos humanos, de inmigrantes y las diásporas, informando sobre el rol articulador de estos esfuerzos que se pretende impulsar a través del Grupo Estable de Coordinación (GEC) presidido por el Jefe de la Misión Diplomática.
Especial mención se realizó hacia el papel de las organizaciones de la sociedad civil españolas y colombianas en la implementación de los MAP Colombia-España y a la Hoja de Ruta con Organizaciones de la Sociedad Civil apoyada por la Delegación de la Unión Europea, en la que España ha participado activamente.
1.1.3 Relación con Organismos Multilaterales y Agencias Bilaterales de Cooperación.
Ambas delegaciones coincidieron en valorar el papel fundamental de los Organismos Multilaterales, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano y revisaron las principales iniciativas que desarrollan y que cuentan con la financiación de la Cooperación Española, dedicando una especial atención a las relacionadas con ACNUR, OIM y con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA). La Delegación Colombiana manifestó la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de identificación, formulación, seguimiento y evaluación de estas intervenciones.
Igualmente, la Delegación Colombiana destacó la aportación de España a la Unión Europea y la complementariedad de sus respectivas actuaciones. En este sentido, valoraron el desempeño del Fondo Europeo para la paz establecido por la Unión Europea para Colombia. Asimismo, conversaron sobre el aprovechamiento de oportunidades para apalancar recursos europeos (Facilidades Regionales de Inversión LAIF, cooperación delegada, etc.), en el marco del nuevo instrumento de cooperación para el desarrollo de la Comisión Europea y la Programación Conjunta de toda la cooperación de la UE en Colombia.
1.1.4 Cooperación Reembolsable, Cooperación Técnica, Innovación y Gestión del Conocimiento.
La Delegación Española manifestó la potencialidad que tiene el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) para atender las necesidades de desarrollo. A través de este instrumento pueden materializarse nuevas operaciones de carácter reembolsable, concesional y no ligado.
En el plano del fortalecimiento institucional, la Delegación Española destacó el Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica (COOTEC), cuyo objetivo es el desarrollo de capacidades para el fortalecimiento institucional, la mejora de políticas y de servicios priorizando el trabajo con las instituciones públicas, aunque abierto igualmente a la participación de instituciones del sector privado o asociativo.
Finalmente, los laboratorios de innovación (LINCE) ejecutados por los Centros de Formación de la Cooperación Española, especialmente el Centro de Formación de Cartagena, proporcionará una herramienta clave para el fortalecimiento de capacidades.
1.2 Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 y Consideraciones para su adecuado cumplimiento.
El Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 ha puesto especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las autoridades colombianas y en el alineamiento de la agenda y los ciclos de gestión de la cooperación española con las prioridades identificadas por el Gobierno de la República de Colombia, tanto en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, como en la Estrategia Nacional de la Cooperación Internacional de la APC Colombia, en un ejercicio de transparencia y rendición mutua de cuentas.
El MAP ha hecho sustantiva la gestión por resultados, focalizando el trabajo en resultados concretos de desarrollo en lugar de sectores. Su propósito es contribuir a los esfuerzos del Estado Colombiano a través del fortalecimiento del Estado de Derecho, con desarrollo de políticas públicas inclusivas y con equidad de género, para la construcción de paz a través de la estabilización y consolidación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.
Ambas Delegaciones acordaron que la cooperación española debe focalizar su trabajo, durante la vigencia del Marco de Asociación País en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; ODS2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; ODS5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; ODS8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as; ODS16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Adicionalmente, se desarrollarán actuaciones en el ámbito de la acción humanitaria, cuando sea necesario.
Todas ellas tienen su correspondiente correlación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y con la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de APC Colombia. Las líneas de base se nutren de la información estadística nacional colombiana y los indicadores han sido convenientemente pactados.
Las intervenciones en las líneas antes citadas se desarrollarán, fundamentalmente, en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte del Santander, Valle del Cauca y la Guajira, tratando de dar respuesta a las demandas ciudadanas y promoviendo la articulación de actuaciones en el territorio apoyadas por la cooperación española entre sí y con las de otros actores de cooperación, así como con las políticas públicas de carácter nacional y subnacional. Todo ello, con la finalidad de promover adecuadamente el Enfoque Territorial que Colombia desea aplicar.
Se estima un monto de nuevos fondos AOD de 120 M€ para el periodo MAP 2020-2024. Igualmente se estima que se ejecutarán 104 M€ de fondos asignados en el MAP anterior y que todavía están vigentes a la firma de este acta. En relación con la cooperación reembolsable la cooperación española podría disponer de hasta 50 M€ para operaciones en Colombia.
Ambas Delegaciones coincidieron en la necesidad de mejorar el trabajo en los siguientes aspectos:
1) Buscar mecanismos y procesos que faciliten la ejecución en forma y plazo de subvenciones españolas dirigidas a instancias públicas colombianas.
2) Profundizar en la aplicación de protocolos destinados a la transversalización de enfoques de género, derechos humanos, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental en los resultados de desarrollo.
3) Mejorar los mecanismos de transparencia y mutua rendición de cuentas, así como en la visibilización de las contrapartidas aprobadas por los socios nacionales y locales colombianos.
4) Mejorar y hacer más efectivos los mecanismos de coordinación de los actores de cooperación, especialmente con la cooperación descentralizada, con las entidades colombianas correspondientes, tanto a nivel nacional como territorial.
5) Fortalecer los mecanismos de coordinación España-Colombia para la mejora de procesos de identificación, seguimiento, evaluación y elaboración de recomendaciones previstas en el MAP Colombia 2020-2024 a través de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación.
6) Priorizar el Centro de Formación de la cooperación española en Cartagena de Indias, para dar respuesta a las demandas de formación identificadas a través de las Administraciones Públicas latinoamericanas.
7) Ambas delegaciones expresaron su interés en seguir avanzando en la coherencia de políticas de desarrollo de ambos países.
La Delegación Colombiana resaltó la importancia de la contribución de la cooperación conjunta al desarrollo nacional y a la consolidación de la paz, manifestando su agradecimiento a España por su compromiso y acompañamiento.
2. Consideraciones finales
Ambas Delegaciones se comprometen a generar, de manera expedita, las comunicaciones que sean objeto del desarrollo y ejecución del presente acuerdo.
Ambas Delegaciones respetando el principio de la rendición mutua de cuentas, se comprometieron a realizar una evaluación final de la ejecución del MAP, por parte de un organismo independiente local acordado conjuntamente, y cuyos resultados serán difundidos y publicados tanto en Colombia como en España.
Al término de la reunión, ambas Delegaciones reiteraron la voluntad de continuar trabajando para fortalecer sus relaciones de cooperación, acorde con el alto nivel de sus relaciones, basadas en profundos lazos históricos, culturales y de amistad, entre los Gobiernos y pueblos de España y Colombia.
La Delegación Española agradeció a la República de Colombia su hospitalidad para la celebración de la presente Reunión de Comisión Mixta.
Celebrada y suscrita en la ciudad de Bogotá, en dos ejemplares originales en español, igualmente válidos, el día 26 del mes de febrero de 2021.
| Por el Reino de España, | Por la República de Colombia, |
| La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | La Ministra de Relaciones Exteriores |
| Sra. Arancha González Laya | Sra. Claudia Blum de Barberi |
Composición de las Delegaciones
Delegación española
Acompañarán a la Sra. Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya:
1. Marcos Gómez Martínez, Embajador de España en Colombia.
2. Magdy Martínez Solimán, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
3. Rafael Garranzo García, Director General para Iberoamérica y el Caribe, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
4. Luis Oscar Moreno García- Cano, Director General de Diplomacia Económica, MAUC.
5. Mónica Prado Rodríguez, Directora General de Comunicación Pública y Redes, MAUC.
6. Alberto de la Calle García, Director Adjunto del Gabinete de la Ministra.
7. Vicente Ortega Cámara, Coordinador de la Cooperación Española en Colombia.
8. Sofía Mata, Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de indias.
9. Mercedes Alonso Segoviano, Responsable de Programas AECID en Colombia.
Delegación colombiana
Acompañarán a la Sra. Ministra de Asuntos Exteriores, Claudia Blum Capurro:
1. Adriana Mejía, Viceministra de Asuntos Multilaterales.
2. Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
3. Ángela Ospina de Nicholls, Directora General Agencia Presidencial de Cooperación, APC Colombia.
4. Álvaro Calderón Ponce de León, Director de Cooperación Internacional.
5. Paulo Mina, Coordinador de Cooperación Bilateral y AOD, Cancillería.
6. Karen Mendoza, Directora de Demanda, Agencia Presidencial de Cooperación, APC Colombia.
7. Natalia Bargans, Subdirectora de Crédito del Departamento Nacional de Planeación.
8. Catalina Rojas, Jefe de Gabinete, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
9. Daniela Ibarra, Asesora Cooperación Bilateral y AOD, Cancillería.
10. Mariana Londoño, Asesora Departamento Nacional de Planeación.
11. Carolina Rodríguez, Asesora de la Agencia Presidencial de Cooperación, APC Colombia.
12. Sara Rodríguez, Asesora Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024
Contenido:
1. Bases para la asociación.
1.1 Colombia: Análisis de Contexto.
1.2 Análisis de la estrategia nacional en base a las 5P para no dejar a nadie atrás.
1.3 La Cooperación Española en Colombia.
1.4 Cooperación Internacional en Colombia.
2. Resultados de Desarrollo Sostenible.
2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.
2.2 Alcance Territorial.
2.3 Marco de Resultados.
3. Alianzas para la Estrategia.
3.1 Red de Alianzas.
3.2 Modalidades e Instrumentos.
3.3 Recursos.
3.4 Riesgos.
4. Enfoques Transversales.
5. Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.
5.1 Seguimiento.
5.2 Evaluación.
5.3 Rendición Mutual De Cuentas Y Transparencia.
6. Anexos.
1. Bases para la Asociación
1.1 Colombia: Análisis de Contexto.
1.1.1 Datos generales geográficos y de población(1):
(1) Geografía: Ficha País Colombia MAUEC, Análisis de situación en salud Min salud 2018. Población: Fundamentalmente DANE-Censo de Población 2018 y PND 2018-2020).
Colombia tiene una población de 48,2 millones de personas, siendo el 51,2 % mujeres. El 77,1 % reside en cabeceras departamentales, el 7,1 % en otros centros poblados, siendo sólo el 15,8 % población rural dispersa. El 9,3 % de la población (4,67 millones de personas) se considera afrocolombiana, raizal o palenquera, concentrada mayoritariamente en la franja pacífica y zona caribe del país. La población indígena representaría el 4,4 % del total nacional (1,9 millones de personas), distribuida en 115 pueblos indígenas nativos, dispersos por buena parte del país, aunque la mayoría (66,9 %) se concentra en los Departamentos de Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba; Sucre y Chocó.
De los 14,243.223 hogares, 59,3 % tienen jefatura masculina y el 40,7 % femenina. En las jefaturas de hogar lideradas por mujeres, éstas deben asumir una triple jornada de trabajo (actividades productivas, asociadas al trabajo doméstico y al cuidado no remunerado).
El Informe de Desarrollo Humano lanzado en 2019 sitúa a Colombia en la posición número 79, dentro del grupo de países de Desarrollo Alto. No obstante, Colombia presenta el índice de desigualdad más alto de la región, y de la OCDE, con un índice de Gini de 0,47.
1.2 Análisis de la estrategia nacional con base en las 5P para no dejar a nadie atrás con base en la Agenda 2030.
1.2.1 Personas:
1.2.1.1 Fin de la Pobreza: Indicadores de Pobreza y su distribución(2).
(2) (DANE-PND 2018 -2022).
La Gran encuesta Integrada de Hogares 2020 estima que el 2,4 % de la población colombiana es clase alta, el 30,8 % media, el 39,8 % vulnerable y el 27 % pobre. Para 2019 se determinó que el porcentaje total de pobreza multidimensional a nivel nacional fue del 17,5 % que representan 1.6 puntos porcentuales menos que en el 2018 (19,6 %). Esta cifra se dúplica en departamentos como: Guainía (65 %); Vaupés (59,4 %); Vichada (55 %); La Guajira (51,4 %) y Chocó (45,1 %). Este leve aumento, se debe entre otros factores, al incremento de población migrante en el territorio colombiano. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el 2019 el número de hogares en condición de pobreza multidimensional con presencia de un migrante en el hogar es del 10,7 % comparado con 8,8 % en el 2018. Y las regiones con mayor participación de hogares con migrantes extranjeros en condición de pobreza multidimensional son Caribe y Oriental.
Para la población indígena, en 2016, el porcentaje de pobreza multidimensional era del 45,8 % y del 30.6 % en el 2018 para comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras frente a una media nacional del 17,8 %. A raíz de la pandemia las medidas preventivas y las limitaciones de movilidad han afectado la actividad económica y, por lo tanto, la capacidad de las personas para asegurar sus ingresos y medios de vida, lo que ha agravado la situación de millones de personas en condiciones de pobreza extrema.
En relación con la desigualdad Colombia presenta una de las mayores disparidades en la distribución del ingreso en América Latina con una variación en el índice de Gini del 0,517 en el 2018 al 0,526 en el 2019 superando el promedio de América Latina. La CEPAL estima que, a raíz de la pandemia, esta desigualdad podría aumentar aún más, con el coeficiente de Gini aumentando en 1.5-2.5 %.
1.2.1.2 Seguridad alimentaria(3).
(3) Eminentemente Análisis de situación de Salud 2018 para desnutrición y Plan Nacional de Desarrollo-DANE 2018-2022 para el resto.
En Colombia, la cifra de hogares en los que no se consumió alguna de las tres comidas la última semana es del 24,56 de julio del 2019 a julio del 2020. El porcentaje de población con subalimentación(4) calculado por la FAO evidencia una importante disminución desde 1990-1992 (14,6 %) hasta el (4.8 %) en el 2018. La tasa de mortalidad infantil por desnutrición disminuyó de 8,2 en 2016. A 4.6 en el 2017. El 50.2 % de hogares indígenas y el 68,9 % de los hogares afrodescendientes presentan inseguridad alimentaria y nutricional, medida según el Instituto Nacional de Salud en el 2018.
(4) Población que no consume la energía necesaria para llevar una vida saludable y activa.
Solo el 37,4 % de los hogares rurales tiene acceso a la tierra (DANE, 2011), y de éstos el 59 % presenta informalidad en la propiedad. Por cada 5 mujeres beneficiarias de los programas de acceso y gestión jurídica de tierras hay 8 hombres y sólo el 38 % de los baldíos adjudicados entre septiembre 2016 y agosto 2018 lo fueron a mujeres.
El COVID-19 ha situado a 3,3 millones de personas en Colombia en condiciones de inseguridad alimentaria grave y requieren asistencia urgente para salvar vidas. Además, 1,8 millones de migrantes venezolanos en Colombia se han encontrado en una posición aún más vulnerable, con una condición cada vez más profunda de inseguridad alimentaria. Se espera que la inseguridad alimentaria general aumente de 3.3 millones a 10 millones de personas, incluida la población migrante.
1.2.1.3 Salud y Bienestar(5).
(5) Fundamentalmente Análisis de situación en salud Minsalud 2018.
El DANE, en sus estimaciones 2019 sobre pobreza multidimensional, determinó un porcentaje de población sin aseguramiento de salud del 11.3 % a nivel nacional.
El IDH 2019 sitúa la esperanza de vida para 2018 en 77,1 años, siendo más alta en las mujeres. La mortalidad materna permanece relativamente alta en comparación con países desarrollados (51,01/ 100.000 nacidos vivos en 2020), aunque se ha reducido a la mitad desde el año 2000. En términos relativos y con respecto al promedio nacional, la razón de mortalidad materna es cuatro veces mayor en mujeres indígenas y dos veces mayor en mujeres afrocolombianas.
Según el DANE, en el 2018 el 19.1 % de las mujeres entre 20 y 24 años se había unido en matrimonio antes de los 18 años y el 3.6 % lo hizo antes de los 15. Asimismo, el 13,3 %(6) de las mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años ya estaban casadas o unidas, (24.6 % en la zona rural), mientras que en hombres es de 2.9 %. El 55 % de las madres adolescentes habría sufrido algún tipo de violencia por su pareja antes de cumplir el primer año de unión.
(6) Minsalud-Profamilia 2015.
La infección por VIH describe un comportamiento creciente a través del tiempo pasando de 82.856 casos durante el 2017 a 123.490 durante el 2020.
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha elaborado un documento: «Lineamientos Generales para el Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI en el contexto de la pandemia de COVID-19». El objetivo es brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus.
1.2.1.4 Educación(7).
(7) Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Estudio OCDE Revisión de Recursos Escolares COLOMBIA, otras fuentes.
En 2018, el analfabetismo en la población de 15 años o más, se estimaba en el 4,68 % en mujeres y de 5,15 % en hombres.
| Nivel |
Rural – Porcentaje |
Urbana – Porcentaje |
Total – Porcentaje |
Brecha urbano-rural – Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Transición. | 47,67 | 60,98 | 56,84 | 13,30 |
| Primaria. | 74,77 | 84,87 | 81,77 | 10,10 |
| Secundaria. | 61,18 | 77,13 | 72,34 | 15,96 |
| Media. | 31,85 | 47,08 | 42,55 | 15,23 |
| Básica. | 79,20 | 88,17 | 85,44 | 8,97 |
| Total. | 78,31 | 87,74 | 84,88 | 9,44 |
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, la tasa de analfabetismo en la población étnica de 15 años o más se ubicó en el 13 % duplicando la de la población sin pertenencia étnica. El 8,3 % de esta población étnica no cuenta con ningún nivel educativo y un 27,7 % apenas alcanzó la educación primaria.
Respecto a la deserción escolar, la misma encuesta describe que el 18,5 % de las adolescentes de 15 a 19 años no asisten a un establecimiento educativo porque deben encargarse de los oficios del hogar, y el 16,5 % no lo hacen por razones de embarazo. El COVID-19 ha agravado la situación y se cree que, de cada 100 alumnos que hoy adelantan el año lectivo 2020, doce dejarían las aulas en los planteles oficiales. Especialmente en las zonas rurales, la falta de computadoras para las clases virtuales, los problemas económicos, sumados a las dificultades habituales que se presentan en la vida académica de los estudiantes, serían las causas de esta deserción.
En lo que respecta a educación superior entre el periodo 2002-2018, la tasa de cobertura bruta aumentó del 23,7 % al 52,8 %, pasando el número de matriculados de 1 millón a 2,4 millones. Si bien esto ubica a Colombia por encima del promedio de los países de América Latina (48 %), aún dista mucho de otros países de la región como Chile y Argentina (superiores al 80 %) y también del promedio de países miembros de la OCDE, cercano al 72 %.
El confinamiento debido a la pandemia ha obligado a cerrar las escuelas y recurrir a la enseñanza en línea. Este es todo un reto para los escolares de familias con bajos ingresos, a diferencia de los que tienen facilidades económicas. El 62 % de los estudiantes en Colombia no tienen conexión a internet, y muchos menos tienen un computador en casa. A raíz del COVID-19, casi 11 millones de estudiantes no están teniendo clases como lo hacen normalmente. La educación remota implica grandes desafíos tanto para alumnos como para maestros.
1.2.1.5 Igualdad de Género(8).
(8) PND 2918.2022 y otros.
En relación con la participación, a nivel nacional y territorial, para 2018, el porcentaje de participación de la mujer en cargos decisorios de la Administración Pública era del 44 % en cargos del máximo nivel decisorio y del 48 % en otros niveles decisorios(9). Sin embargo, en los cargos de elección popular, a pesar de la Ley 1475/2011(10), los resultados de las últimas elecciones departamentales y municipales de octubre de 2019 siguen evidenciando la brecha en materia de presencia de mujeres e incluso involución con respecto a elecciones precedentes. De 1.101 municipios, Colombia eligió a 131 mujeres como alcaldesas (133 en 2015). En relación con las gobernaciones, dos mujeres lograron ganar las elecciones en los Departamentos de Atlántico y Valle del Cauca, (5 gobernadoras en 2015). Se está incrementando el número de Alcaldías y Gobernaciones que incluyen en su organigrama Secretarías de Mujer y/o que promulgan políticas públicas promotoras de la equidad de género. Sin embargo, son escasas aquéllas que cuentan con personal y presupuesto significativo para impulsar actuaciones consistentes.
(9) La Ley 581/2000, impuso para la Administración Pública una cuota mínima de participación de la mujer en cargos decisorios del 30 %.
(10) Establece una cuota para incrementar el número de mujeres candidatas.
En relación con las violencias basadas en género, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF), contabilizó 630(11) feminicidios en 2020. Si bien esta cifra supone una disminución respecto a años anteriores, es necesario tener en cuenta que 2020 ha sido un año de confinamiento debido a la pandemia. Adicionalmente, se tuvo registro de 59.095 casos de lesiones en mujeres por violencia intrafamiliar (40.760 corresponden a violencia generada por la pareja) y 22.115 casos por posibles agresiones sexuales de los cuales 10.245 fueron contra niñas entre los 10 y los 14 años. Esta violencia basada en género ha visto incrementada la incidencia de una manera lamentable con la pandemia.
(11) Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Boletines estadísticos mensuales en https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/boletines-estadisticos-mensuales.
Las niñas y adolescentes son la población de mujeres que más sufren la violencia sexual. De los 5.398 casos registrados por el INML-CF de enero a abril de 2020, 4.560 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, el 84,47 % del total de mujeres agredidas. Dentro de este grupo, las niñas que tienen entre 10 y 14 años son las más afectadas con el 49,08 %, seguidas por las niñas que tienen entre 5 y 9 años, con el 25,09 % de los casos.
A fecha de mayo de 2020, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), hay 4.971 víctimas únicas auto reconocidas como LGBTI. Históricamente, el desplazamiento forzado ha sido el hecho de victimización más recurrente, seguido de la amenaza, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, los actos terroristas, atentados y combates. Los departamentos en donde han ocurrido el mayor número de eventos asociados a afectaciones de población LGBTI han sido en su orden: Antioquia, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Chocó. El pico más alto del número de eventos ocurridos contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas se dio en el 2014, con el 8 % del total de víctimas auto reconocidas, seguido del 2018 con el 6,7 %.
Otros temas relevantes para la igualdad de género son la existencia de redes de trata y prostitución, la persistencia sobre roles y estereotipos de género en el ámbito sociocultural, la brecha digital, la brecha pensional o la brecha en los tiempos dedicados a los cuidados y lo asistencial. Además de la terrible situación y riesgos diferenciales para las mujeres lideresas y defensoras de DDHH.
1.2.1.6 Población migrante y refugiada venezolana, colombianos retornados y comunidades de acogida(12).
(12) La crisis política, socioeconómica y de derechos humanos en Venezuela habría ocasionado un flujo de refugiados y migrantes estimado en octubre de 2019 en 4,5 Millones de personas (3,7 en la región). Se estima que a final de 2020 la población refugiada y migrante en la región podría ascender a los 5,5 millones de personas e incluso llegar a superar el fenómeno sirio.
Desde el 2015, más de 5 millones de personas venezolanas han migrado principalmente hacia los países vecinos de Sudamérica, huyendo de la grave situación humanitaria, política y económica al interior de Venezuela. A 31 de diciembre de 2020 Migración Colombia estimaba que la cifra de migrantes en el país era de 1,73 millones con vocación de permanencia (49,3 % mujeres y 50,7 % hombres). La migración irregular incrementa enormemente los riesgos y la vulnerabilidad de las personas (extorsión, incorporación a grupos armados, a actividades relacionadas con cultivos ilícitos y otras economías ilegales, situaciones de trata y abuso sexual, etc.).
A la misma fecha, 762.823 migrantes en Colombia contaban con un estatus regular. Por su parte, 966.714 personas se encontraban irregularmente en el país, bien por haber superado el tiempo de permanencia, o por haber ingresado sin autorización. A pesar de los continuados esfuerzos del Gobierno colombiano por facilitar la regularización a lo largo de los últimos años, la migración irregular presentaba una tendencia al alza progresiva. No obstante, en febrero de 2021 el Gobierno colombiano tomó la decisión de otorgar un estatus de protección temporal por los próximos diez años a toda la población migrante venezolana en el país, ofreciéndole una hoja de ruta para la regularización y una oportunidad para su integración socioeconómica efectiva en las comunidades de acogida colombianas.
La población venezolana se ha ido asentando a lo largo de toda la geografía nacional. En términos absolutos, a 31 de diciembre de 2020, los mayores números se encontraban en Bogotá (337.594); Norte de Santander (187.854), Atlántico (160.736), Antioquia (156.163), La Guajira (149.575), Santander (111.879), Cundinamarca (95.122), Valle del Cauca (88.850) y Magdalena (87.341), pero en términos relativos y en relación con la densidad poblacional posiblemente sean los departamentos fronterizos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca los más afectados.
Desde 2018, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial y su estructura de coordinación nacional, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), han construido los Planes Regionales de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP) en consulta permanente con el Gobierno colombiano. Estos documentos, elaborados anualmente, presentan una hoja de ruta sobre las acciones de los socios de la cooperación internacional para complementar la respuesta de los países de acogida al fenómeno migratorio en sus distintos sectores, incluyendo la respuesta humanitaria a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y los esfuerzos para la integración socioeconómica de la población migrante en las comunidades de acogida. Asimismo, constituyen un llamamiento para la movilización de recursos de cooperación que financien este amplio conjunto de acciones y son, en consecuencia, el instrumento principal para la orientación de la cooperación frente al fenómeno migratorio en el país.
En el caso del Plan Regional de Respuesta para 2021, el requerimiento de financiación definido para Colombia es de USD$641 millones (aproximadamente EUR€530 millones) para atender hasta final de año a una población objetivo de aproximadamente 1,8 millones de personas entre venezolanos con vocación de permanencia, colombianos retornados, venezolanos en dinámicas pendulares en la frontera, venezolanos en tránsito hacia terceros países y las comunidades de acogida.
En septiembre de 2018, 11 Estados suscribieron la Declaración de Quito para promover el consenso y el diálogo entre países receptores sobre políticas nacionales y regionales de atención a la crisis. Desde entonces se han celebrado diferentes rondas que han dado lugar a un Plan de Acción y una Hoja de Ruta para tratar de armonizar mecanismos de respuesta.
1.2.2 Planeta:
1.2.2.1 Agua y Saneamiento(13).
(13) Fundamentalmente DANE-PND 2018-2022.
Si bien los datos globales de cobertura de estos servicios básicos son elevados (86,4 % con acueducto; 76,6 % con alcantarillado o 81,6 % con recolección de basuras), las disparidades son enormes entre las grandes ciudades del país, los departamentos periféricos, otros centros poblados y la zona rural dispersa.
| Servicio | Número de departamentos y porcentaje sobre el total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cobertura <10 % |
Cobertura 10,01-20 % |
Cobertura 20,01-30 % |
Cobertura 30,01-40 % |
Cobertura 41 %-50 % |
Cobertura 50,01-75 % |
|
| Acueducto. | 4 (12,12 %) | 3 (9,09 %) | 2 (6,06 %) | 6 (18,18 %) | 4 (12,12 %) | 12 (36,36 %) |
| Alcantarillado. | 14 (42,42 %) | 9 (27,27 %) | 6 (18,18 %) | 2 (6,06 %) | 1 (3,03 %) | 1 (3,03 %) |
| Recolección basuras. | 8 (24,24 %) | 10 (30,30 %) | 5 (15,15 %) | 3 (9,09 %) | 1 (13,03 %) | 5 (15,15 %) |
El indicador de acceso a fuente mejorada de agua utilizado por el DANE para ponderar la pobreza multidimensional en 2018 alude a privaciones mayores al 50 % en 5 departamentos del país: Putumayo (50,3 %); Chocó (67 %); Guainía (68 %); Vaupés (68,7 %) y Amazonas (73,1 %). Resalta a este respecto la gran brecha urbano-rural en la medida en que la media de hogares sin acceso a nivel nacional sería del 11,7 % pero con gran variabilidad entre cabeceras (2,8 %) y otros centros poblados y población rural dispersa (44,3 %). La brecha se evidencia igualmente en relación con los hogares étnicos, que en un 21,04 % de los casos no contarían con acceso a agua mejorada frente al 7,82 % de los hogares no étnicos (Encuesta de Calidad de Vida 2016).
El índice de riesgo para el consumo de agua potable en Colombia para 2018 se consideraba alto en 4 Departamentos y medio en 14. Alrededor de 3.800.000 personas aún reciben agua con algún nivel de riesgo (no apta para el consumo), lo cual representa el 11,56 % de la población total con servicio en el país (Min Vivienda, 2018). Por otro lado, entre 2012-2017 se pasó de tratar 33,1 % de aguas residuales urbanas al 42,6 %.
La sostenibilidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento es un claro reto en pequeñas cabeceras municipales y en áreas rurales por la debilidad de los esquemas de prestación y de la cultura de pago, En las cuales la prestación sostenible, depende en gran medida del giro de subsidios por parte de las autoridades municipales.
1.2.2.2 Biodiversidad, deforestación y Potencial de aprovechamiento de espacios naturales(14).
(14) PND 2018-2022.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), en el año 2019, la reducción de la deforestación fue del 19,2 %, mientras que en el año 2018 fue del 10 %, confirmando la tendencia de reducción de este flagelo en el país. La Amazonía pasó de representar el 70 % de la deforestación en el país a un 62 % en el 2019. Sin embargo, se deforestaron 158 mil hectáreas en el 2019. Entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones ha de bosque y en los dos años posteriores se deforestaron 178 mil y 219 mil ha respectivamente. En 2017, más del 15 % de la deforestación nacional tuvo lugar en territorios étnicos. Los territorios colectivos de comunidades negras están asistiendo, igualmente, a un incremento de la deforestación (29.000 ha en 2016 y 11.852 en 2017). Las motivaciones en estos casos son la extracción ilícita y de empresas multinacionales de minerales y madera, colonización y expansión de la frontera agropecuaria. Adicionalmente al problema de la deforestación, el problema de la contaminación es un problema grave especialmente de las fuentes hídricas provocada por la actividad minera.
La gestión de las áreas que conforman el SINAP(15) (31 millones ha) constituye un reto para el país. En 2017 se identificaron 8.359 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 17 parques nacionales naturales. Cerca de 25.000 familias habitaban en los mismos, muchas en condiciones de vulnerabilidad. A 2018, el 33 % de las 55 áreas entonces protegidas presentaba traslapes con territorios étnicos(16).
(15) Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
(16) Cortes (2018). Resguardos Indígenas en la conservación: territorios en traslape. Recuperado de https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/682/1/DHA-spa-2018-Resguardos_indigenas_en_la_conservacion_territorios_en_traslape.pdf.
1.2.2.3 Susceptibilidad a desastres naturales y cambio climático. Adaptación y mitigación(17).
(17) PND 2018-2020.
La crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, así como la temporada de huracanes de 2020, que ha roto los récords por ser prolífica en número de tormentas, demuestran la importancia de garantizar que la agenda del cambio climático esté integrada en los procesos de recuperación económica en el corto plazo, y en el proceso de desarrollo en el mediano y largo plazo.
Asumiendo el cambio climático como una prioridad nacional, Colombia aprobó en 2017 la Política Nacional de Cambio Climático y en 2018 la Ley de Cambio Climático, las cuales establecen las directrices para la gestión del cambio climático en el país. Tanto la ley como la política, buscan aprovechar sinergias y apalancar el marco regulatorio y los sistemas existentes, y estructuran el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) como eje primario de institucionalización e internalización del cambio climático entre actores e instrumentos.
En los últimos años, los instrumentos de planificación de Colombia para la acción climática se han consolidado y puesto en marcha. Esto se ha visto reflejado en la incorporación del cambio climático en los instrumentos formales de planificación sectorial y territorial, a través de la formulación de los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático a nivel sectorial (PIGCCS) y territorial (PIGCCT)(18).
(18) Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia. Gobierno de Colombia. NDC) https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/NDC%20actualizada%20de%20Colombia.pdf.
Las condiciones geológicas y climáticas de Colombia han hecho que en los últimos 19 años el 88 % de los desastres que ocurren en el territorio sean de origen hidrometeorológico (inundaciones, deslaves, sequías), lo cual se acentúa por las intervenciones antrópicas, como el uso del suelo en actividades agrícolas, ganaderas y la deforestación. El 29,0 % del territorio nacional tiene condiciones críticas de amenaza por fenómenos hidrometeorológicos que afectan anualmente a miles de personas. Así mismo el país es susceptible a afectaciones sísmicas. Cinco Departamentos con importante presencia de comunidades étnicas (San Andrés, Vaupés, Amazonas, Guainía y Chocó) fueron identificados como los de mayor vulnerabilidad al cambio climático. Adicionalmente, los departamentos de Guainía, Amazonas, Cauca, Vaupés, Vichada, Guajira, Chocó y Nariño presentan una alta vulnerabilidad al riesgo de desastres.
En términos de avances, se logró la formulación y adopción del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), con una ejecución a nivel sectorial del 74 % entre 2015 y 2018. A nivel territorial, el 85 % de los municipios y el 100 % de los departamentos disponen de instrumentos de gestión del riesgo; y entre 2016-2018, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) brindó asistencia técnica al 16 % de los municipios del país (UNGRD, 2017).
Frente al cambio climático, los logros se concentran en la expedición de la Ley 1931 de 2018 y la formulación, por parte de ocho ministerios y 20 departamentos de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales (PIGCCT), respectivamente.
La debilidad institucional, la desarticulación interinstitucional, los sistemas de información débiles y la falta de presencia del Estado en áreas ambientales estratégicas, han incrementado los conflictos socioambientales que se desarrollan principalmente en zonas rurales, relacionados con el uso, ocupación, tenencia y acceso a los recursos naturales. Los sectores que más eventos conflictivos presentan son: la minería (33 %), los combustibles fósiles (25 %), la extracción de biomasa (16 %) y la gestión del agua (12 %).
1.2.3 Prosperidad:
1.2.3.1 Información macroeconómica(19).
(19) Informe Oficina Comercial Embajada de España y Banco Mundial.
El Banco Mundial proyecta que producto de la pandemia el PIB se contraiga un 7,2 % en el 2020 y estima un repunte en el crecimiento del para el 2021-2022. Para el tercer trimestre del 2020 el PIB fue de 55.966 millones de EUR. Según el Fondo Monetario Internacional PIB per cápita iba a caer desde los US$6.423 reportados para 2019 a los U$5.207 presupuestados para 2020 y, en consecuencia, un PIB per cápita para ese mismo año del aporte departamental al PIB es, sin embargo, enormemente desigual. Información preliminar del DANE relativa a 2019 revela que los aportes al PIB de Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mitad del PIB nacional; si se le suman las siguientes tres economías en participación (Santander, Cundinamarca y Atlántico), juntas representaron el 67 % del PIB de Colombia. l. El año 2019 cerró con un crecimiento económico estimado del 3,2-3,3 %, por encima del dato de 2018 (2,7 %).
El gobierno prevé un déficit fiscal de 8,9 % del PIB para 2020 y de 7,6 % para 2021 por la pandemia. Por su parte y según el Banco de la República, la deuda pública colombiana en 2020 llegó a USD $180.507 millones, cifra que representa 61 % del total del PIB nacional.
Debido a la pandemia y según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colombia espera el peor descenso del PIB en la historia del país con una disminución del -5,5 % en 2020 y según la OCDE, el PIB de caerá entre el 6,1 % y el 7,9 %. El PNUD en Colombia estima que 1.7 millones adicionales de personas podrían descender a la pobreza extrema en un escenario moderado, 5.7 millones adicionales en un escenario pesimista y más de 15 millones de personas si la fuente de ingresos se reduce en un 75 % debido a las implicaciones directas e indirectas de la pandemia. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe estima que ya gran desigualdad para aumentar aún más (con el coeficiente de Gini aumentando en 1.5-2.5 %).
1.2.3.2 Comercio Exterior e inversión en Colombia.
Las exportaciones FOB colombianas entre los meses de enero a noviembre de 2019 ascendieron a 36.103 millones de dólares. De esta cantidad, casi 21.000 millones correspondieron al rubro de combustibles y productos de extractivas; 7.599 millones en manufacturas y 6.736 en productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Los principales destinos de esas exportaciones fueron USA (28,5 %); China (11 %); Panamá (6,9 %); Ecuador (5 %); Brasil (3,7 %); México (3,6 %) y Países Bajos (3,2 %). Sin embargo, De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en diciembre de 2020 las ventas externas del país fueron US$3.029,0 millones FOB y presentaron una disminución de 9,0 % en relación con diciembre de 2019; este resultado se explicó principalmente por la caída de 36,1 % en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas.
En ese mismo periodo, las importaciones CIF ascendieron a 48.624 millones de US $, concentrados en los mismos 3 rubros y procedentes de USA (25,3 %); China (20,6 %); México (7,4 %); Brasil (5,9 %); Alemania (4,2 %); Francia (2,8 %) y Japón (2,3 %). De la misma manera, de acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en noviembre de 2020, las importaciones fueron US$4.188,2 millones CIF y presentaron una disminución de 12,0 % con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 60,3 % en el grupo de Combustibles.
Las cifras de inversión extranjera directa anual en Colombia presentan relevantes oscilaciones según los años, ascendiendo a más de 13.800 millones de USD $ en 2017 y a 11.010 millones en 2018. En el periodo 2000-2016, los principales países inversores en Colombia han sido USA (21,1 %); Reino Unido (12,2 %); España (8,8 %) y Suiza (6,1 %). España es un importante socio comercial de Colombia. Ocupa el puesto 7 como país de origen de las importaciones colombianas, con un 2 % del total (nov-2019). Las exportaciones españolas a Colombia están muy diversificadas. España se sitúa como el 14.º país de destino de las exportaciones colombianas, recibiendo el 1,3 % del total. Por su parte, en 2018 Colombia ha invertido 307,9 M$ en España, mejorando ampliamente la cifra de 2017, (18,7 millones) que supuso el dato más bajo la serie histórica.
1.2.3.3 Energía.
Durante 2017, la cobertura eléctrica en viviendas fue, a nivel nacional, del 97,02 %. La cobertura de gas combustible fue de 9,294 millones de usuarios conectados por redes de gas natural, 2,125 millones de usuarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por cilindro y 90.000 usuarios conectados a GLP por red. Cabe destacar que actualmente cerca de 982.000 hogares cocinan con leña o carbón (CONPES 3934, 2018). Aunque la cobertura del servicio de electricidad es hoy superior al 97 % en el país, hay más de 400 000 viviendas sin servicio de energía eléctrica (431 137 en 2017, según el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura, PIEC (UPME, 2018).
1.2.3.4 Economía y desarrollo rural.
Las subregiones rurales remotas y cercanas a ciudades tienen altos niveles de pobreza multidimensional, con carencias asociadas a distintas variables: bajo logro educativo, rezago escolar, analfabetismo, informalidad del empleo, acceso a salud y servicios públicos domiciliarios, conectividad a internet (8,7 % a banda ancha), falta de infraestructuras, escasa y débil presencial estatal, insuficiente tecnificación de los procesos, falta de relevo generacional, etc.
En julio de 2018 existían, según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 772 resguardos indígenas legalizados (más de 32 millones de Has) así como 207 consejos comunitarios (5,7 millones de Has). La superficie total adjudicada equivale al 33 % de la continental del país.
En relación con el mercado laboral, apenas el 38,2 % de los ocupados en los municipios rurales y rurales dispersos desarrollan actividades no agropecuarias, pese a que estas generan el 85,3 % del valor agregado total (DANE, 2014).
Además de los problemas comentados, la actividad armada y la producción y tráfico de ilícitos desestructuran la asociatividad rural, laminan los liderazgos comunitarios, desplazan población a cabeceras municipales que no tienen capacidad de absorber esa mano de obra y generan despoblación en el campo y marginalidad e inseguridad en centros urbanos.
En la pandemia, los gobiernos locales se han visto obligados en primera instancia a la reorientación de recursos para atender la emergencia. De otra parte, han tenido una afectación en las finanzas públicas de que han visto reducidos en un 40 % sus ingresos propios al igual que han visto una disminución en recursos provenientes de transferencias o regalías. Muchos gobiernos locales están orientando sus estrategias hacia la recuperación económica local, con énfasis en estrategias orientadas a organizaciones de productores para facilitar su acceso a mercados y el abastecimiento local de alimentos.
1.2.3.5 Industria y Servicios.
La actividad industrial mantiene una tendencia histórica ligeramente descendente en cuanto a su aporte al PIB nacional (entorno del 27 %). La industria colombiana se ubica mayoritariamente en torno a las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga). Sobresalen las industrias de alimentos y bebidas, las textiles, de productos químicos y de fabricación de papel, cartón y sus productos.
El sector servicios continúa su tendencia de aportación creciente al PIB nacional (54,50 % en 2017) destacando los sectores financieros y el comercio. El turismo registra igualmente un incremento progresivo de visitantes que afecta favorablemente a toda la industria conexa: hospedaje, restauración, transporte, etc., representando en torno al 2 % del PIB nacional. A pesar del enorme potencial de Colombia para el turismo interior, la situación de inseguridad en numerosas zonas del país y las deficiencias en materia de comunicación vial y las limitaciones en la oferta de hotelería y restauración lastran las posibilidades de un mayor crecimiento. El impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento, restricciones a la movilidad aérea y otras medidas de bioseguridad asociadas, está siendo gravísimo, por ejemplo, en ciudades como Cartagena el 30 % de los empleos están asociados al turismo el cual se vio literalmente paralizado durante siete meses.
1.2.3.6 Empleo.
En abril de 2020, con el inicio de las medidas de prevención frente a la pandemia, la tasa de desempleo en Colombia llegó a 19,8 %. Por su parte, en diciembre de 2020 la tasa registró 13,4 % y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 15,6 %. Se registró una clara diferencia por sexo (10,1 % hombres versus 17,9 % en mujeres). La población ocupada fue de 21,4 millones de personas (12,9 hombres y 8,5 mujeres). De esta cantidad total, 8,7 millones serían trabajadores por cuenta propia. La informalidad en diciembre de 2020 sería del 49,5 %. (Datos DANE). En el 2019, la brecha salarial general entre hombres y mujeres fue de 12,9 %. Las mujeres rurales tienden a desarrollar una actividad laboral más heterogénea que las de los hombres (éstos eminentemente vinculada al sector agropecuario). Así mismo las mujeres rurales dedican más tiempo que las urbanas a actividades de trabajo doméstico y cuidado no remunerado, lo que podría explicar en parte la menor tasa de participación femenina rural (42 %) en relación con la masculina (76 %) (DANE 2017).
Según el DANE, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 23,5 %, registrando un aumento de 6,0 p.p frente al trimestre móvil agosto-octubre 2019 (17,5 %).
Según DANE 2018, el trabajo no remunerado podría representar el 20,5 % del PIB colombiano y la provisión de servicios de cuidado representan una buena proporción de ese trabajo. En el caso de personas cuidadoras, el 22,6 % no reporta afiliación a la seguridad social, porcentaje que se eleva hasta el 81 % para las trabajadoras domésticas de los hogares. El 82 % de los hogares étnicos tiene al menos un miembro en la economía informal, mientras que ese porcentaje en hogares no étnicos es del 72 %. Los que logran acceder a empleo formal ocupan posiciones de menor cualificación y remuneración(20).
(20) Fundación Corono, Fundación ANDI, ACDIVOCA 2016).
Según ONU Mujeres-DANE 2020, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 20 % del PIB colombiano. En caso de personas cuidadoras, solo el 22 % de las mujeres cuentan con seguridad social, mientras que ese porcentaje en hombres es del 40 %.
El 70 % de las mujeres en Colombia están empleadas en sectores mayoritariamente afectados por esta crisis: comercio, turismo, hotelería y servicios. Estimaciones del Banco Mundial han identificado que de los 9.2 millones de mujeres ocupadas en el país, alrededor de 6 millones están en riesgo de perder sus empleos en el marco de la pandemia.
1.2.3.7 Economías Ilícitas.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimaba a 31 de diciembre de 2017 que el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos era de 171.000. El Departamento de Estado de los Estados Unidos elevaba esta cifra hasta las 209.000 Has. Según informe UNODC 2018, Nariño sigue siendo el departamento con mayor afectación (41.903 ha), a pesar de presentar una reducción del 8 % en el área sembrada con coca. Por su parte, Putumayo, Meta y Chocó también redujeron los cultivos de coca. Los mayores incrementos se presentaron en Norte de Santander (19 %), Bolívar (39 %) y Cauca (7 %).
La minería ilegal es otro de los componentes relevantes de las economías ilegales. En informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, se identifica que las áreas afectadas en el país por la extracción ilícita de oro pasaron de 92.046 en 2018 a 98.028 en 2019 y que el 48 % de estas áreas se encuentran dentro de zonas de áreas naturales protegidas.
Asimismo, cabe destacar el contrabando, la falsificación y adulteración de productos, el lavado de activos o la trata de personas. Según DIAN y ANDI (2018), el contrabando en Colombia representó el 2 % del PIB nacional. El país se encuentra dentro del grupo de 10 en los que más se producen y comercializan medicamentos falsos. En cuanto a lavado de activos, según estimaciones del Banco Mundial (2017), «las bandas criminales reciben cada año por lavado de activos y financiación del terrorismo el equivalente al 1,3 % del PIB de Colombia, algo así como 7,3 billones de pesos(21).
(21) Recuperado de: https://www.laopinion.com.co/economia/lavado-de-activos-mueve-13-del-pib-unos-73-billones-136465#OP.
1.2.3.8 Principales problemas que afectan a instituciones y poderes públicos en Colombia.
Los resultados del Índice de percepción de la corrupción ubicaban a Colombia en el puesto 96 de 180 países. El índice de competitividad global (Foro Económico Mundial 2018) ubica a Colombia en el puesto 86 de 137 países en relación con su capacidad para garantizar condiciones para una política pública transparente.
El índice de Transparencia de Entidades Públicas(22) identificó 13 de las 32 gobernaciones del país en riesgo alto o muy alto de corrupción, así como a 16 de las 32 contralorías departamentales (encargadas de la vigilancia de la gestión fiscal) en esta misma situación. Las administraciones departamentales con riesgo alto o muy alto de corrupción administrativa tienden a presentar un índice de pobreza multidimensional superior al 60 % (DANE 2005). El PND 2018-2020 identifica como problemas de las Administraciones Públicas los relacionados con duplicidad y traslape de funciones; insuficiente integración e interoperabilidad de sistemas de información, así como carencia de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación.
(22) Índice de Transparencia de Entidades Públicas - Transparencia por Colombia 2016.
A pesar de los esfuerzos frente a la planeación e inversión de proyectos del Gobierno nacional, se identifica la necesidad de continuar con el fortalecimiento de la coordinación y el diálogo a nivel territorial. Obstáculos operativos dificultan la concurrencia de fuentes de inversión en proyectos de impacto regional. La desactualización de los Planes de Ordenamiento Territorial a nivel municipal, sus deficiencias de información y la falta de incorporación en los mismos de estudios básicos sobre riesgo de desastres se relaciona, entre otras cuestiones, con la correspondiente desactualización de la cartografía y el catastro, que no interoperan con el registro de la propiedad ni con los demás sistemas de información territorial. El rezago en la actualización catastral está relacionado, entre otros factores, con la falta de recursos para su financiación. Las debilidades de planeación y gestión a nivel territorial podrían mejorar si existieran mayores incentivos a la asociatividad.
1.2.4 Paz.
1.2.4.1 Conflictividad y violencia, en Colombia: fenómenos y contexto.
Colombia ha fortalecido su institucionalidad y marco normativo para garantizar los derechos de las personas y prevenir su vulneración. En la Encuesta de Cultura Política del DANE 2019 sólo un 33.8 % considera que en Colombia se garantizan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. Según el Barómetro de las Américas (2016) el 76,6 % de los encuestados considera que el nivel de protección de los derechos humanos es muy bajo. Son los territorios más aislados y rurales de Colombia los que han aportado el volumen principal de muertos (más de 260.000) y desaparecidos (más de 80.000). Del total de cerca de 9 millones de víctimas, más de 7,8 lo han sido por desplazamiento forzado desde 1985 (ACNUR). De ellos, el 21 % sería población afrodescendiente y el 25,4 % población indígena, lo que manifiesta la especial afectación de estos grupos étnicos considerando su peso proporcional en la población total del país.
Las afectaciones humanitarias continúan en Colombia, dado que el Acuerdo Final con las FARC permitió la desmovilización de un grupo ilegal, pero persisten en los territorios otros tipos de violencia y grupos al margen de la ley. El PND 2018-2022 a pesar de señalar que las cifras de nuevos hechos victimizantes registrados en los años 2017 y 2018 han sido las más bajas de los últimos 23 años, no deja de reconocer que, entre septiembre de 2016 y septiembre de 2018, se registraron 160 desplazamientos masivos. ACNUR, a agosto de 2019, informa un total de 30.830 personas afectadas por desplazamiento masivo en 2018 y de 13.445 en la primera mitad de 2019 (43 eventos; 4.459 familias). De acuerdo con la oficina del Defensor del Pueblo, 3.333 víctimas de desplazamiento en 2019 serían indígenas y 2.929 afrocolombianos/as. Según OCHA, entre enero y julio de 2020, más de 18,600 personas fueron desplazadas en desplazamientos masivos. El 71 % fueron desplazadas en departamentos a lo largo de la costa del Pacífico. Solo en Nariño, NN. UU. ha contabilizado más de 8.000 personas desplazadas y/o confinadas.
Particularmente sensible es la conflictividad que afecta a grupos étnicos. Según el PND 2018-2022, el Ministerio del Interior reportaba un total de 191 conflictos en 59 municipios, de 22 departamentos del país. Algunas de las causas se relacionan con aspectos de gobernabilidad, representatividad, acceso a tierra y territorio, control de bienes naturales, gobiernos propios y justicia propia.
Uno de los fenómenos de violencia más graves, son las amenazas, atentados y asesinatos de líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos, defensores/as de la implementación del Acuerdo, de la restitución de tierras, de la sustitución de cultivos, de la naturaleza, LGTBIQ y desmovilizados/as de las FARC-EP. La OACNUDH informó en su último informe de febrero 2020, del asesinato de 108 líderes en 2019, y 56 denuncias de asesinatos en lo que va de 2020. El informe del Relator Especial de NN. UU., tras su visita a Colombia, a finales de 2018, identificaba los mayores riesgos en regiones más afectadas por el conflicto y zonas con presencia histórica de las FARC-EP en las que diversos grupos armados se disputaban el control del territorio y de las economías ilegales generando violencia y desplazamiento forzado (Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Putumayo, Córdoba, Meta y Caquetá).
El último informe trimestral 2020 del Secretario General de NN. UU. sobre los hallazgos de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, se informa 194 homicidios de exintegrantes de las FARC desde la firma del Acuerdo, más 13 desapariciones y 39 intentos de homicidio. Asimismo, señala las consecuencias devastadoras de la operación de grupos ilegales en territorios étnicos: reclutamientos, reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos, violencia sexual y ataques y amenazas contra autoridades y líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos especialmente en el Pacífico colombiano (Chocó, Cauca y Nariño), con una respuesta institucional limitada a pesar de las repetidas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, tanto el Relator como la ACNUDH refieren un grave aumento de asesinatos en contra de las mujeres defensoras, con un incremento del 50 % de asesinatos en 2019, comparado con 2018. Además, la violencia contra las lideresas y mujeres activistas de derechos humanos tiene efectos diferenciados sobre éstas, manifestándose en mayores índices de violencia sexual previa al asesinato, que incluyen actos de tortura y enseñamiento, así como amenazas y homicidios a familiares como forma de castigo e intimidación.
Es importante mencionar que el Gobierno de Colombia ha procurado la articulación de más de 15 entidades estatales para lograr que la totalidad de la población en proceso de reincorporación estuviese cubierta por la política de seguridad, que incluye más de 52 medidas específicas de refuerzo a la seguridad en materia de prevención, protección, reacción frente a situaciones de inminencia, investigación y judicialización, y seguridad humana integral. Con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización el 15 de agosto del 2017, se dio inicio con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en estos espacios algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno de Colombia han sido 24 Unidades Básicas de Carabineros UBICAR, de la Policía Nacional-UNIPEP (Más de 800 efectivos de policía.), 72 Pelotones del Ejército Nacional y Armada Nacional, CCOET. (Más de 2200 efectivos de ejército) y 24 esquemas de protección colectivos-Unidad Nacional de Protección-MTSP.
1.2.4.2 Víctimas.
Con corte a 31 de diciembre de 2020, el Registro Único de Víctimas tiene reconocidas 9.057.952 personas que individualmente han sido afectadas por algún hecho victimizante. De este número de víctimas, aproximadamente 2.428.990 de ellas están ubicadas en los 170 municipios PDET priorizados para la intervención de la implementación de la Política de Paz con Legalidad, casi la tercera parte de todas las víctimas registradas. De un universo total de 765 sujetos de reparación colectiva incluidos en el Registro Único de Víctimas, 398 sujetos se ubican en los municipios PDET. Es decir, el 52 % de los sujetos del Programa de Reparación Colectiva están en los 170 municipios priorizados. Frente a los planes de retornos y reubicaciones se cuenta con 101 planes aprobados en municipios PDET(23).
(23) https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394.
Las medidas de los planes de reparación colectiva y las de los planes de retornos y reubicaciones que contribuyan al desarrollo territorial quedan incorporadas dentro de la hoja de ruta de implementación de los 170 municipios PDET, lo que permitirá su implementación gradual y progresiva y coherente con el desarrollo de las regiones PDET. Así se ha previsto en el PND 2018-2022 y en la Política de Paz con Legalidad, sin embargo, el coste de estas medidas es demasiado elevado y los recursos del Estado resultan ser insuficientes, Por esta razón, para el Gobierno nacional es fundamental la convergencia de distintos apoyos financieros y técnicos como los de la cooperación internacional.
Con respecto a la restitución de tierras despojadas y a 30 de abril de 2020, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), encargada del proceso de tramitación administrativa de las reclamaciones habría recibido un total de 125.581 de las cuales, 104.724 son solicitudes habilitadas para la etapa administrativa, de ellas, 81.810 casos han finalizado esa etapa De las 22.914 solicitudes restantes, 19.986 están en trámite y 2.929 están suspendidas. Según las estadísticas de URT. Con corte 30 de octubre 2020, han sido restituidas 384.051has. de un total de 6.500.000 has. despojadas/ abandonadas, lo que representa el 5,9 %.
1.2.4.3 Afectación por Minas-Desminado Humanitario.
Se reportan a 31 de enero de 2021, 11.994 víctimas por minas antipersonales en Colombia. El grupo demográfico más afectado son los mayores de edad de sexo masculino (65 %); seguido de los menores de edad del sexo masculino (20 %) y luego las personas menores de edad del sexo femenino (8 %) y las menores de edad del sexo femenino (6 %). Los Departamentos con más víctimas fueron: Antioquia (1189), Nariño (661), Meta (421), Norte de Santander (285) y Cauca (276). En el periodo reciente, 2016 fue el año con más víctimas. En lo corrido del año 2021, se han presentado 8 víctimas. Los avances registrados a 31 de enero de 2021 incluyen 8.05 millones de metros cuadrados de área liberada; 7698 artefactos destruidos o neutralizados. 6 departamentos y 407 municipios habrían sido liberados de sospecha de minas mientras se estaría en intervención en otros 159 municipios(24).
1.2.5 Cultivos Ilícitos y Programas de Sustitución Voluntaria.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado en 2017, se encontraba en 2018 en implementación en 53 municipios, integrando a 87.431 familias beneficiarias y habiéndose erradicado 30.265 Has, tanto de forma voluntaria como asistida por la Fuerza Pública. Se habría atendido a 29.552 familias con asistencia técnica integral. El 86 % de estas acciones se habría desarrollado en municipios PDET, en los que se concentra el 94 % de los cultivos de coca.
El último informe trimestral 2019 del Secretario General de NN. UU. a raíz de los hallazgos de la Misión de verificación, alude cifras de erradicación voluntaria brindadas por UNDOC que ascenderían a 40.506 has desde agosto de 2017. Según esa misma fuente, 38.525 familias habrían recibido un año completo de pagos provisionales, 60.842 habrían recibido asistencia técnica y 34.492 apoyo para proyectos relacionados con la seguridad alimentaria. 95 % de las familias estarían cumpliendo los compromisos voluntarios de erradicación. Alerta sobre el hecho de que personas y organizaciones sociales que participan en el Programa estén siendo objeto de amenazas, ataques y asesinatos y alude a la preocupación de algunas familias involucradas por las demoras en la implementación de proyectos productivos alternativos e inversiones en desarrollo local fundamentales para apoyar la transición hacia el abandono de las economías ilícitas. 46.687 personas víctimas están vinculadas al PNIS.
De acuerdo con el informe septiembre-diciembre 2020, el PNIS continúa implementándose en 56 municipios de 14 departamentos, que concentran el 65 % de los cultivos de coca del país. Participan 99.097 familias, el 36,5 % de las cuales están encabezadas por mujeres. Según UNODC, la tasa de cumplimiento de las familias participantes se sitúa en el 97 % y la tasa de resiembra es solo del 0,2 %, lo cual demuestra la eficacia de la erradicación voluntaria y su potencial para que las familias dejen de depender de los cultivos ilícitos, siempre y cuando esas comunidades dispongan más rápidamente de oportunidades de desarrollo sostenible.
El Gobierno de Colombia con corte al 31 de diciembre del 2020, informó que desde agosto de 2018 ha invertido en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) $923.406.621.687,18 (USD $243 M) a través del Fondo Colombia en Paz, beneficiando a 99.097 familias, de estas 35.353 son mujeres titulares de su núcleo familiar, adicionalmente el acumulado de hectáreas erradicadas durante la vigencia del Programa es de 43.067.
1.2.5.1 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Los PDET, previstos en el Acuerdo Final, son ejercicios ampliamente participativos de priorización de necesidades de desarrollo cuya implementación impactaría a 6,5 millones de personas (2,5 millones de víctimas), al 24 % de la población rural del país y al 57 % de la población rural afectada por pobreza multidimensional. Existen 16 PDET que agrupan 170 municipios, especialmente afectados por la violencia y condiciones de pobreza. En estos municipios se encuentra el 94 % de los cultivos de coca; la tasa de homicidios está 12 puntos por encima de la media nacional y la de secuestros es el doble de dicha media. La proporción de víctimas es 2,5 veces mayor y cerca del 50 % de las acciones armadas en 2017 ocurrieron en esos territorios. El 25,6 % del territorio que ocupan tiene conflictos por uso de suelo y su tasa de deforestación es el doble de la nacional, pese a contar una mayor proporción de territorio con áreas protegidas y concentrar el 40 % del área boscosa del país. Se trata de municipios con baja densidad poblacional y alto porcentaje de población residiendo fuera de las cabeceras.
Los PDET implican la ejecución de miles de proyectos estructurados en 8 pilares: 1) Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo. 2) Infraestructura y Adecuación de Tierras. 3) Salud. 4) Educación rural y primera infancia. 5) Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural. 6) Reactivación económica y producción agropecuaria. 7) Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, y 8) Reconciliación, convivencia y construcción de paz.
La implementación del enfoque de género depende de la participación de las mujeres en los procesos de construcción y seguimiento de los PDET, por lo que resulta fundamental la formación y empoderamiento de las mujeres rurales en temas de participación. El enfoque de género se ha aplicado teniendo en cuenta a las organizaciones LGBTI visibilizadas en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, como un grupo de población especialmente vulnerada.
1.2.5.2 Reincorporación de excombatientes.
En Colombia, según el PND 2018-2022, a 31 de agosto de 2018, se habrían desmovilizado 60.193 personas de forma individual o colectiva. 22.278 personas habrían culminado el proceso de reincorporación a esa fecha y 8.763 seguirían involucradas en el mismo. Los procesos de reincorporación habrían facilitado la alfabetización de 41.773 personas, de las cuales 16.211 serían ahora bachilleres y 2.846 habrían adelantado estudios de educación superior. Por su parte, 29.297 personas se habrían vinculado a diferentes actos de reconciliación con sus comunidades.
Actualmente, la ARN adelanta la estrategia de transformación de los ETCR con la que se pretende facilitar y adquirir predios para excombatientes de las FARC-EP, con el fin de promover el acceso a la vivienda y a proyectos productivos como mecanismo de arraigo social y compromiso con la legalidad. Esto, a través de la coordinación con otras agencias del nivel nacional y gobiernos locales, para orientar los procesos de organización del territorio a través de acompañamientos en planeación y ordenamiento territorial que faciliten la adhesión y administración de los territorios de asentamiento de excombatientes y sus proyectos productivos.
De los 24 ETCR actuales 13 tendrían vocación de consolidación y 11 presentan barreras de distinta índole para la estabilización, lo que podría llevar a cambiarlos de ubicación. Los 13 primeros tendrían que transformarse en centros poblados integrándose a la estructura administrativo-territorial de las alcaldías en las que se encuentran ubicados. En lo que se aclara la situación de los ETCR, el gobierno compromete la continuidad de los apoyos en materia de renta básica, alimentos, proyectos productivos o atención en salud. El informe de la Comisión multipartidista del Legislativo de noviembre de 2019 alude con preocupación al Decreto 1629 de 2019, que dejaría en cabeza del Gobierno Nacional la definición de los lugares y términos para la continuidad de estos espacios.
El área de mayor preocupación sería la del acceso a proyectos productivos. Al 31 de diciembre del 2020 existían 86 proyectos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los cuales vinculan a 3.353 personas en proceso de reincorporación por un valor superior a $39.176.155.362 (USD 10,3M). De estos, 63 ya desembolsados vinculan a 2.683 personas en proceso de reincorporación, por un valor de $29.997.023.673 (USD 7,89M) de los cuales $21.464.000.000 (USD 5,64M) corresponden a aportes del Gobierno Nacional. Desde el punto de vista territorial, solo el 50 % de los ETCR contaría con algún proyecto productivo desembolsado. Lo anterior es especialmente grave si se tiene en cuenta la reducción de presupuestos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización para 2020.
Sólo un 5,6 % de los excombatientes habría accedido a la reincorporación institucional, principalmente como funcionarios de la UNP, la ARN y el Ministerio del Deporte.
A 30 de abril de 2020, de las 13.510 personas acreditadas por la OACP, la ARN ha atendido a 12.767 personas en proceso de reincorporación y ha otorgado beneficios económicos (Asignación Única de Normalización, Renta Básica y Asignación Mensual) por valor de $180.308 millones (USD 45,08 M).
1.2.5.3 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).
Elemento sustantivo del Acuerdo Final con las FARC, engloba un conjunto de instancias y mecanismos judiciales y extrajudiciales destinados a satisfacer en lo posible los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el mismo y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Es el componente de justicia del Sistema Integral. Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. Su existencia no podrá ser superior a veinte años. Podrá conocer de los delitos los cometidos por excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles, aunque sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su participación sería voluntaria.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: Su mandato es el de esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que tuvieron lugar con ocasión del conflicto. Igualmente, debe esclarecer y promover el reconocimiento de las responsabilidades colectivas por estas prácticas y hechos; el impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las diferentes poblaciones y grupos, el impacto de la violencia armada en el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia; el contexto histórico, los orígenes y causas; los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia de la violencia armada; el fenómeno del paramilitarismo o la relación entre la violencia armada y el narcotráfico, entre otros.
La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el contexto y debido a la violencia armada: Tiene como objetivo dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido a la violencia. Son competencia de la UBPD las desapariciones ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016, con la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y los exintegrantes FARC, sucedidas en el contexto y debido a la violencia armada, y que corresponden a cualquiera de las siguientes circunstancias: Desaparición forzada, Secuestro, Reclutamiento ilícito y Hostilidades, tanto para regulares (miembros de la Fuerza Pública) como irregulares (miembros de grupos armados al margen de la ley). Su mandato es de veinte años.
1.3 La Cooperación Española en Colombia.
1.3.1 Antecedentes.
Colombia se sitúa entre los países de desarrollo humano alto, con un IDH de 0,761, ocupando la posición 79 de 189 países. Sin embargo, siguen siendo preocupantes sus niveles de desigualdad. El IDH ajustado por la Desigualdad baja a 0,585, siendo el país más desigual de América Latina. El conflicto interno que ha venido sufriendo el país desde hace cinco décadas, ha sido el principal problema para su desarrollo y lo que justifica la importante presencia de la Cooperación Española en un país de Renta Media Alta. Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el gobierno y las FARC, en 2016, se han intensificado los esfuerzos para apoyar la implementación de su contenido. El alto nivel de desigualdad en el país es igualmente uno de los motivos para el trabajo de la Cooperación Española en el país.
Las relaciones de cooperación entre Colombia y España se sustentan en:
– Convenio Cultural, suscrito el 11 de abril de 1953.
– Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica suscrito el 27 de junio de 1979.
– Convenio Marco de Cooperación entre Colombia y España, que sustituye al Convenio básico de 1979. El Congreso de los Diputados y el Senado dieron en 2018 su autorización para que el Estado español pueda obligarse al Convenio. Pendiente de aprobación por la parte colombiana.
– Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, firmado el 31 de mayo de 1988.
– Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República de Colombia y el Reino de España, firmado el día 29 de octubre de 1992.
En la IX Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación (24 de noviembre de 2015) se aprobó el Marco de Asociación País (MAP) 2015-2019, que tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho para la construcción de una paz estable y duradera y la prevención de conflictos en Colombia, focalizando el trabajo en las siguientes orientaciones estratégicas: a) Consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho, b) Promover oportunidades económicas para los más pobres, c) Cohesión social (agua y saneamiento), d) Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género y e) Acción Humanitaria. Las intervenciones se han desarrollado en los Departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, la Guajira, y en Bogotá D.C.
1.3.2 AOD española a Colombia 2015-2019.
Según datos OCDE, España representó en 2017 – 2018 el octavo donante a Colombia, siendo los primeros Alemania, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea. La AOD española bruta total a Colombia entre 2008 y 2018 ascendió a 472,9MUSD. Siendo esta AOD no reembolsable en el periodo del MAP 2015-2019 de 78 M€, superior a los 50 M€ previstos en el MAP (Documento adicional 1).
Tanto para la Administración General del Estado como para la cooperación descentralizada el 90 % de la AOD 2016-2019 se ha dirigido en el periodo a los cinco ODS siguientes: ODS16 Paz, justicia e instituciones sólidas 54 %, ODS5 Igualdad de género 20 %, ODS4 Educación 6 %, ODS1 Fin de la pobreza 5 %, y ODS2 Hambre cero 4 %. En Colombia hay una gran presencia de cooperación descentralizada, llegando en el periodo 2015-2019 al 49 % de la AOD española a Colombia.
Colombia es un país prioritario para la cooperación no gubernamental española. 36 organizaciones mantienen un trabajo permanente en el país con una alta representación permanente. El ámbito de actuación prioritario de las ONGD es la construcción de paz, los derechos humanos y derechos de las mujeres, seguidos por el desarrollo productivo.
La actuación a través de organismos multilaterales ha estado centrada en el periodo del MAP anterior en: Acción humanitaria (OCHA, ACNUR, CICR), Construcción de paz (PNUD, MAP-OEA, SNU con el Fondo Multidonante), desarrollo productivo (FIDA(25), PNUD) y género (ONUMUJERES).
(25) Las aportaciones a FIDA han sido anteriores a 2015, sin embargo, se están ejecutando durante el periodo.
1.3.3 Gobernanza del MAP.
La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación del MAP, fue creada en 2015 como mecanismo de coordinación de alto nivel entre el Gobierno colombiano y la Cooperación Española. Dicha Comisión está conformada, por parte colombiana, por la Cancillería(26), la Agencia Presidencial de Cooperación (APC-Colombia) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y, por parte española, por la Embajada y su OTC. La Comisión se reúne periódicamente para realizar el seguimiento de la cooperación conjunta y tomar decisiones sobre la programación en el marco del MAP. En el seno de la Comisión se ha participado en la revisión final del MAP 2015-2019 y se ha lanzado la negociación de este MAP 2020-2024.
(26) Departamento correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores en España
El Grupo Estable de Coordinación, funciona desde 2010 y tiene un carácter representativo dado que aglutina a todos los actores de la Cooperación Española en Colombia(27). Presidido por la Embajada, cuenta con la presencia de las Consejerías implicadas, la OTC, el Centro de Formación en Cartagena de Indias, las ONG, las empresas representadas por la Cámara de empresarios españoles en Colombia, la Cooperación Descentralizada y las Universidades representadas por el Agregado de Educación.
(27) Documento adicional 1: Resumen de AOD y trabajo de los actores de la Cooperación Española en Colombia 2015-2019.
En Sede, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación convoca al Equipo País Ampliado, incluyendo a los Ministerios con competencias dentro de la Administración general del Estado, a la AECID con sus distintas unidades y a la Cooperación Descentralizada con mayor presencia en Colombia (País Vasco, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Valencia, ayuntamientos de Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona), Fundación Carolina, FIIAPP, sector privado y ONGS.
1.4 Cooperación Internacional en Colombia.
En Colombia, la Cooperación Internacional para el Desarrollo vive un momento de transición, de nuevos escenarios y retos, donde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el eje central, y frente al cual se debe buscar mejorar la eficacia de la cooperación.
Colombia es un país de Renta Media Alta, miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo que lo sitúa en un contexto de posible disminución de flujos de Cooperación Internacional no-reembolsable a futuro y obliga a toda la institucionalidad a trabajar de manera coordinada para lograr una efectiva articulación y optimización de los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo que contribuyan a avanzar en los actuales desafíos de desarrollo que tiene el país, promoviendo la consolidación de capacidades instaladas y sostenibles.
Colombia cuenta con varios instrumentos de referencia para orientar la cooperación que recibe el país, para que responda a sus prioridades de desarrollo y cree capacidad instalada, manteniendo el principio de apropiación y alineación de la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (GPEDC):
– El Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 es la hoja de ruta que permite conocer los retos en desarrollo y las metas del gobierno;
– Los planes de desarrollo territorial que permiten identificar las necesidades específicas a nivel local;
– La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019-2022, que indica cuáles son aquellas demandas priorizadas para las cuales se requiere apoyo de la cooperación internacional y que a su vez responde a las prioridades del Gobierno Nacional, enunciadas en el marco de los del PND.
Orientar la cooperación internacional a estos marcos institucionales, contribuye a que los recursos que reciba el país apoyen los esfuerzos del Estado en materia de desarrollo, al mismo tiempo que promueve la focalización, lo que conlleva a mayor eficiencia en el uso de estos recursos y sostenibilidad de las intervenciones a mediano y largo plazo.
En este contexto, el Grupo de Cooperantes (GRUC) es una instancia que fue creada por la comunidad internacional con presencia en Colombia desde 2010, para dar continuidad y profundizar la coordinación de la cooperación internacional, en el que tienen presencia los principales donantes del país. Al ser una instancia exclusivamente coordinada por donantes internacionales, el GRUC invita a sus sesiones de trabajo a distintas entidades del Gobierno para fortalecer la coordinación de las acciones y conocer las prioridades de desarrollo que tiene el país. Adicionalmente, existen espacios de coordinación en el GRUC en materia de DD. HH. Otros espacios de coordinación a nivel europeo abordan temas de Género y trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil. España asumió el liderazgo de dicho Grupo de Cooperantes en enero de 2012, durante un año. En 2020 Noruega lo preside.
Además, España participa en los principales espacios de coordinación en Acción Humanitaria: equipo humanitario país (liderado por NN. UU.) y Grupo de Donantes Humanitarios (liderado por ECHO). Con la situación derivada de la crisis en Venezuela, se abren espacios adicionales o se aprovechan los existentes para tratar esta problemática.
| Espacios de coordinación de donantes | Características o subgrupos de donantes en los que AECID participa |
|---|---|
| A. Grupo de Jefes de Cooperación de los Estados Miembros (EEMM) de la Unión Europea. | Jefes de Cooperación de los países miembros de la UE + DUE. |
| Grupo DDHH de la Unión Europea. | |
| B. Fondo Europeo para la Paz. | DUE, Países miembros de la UE y Gobierno de Colombia. |
| C. Grupo de Donantes en Colombia GRUC. | Espacio de coordinación de los/as jefes/as de Cooperación. |
| 1. Construcción de Paz y Justicia Transicional. | |
| 2. Derechos Humanos y Gobernabilidad. | |
| 3. Mesa de género. | |
| 4. Desarrollo rural y económico. | |
| 5. Medio Ambiente. | |
| 6. Grupo de donantes humanitarios. | |
| 7. Subgrupo temas administrativos. | |
| D. Mesa de Garantías. | |
| E. Fondo Canasta MAPP-OEA. | OEA y países donantes al Fondo Canasta. |
| F. Equipo Humanitario País y Equipos Humanitarios Locales. |
De acuerdo con cifras consolidadas por APC-Colombia, en 2019 se registraron USD $358,02 millones de cooperación internacional para apoyar diferentes iniciativas en todo el territorio colombiano, priorizando 3 de los 5 ejes temáticos de la ENCI: Paz y estabilización territorial (28 %), Fenómeno migratorio (26 %) y Desarrollo rural (21 %).
Aunque la cooperación internacional tiene presencia en todo el territorio nacional, existe priorización en departamentos como Caquetá, Meta, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Antioquia y La Guajira que coinciden en un alto porcentaje, con la priorización territorial definida en el MAP 2015-2019, especialmente en la Costa Pacífica.
Para el caso específico de los territorios priorizados por el MAP 2015-2019, a diciembre de 2019 y específicamente en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander y la Guajira, se encontraban en ejecución más de 1.200 proyectos apoyados por la cooperación internacional con aportes superiores a los USD $700 millones.
La principal fuente de financiación de estos 1.200 proyectos proviene de cooperantes como USAID, que aporta el 50 % de los recursos de cooperación presentes en estos territorios, seguido de Canadá con un 14 %, Alemania con un 7 %, Bélgica con un 6 %, España y Fondos para la paz con un 4 % y Países Bajos y Suiza 3 %.
En cuanto a alineación con ODS, un 40 % de los recursos en ejecución contribuyen al cumplimiento del ODS 16. Paz justicia e instituciones sólidas, seguido del ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico con un 20 % de los recursos en ejecución.
En relación con los Marcos de financiación nacionales integrados (INFF por sus siglas en inglés), Colombia presentó al fondo de ODS de NN. UU. una propuesta dirigida a una mejor cuantificación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los ODS, se adjudicó en junio de este año por valor de un millón euros. En esta iniciativa que ejecutará NN. UU., participan varias de las agencias del Sistema, como el PNUD, ONUMUJERES, PNUMA, y por parte del Gobierno, el DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La única propuesta aprobada para América Latina es la de Colombia.
En el seno de la Unión Europea (UE) existe un espacio de coordinación entre la Delegación y los Estados Miembros con presencia en Colombia. Es este un espacio de intercambio de información y reflexión sobre posicionamientos comunes en relación con las actuaciones de cooperación. Los temas de Derechos Humanos y Género son especialmente importantes en este ámbito. El Fondo Europeo para la Paz ha congregado el interés y esfuerzos de coordinación de los Estados miembros, la Delegación de la UE y el Gobierno de Colombia en los últimos años.
De cara a la programación a futuro 2021–2027, la UE está trabajando activamente con los Estados Miembros bajo el enfoque TEAM EUROPE en la formulación de una propuesta conjunta en dos ámbitos, la construcción de paz y la economía verde.
2. Resultados de Desarrollo Sostenible
2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.
Para la elaboración de este Marco de Asociación País, la Cooperación Española se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad. Asimismo, se ha tenido en cuenta la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2019-2022, así como los planes sectoriales, departamentales y municipales.
Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, están enmarcados en la Agenda 2030 y establecen su correspondencia con los ODS. Han adoptado un conjunto de objetivos estratégicos para el país que toma en consideración las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible, con el objetivo de lograr la estabilización territorial, así como el desarrollo económico e inclusivo.
Los ODS y los objetivos de la Agenda 2030 se han incorporado en gran medida en la estrategia de desarrollo de Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo agrupa sus compromisos en tres pactos principales: Pacto por la legalidad, Pacto por el emprendimiento y Pacto por la equidad, en los cuales los indicadores y metas están directamente relacionados con los correspondientes ODS. Adicionalmente, se presentan pactos transversales con énfasis en: Descentralización, Construcción de Paz, Equidad para las mujeres, Gestión pública efectiva, Calidad y eficiencia de servicios públicos, Protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía Naranja, Equidad de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom y Participación ciudadana. En relación con las 5P (por sus iniciales en inglés) de la Agenda 2030: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas.
Siguiendo estos pilares y objetivos de la estrategia de desarrollo de Colombia, la Cooperación Española contribuirá, a través de los distintos instrumentos y modalidades de los que se dispone, a las diferentes metas y líneas de Acción de los ODS en Colombia, para apoyar en sus reformas estructurales, en el marco de las cinco dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz, y Alianzas.
En relación con las personas, la pandemia de COVID-19 ha situado al país en una situación crítica en la que ha redoblado esfuerzos para la respuesta inmediata en el plano sanitario a las personas afectadas y para la respuesta a medio plazo a las personas en situación de vulnerabilidad así como para reforzar los apoyos a las iniciativas productivas. A nivel territorial las prioridades van dirigidas hacia la atención a los municipios más afectados por el conflicto (Municipios PDET) y en mayor situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, la situación de la migración venezolana ha exigido un esfuerzo extraordinario para el Gobierno de Colombia en la respuesta inmediata a esta población así como en la búsqueda de oportunidades económicas para la población migrante con vocación de permanencia.
En relación con la prosperidad, el énfasis del Plan Nacional de Desarrollo, en su pacto por la equidad, va dirigido a la promoción del emprendimiento y a la incorporación de las regiones (Pactos regionales) en el desarrollo económico del país. Se prioriza la promoción del empleo y el apoyo a los pequeños y medianos productores.
Sobre el Planeta el PND 2018-2022 contiene un Pacto por la Sostenibilidad que apunta a producir conservando y conservar produciendo, armonizando la producción agropecuaria con la conservación y el uso eficiente de los recursos naturales. El Pacto por la Sostenibilidad busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales para las futuras generaciones. Entre las metas que recoge el Pacto se encuentra la reducción de la deforestación en un 30 % y duplicar las hectáreas con sistemas productivos sostenibles.
El Pacto por la paz, parte del hecho de que los municipios más afectados por la violencia y economías ilícitas fueron dos veces más pobres que el resto del país (2017). Las metas se centran en la estabilización de los territorios más afectados por la violencia, en el apoyo a las víctimas y en la reincorporación de la población excombatiente.
Durante 2019, APC-Colombia lideró junto con Cancillería y DNP, la elaboración de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional-ENCI 2019-2022(28). 58 entidades del nivel nacional y 51 autoridades locales (Gobernaciones y Alcaldías de ciudades capitales) participaron en este ejercicio, brindando insumos sobre sus prioridades de demanda y oferta de cooperación internacional para el cuatrienio.
(28) https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/ENCI-2019-2022-FINAL.pdf.
Teniendo como ejes orientadores la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el PND 2018-2022, y los lineamientos de Política Exterior del país, la ENCI 2019-2022 tiene por objetivo general, dirigir la gestión de la cooperación internacional que otorga y recibe Colombia, hacia sus prioridades de desarrollo, respondiendo a los retos y oportunidades del país en el escenario internacional. Para lograrlo, se propone un trabajo conjunto y articulado con todos los actores de la cooperación (entidades nacionales, autoridades locales, cooperantes, sociedad civil y sector privado), buscando fortalecer el Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) y la focalización de esfuerzos en cinco ejes de acción que hacen parte del PND 2018-2022 y contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
a) Estabilización territorial.
b) Desarrollo Rural.
c) Conservación y sostenibilidad ambiental.
d) Emprendimiento y Economía Naranja.
e) Fenómeno migratorio.
2.2 Alcance territorial.
La Cooperación Española centrará sus actuaciones en el periodo 2020–2024 en la Zona del Pacífico. Con una actuación enfatizada en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Guajira y Norte de Santander. En estos Departamentos se centrará la actuación en los municipios PDET. En concreto, se prevé continuar con Programas de Desarrollo Territorial en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca.
En los MAP anteriores, se realizó una importante focalización geográfica en esta zona pacífica, avanzando en el MAP 2015-2019 hacia un enfoque territorial especialmente en los departamentos de Chocó y Nariño.
En relación con las actuaciones de los actores de la Cooperación Española se ha logrado una buena complementariedad en estas zonas prioritarias que recogen actualmente el 80 % de las actuaciones concentradas en estos departamentos priorizados del MAP.
2.3 Marco de Resultados.
Se recogen a continuación los resultados intermedios priorizados por la Cooperación Española para el periodo, que contribuyen directamente a los resultados de desarrollo marcados por Colombia, y en última instancia a los ODS priorizados (anexo I. Marco de resultados).
ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Debido al alto número de población migrante venezolana residente en Colombia de forma regular e irregular, el Gobierno Colombiano aprobó en 2018 la «Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela» (CONPES 3950). Desde entonces la atención a la población migrante ha sido activa y en distintos frentes, atención a necesidades básicas, regularización, inserción productiva.
Por otra parte, y como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado, cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz, es necesario continuar con el esfuerzo de atención a las necesidades básicas de poblaciones especialmente vulnerables y más afectadas por la violencia, que, además, están actuando como comunidades de acogida de la población migrante venezolana. Asimismo, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 han agravado estas crisis humanitarias superpuestas y que requieren de una atención especial.
En este MAP la Cooperación Española contribuirá a las siguientes Metas del ODS 1:
Meta 1.3. Implementar sistemas y medidas apropiadas de protección social.
Línea de Acción 1.3.A. Reforzar redes de contingencia para reducir la inseguridad frente a las crisis y evitar los riesgos de recaída en la pobreza.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.1. Población migrante venezolana, población colombiana retornada y comunidades de acogida en mayor situación de vulnerabilidad, acceden a servicios de calidad de salud, seguridad alimentaria y nutricional, así como habitabilidad y transferencias monetarias para sus necesidades, en municipios y localidades priorizados por el Gobierno nacional.
La CE establece este Resultado Intermedio enfocando su actuación para los próximos años en la colaboración con el Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, gobiernos departamentales y alcaldías, así como instituciones públicas competentes para garantizar la cobertura de necesidades básicas y especialmente centrados en la garantía del derecho a una protección efectiva, con un enfoque integral y multisectorial. Este enfoque permitirá impulsar la cobertura de toda la ruta de protección necesaria para colectivos especialmente vulnerables, complementando los esfuerzos de las instituciones públicas colombianas, para cubrir las necesidades básicas de atención a estos colectivos: inmigrantes venezolanos, comunidades de acogida, víctimas de conflicto interno, con una atención especial a mujeres, niñas/niños y adolescentes. Asimismo, se espera la complementariedad del trabajo con la sociedad civil, ONGD especializadas y agencias de Naciones Unidas con competencia en estos ámbitos.
Así, en esta línea quedarán enmarcadas las acciones en materia de cohesión y protección social, con especial atención a población vulnerable, como forma de habilitar la adecuada transición entre la acción humanitaria, centrada en el fenómeno migratorio y víctimas de conflicto interno, y la adecuada implementación de políticas públicas de desarrollo, ampliando el alcance de su cobertura en cuanto a personas beneficiarias que están desbordando el sistema de protección de población vulnerable (en ámbitos como el de salud o registro público), como en la necesidad de ampliar la capacitación y fortalecimiento institucional en la respuesta de diseño e implementación de rutas de protección para colectivos especialmente vulnerables. Se trata, por tanto, de apoyar al Estado colombiano en la construcción del nexo humanitario-desarrollo, para ofrecer sostenibilidad al sistema público de respuesta a la vulnerabilidad.
El alcance de este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la AECID, con instituciones competentes en la garantía de los servicios básicos referidos, en colaboración con las alcaldías, así como desde convocatorias de proyectos de la AECID y de cooperación descentralizada. También se trabajará por medio de cooperación multilateral en aquellos casos en que se estime aportan un valor añadido, dado su mandato en el país de atención a población migrante o especialmente vulnerable.
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
El sector rural colombiano, eminentemente agrícola, ha carecido de políticas de Estado de largo plazo por lo que en él se concentran los mayores índices de pobreza, inseguridad alimentaria, informalidad laboral, etc., y que conviven con dinámicas de violencia y economía ilícita.
El Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia (ENCI) apuntan al Desarrollo rural destacando la mejora de la productividad de la Colombia rural, el aprovechamiento de mercados internacionales y la aceleración de la inclusión productiva (Pactos estructurales), todo ello de forma sostenible e incorporando tecnología e innovación para el desarrollo productivo (Pactos transversales).
Como se indica en el V Plan Director de la Cooperación Española, para abordar la lucha contra el hambre y la malnutrición es necesario trabajar desde múltiples dimensiones entre las que se encuentran la falta de acceso a recursos productivos de los pequeños productores y las carencias en las condiciones del empleo rural o el acceso a los alimentos, abordándolas a través de la producción inclusiva y el refuerzo de los sistemas agroalimentarios sostenibles.
Por eso, se prioriza el trabajo en:
Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala, a través de dos líneas de acción:
L.A. 2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades produzcan alimentos para su autoconsumo de manera sostenible y
L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la producción y productividad de sus explotaciones agrarias.
Hay que destacar que el apoyo al desarrollo económico territorial es uno de los ámbitos de especialización de la Cooperación Española en Colombia en su propósito por aportar a la generación de condiciones de paz, especialmente en aquellos territorios y poblaciones más afectados por el conflicto. Por lo que, en el periodo de este MAP, la Cooperación Española en Colombia contribuirá al ODS 2 apuntando al siguiente resultado:
RI.2. La población rural estructura e implementa proyectos productivos sostenibles con enfoque de cadena y énfasis en actividades de agregación de valor (acopio y transformación) y comercialización en mercados internos y externos, que dinamicen la reactivación económica y la seguridad alimentaria, beneficiando sus emprendimientos y MiPymes rurales, en los territorios priorizados por el Gobierno Nacional y orientados especial y diferencialmente a mujeres, víctimas, personas en proceso de reincorporación y población étnica de los consejos comunitarios y resguardos indígenas con énfasis en las subregiones PDET.
A través de cooperación técnica y financiera se apoyarán proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas agropecuarias, para hacerlas más inclusivas y competitivas, orientados a la mejora de la productividad y agregación de valor, al fortalecimiento organizativo y de gobernanza, así como a la mejora de la financiación pertinente y la conexión a mercados locales e internacionales.
Para ello, se tendrán en cuenta estrategias de cualificación de los recursos humanos y de investigación aplicada e innovación, partiendo del valor agregado que España tiene en este ámbito, y se promoverán alianzas con y entre el sector público, privado y productivo, así como con actores claves territoriales, en aras de garantizar la eficacia y sostenibilidad de las acciones. Partiendo de las políticas públicas sectoriales, se buscará apoyar la implementación de éstas en el ámbito territorial, con el necesario enfoque diferenciado de acuerdo a las particularidades de cada territorio y de los grupos poblacionales de focalización.
Tendrán una especial atención iniciativas en zonas PDET, donde se concentra un porcentaje importante de población víctima del conflicto, y de apoyo a la reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC-EP. Estas últimas, con énfasis en propuestas colectivas, así como las orientadas a la inclusión y el empoderamiento económico de las mujeres y de la población étnica, a través de estrategias que parten del análisis de sus condiciones y necesidades particulares. Se tendrá en cuenta así mismo enmarcar estas iniciativas en estrategias de reactivación económica local, favoreciendo el acceso a medios de producción y circuitos cortos de suministro y comercialización.
Para estos propósitos, se articularán diversas modalidades e instrumentos de cooperación, teniendo en cuenta los más pertinentes y eficaces en cada caso. Se pondrán a disposición las herramientas de cooperación no reembolsable, canalizadas a través de socios colombianos (institucionales y de sociedad civil) así como de actores españoles en alianzas conjuntas de ambos países, fundamentalmente de sociedad civil y sector privado. Excepcionalmente, se considerará la cooperación multilateral para sumarse a propuestas en las que se identifique un claro valor agregado y se pondrán a disposición instrumentos de cooperación reembolsable que, en todo caso, buscarán apalancar y ser complementarios al resto de modalidades.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Colombia ha logrado avances importantes hacia la igualdad de género, principalmente en las leyes y los marcos de políticas públicas y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y las niñas en las décadas recientes. No obstante, los cambios, visibles en distintos ámbitos, han sido lentos, desiguales e insuficientes y persisten importantes brechas de desigualdad. El Pacto de Equidad para las Mujeres (Pacto transversal del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022) establece como Hoja de ruta al 2030 «Colombia será un país donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar sus derechos en un ambiente libre de violencias y estereotipos». Reduciremos las inequidades entre mujeres y hombres asociadas al trabajo, al ingreso y a la participación. Para ello, se concretaron cinco objetivos y 10 estrategias de intervención.
Hay que destacar que la igualdad de género ha sido y sigue siendo, una seña de identidad de la Cooperación Española en Colombia. En este MAP, se continuará con el desarrollo de capacidades y empoderamiento de las mujeres como eje central de las intervenciones, así como con el impulso del enfoque de transversalización de equidad de género en relación a los otros ODS priorizados.
El Centro de Formación en Colombia colabora e impulsa procesos de diálogo de políticas y fortalecimiento de capacidades institucionales nacionales y locales en las áreas priorizadas y de interés mutuo. A través de los Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) desarrolla acciones de cooperación técnica de ámbito regional con un planteamiento de cooperación sur-sur y triangular. Así mismo, se articulan Laboratorios de Innovación Pública especializados en áreas temáticas prioritarias, entre las que se encuentra la igualdad de género, población afrodescendiente, gobernabilidad democrática y se impulsará alianzas con el fin de fortalecer las capacidades institucionales y el dialogo de políticas entre homólogos creando un espacio de dialogo iberoamericano compartido.
En el periodo 2020-2024, la Cooperación Española en Colombia contribuirá al ODS 5 mediante el acompañamiento a programas de protección, prevención y atención de mujeres víctimas de las Violencias Basadas en Género, el empoderamiento económico de las mujeres y el acceso a servicios y/o programas de salud sexual y reproductiva, destacando las siguientes metas y líneas de acción:
Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades.
L.A.5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos (tierra, crédito, etc.).
Resultado Intermedio del MAP:
RI.3. Las mujeres fortalecen su capacidad de generar ingresos y recursos a partir del acceso al trabajo digno, remunerado y en condiciones de igualdad.
Los actores de la Cooperación Española contribuirán con este resultado mediante el incremento de la autonomía económica de las mujeres, el empoderamiento y la inserción laboral para reducir las brechas de género en Colombia. De acuerdo con las estrategias de reactivación económica para las mujeres urbanas y rurales, continuaremos apoyando con formación especializada, asistencia técnica en territorio, mejora de sus fuentes de ingresos y perfeccionamiento de sus conocimientos y prácticas de planificación, gestión, administración, agregación de valor y comercialización.
Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la AECID y desde las convocatorias de la AECID y Cooperación Descentralizada para proyectos de ONGD españolas, tanto con instituciones públicas colombianas, como con organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
L.5.2.a. Trabajar para que las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.4. Las mujeres víctimas de violencia de género acceden a servicios integrales de calidad, permitiéndoles disfrutar de entornos Libres de Violencia Basada en Género (VbG).
La prevención y atención de todas las formas de violencia contra las mujeres se encuentra incluida en las agendas del gobierno colombiano, tanto a nivel central como a nivel descentralizado. Asimismo, se cuenta con un Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, aprobado en 2012, así como con la voluntad política expresada en las metas de los planes de desarrollo departamental, municipales y nacional.
La Cooperación Española continuará acompañando al Gobierno y a las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en intervenciones orientadas a promover respuestas integrarles para contribuir a una vida libre de violencias, a impulsar la coordinación interinstitucional, el intercambio de las lecciones aprendidas y el fortalecimiento de los servicios y medidas puestos en marcha para la protección de las mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género.
Este resultado se abordará tanto desde el trabajo bilateral de la AECID, como a través de las convocatorias de la AECID y Cooperación Descentralizada para proyectos de ONGD españolas. Se colaborará tanto con instituciones colombianas como con organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país, así como desde los programas desarrollados por los organismos del Sistema de NN. UU.
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.5. Las mujeres acceden a servicios de salud sexual y reproductiva tales como planificación familiar, control del embarazo, parto seguro, apoyo en lactancia y atención postparto, con especial atención a mujeres migrantes y población de las comunidades de acogida.
El trabajo de la CE se centrará principalmente en acompañar al sistema de salud para impulsar una política pública integral de salud sexual y reproductiva, con enfoque de género y de diversidad cultural, que contribuya a disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, apoyando el impulso de iniciativas para la reducción de la mortalidad materna, el uso de anticonceptivos, eliminación de violencias, eliminación de prácticas nocivas, mediante la asistencia técnica especializada a las institucionales, dotación de insumos y el fortalecimiento de las comunidades, con asistencia técnica y acciones de incidencia.
Este resultado se abordará tanto desde el trabajo bilateral de la AECID, como con las convocatorias de la AECID y Cooperación Descentralizada para proyectos de ONGD españolas. Se contribuirá al trabajo de las instituciones colombianas, además del de las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país. Asimismo, se apoyará a los programas desarrollados por los organismos del Sistema de NN. UU. y se articulará tanto con instituciones colombianas como con organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país.
ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as.
La falta de oportunidades de empleo e inserción laboral de la población del territorio constituye uno de los mayores riesgos de conflictividad y vinculación a economías ilícitas, por lo que, estimular la generación de empleo y fortalecer su capacidad de emprendimiento, innovación y diversificación productiva constituyen factores estratégicos de desarrollo y paz, como lo recoge el Plan Nacional de Desarrollo.
Siguiendo los establecido en el V Pan Director de la Cooperación Española, se prioriza lograr empleo digno y de calidad (Meta 8.5), además del fomento de políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales (Meta 8.9). Por otra parte, se especifica la importancia de la capacitación de las personas más vulnerables, en su formación técnica y profesional, para favorecer su empleabilidad. Asimismo, la Cooperación Española apuesta por la promoción de las competencias emprendedoras y el emprendimiento como estrategia de desarrollo y diversificación económica territorial en Colombia. Así, se apunta a las siguientes metas y líneas de acción:
Meta 8.5. Lograr empleo digno y de calidad.
L.8.5.a. Apoyar un marco regulatorio y de políticas que garantice unas condiciones laborales formalizadas y estables.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.6. Las personas en condición de vulnerabilidad (con énfasis en jóvenes, mujeres, víctimas, personas en proceso de reincorporación y población rural en territorios PDET, incluyendo liderazgos de modelos de sustitución) acceden a formación ocupacional, servicios de empleabilidad e inserción laboral, con apoyo al desarrollo de iniciativas.
La formación ocupacional en oficios es una prioridad del gobierno colombiano para la inserción laboral. Una de las principales herramientas disponibles es la Estrategia de salvaguardia de los oficios tradicionales para la construcción de paz, siendo las Escuelas Taller una parte fundamental. Las Escuelas Taller son espacios para la inserción laboral, pero también para fomentar la tolerancia, la convivencia pacífica y la reconciliación, contribuyendo así a la construcción de una paz con justicia social, basada en la eliminación de la violencia estructural y en la construcción de la armonía social.
La Cooperación Española seguirá apoyando el Programa Nacional de Escuelas Taller, para generar mecanismos de desarrollo social que impulsen a las comunidades a mejorar su calidad de vida, al tiempo que se fortalecen el ecosistema de los oficios y saberes tradicionales en los territorios. En líneas generales se procurará la preservación del conocimiento ancestral y se incorporarán componentes que propicien la innovación y el emprendimiento. Se continuará impulsando la ampliación de la oferta formativa en sectores emergentes de la economía colombiana, relacionados con el medioambiente, turismo sostenible, habitabilidad básica y las industrias culturales y creativas, entre otros. La formación tendrá una dimensión integral aportando competencias para el desarrollo humano. En este sentido, se continuará apoyando la implementación de la caja de herramientas Cultura de Paz, como elemento fundamental del currículum formativo. Además, se contribuirá a la reducción de la brecha de género promoviendo la autonomía y la inserción laboral de las mujeres. Para una mayor incidencia en el ámbito rural, se apoyará la formación en talleres productivos, de manera coordinada con las escuelas taller. El fenómeno de la migración venezolana agudiza la crisis del desempleo por lo que se incluirá este sector entre la población beneficiaria.
Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la Cooperación Española y se coordinará, fundamentalmente, con el Ministerio de Cultura, también se incluirán acciones de cooperación triangular que permitan compartir las lecciones aprendidas con otros países de la región.
Meta 8.9. Políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
L.8.9.a. Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo alternativo en las zonas rurales.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.7. Las iniciativas de emprendimiento (turismo rural, vivencial y de naturaleza e industrias culturales y creativas, negocios verdes y otros sectores no agropecuarios) se impulsan como fuente de ingresos alternativos para inclusión económica y laboral en las zonas rurales, en alianza con el sector privado y aprovechando el uso de mecanismos innovadores de cooperación definidos en la ENCI.
Uno de los ámbitos del desarrollo económico con mayor impulso del gobierno colombiano se relaciona con las industrias creativas al fomentar el tejido social y humano, así como la identidad y equidad, siendo al tiempo generador de empleo de calidad y motor de desarrollo - Ley de Economía Naranja de 2017. Por otro lado, uno de los mayores sectores de potencial crecimiento en Colombia es el turismo, por lo que el Plan Nacional de desarrollo lo incorpora como una prioridad fundamental, siendo un ámbito en el que la Cooperación Española tiene un claro valor agregado.
Así, se continuará promoviendo la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales apoyando la diversificación productiva desde el emprendimiento en sectores alternativos al agropecuario relacionados con las industrias creativas y culturales, especialmente el turismo sostenible, turismo comunitario y subsectores vinculados al mismo, así como otros sectores de acuerdo con las potencialidades endógenas territoriales (negocios verdes, etc.). El desarrollo turístico ordenado con criterios de sostenibilidad e inclusión puede favorecer las estrategias alternativas a las economías ilícitas, apoyar fuentes complementarias de ingresos a comunidades campesinas y étnicas, y favorecer la preservación de espacios naturales y territorios culturales. También se seguirá fortaleciendo las capacidades emprendedoras y de las entidades que constituyen el ecosistema de apoyo al emprendedor, con énfasis en el nivel territorial.
Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la Cooperación Española, además con las convocatorias de proyectos de innovación y ONGD españolas. Se coordinará especialmente con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas, como FONTUR, ProColombia, y el Ministerio de Agricultura, así como con las entidades territoriales y otros actores que constituyen los ecosistemas regionales de apoyo al emprendimiento (cámaras de comercio, universidades, etc.).
Debe hacerse especial referencia a la experiencia española en materia de desarrollo turístico, que podrá ser aprovechada por el proyecto mediante alianzas con empresas e instituciones especializadas que fortalezcan procesos de estructuración de productos turísticos, definición de estrategias de promoción y posicionamiento en los mercados, etc.
ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
En el marco de este ODS, el PND 2018-2022 recoge como prioridades los pactos transversales de Paz, Descentralización, Gestión pública efectiva, Calidad y eficiencia de servicios públicos, Equidad de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom. Es en dichas prioridades que se centrará el trabajo de la Cooperación Española.
Conforme a este contexto y a la experiencia previa, la Cooperación Española contribuirá a este ODS en las siguientes metas y líneas de acción:
Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia.
Línea de Acción 16.1.A Acompañar procesos de establecimiento y consolidación de paz.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.8. Se impulsa la implementación de las acciones del pilar de Reconciliación, Convivencia y Paz de los municipios PDET (Pilar 8), incluyendo las acciones priorizadas en la estructuración, ejecución y fortalecimiento de proyectos que respondan a medidas incluidas en Planes de Reparación Colectiva de víctimas-PIRC y/o de los Planes de Retorno y Reubicación, para garantizar que las víctimas obtengan una respuesta integral y eficaz por parte de las instituciones responsables.
La actuación de Cooperación Española en esta línea va dirigida a apoyar al Estado colombiano en las medidas necesarias para la consolidación de la paz efectiva en Colombia, tanto en los municipios PDET (donde el gobierno prioriza su intervención), como en aquellos otros con población más vulnerable y una mayor incidencia de violencia. La aceleración del ritmo de implementación del Acuerdo de Paz es una prioridad absoluta, buscando que se asegure que las principales medidas tengan concreción en las regiones, garantizando los enfoques transversales de Derechos Humanos, género, étnico, territorial, y se asegure la centralidad de las víctimas en la construcción de paz.
Las acciones que se establezcan van a privilegiar las medidas centradas en la prevención, la protección y el acceso a la justicia en los territorios; asimismo, deben mitigar la vulnerabilidad específica que sufren tanto los líderes/esas sociales y los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos por el conflicto armado, la violencia y el desplazamiento forzado, así como el apoyo a las medidas necesarias para garantizar su derecho al autogobierno. Estos líderes son los principales aliados en territorio para avanzar en materia de construcción de paz y democracia y su protección es clave para el avance del fortalecimiento del Estado Social de Derecho en estos territorios.
Para todo ello se trabajará junto a instituciones públicas competentes en estos ámbitos de protección y promoción de derechos, con un enfoque territorial. Se hará de forma bilateral, con el refuerzo de sus capacidades y garantizando la extensión de su misión en los territorios de forma efectiva. También es importante fortalecer los diversos mecanismos preventivos de protección y seguridad, como el Sistema de Alerta y Reacción Temprana de la Defensoría del Pueblo o los mecanismos de protección colectiva comunitaria y étnico.
Por otra parte, también se facilitará y fortalecerá la participación política y ciudadana en la implementación del Acuerdo de Paz y en la construcción de una paz justa, con medidas especiales de protección o autoprotección. Para ello, es necesario fortalecer y consolidar los mecanismos de diálogo entre los diversos actores involucrados para consensuar estrategias de seguridad y protección. La colaboración entre ONGD españolas con instituciones públicas a nivel territorial, así como organizaciones de sociedad civil especializadas, aportan un valor añadido de conocimiento de comunidades especialmente vulnerables y acceso a ellas, y de trabajo conjunto con la institucionalidad en los departamentos priorizados por la Cooperación Española, que puede contribuir a poner en marcha acciones de prevención de la violencia y la consolidación de paz a través de los esfuerzos públicos y privados. Asimismo, la cooperación descentralizada española tiene una fuerte presencia en el ámbito de protección, y experiencia de años de trabajo consolidados en las regiones. Se prevé también la continuidad del trabajo con organizaciones internacionales cuya misión en el país es apoyar a las autoridades en su responsabilidad de protección de Derechos Humanos de manera efectiva; así como apoyar, en particular, la implementación de la política de Paz con Legalidad, en el marco del Acuerdo firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.
Reconociendo la importancia de transformar los territorios más vulnerables y afectados por la violencia y la pobreza, se prevé seguir acompañando al sector privado a través de apoyos técnicos orientados a estrategias de impulso de su implementación y apropiación a nivel sectorial y territorial, el robustecimiento de su gobernanza, el fortalecimiento de capacidades para su gestión en entidades públicas y empresas, la facilitación de escenarios de diálogo o la generación de estudios, orientaciones y herramientas prácticas o la articulación de las agendas de empresas y derechos humanos.
Meta 16.3 Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la Justicia.
Línea de Acción 16.3.A Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para la protección integral de los Derechos Humanos.
Resultado Intermedio del MAP:
I.9. Se promueve la implementación y fortalecimiento de estrategias de acceso y goce efectivo de derechos por medio del acceso a y la presencia de las entidades del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contribuyendo a la implementación de medidas de justicia transicional, la resolución de conflictos y al conocimiento integral de los derechos de los ciudadanos, impulsando a su vez el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones étnicas de gobierno propio y el trabajo de líderes sociales para la protección y defensa de los derechos fundamentales, con especial atención a la población más vulnerable.
La firma del Acuerdo de Paz recoge en su punto 5 «Acuerdo sobre las víctimas del conflicto», el establecimiento de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), constituido por tres instituciones: Comisión de la Verdad (CV), Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Unidad de búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Pese a que las tres instituciones están en funcionamiento y debe reconocerse como un paso importante hacia la garantía de una paz estable el establecimiento en Colombia de un sistema de justicia transicional, sigue siendo necesario protegerlo política y financieramente, su integralidad, y la centralidad de las víctimas en el proceso de construcción de paz en Colombia.
La Cooperación Española va a trabajar en el fortalecimiento de las garantías de las víctimas para que puedan participar en los procesos judiciales, avanzar de forma más robusta en los programas de reparación individual y colectiva y en la articulación y trabajo sinérgico entre las diversas instituciones de la justicia transicional. Se pretende, a su vez, fortalecer los mecanismos de defensa jurídica para los diversos actores que se han sometido a la JEP, y contribuir de forma decidida a la existencia del relato de la verdad, como garantía de no repetición, consensuado por las víctimas del conflicto especialmente y la sociedad colombiana en su conjunto.
Gran parte del éxito de actual proceso de paz reside además en que se generen garantías de no repetición. Esto sólo será posible si este sistema se respeta y se hace efectiva la implementación del resto del Acuerdo firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016 y de otras políticas del Estado orientadas a garantizar, promover y proteger los Derechos Humanos.
Se trabajará, por tanto, de forma bilateral con las instituciones del sistema, contribuyendo al cumplimiento de su mandato, y se apoyará también a organizaciones de sociedad civil especializadas que aporten valor añadido a facilitar estos mandatos y garanticen de forma efectiva la participación tanto de las víctimas directamente como centro de estos procesos, como de la sociedad en su conjunto con medidas de incidencia y creación de redes o alianzas de apoyo. El apoyo de la Cooperación Española a la sociedad civil colombiana seguirá siendo uno de los valores añadidos de este MAP, contribuyendo a apoyar las iniciativas ciudadanas de defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Meta 16.6. Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
LA.16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.
Resultado Intermedio del MAP:
RI.10. Las instituciones públicas locales priorizadas fortalecen sus capacidades de planeación territorial, sectorial para el cumplimiento de metas de desarrollo y uso eficiente de los recursos.
El esfuerzo de descentralización y democratización de la vida pública local ofrece un marco adecuado para el desarrollo de la gobernanza en municipios y departamentos, a pesar de la debilidad de los gobiernos locales frente a la territorialización de la paz.
La gobernanza local será, por tanto, uno de los grandes ejes del presente MAP. Específicamente se trabajará en las siguientes sublíneas de acción:
Se apoyará el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas locales, para lograr modelos eficaces y eficientes de desarrollo territorial, buscando la articulación entre actores. Se apoyará la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía y la aplicación de políticas públicas participativas y que respondan a las demandas de la sociedad; así como los espacios formales y mecanismos habilitados por los gobiernos locales y entes étnicos territoriales mediante el acompañamiento a los procesos de descentralización, reforzamiento de entes étnico-territoriales como espacios para el pleno ejercicio de la participación ciudadana.
Se apoyará la implementación de los Planes de desarrollo territoriales, así como los Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Se apoyarán las instancias institucionales claves en su implementación, así como los espacios de participación e impulso del desarrollo local (Consejos Ciudadanos, Consejos de desarrollo rural, etc.). Con población étnica, es especialmente pertinente el apoyo a los planes de vida y planes de etnodesarrollo.
Se apoyará la implementación de políticas públicas, alineadas con los compromisos internacionales de derechos humanos, así como en la gestión institucional, con entidades nacionales, territoriales y autoridades tradicionales que implementan mecanismos de planificación, inversión y gestión pública más participativos, inclusivos y/o transparentes. La formación especializada al personal funcionario y personal técnico de las instituciones públicas será una de las estrategias priorizadas.
En relación con la gestión del acceso universal y equitativo al agua potable por las autoridades locales, la Cooperación Española está contribuyendo, con cargo a la financiación de FONPRODE, diversos proyectos ligados al derecho humano al agua y saneamiento, cuya finalización se prevé durante el periodo de vigencia de este MAP. Como resultado de los mismos más de 1.000.000 de habitantes de las zonas más vulnerables del país tendrán garantizado un suministro de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, así como opciones de saneamiento seguros, higiénicos, aceptables social y culturalmente.
Como parte de los programas de apoyo a la gobernanza local en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca, se contemplan acciones de fortalecimiento institucional tanto de las propias Gobernaciones (concretamente a sus planes departamentales de agua, PDA) como de algunas alcaldías y sus entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento. Dicho apoyo consistirá en asegurar que las oficinas rectoras en esta temática posean las capacidades y recursos (humanos, logísticos y monetarios) necesarios para la realización de sus funciones, atendiendo a las necesidades de la ciudadanía y con un enfoque social y participativo.
En este resultado se trabajará a través de la cooperación no reembolsable, con el programa bilateral de AECID, la financiación de la cooperación descentralizada y a través de ONGD españolas, incluyendo también la cooperación técnica, la formación especializada y la cooperación triangular para intercambio de conocimientos con otros países. En cuanto a la cooperación reembolsable, se identificarán programas que puedan utilizar fondos de FONPRODE para este resultado.
3. Alianzas para la Estrategia
3.1 Red de alianzas.
La Cooperación Española promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas o asociaciones con los diferentes actores comprometidos en contribuir a los ODS en Colombia. El Marco de Asociación País será el marco de referencia para impulsar las relaciones horizontales entre organismos homólogos de España y Colombia, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles, especialmente con la cooperación descentralizada. Estas alianzas entre diferentes actores de la CE con las instituciones públicas y organismos de sociedad civil es un proceso continuo, que refuerza la democracia por medio del fortalecimiento de las diferentes instituciones.
Después de analizar los ámbitos de desarrollo de las intervenciones, se han identificado las alianzas para cada resultado intermedio, que podrán ser ampliadas o modificadas durante el transcurso del MAP. Los actores de la CE identificados para la participación de una alianza en un resultado intermedio informarán sobre su grado de compromiso en la medición de indicadores para el seguimiento (Anexo II. Matriz de Alianzas).
En el desarrollo del presente marco de asociación los siguientes actores implicados en las diferentes Alianzas tendrán una participación activa:
Cooperación Española. Colombia cuenta con la presencia de un amplio número de actores de la Cooperación Española. La Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, adscrita a la Embajada de España en Colombia, lleva más de 30 años con presencia permanente en el país. El Centro de la Cooperación Española en Cartagena desarrolla actividades desde 1993, en 2000 comenzaron las obras de restauración de su actual sede, el convento de Santo Domingo, que se inauguró en 2004. La Cooperación Descentralizada mantiene un activo trabajo a través de las ONG españolas y sus socios locales, 207 OSC y 40 Universidades colombianas han trabajado activamente en los últimos cuatro años. 32 universidades españolas tienen una representación permanente en Colombia. Hay una multiplicidad de actores de la Cooperación Española en Colombia, desde Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, ONGD y Empresas. Existe una buena relación entre los actores de la CE en Colombia. A continuación, se detallan los mecanismos de coordinación existentes:
– Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal. La Administración General del Estado (AGE) está representada a través de la Embajada de España en Colombia, la Oficina Económica y Comercial adscrita a la Embajada, la Agregaduría de Cooperación con el colegio oficial Reyes católicos, la Consejería Cultural y la AECID representada por su Oficina Técnica de Cooperación y el Centro de Formación en Cartagena de indias, como Unidades de Cooperación en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) y la Fundación Carolina.
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) es una fundación perteneciente al sector público estatal español y una institución integrante de la Cooperación Española que trabaja en Colombia en la mejora de sistemas públicos. La actuación de la FIIAPP se enmarca en la política exterior española, apoyando la actividad internacional de la Administración española en las áreas geográficas y los ámbitos de actuación prioritarios.
El MAUC a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es el órgano responsable de la formulación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Adscrita a esta Secretaría de Estado, está la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), encargada de la planificación estratégica, formulación, dirección y seguimiento de las políticas para el desarrollo sostenible en la cooperación española de dicha política, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) encargada del fomento, gestión y ejecución de esta política a través de distintas modalidades e instrumentos.
Entre los Ministerios y entidades públicas que trabaja activamente destacan el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y el Ministerio de Igualdad podrán de igual manera aportar su experiencia al trabajo en los ODS priorizados.
– Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En el sistema español de Cooperación al Desarrollo, las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y Entidades Locales aportan buena parte de la AOD española a los países socios. En Colombia, esta participación es muy activa y permanente, habiéndose reforzado en los últimos años. Las agencias de cooperación descentralizada con una mayor presencia en Colombia son entre las Comunidades Autónomas el País Vasco, Andalucía, Catalunya, Extremadura. Entre las entidades locales están el Ajuntament de Barcelona, las Diputaciones de Bizkaia y Guipuzkoa, quienes canalizan su apoyo fundamentalmente a través de las ONGD. Sectorialmente hay una gran sintonía entre las prioridades de los distintos planes de cooperación descentralizados y los propuestos en el presente MAP.
– Organizaciones no Gubernamentales. En Colombia trabajan activamente y de forma permanente 32 ONGD españolas.
La presencia de las ONG españolas en los territorios, le permite un conocimiento y un acompañamiento directo a la población. Durante el último MAP se ha avanzado en la complementariedad entre las acciones de las ONG y del programa bilateral.
– Sector privado y otros actores. Tal y como establece el ODS 17, el desarrollo transformador y las metas de la agenda 2030 se alcanzarán en el marco de alianzas multiactor, donde el papel del sector privado y otros actores relevantes es fundamental.
En Colombia hay un número muy significativo de empresas españolas operando, algunas de las cuales implementan programas de acción social y están avanzando en la incorporación de la debida diligencia en derechos humanos en su gestión. Se busca que el MAP sea un marco de referencia que permita mayores avances en el alineamiento de dichos programas con éste y esto permita a su vez aumentar la articulación entre empresas y AECID así como con otros actores de la cooperación española, en aras de lograr mayores y mejores impactos en desarrollo.
– Universidades. Cabe hacer una mención también al sector académico español, que tiene una presencia en Colombia importante y cuya potencial contribución a la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y otras metas ODS prioritarias en el MAP es clave.
| Espacio de coordinación de actores de la cooperación española | Objetivo | Integrantes | Retos |
|---|---|---|---|
| Grupo Estable de Coordinación (GEC). | Espacio de coordinación de los actores de la CE en Colombia. Órgano consultivo no vinculante y de participación, para intercambio de información, la coordinación de actuaciones, el análisis conjunto de la realidad del país, la concertación de objetivos y resultados compartidos y la búsqueda de complementariedad. | Embajada, Consejería cultural, Oficina Económica y comercial, Consejería política. Centro de Formación de la Cooperación Española en Colombia, Agregaduría de Educación OTC, (secretaría técnica) Cámara de comercio hispano colombiana. Cooperación Oficial Descentralizada ONGD españolas en Colombia. |
Impulsar y dar mayor dinamismo al GEC estableciendo una hoja de ruta clara y una distribución de roles y responsabilidades. Establecer relaciones de corresponsabilidad al interior del grupo. Puede jugar un rol muy interesante en la estructuración de las iniciativas, en los ejercicios de incidencia política y en los procesos de monitoreo y evaluación. |
| Encuentros OTC-ONGD españolas en Colombia. |
Intercambio de información y análisis de coyuntura. Coyunturalmente se ha trabajado en grupos de trabajo sectoriales como construcción de paz y género. |
Representantes de ONGD españolas en Colombia, equipo técnico OTC. | |
| Comité de empresas y desarrollo. |
– Favorecer el conocimiento por parte de la empresa española de los ODS, los Principios Rectores de NN. UU. sobre Empresas y Derechos Humano, las estipulaciones del Convenio 169 de la OIT y de la OCDE sobre conducta empresarial responsable. – Generar espacios de análisis, reflexión y diálogo sobre el contexto político y social colombiano, desarrollo sostenible, inversión responsable y posible atención del sector privado español a prioridades nacionales de desarrollo. – Promover la articulación de actores de diferentes entidades españolas y colombianas (sector público, empresas, organizaciones de la sociedad civil y academia) para promoción de iniciativas conjuntas. – Favorecer el conocimiento y la difusión de información sobre la contribución española al desarrollo de Colombia, así como de buenas prácticas. |
Embajador de España en Colombia que lo preside e integra a las Oficinas Comercial y de Cooperación de la Embajada de España, a la Cámara de Comercio Hispano-colombiana y a las empresas españolas que deseen formar parte del mismo. |
Revitalizar el Comité: tras su convocatoria inicial y el interés mostrado por parte de las empresas participantes, lleva tiempo sin ser convocado por la coyuntura de pandemia y los cambios en las cabezas de OTC y OFCOMER. Concertar una agenda de trabajo ambiciosa y realista en sus objetivos de impacto que logre mantener el interés y compromiso de las empresas. |
Unión Europea. En el seno de la Unión Europea (UE) existe un espacio de coordinación entre la Delegación y los Estados Miembros con presencia en Colombia. Es este un espacio de intercambio de información y reflexión sobre posicionamientos comunes en relación con las actuaciones de cooperación. Los temas de Derechos Humanos y Género son especialmente importantes en este ámbito. El Fondo Europeo para la Paz ha congregado el interés y esfuerzos de coordinación de los EE. MM., la DUE y el Gobierno de Colombia en los últimos años.
De cara a la programación a futuro 2021-2027 la UE está trabajando activamente con los Estados Miembros bajo el enfoque TEAMEUROPE en la formulación de una propuesta conjunta en dos ámbitos, la construcción de paz y la economía verde.
Grupo de Cooperantes (GRUC). El GRUC, presidido en 2021 por Noruega, es una instancia donde convergen los principales agencias de cooperación internacional con presencia en el país, que da continuidad a la coordinación de la cooperación internacional. España continuará con una participación activa en los subgrupos de DDHH y Gobernabilidad (liderado por OACNUDH); subgrupo de Desarrollo rural y económico (liderado por UE-USAID); subgrupo de Género (liderado por Noruega-ONU mujeres); y subgrupo de Construcción de Paz y Justicia Transicional (liderado por España y Suecia).
Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación del MAP. Como mecanismo de coordinación de alto nivel entre el Gobierno colombiano y la Cooperación Española, se refuerza el trabajo de seguimiento de la cooperación conjunta y de toma de decisiones sobre la programación en el marco del MAP.
3.2 Modalidades e instrumentos.
En cuanto a las vías de canalización, se prevé utilizar la ayuda bilateral directa, tanto a través de organismos públicos colombianos como de sociedad civil, la ayuda bilateral indirecta, a través de ONGD españolas, universidades y otras instituciones especializadas, así como organismos internacionales. Se trabajará, de manera intensa, mediante el instrumento de Cooperación Delegada de la UE. Por último, la modalidad de Cooperación Triangular con países de la región queda abierta en el presente MAP.
Instrumentos:
– Proyectos y programas, de desarrollo y humanitarios.
– Cooperación Técnica.
– Cooperación multilateral.
– Cooperación financiera.
– Becas (Fundación Carolina y MAUC).
– Intercoonecta, Gestión del Conocimiento y Laboratorios de Innovación Pública.
– Contribuciones a Organismos Multilaterales.
– Fondo de Cooperación para agua y saneamiento (FCAS).
Modalidades:
– Ayuda no reembolsable y reembolsable (FONPRODE).
– Subvenciones bilaterales AECID.
– Subvenciones a ONG (proyectos y convenios).
– Subvenciones a acciones de innovación.
– Subvenciones a acciones humanitarias.
– Alianzas público-privadas.
– Cooperación Sur-Sur (Intercambios Col-Col) y Cooperación triangular.
– Cooperación Delegada.
3.3 Recursos.
En el periodo 2015-2019, la AOD española media anual a Colombia fue 15,6 M€, de los cual el 53 % procedió de la Administración General del Estado (principalmente a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional) y el 47 % restante a la Cooperación Descentralizada, llegando esta última al 58 % en 2019.
El MAP Colombia cuenta con una estimación presupuestaria inicial de 120 M€ nuevos, para ser desembolsados en el periodo (ANEXO III. Recursos financieros). Asimismo, se continuará con la ejecución de 104 M€ de presupuesto ya desembolsado y que se encuentran incluidos en los proyectos vigentes en el momento de la firma del MAP. De ese montante en vigor, 74 M€ corresponden a donaciones y 30 a cooperación reembolsable FONPRODE (Documento adicional 2).
Esta previsión presupuestaria incluye la cooperación bilateral de la AECID, los proyectos con ONGD, con una nueva convocatoria de Convenios ONGD durante el periodo, y las previsiones de los proyectos en ejecución. Igualmente, la inversión prevista contempla las convocatorias anuales de proyectos y de acciones de innovación. Las estimaciones también prevén el monto asignado al CCE/Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC). Además, contempla las intervenciones de la cooperación que realizan otras administraciones del Estado, CCAA, EELL y universidades. El montante no contabiliza la cooperación delegada de la UE, que supondrá un mínimo de 10 M€, para el proyecto de atención en salud a población migrante irregular.
Los actores de la Cooperación Española involucrados en este MAP dedicarán esfuerzos para que sus presupuestos destinados a Colombia estén alineados con los objetivos acordados con el país y se centren en los resultados intermedios definidos.
Los recursos citados son estimativos, no entrañan compromiso legal y su asignación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria. De igual modo, quedan sujetos a disponibilidad y a acuerdos con el socio local los fondos de cooperación reembolsable. Estas previsiones indicativas se irán acordando anualmente con las contrapartes tomando en cuenta los niveles de ejecución anual, estando sujeta a disponibilidad presupuestaria y con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados.
3.4 Riesgos.
Se mencionan a continuación los riesgos generales a tener en cuenta en la implementación del presente MAP. En la matriz de riesgos (Anexo IV. Riesgos), se asocian estos riesgos a cada resultado intermedio.
Riesgos Institucionales. Entre los principales riesgos institucionales que podría afectar a la ejecución del MAP se encuentran la situación creada por la pandemia, que al reorientar la inversión a prioridades sectoriales inmediatas (salud, educación digital) afectan la capacidad institucional en los territorios para hacer frente a los retos del desarrollo. El conflicto territorial y el aumento de la inseguridad puede restringir el acceso de la institucionalidad a los territorios. La continuación de la situación actual puede derivar en mayor desestabilización, junto con una perpetuación del conflicto armado. En relación con la población venezolana, existe un riesgo de desbordamiento de la capacidad institucional por la continua llegada de refugiados y migrantes venezolanos. A nivel territorial, adicionalmente, la centralización o la escasa implicación, apropiación, liderazgo y articulación interinstitucional de instituciones y actores clave dificulta la ejecución, su pertinencia y su alineamiento con la política pública.
Riesgos Naturales. Colombia está sometido como muchos de los países de la región a una vulnerabilidad causada por fenómenos naturales, como inundaciones o sequías. Igualmente se encuentra en una zona de afectación sísmica. En la zona pacífica priorizada por el presente MAP, la deforestación y la contaminación por la minería son adicionalmente problemas acuciantes.
Riesgos Sociopolíticos. Dentro de los riesgos sociopolíticos de nuevo es necesario tener en cuenta los efectos de la pandemia en la reorientación de las prioridades políticas e inversión. Igualmente el conflicto territorial o la emergencia sanitaria por COVID escalan dificultando el trabajo en territorio. Los retrocesos en los compromisos del Gobierno Colombiano en materia de Derechos Humanos y del Acuerdo de Paz. Las presiones políticas con enfoques diferentes sobre legitimidad de mandato de instituciones SIJVRNR retrasan o entorpecen cumplimiento de su misión. El aumento de la inseguridad de las mujeres defensoras de Derechos Humanos. La continua llegada de refugiados y migrantes venezolanos a Colombia. La centralización o la escasa implicación, apropiación, liderazgo y articulación interinstitucional de instituciones y actores clave a nivel territorial dificulta la ejecución, su pertinencia y su alineamiento con la política pública.
Riesgos Económicos. La reorientación del gasto público debido a la pandemia puede suponer una disminución de los medios de vida y posibilidades de acceso a servicios esenciales para la población más vulnerable, afectando de forma dramática la competitividad del territorio y sus unidades productivas e. Esto podría aumentar las necesidades de protección en la medida que las personas no tengan posibilidad de movilizarse dentro del territorio nacional, incluyendo a población migrante y desplazada por conflicto interno. En relación con la capacidad de las mujeres para conseguir sus medios de vida al igual que la disminución de los recursos económico y los servicios para la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, se ven afectadas por la pandemia. Debido a la coyuntura de la pandemia puede reorientarse la agenda de empresas y DDHH perdiendo fuera el enfoque de derechos frente al de reactivación económica. Los factores de mercado, como variabilidad en los precios en insumos y productos, aumentan significativamente la Competitividad/viabilidad productiva al aumentar los costos o dificultar nuevas alianzas comerciales.
4. Enfoques Transversales
Dentro de los énfasis transversales que recoge el Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad, los siguientes pactos transversales son prioritarios para el presente MAP: Descentralización, Construcción de Paz, Equidad para las mujeres, Gestión pública efectiva, Calidad y eficiencia de servicios públicos, Protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía Naranja, Equidad de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom y Participación ciudadana.
El marco estratégico del V Plan Director de la Cooperación española está basado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en la construcción de resiliencia y en la contribución a la provisión de bienes públicos globales, e integra coherentemente los siguientes principios transversales de la cooperación española: el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental (Documento adicional 3).
En el presente MAP, se promoverá especialmente la transversalización efectiva del enfoque de derechos humanos, género en Desarrollo, de respeto a la diversidad cultural y de sostenibilidad ambiental, se hará énfasis adicionalmente en el enfoque territorial.
5. Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas
5.1 Seguimiento.
La revisión final del MAP 2015-2019 afirmaba, en su capítulo de recomendaciones, que el desarrollo de un sistema global e integrado de monitoreo podría ser una estrategia muy valiosa para promover una mayor rigurosidad en los procesos de medición, fomentar la reflexión y el análisis conjunto y fortalecer los ejercicios de visibilización y difusión de resultados. Esta conclusión se sustentaba en que, a pesar de que existía un marco de resultados común y que éste establecía una serie de objetivos y líneas estratégicas de intervención, no iba acompañado de un conjunto de procedimientos, roles y herramientas que permitiesen analizar de forma progresiva el estado de avance de cada uno de los indicadores y metas (Documento adicional 4). Por ello, en este nuevo MAP se realizan esfuerzos en tres áreas claves de trabajo:
– Una mayor precisión en el diseño de indicadores, teniendo en cuenta que estos deben tener un carácter integrador, deben estar plenamente alineados con los indicadores de desarrollo de Colombia y deben ser realistas y medibles por parte de los socios implementadores.
– Una estrategia global que establece los lineamientos generales de monitoreo y la forma en la que se va a articular la recolección de información con el análisis y la difusión de resultados.
– Un conjunto de herramientas, de manejo sencillo y accesible, que permita llevar a cabo, sin grandes complejidades y de manera regular, el proceso de consolidación y agregación de resultados.
En términos generales, el objetivo es contar con un sistema independiente, pero interconectado a los actores participantes, que permita, de una manera funcional, recolectar información sintética, concreta y útil sobre el proceso de implementación del MAP y su marco de resultados. El proceso estará liderado desde la AECID, pero será exitoso e integral en la medida en que logre el involucramiento de los diversos socios. Por esta razón, la estrategia se enfocará en todo momento en el diseño y la puesta en práctica de herramientas y procedimientos sencillos, accesibles e inclusivos, que no supongan una carga adicional a los proyectos y que se orienten hacia cuatro grandes objetivos: (i) Contar con información estratégica, regular y precisa sobre los principales indicadores del marco de resultados y el avance cuantitativo de cada uno de ellos; (ii) Caracterizar los potenciales cambios y transformaciones que se están produciendo en las diversas líneas de acción del MAP; (iii) Brindar información periódica sobre los avances del MAP, tomando como referencia su marco de resultados, a través de reportes anuales y/o informes ejecutivos, y; (iv) Generar y consolidar insumos claves que sirvan para enriquecer y fortalecer otras dos estrategias claves del MAP: difusión de resultados y gestión del conocimiento. En última instancia, esto permitirá generar además una mayor apropiación e identidad en torno al MAP como instrumento colectivo y una plataforma común de trabajo para visibilizar, posicionar y difundir las acciones de la CE en el país.
En resumen, el enfoque metodológico propuesto asume los siguientes principios de actuación:
| Respetar la lógica de intervención de los proyectos y minimizar el tiempo de reporte para el envío y actualización de información por parte de los socios implementadores. | Aunque es importante promover la alineación entre los proyectos y el marco de resultados del MAP desde la fase de diseño, esto no es una condición sine qua non para poder reportar al sistema más adelante. Los proyectos mantendrán su seguimiento contractual, pero, a su vez, harán reportes puntuales que permitan conocer su contribución a la implementación del Marco Asociación País. |
| Promover un enfoque inclusivo y participativo, que fomente y se sustente en el compromiso y el involucramiento de los diversos actores. | El objetivo es desarrollar un conjunto de instrumentos y procesos que sean accesibles para todos los socios y que permitan una recolección fluida de información. En este sentido, el sistema será comprensivo, representativo y plural en función del nivel de participación de los socios. |
| Desarrollar herramientas estandarizadas para todos los socios implementadores y establecer una fecha anual de reporte, común a todos ellos. | El sistema de monitoreo del MAP tiene un carácter autónomo, lo que permitirá unificar fechas de corte y procesos de análisis y consolidación de información. Todos los socios reportarán sobre el mismo formato, cuantitativo y cualitativo, y de forma simultánea en el periodo establecido. |
| Orientar el proceso de recolección, análisis y consolidación de información al desarrollo de productos de monitoreo concretos. | La recolección de información debe tener un propósito específico y, en ningún caso, se trata de sobrecargar a los socios o de acumular cifras por el simple hecho de almacenarlas. El proceso de monitoreo se materializa finalmente en una serie de productos concretos. A nivel técnico, esto se expresa en informes regulares o reportes temáticos y, a nivel comunicativo, puede dar cabida para otro tipo de materiales, como infografías, brochures, piezas para RR. SS., entre otros. |
| Incorporar una visión de proceso, que pretende insertarse en el ecosistema del MAP e impulsar progresivamente nuevas dinámicas interinstitucionales. | El sistema de seguimiento no es una herramienta aislada, sino un elemento conector que permita integrar e involucrar de manera más activa a los diversos actores. Es un proceso más que una actividad, que tiene un carácter progresivo, y que puede fomentar una cultura más firme sobre la importancia del seguimiento y la rendición de cuentas en torno al MAP. |
El monitoreo contará con dos dimensiones de análisis. Por un lado, una medición cuantitativa, más centrada en la obtención de cifras de avance y en el seguimiento al cumplimiento del marco de resultados. Por otro lado, una dimensión más cualitativa, que permita ir caracterizando los cambios o transformaciones que se dan en la práctica y los mecanismos que los limitan o habilitan. El sistema en su conjunto se puede conectar posteriormente con otras dos estrategias: comunicación y gestión del conocimiento. Esto permitirá capitalizar, incorporar y difundir los aprendizajes y buenas prácticas.
5.2 Evaluación.
El monitoreo del MAP es, en gran medida, una mirada macro, es decir, un recorrido panorámico sobre el marco de resultados y su nivel de avance. Sin embargo, en muchos temas será necesario tener una visión más específica sobre qué cambios se están produciendo en el terreno, qué aprendizajes y buenas prácticas se han identificado y qué estrategias pueden contribuir al aprendizaje institucional o ser compartidas con otros actores nacionales y territoriales. Las evaluaciones pueden tener un rol central en este sentido y se pueden desarrollar a dos niveles diferenciados, pero complementarios:
– Las revisiones del MAP (generalmente intermedias y/o finales) pueden tomar como insumo los datos cuantitativos y los reportes cualitativos, así como los informes consolidados, y profundizar en algunas áreas en las que se visualizan potencialidades o dificultades. El ejercicio de monitoreo es el marco de referencia, pero las evaluaciones, con recursos y objetivos concretos, podrán poner el foco en ámbitos estratégicos y de especial interés. En ese sentido, las evaluaciones representan oportunidades muy valiosas y pueden dar lugar a revisiones temáticas más exhaustivas, así como a la identificación de buenas prácticas y casos con potencial de réplica.
– Las evaluaciones de los proyectos también pueden ser un insumo de gran interés. Teniendo en cuenta que estas pueden ser diseñadas en articulación con la OTC y que algunos proyectos serán emblemáticos o centrales para algunos ODS y Resultados Intermedios, el despliegue técnico de los evaluadores puede ayudar a responder algunas preguntas claves, a profundizar la caracterización de impactos tempranos y a completar las narrativas de una manera más sectorial o temática. A nivel de proyecto, las evaluaciones pueden ir ligadas también a ejercicios de gestión del conocimiento, de manera que se puedan ir acumulando casos de estudio, historias de cambio, metodologías o sistematizaciones que sean útiles para capitalizar los aprendizajes del MAP.
Los ejercicios de evaluación, sobre todo aquellos que se dan en etapas más avanzadas de la implementación, serán una oportunidad muy valiosa para nutrir los análisis en torno a los ODS priorizados y a la contribución del Marco Asociación País. Esto permitirá complementar las reflexiones más globales con las revisiones más temáticas, identificando y difundiendo los valores agregados de la CE en el país y fomentando estrategias de relevo y sostenibilidad en torno a estos.
5.3 Rendición Mutual de Cuentas y Transparencia.
El sistema de seguimiento no es un simple instrumento para la rendición de cuentas sino un proceso participativo que pretende incentivar la reflexión colectiva, fomentar la toma de decisiones basada de evidencias y dar mayor cohesión y difusión a las acciones conjuntas que emprende la CE en Colombia. A pesar de ello, representa un valor agregado en términos de transparencia, ya supone un mayor acceso y una mayor apertura a las inversiones y apoyos que promueve el MAP, y un insumo muy valioso para la rendición de cuentas, ya que permite la elaboración y difusión de informes y reportes de manera regular. Esta estrategia puede ser funcional para diversos tipos de público:
Por un lado, para los integrantes de la Cooperación Española y para los representantes del Gobierno Nacional, principalmente, entidades como DNP, APC-Colombia y Cancillería, quienes están directamente involucrados en la definición y el seguimiento al MAP. Las conclusiones serían un insumo determinante para los diálogos y decisiones que se toman al interior del Grupo Estable de Coordinación y la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación. Las conclusiones de estos informes y los debates que se generen en torno a ellas facilitan una discusión más cualificada y una toma de decisiones basada en evidencias y más cercana a la realidad que se vive en territorio.
Por otro lado, para el resto de las instituciones públicas del orden nacional y territorial, involucradas en las temáticas priorizadas por el MAP, y para los actores locales que están vinculados en ellas. En este último grupo, se incluye a las Gobernaciones y las Alcaldías, como entidades territoriales competentes, y a las organizaciones sociales y comunitarias que son protagonistas de las intervenciones. Esto permitirá irradiar la discusión hacia otro tipo de actores y aumentar el conocimiento de estos en torno a la integralidad y el alcance de las acciones de la CE.
Por último, para la sociedad española y colombiana en general, quienes están interesados en conocer el destino de las inversiones y los resultados y transformaciones que se obtienen a través de estas. Mejores procesos de monitoreo en torno al MAP, brindarían una mayor información a la opinión pública, contribuirían a legitimar el trabajo que realiza la cooperación internacional y permitirían poner en práctica los lineamientos y principios que diferentes entidades, como DGPOLDES, UE, OCDE, entre otros, están poniendo en marcha para asegurar una mejor calidad de la ayuda y una mayor integralidad y coherencia entre agendas e inversiones que promueven el desarrollo sostenible.
6. Anexos
I. Marco de Resultados.
II. Red de Alianzas.
III. Recursos Financieros.
IV. Riesgos.
Otros documentos adicionales mencionados en el MAP:
1. Resumen AOD e Intervenciones Cooperación Española 2015 a 2019.
2. Intervenciones vivas a febrero 2021.
3. Enfoques Transversales.
4. Sistema de seguimiento MAP.
Glosario:
ACNUR: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
ALC: América Latina y el Caribe.
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo.
APC: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional-Colombia.
ANT: Agencia Nacional de Tierras.
ART: Agencia de Renovación del territorio.
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE).
CEPAL: Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y Caribe.
CICR: Cruz Roja Internacional.
COD: Cooperación Descentralizada.
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.
DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional.
DANE: Departamento de Estadística.
DIAN: Dirección de impuestos y aduanas nacionales.
DiT: Desarrollo en Transición.
DNP: Departamento Nacional de Planeación.
ENCI: Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.
EPA: Equipo País Ampliado.
ETCR: Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
FAO: Organización de Naciones Unidas para la Alimentación.
FIDA: Organizaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo Agrario.
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
FBR: Financiación Basada en Resultados.
GIFMM: Grupo Inter agencial de Flujos migratorios mixtos.
GLP: Gas Licuado de petróleo.
NDC o CDN: Contribución Nacional Determinada al Acuerdo de París.
JEP: Jurisdicción Especial para la Paz.
MAUC: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.
MAP: Marco de Asociación País.
MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores.
NN. UU.: Naciones Unidas.
OACNUDH: Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
OACP: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OCHA: Oficina de Coordinación de la Acción humanitaria, NN. UU.
OEA: Organización de Estados Americanos.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OIM: Organización Internacional de Migraciones.
ONG: Organización No Gubernamental.
OPS: Organización panamericana de la Salud.
PDET: Planes de desarrollo con enfoque territorial.
PIB: Producto Interno Bruto.
PIGCCS: Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales.
PIGCCT: Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
PNGRD: Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
SEGIB: Secretaría General Iberoamericana.
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.
SIVJRNR: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
UBPD: Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
UNP: Unidad Nacional de Protección.
UNESCO: Organización de Naciones Unidas para la Cultura.
* * *
El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 26 de febrero de 2021, fecha de su firma.
Madrid, 8 de noviembre de 2021.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
