Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de León, sobre investigación de cetáceos para una pesca ambientalmente sostenible.
Madrid, 10 de mayo de 2022.–La Directora General de Pesca Sostenible, Isabel Artime García.
Madrid, 9 de mayo de 2022.
REUNIDOS
De una parte, doña Alicia Villauriz Iglesias, Secretaria General de Pesca, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), según el Real Decreto 543/2018, de 18 de junio, por el que se dispone su nombramiento, y actuando conforme a las atribuciones de la Orden APA/21/2019, de 10 de enero, de fijación de límites para administrar ciertos gastos y de delegación de competencias en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (BOE n.º 16, de 18 de enero de 2019).
De otra parte, don Lluis Serra Majem, Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), actuando en nombre de esta Institución Académica en virtud de nombramiento conferido por Decreto 11/2021, de 9 de marzo, de la Presidencia del Gobierno de Canarias, y en uso de la facultad atribuida por el artículo 137 de los Estatutos de la Universidad, aprobados Decreto 107/2016, de 1 de agosto, del Gobierno de Canarias (BOC n.º 153, de 9 de agosto de 2016).
Y, de otra parte, don Juan Francisco García Marín, Rector Magnífico de la Universidad de León (ULE), cargo para el que fue nombrado por Acuerdo de la Junta de Castilla y León n.º 19/2016 de 21 de abril (BOCyL n.º 77, de 22 de abril de 2016), actuando en representación de la ULE, y en uso de la facultad atribuida por el artículo 80.f de los Estatutos de la ULE, aprobados por Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León.
Todas las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
El Real Decreto 430/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del MAPA, establece, en su artículo 7.1, que a la Secretaría General de Pesca le corresponden las competencias en materia de gestión sostenible de los recursos pesqueros lo que incluye, entre otras, la planificación de la actividad investigadora en materia de pesca y el conocimiento del estado de las pesquerías.
El MAPA a través de la Dirección General de Pesca Sostenible (DGPS) de la Secretaria General de Pesca (SGP), ejerce las siguientes funciones:
1. La planificación de la actividad investigadora en materia de pesca, en coordinación con otros Departamentos de la Administración General del Estado competentes en la materia.
2. El seguimiento del estado de los recursos pesqueros con el fin de asesorar en la adopción de medidas encaminadas a la protección, gestión, conservación y regeneración de los recursos pesqueros, en el marco de las competencias atribuidas a la SGP.
3. El análisis del impacto del cambio climático y otras actividades en los ecosistemas marinos por su repercusión en las poblaciones pesqueras, en coordinación con otros departamentos ministeriales.
Por tanto, en la planificación de la política de investigación en materia de pesca y acuicultura, asume objetivos esenciales como:
– El seguimiento del estado de los recursos pesqueros que permite adoptar medidas encaminadas a su protección, gestión, conservación y regeneración.
– Conservación y protección que aconseje el estado de los recursos, incluyendo la gestión y propuesta de declaración de reservas marinas de interés pesquero.
– El análisis, entre otros, del impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos por su repercusión en las poblaciones pesqueras.
– La adquisición y tratamiento de datos sobre recursos pesqueros y medio en el que se encuentran, con la finalidad de ordenación y gestión de la pesca marítima.
La ULPGC es una institución de derecho público que se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por sus Estatutos, aprobados el Decreto 107/2016, de 1 de agosto. La misión de dicha institución se centra en el desarrollo de las actividades de la docencia, la investigación, la transferencia del conocimiento y el compromiso social.
La ULE es una institución de derecho público que se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por sus Estatutos, aprobados por el Acuerdo 243/2003 de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León. Entre los objetivos fundamentales de dicha universidad destacan proporcionar una enseñanza de calidad, contribuir al avance del conocimiento por medio de la actividad investigadora y promover la máxima proyección social de sus actividades mediante el establecimiento de cauces de colaboración y asistencia a la sociedad de su entorno.
El objetivo de la política pesquera común, establecido en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, es garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios.
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, concede el estatuto de protección rigurosa a los cetáceos y exige a los Estados miembros que se encarguen de la vigilancia de las condiciones de conservación de dichas especies. España como el resto de miembros debe establecer también un régimen de control de las capturas y muertes accidentales de dichas especies, y adoptar más medidas de investigación y conservación que garanticen que las capturas o muertes accidentales no tienen una repercusión significativa en las especies de que se trata.
El Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos, insta a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para recopilar datos científicos sobre las capturas accidentales de especies sensibles.
En el marco del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Plan español de Recuperación y Resiliencia adoptado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y que ha sido aprobado por el ECOFIN el pasado 13 de julio, incluye el Componente 3 en el que participa el MAPA, con la Inversión 7 (C3.I7): Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero (II): Impulso a la investigación y formación en el sector.
Esta medida mejorará la cantidad y la calidad de los conocimientos científicos que informan la toma de decisiones en materia de gestión de las pesquerías. La medida comprende: ii) el fomento de la investigación pesquera y acuícola para garantizar un enfoque ecosistémico en la toma de decisiones en materia de gestión de las pesquerías.
La implementación de la inversión concluirá a más tardar el 30 de junio de 2022.
El MAPA considera necesario avanzar en el conocimiento del medio marino, en concreto, en la recopilación de datos científicos sobre las capturas accidentales de especies sensibles de cetáceos, con el fin de adaptar la toma de decisiones en materia de gestión pesquera.
Las Partes comparten el objetivo común de avanzar en el conocimiento que permita una actividad pesquera que se apoye en el triple objetivo de la sostenibilidad: ambiental, social y económica, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo 14, en el marco de la Agenda 2030, y del Pacto Verde Europeo, siempre en los ámbitos de sus competencias y especialización: Un sector pesquero sostenible y viable, donde la toma de decisiones se base en el mejor conocimiento científico disponible.
Esto supone la toma de decisiones de gestión mediante la recopilación de información y datos, mejora de los modelos de evaluación, apostando por las nuevas tecnologías para asegurar la calidad de la información y de las evaluaciones científicas correspondientes, así como la defensa de los ecosistemas hacia la sostenibilidad.
Además, permitirá la organización de acciones de formación y divulgación dirigidas a distintas instituciones y organizaciones y sociedad en general sobre la recopilación y tratamiento de información, análisis y resultados.
En atención a lo expuesto, se estima necesaria la puesta en común, distribución y utilización conjunta y coordinada de medios, servicios y recursos de las Partes, su ordenación para un fin compartido, bajo las premisas de interdisciplinariedad, complementariedad y eficiencia en la gestión.
Dicha colaboración se instrumentaliza mediante el presente convenio que se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre.
El presente convenio se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
El objeto de este convenio es establecer un marco de colaboración entre las Partes, para proceder a la realización de actividades de análisis, estudio y generación de conocimiento en relación a las capturas accidentales de cetáceos con resultado de muerte como consecuencia de la interacción con los artes de pesca, con el fin de dotar de suficiente información la gestión sostenible de los recursos pesqueros. Igualmente es objeto de este convenio facilitar el intercambio de información y la realización de actividades de comunicación y formación conjuntas.
Las actuaciones previstas dentro del presente convenio se enmarcan en el Plan de Recuperación y Resiliencia adoptado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y que ha sido aprobado por el ECOFIN el pasado 13 de julio, y cuyas medidas se incluyen en el ANEXO REVISADO de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Doc. 10150/21 ADD 1 REV 2)). Estas actuaciones tienen asignado el campo de intervención 050 en relación a la protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules, con un porcentaje de contribución a objetivos climáticos de un 40% y un porcentaje de contribución a objetivos medioambientales de un 100%. Además de una etiqueta digital del 40%.
Las medidas respetarán el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) y su normativa de aplicación, establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de Taxonomía), y desarrollado en la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio.
En particular, las Partes respetarán los objetivos recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 (principio DNSH):
a) La mitigación del cambio climático.
b) La adaptación al cambio climático.
c) El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
d) La economía circular.
e) La prevención y control de la contaminación.
f) La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
En todo caso, se tendrán en cuenta los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente (especialmente la de carácter ambiental) así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
Cada Parte deberá entregar al MAPA la evaluación favorable de adecuación al principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el conjunto de las actuaciones que desarrolle en el ámbito de este convenio. La evaluación podrá ser realizada por el interesado o por una empresa externa.
El cumplimiento del principio DNSH y de etiquetado climático recae sobre cada Parte en el ámbito de sus actuaciones. Este se acreditará anualmente para todas las actuaciones por cada Parte, y en caso de considerarse necesario, se adoptarán medidas correctoras para asegurar la implementación.
En caso de incumplimiento del principio DNSH, de etiquetado climático y de las condiciones, dicha Parte deberá reintegrar las cuantías percibidas hasta la fecha y se resolverá el convenio.
En el caso de que alguna de las Partes procediese a subcontratar parte la actividad objeto de convenio, habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
Este convenio se ejecutará a través de tres ejes principales de actuación:
– Eje 1. Generación de un protocolo, en español, de necropsia de cetáceos (odontocetos) y con las especificidades para el estudio, diagnóstico y evaluación sanitaria individual de delfines muertos debido a la captura accidental (by-catch) por parte de barcos pesqueros.
– Eje 2: Realización de necropsias por veterinarios/as especialistas en patología y anatomía patológica de cetáceos.
– Eje 3. Realización de análisis y estudios en laboratorio que permitan establecer el diagnóstico y la evaluación sanitaria de los delfines muertos por captura accidental (by-catch) o por otras causas.
Dichos ejes se detallan en el Anexo del presente convenio.
1. Las Partes se comprometen a asumir el desarrollo de las tareas en el marco de los recursos y costes estimados, mediante el análisis sistemático de la gestión, sustentado en indicadores operativos que faciliten la identificación de los riesgos, y la toma de decisiones para el adecuado desarrollo de la actividad.
2. Las Partes acuerdan cumplir con las obligaciones de autoevaluación en el desempeño de la función de control de gestión, comprobando periódicamente que la financiación se utilice correctamente de conformidad con todas las normas aplicables así como realizar controles sobre deficiencias detectadas y medidas correctivas adoptadas.
3. Las Partes se comprometen a cumplir con los Reglamentos UE, sobre normas financieras y régimen general de condicionalidad, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, y a efectos de auditoría y control del uso de fondos, así como a cooperar plenamente con los órganos de investigación e inspección para la protección de los intereses financieros de la UE, así como someterse a su control.
4. Las Partes mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir de la formalización de este convenio.
5. Las Partes, en caso de no realizarse el gasto, o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, deberán reintegrar los fondos recibidos.
6. Las Partes asumen las obligaciones derivadas de La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, y en su caso, aquellas de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre que les pudieran ser de aplicación.
A. Compromisos asumidos por el MAPA-Secretaría General de Pesca.
EL MAPA, a través de la SGP-Dirección General de Pesca Sostenible, realizará las siguientes actuaciones:
– Ser el interlocutor oficial para todos los contactos con las administraciones de las CCAA donde se van a realizar estos trabajos.
– Colaborar en la gestión de los permisos necesarios para el cumplimiento del presente trabajo. Permisos de entrada y uso de instalaciones, si se requirieran así como permisos para el transporte de muestras dentro del territorio español o para poder enviar muestras a laboratorios fuera del territorio español, si fuera necesario en virtud del presente convenio.
– Aportar y coordinar los contactos con los representantes del sector pesquero, ONGs y otras administraciones pesqueras nacionales e internacionales.
– Proporcionar, con los responsables locales, de lugar adecuado para mantener adecuadamente conservados los cetáceos, proveer de un lugar adecuado con las necesidades adecuados para realización correcta, siguiendo el protocolo establecido de necropsias y toma de muestras.
– Recopilar la información de las capturas accidentales ocurridas durante el programa de observación de especies sensibles y comunicarla al resto de las partes de este Convenio.
– Proporcionar datos de interés para la investigación pesquera.
– Fomentar el intercambio de datos, información y generación de conocimiento.
– Realizar acciones de difusión de resultados y sensibilización, citando siempre a las partes firmantes del presente Convenio.
– Colaborar en la organización y participar en acciones formativas conjuntas.
– Aportar conocimientos sobre decisiones en materia de legislación pesquera, que puedan afectar a la finalidad del convenio y que provengan tanto del ámbito nacional como internacional.
– Realizar, a través de la Subdirección General de Investigación Científica y Reservas Marinas, la coordinación de las actuaciones convenidas mediante la supervisión de los informes parciales.
– Transferir a la ULPGC y la ULE fondos previstos en este Convenio con cargo al Programa 410E sobre Protección de los Recursos Pesqueros y Desarrollo Sostenible, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados al MAPA.
– Hacer mención del origen de esta financiación y velar por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión Europea y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
– Realizar una evaluación de adecuación al principio de «no causar un perjuicio significativo» conforme a lo previsto en la Comunicación de la Comisión Europea 2021/C 58/01 (Guía técnica)
– Aplicar medidas para la prevención, detección, y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
– Cooperar plenamente con los órganos previstos en el artículo 129 de Reglamento Financiero UE, en su actividad de investigación e inspección para la protección de los intereses financieros de la UE, así como someterse a su control.
– Conservar la documentación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 y el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) 1046/2018.
B. Compromisos asumidos por la ULPGC.
La ULPGC a través del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA), como centro colaborador de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en Sanidad de Mamíferos Marinos, se compromete a contribuir con su experiencia al cumplimiento de los objetivos del convenio con la realización de las siguientes actuaciones:
– Coordinación del presente proyecto.
– Participación con su equipo especializado en necropsias y patología de cetáceos.
– Dirección y participación en la realización de las necropsias in-situ de los cetáceos que, como consecuencia de interacción de los buques de pesca españoles con puerto base en las CCAA de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, resulten muertos, y hayan sido en todo caso notificados y codificados, a través del servicio de observadores a bordo de buques comerciales que gestiona la Secretaría General de Pesca a través de la Dirección General de Pesca Sostenible.
– Desarrollo de un protocolo de necropsia de los cetáceos objeto de estudio, en relación a la muerte accidental de los mismos como consecuencia de la interacción con los artes de pesca.
– Planificación de muestreos y recogida de datos, información y muestras a través de los equipos digitales y de los medios humanos ya existentes.
– Análisis de los datos, muestras e información recogida en los propios laboratorios e instalaciones del IUSA_ULPGC.
– Recolección de toda la información que resulte de las acciones a realizar derivadas de este convenio y mantenimiento de las bases de datos generadas con toda esta información alojados en servidores de ULPGC.
– Establecimiento de redes, alianzas y colaboraciones de trabajo con centros colaboradores de ULPGC, si procediera, con el fin de amplificar el muestreo a través de nuevas tecnologías e innovar en metodologías de análisis.
– Realización de acciones de difusión de resultados y sensibilización.
– Realización de informes parciales sobre las actuaciones realizadas.
– Hacer mención del origen de esta financiación y velar por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión Europea y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Además, cuando proceda, se indicará la siguiente cláusula de exención de responsabilidad (traducida a las lenguas locales, si procede): «Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas».
– Realizar una evaluación de adecuación al principio de «no causar un perjuicio significativo» conforme a lo previsto en la Comunicación de la Comisión Europea 2021/C 58/01 (Guía técnica). Se procederá al envío al MAPA de dicho informe previo a la certificación anual que deberá contener, al menos, un cuestionario equivalente al elaborado a tal efecto por el Ministerio de transición ecológica y el reto demográfico recogido en su web.
– Comunicar periódica y detalladamente la descripción de actuaciones en desarrollo y por desarrollar, sus costes respectivos y plazos periódicos o finales de ejecución. A estos efectos, de auditoría y control de la ejecución de proyectos, se recabará la información en la base de datos prevista en el artículo 22 del Reglamento UE 2021/241.
– Aplicar medidas para la prevención, detección, y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Destacando entre otros la obligación del cumplimiento del precepto de Identificación del perceptor final de fondos, beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas ante el MAPA.
– Cooperar plenamente con los órganos previstos en el artículo 129 de Reglamento Financiero UE, en su actividad de investigación e inspección para la protección de los intereses financieros de la UE, así como someterse a su control.
– Conservar la documentación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 y el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) 1046/2018.
– Se procederá al envío al MAPA de los modelos del Anexo de este convenio debidamente cumplimentados y firmados, correspondientes a los anexos Anexo IV.B y IV.C de la Orden HFP/1030/2021.
C. Compromisos asumidos por la ULE.
La ULE se compromete a contribuir con su experiencia al cumplimiento de los objetivos del convenio con la realización de las siguientes actuaciones:
– Ser la base para dar soporte logístico al desarrollo de parte de las actuaciones del presente convenio en el norte de España.
– Formar parte del equipo y participación en la realización de las necropsias in-situ de los cetáceos que, como consecuencia de interacción de los buques de pesca españoles con puerto base en las CCAA de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, resulten muertos, y hayan sido en todo caso notificados a través del servicio de observadores a bordo de buques comerciales que gestiona la Secretaría General de Pesca a través de la Dirección General de Pesca Sostenible.
– Participación en los muestreos y recogida de datos, información y muestras a través de los equipos digitales y de los medios humanos existentes y vinculados al presente proyecto.
– Proveer de transporte y colaborar en la gestión de los permisos, y almacenamiento de parte de las muestras, datos e información sobre las necropsias de cetáceos de interés de la DGPS en las propias instalaciones de ULE.
– Análisis de los datos, muestras e información recogida en los propios laboratorios e instalaciones de ULE.
– Recolección de toda la información que resulte de las acciones a realizar derivadas de este convenio y mantenimiento de las bases de datos generadas con toda esta información en repositorios de trabajo alojados en servidores de ULE.
– Establecimiento de redes, alianzas y colaboraciones de trabajo con centros colaboradores de ULE, si procediera, con el fin de amplificar el muestreo a través de nuevas tecnologías e innovar en metodologías de análisis.
– Realización de acciones de difusión de resultados y sensibilización.
– Realización de informes parciales sobre las actuaciones realizadas.
– Hacer mención del origen de esta financiación y velar por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión Europea y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
– Realizar una evaluación de adecuación al principio de «no causar un perjuicio significativo» conforme a lo previsto en la Comunicación de la Comisión Europea 2021/C 58/01 (Guía técnica. Se procederá al envío al MAPA de dicho informe previo a la certificación anual que deberá contener, al menos, un cuestionario equivalente al elaborado a tal efecto por el Ministerio de transición ecológica y el reto demográfico recogido en su web
– Comunicar periódica y detalladamente la descripción de actuaciones en desarrollo y por desarrollar, sus costes respectivos y plazos periódicos o finales de ejecución. A estos efectos, de auditoría y control de la ejecución de proyectos, se recabará la información en la base de datos prevista en el artículo 22 del Reglamento UE 2021/241.
– Aplicar medidas para la prevención, detección, y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Destacando entre otros la obligación del cumplimiento de Identificación del perceptor final de fondos, beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas ante el MAPA.
– Cooperar plenamente con los órganos previstos en el artículo 129 de Reglamento Financiero UE, en su actividad de investigación e inspección para la protección de los intereses financieros de la UE, así como someterse a su control.
– Conservar la documentación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 y el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) 1046/2018.
– Se procederá al envío al MAPA de los modelos del Anexo de este convenio debidamente cumplimentados y firmados, correspondientes a los anexos Anexo IV.B y IV.C de la Orden HFP/1030/2021.
El MAPA aporta en este convenio de colaboración la cantidad de 257.875 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 21.50.41CG.694 Protección de los Recursos Pesqueros y Desarrollo Sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, prevista en la Ley 22/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y a aquellas que puedan corresponder en sucesivos Presupuestos anuales, siempre y cuando hayan sido aprobados en las respectivas leyes.
ULPGC y ULE con cargo a la citada financiación realizarán los gastos necesarios para el cumplimiento de las actuaciones previstas en este convenio. Serán financiables los gastos ejecutados durante los correspondientes ejercicios presupuestarios, considerándose gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad al 5 de diciembre de 2023, fecha de finalización del plazo de certificación justificativa de gastos
Las aportaciones máximas del MAPA serán las indicadas en la tabla, y estarán condicionadas a la acreditación por la ULPGC y la ULE de los gastos derivados de la ejecución del convenio que se pretenden financiar. Dichos pagos se realizarán previa certificación justificativa de los gastos realizados derivados de la ejecución del convenio atendiendo al siguiente cuadro por anualidades:
| ULE (€) | ULPGC (€) | Total (€) | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 90.000 | 117.875 | 207.875 |
| 2023 | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| Total | 115.000 | 142.875 | 257.875,00 |
Esta aportación se realizará mediante transferencia bancaria a las cuentas que respectivamente la ULPGC y la ULE indiquen y certifiquen (indicando en el concepto de la transferencia el acrónimo o código identificativo del convenio), y con el calendario previsto en esta cláusula.
Los importes se transferirán previa presentación por ULE y ULPGC al MAPA de informes, según el siguiente calendario de trabajo:
1) Primera certificación:
– Para la ULE correspondiente al importe de 50.000 euros.
– Para la ULPGC correspondiente al importe de 57.875 euros.
Para la cual, el 30 de mayo de 2022 a más tardar, deberán entregar al MAPA, un informe que incluya el borrador preliminar del protocolo de necropsias previsto en el convenio.
2) Segunda certificación:
– Para la ULE: correspondiente al importe de 40.000 euros.
– Para la ULPGC: correspondiente al importe de 60.000 euros.
Para la cual, el 1 de noviembre de 2022 a más tardar deberán entregar el informe intermedio conjunto al MAPA, además de la evaluación inicial del DNSH.
3) Tercera certificación:
– Para la ULE: correspondiente al importe de 25.000 euros.
– Para la ULPGC: correspondiente al importe de 25.000 euros.
Para la cual, a fecha del 15 de noviembre de 2023 a más tardar ULE y ULPGC deberán entregar el informe conjunto con las conclusiones finales del proyecto, en el que se recogerá los costes y gastos asumidos por las Partes para el desarrollo del convenio. Asimismo, la evaluación final del DNSH.
Por su parte, la ULPGC y la ULE aportarán con cargo a las asignaciones que con carácter general se fijan anualmente para Capítulo 1 en sus Presupuestos, los investigadores científicos, técnicos superiores especializados, y personal propio que resulte necesario.
Así pues, las aportaciones económicas de las Universidades se corresponderán con:
– ULPGC, en relación al personal investigador (PI) de IUSA-ULPG:
| Perfil | Tareas | Coste / Año / Euros |
|---|---|---|
| PI Titular de Universidad (3h/semana/persona). | Coordinación Proyecto IUSA-ULPGC (necropsias y diagnóstico laboratorial). | 19.924,32 |
| PI Postdoctoral (5h/ semana/ persona). | Necropsias y diagnóstico laboratorial. | 11.419,20 |
| PI Predoctoral (5 h/ semana/ persona). | Necropsias y diagnóstico laboratorial. | 13.994,24 |
| Coste Total. | 45.337,76 |
– ULE, en relación al personal investigador (PI):
| Perfil | Tareas | Coste / Año / Euros |
|---|---|---|
| Catedrático Universidad (3h/ semana/ persona). | Coordinación Proyecto ULE (necropsias y diagnóstico laboratorial). | 4.981,08 |
| Titular Universidad. | Necropsias, procesado muestras. | 4.981,08 |
| Ayudante Doctor (4-5 h/ semana/ persona). | Necropsias. Diagnóstico laboratorial. | 9.458,28 |
| PI Predoctoral (5 h/ semana/ persona). | Diagnóstico laboratorial. | 8. 746,4 |
| Coste Total. | 28. 166,84 |
Para la aplicación del presente convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento, que será responsable de velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las Partes firmantes. Su constitución tendrá lugar dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del Convenio.
La presidencia corresponderá a la persona titular de la DGPS y la secretaría a la persona titular de la Subdirección Adjunta de la SGICRRMM.
La Comisión estará integrada por:
– En representación de la DGPS, por la persona titular de la SGICRRMM y por 3 técnicos de la DGPS.
– En representación de la ULPGC, por la persona titular de la dirección del IUSA_ULPGC y por un investigador principal de la línea de acción.
– En representación de la ULE, por la persona titular de la Cátedra de Sanidad Animal, o Director del Dpto. de Sanidad Animal y por un investigador principal de la línea de acción.
Los miembros de esta Comisión podrán ser sustituidos, siendo dichos suplentes designados por los superiores jerárquicos del personal sustituido. La Comisión se reunirá al menos una vez al año, levantando acta de sus reuniones que será rubricada por los representantes de más alto rango de ambas partes.
Las reuniones serán convocadas por el/la Presidente/a, con al menos cinco días de antelación, sin perjuicio de que el Secretario/a gestione la misma.
La Comisión de Seguimiento realizará un seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades desarrolladas. Además, resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio. Las discrepancias que hubiere en el seno de la Comisión se resolverán por mutuo acuerdo.
El cumplimiento del principio DNSH y de etiquetado climático se revisarán, al menos anualmente por dicha Comisión, y en caso de considerarse necesario, se adoptarán medidas correctoras para asegurar la implementación dado que ambas condiciones se consideran obligación esencial del convenio.
El presente Convenio tiene una duración de dos ejercicios presupuestarios. Su vigencia se extiende hasta el 15 de diciembre de 2023 y podrá ser prorrogado por acuerdo unánime de las partes, por un periodo de hasta tres años más.
De conformidad con lo previsto en los artículos 48 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO). Asimismo será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del Estado.
Su modificación requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
La prórroga, así como cualquier eventual modificación al Convenio, deberá ser tramitada mediante la correspondiente Adenda, que se sujetará al procedimiento preceptivo para su firma y posterior eficacia mediante la inscripción en el Registro citado.
1. A efectos de la extinción y resolución del Convenio, las Partes se regirán por lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
2. En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidos por alguna de las partes la otra podrá, de conformidad con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, requerir a la parte incumplidora que cumpla en un determinado plazo las obligaciones o compromisos que considere incumplidos. Este requerimiento será así mismo comunicado a la Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula anterior.
Si transcurrido el plazo indicado en el mencionado requerimiento, persistiera el incumplimiento, la parte requirente notificará a la otra la concurrencia de causa de resolución del Convenio y se entenderá resuelto.
3. Cuando existan actuaciones en curso de ejecución las partes adoptarán las medidas necesarias a través de la Comisión de Seguimiento y podrán acordar la continuación y finalización de aquéllas en un plazo improrrogable que será fijado de común acuerdo cuando se resuelva el Convenio.
4. El incumplimiento del principio DNSH, de etiquetado climático y de las condiciones, entre otras, recogidas en este Convenio, será considerado incumplimiento de una condición especial de ejecución al ser considerada como obligación esencial, pudiendo dar lugar a la resolución del convenio.
5. En caso de no realizarse el gasto, las entidades deberán reintegrar los fondos recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada.
En el supuesto de incumplimiento parcial de las obligaciones o plazos de ejecución, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las universidades una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
Secreto de la investigación.
1. Cada una de las partes y quienes tengan conocimiento por cualquiera de ellas, acuerdan preservar como confidencial y se comprometen a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas, técnicas o de cualquier otra índole, pertenecientes a la otra parte, a las que haya podido tener acceso con motivo de la ejecución de este Convenio, salvo autorización previa por escrito.
2. El acceso a dicha información no supondrá la adquisición de ningún derecho sobre la misma por la parte que tome conocimiento de ella.
3. Ninguna de las partes podrá difundir información relativa a las investigaciones y a los resultados correspondientes al objeto de este Convenio que pueda perjudicar cualesquiera derechos de la otra parte.
4. Cuando una de las partes que desee utilizar los resultados parciales o finales, tanto en parte o en su totalidad, para su publicación en cualquier soporte o para su comunicación pública mediante ponencias, comunicaciones, poster u otros medios análogos, deberá solicitar por escrito la conformidad de la otra parte.
Ésta deberá responder, también por escrito, en un plazo máximo de 30 días, manifestando su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido este plazo sin obtener respuesta se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.
Propiedad intelectual e industrial.
1. Cada una de las partes conservará todos sus derechos previos al proyecto sobre sus nombres, marcas, bases de datos, imágenes y demás bienes protegidos por la legislación española sobre propiedad intelectual e industrial.
2. Los derechos correspondientes a la propiedad intelectual creada como resultado del proyecto objeto del presente Convenio corresponderán a las partes del Convenio por partes iguales, en los términos previstos en la legislación reguladora de este tipo de propiedad.
Protección de la información.
En el desarrollo del presente Convenio las partes adoptarán las medidas de seguridad requeridas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y sus modificaciones.
Las cuestiones a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente convenio, que no hayan podido ser solucionadas en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán resueltas conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Se acuerda resolver el convenio suscrito por los firmantes en fecha 22 de noviembre de 2021, dando lugar a su extinción desde su inscripción en el Registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación. Desde la fecha en que el presente convenio adquiera eficacia jurídica, sustituirá en su totalidad al firmado por las partes en fecha 22 de noviembre de 2021, convenio que por consiguiente se declara resuelto y extinto. En cuanto a la liquidación, no será necesario practicarla debido a que todos los compromisos y obligaciones de las partes se asumen en el marco del presente Convenio.
Y en prueba de su conformidad con cuanto antecede, las partes firman electrónicamente el presente convenio.–La Secretaria General de Pesca, P.D. (Orden APA/21/2019, de 10 de enero), Alicia Villauriz Iglesias.–El Rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem.–El Rector de la ULE, Juan Francisco García Marín.
Don/Doña…………………………………………………., con DNI ……………………….., como titular del órgano / Consejero Delegado / Gerente / de la entidad ……………………………………, con NIF ……………….…., y domicilio fiscal en …………………………………………, en la condición de órgano responsable / órgano gestor / beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo / subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 03 «Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
...................................., ............ de..................... de 202...
Fdo. ......................................
Cargo: ....................................
Don/Doña…………………………………………………., DNI ……………………….., como Consejero Delegado / Gerente / de la entidad ……………………………………, con NIF ……………….…., y domicilio fiscal en …………………………………………,. beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 03 «Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
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Fdo. ......................................
Cargo: ....................................
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