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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 28 de febrero de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ejercicio 2017, acuerda:

1. Instar al Gobierno a:

– Mejorar la planificación, el control y la gestión económica y patrimonial del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ejercicio 2017, si bien, en términos de organización y gestión operativa del Instituto se aprecia un sistema apropiado, considerando al mismo tiempo que los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017 reflejan adecuadamente la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como los resultados de las operaciones, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, con las salvedades incluidas en el informe.

2. Instar al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y al Ministerio de Defensa a:

– Elaborar y aprobar instrumentos formales de planificación que permitan apreciar el estado de los distintos ámbitos de gestión del organismo; instrumentos que deben incorporar, por un lado, informes sistemáticos de diagnóstico que precisen la determinación de necesidades y dificultades, la definición de prioridades, el establecimiento de escenarios plurianuales, etc.; y, por otro lado, elementos adecuados para programar eficazmente sus actuaciones, incluyendo propuestas de acción a corto, medio y largo plazo y actuaciones concretas, con establecimiento de objetivos a alcanzar, indicadores, sistema de seguimiento, valoración de resultados, etc., todo ello con adecuado reflejo en las memorias presupuestarias de los programas en los que participa el INVIED (el 122A «Modernización de las Fuerzas Armadas» y el 122N «Apoyo logístico»).

– Establecer un mecanismo claro y adecuado para la gestión de cobro por el organismo de las concesiones demaniales del Ministerio, tramitando formalmente la pertinente encomienda, en la que se disponga el correcto destino de los fondos y la contraprestación al INVIED por el servicio prestado.

– Adaptar la presupuestación y la gestión del organismo a sus disponibilidades financieras, incluyendo la utilización de los remanentes de Tesorería no afectados y reduciendo su exceso. En particular, el organismo debe incrementar su grado de eficacia en la ejecución de los créditos para inversiones.

– Elaborar un diagnóstico riguroso de las necesidades de personal para el cumplimiento de las funciones ordinarias del organismo, y de un Plan de acción para superar a corto plazo la dependencia de los servicios prestados mediante encomienda de gestión por el organismo público Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, SA, S.M.E., M.F. (ISDEFE) y empresas subcontratadas.

– Establecer un procedimiento para la gestión de los créditos autorizados en el programa 122A «Modernización de las Fuerzas Armadas» más sencillo y más acorde a la naturaleza del gasto y a las competencias de las autoridades que ahora actúan como delegadas del INVIED, bien mediante una adecuada asignación de los créditos a los programas necesitados del gasto, o bien mediante transferencias en firme de los fondos por parte del INVIED a la autoridad correspondiente. Asimismo, considerar la necesidad de adaptar al efecto el Real Decreto 945/2001, de 3 de agosto, en el caso de acordar la continuación del mecanismo de pagos «a justificar» para gastos en el extranjero y la especialidad de su justificación.

– Determinar indubitadamente, mediante norma al efecto, la naturaleza jurídica de la compensación económica al personal militar por carencia de vivienda que, a la vista de las circunstancias observadas por el Tribunal de Cuentas, cabe interpretar que, no tratándose de retribución ni de subvención, se trate de una indemnización sustitutiva del deber de la Administración de proporcionar alojamiento al personal militar en determinadas situaciones, en cuyo caso los créditos se deberían consignar en el capítulo 2 «Gastos corrientes en bienes y servicios» y los reintegros tramitarse por la Ley General Presupuestaria.

– Elaborar un diagnóstico riguroso sobre la situación actual de cumplimiento del objeto de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, relativo a la liquidación del patrimonio inmobiliario enajenable del INVIED, actualizando al efecto los calendarios de venta para que se cumpla una verdadera finalidad de programación a corto, medio y largo plazo, y no sólo un requisito de autorización de las ventas. Es preciso que se considere detenidamente un plan para la puesta en práctica de las actuaciones previas indispensables, en particular la depuración física y jurídica de los inmuebles, la división horizontal y la inscripción en el Registro de la Propiedad.

3. Instar al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) a:

– Fortalecer el control interno a efectos de superar las deficiencias contables y de gestión expresadas en este informe. Entre otros aspectos, cabe destacar:

a) La revisión y actualización de los inventarios de bienes inmuebles, incluyendo su revalorización conforme al Plan General de Contabilidad Pública.

b) La modificación del procedimiento contable relativo a los activos actualmente registrados en las cuentas 300 «Mercaderías A» y 301 «Mercaderías B», así como a los activos adquiridos o construidos para otras entidades, en el sentido propuesto en este informe.

c) La elaboración de un diagnóstico riguroso de los bienes pendientes de depuración física y jurídica y de un plan adecuado para su superación en un tiempo razonable.

d) El establecimiento de un sistema adecuado para la correcta identificación de los gastos asumidos por el organismo relativos a las viviendas ocupadas y de los gastos repercutibles a los usuarios, clarificando su cálculo y facturación.

e) El establecimiento de un control sistemático sobre la correcta ocupación de las viviendas militares y locales, con inspecciones físicas por los gestores de las áreas patrimoniales.

f) El establecimiento de un sistema de control sobre el cumplimiento por los adjudicatarios de la enajenación de viviendas militares a sus ocupantes, de los requisitos posteriores a la venta.

g) El establecimiento de un procedimiento formal y motivado en las valoraciones de los inmuebles puestos a la venta, de acuerdo con sus características y posibilidades de enajenación, con el objetivo de evitar diferencias excesivas con los precios de mercado, facilitar su venta y justificar las operaciones conforme a su finalidad de interés público.

– Adaptar los convenios a lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como la actualización en contabilidad de las prestaciones recíprocas establecidas en los mismos y el incremento del rigor en las reclamaciones administrativas, institucionales y judiciales del cumplimiento por las partes de las prestaciones pactadas o, en su caso, de la resolución de los convenios con los efectos pertinentes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2022.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.

ANEXOS

Relación de anexos

ANEXO I. Muestras de expedientes examinados en la fiscalización