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ACTA DE LA XIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO‐BOLIVIANA DE COOPERACIÓN 2022-2025

El día 15 de diciembre de 2022 se firma de manera telemática en Madrid, España, y en La Paz, Bolivia, el Acta de la XIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación prevista en el Tratado General de Cooperación y Amistad suscrito el 16 de marzo de 1998; en el Convenio Básico de Cooperación de 3 de julio de 1971; en el Convenio Cultural de 9 de junio de 1968 y en el Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica para el Desarrollo de un Plan de Cooperación Integral de 13 de mayo de 1986, celebrados entre el Reino de España y el hoy Estado Plurinacional de Bolivia.

En este contexto, ambas partes acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo de un programa de cooperación en áreas de interés común para el periodo 2022-2025, que se describe en el Marco de Asociación País de la Cooperación Española en Bolivia, anexo a la presente acta.

La Delegación del Reino de España está presidida por la Sra. Pilar Cancela Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

La Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia está presidida por el Sr. Sergio Armando Cusicanqui Loayza, Ministro de Planificación del Desarrollo.

La relación completa de participantes de ambas Delegaciones figura como anexo I de la presente acta.

Ambas Delegaciones manifiestan su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del acta, que contiene dos capítulos principales y dos anexos, que forman parte integrante de la misma:

Marco de Actuación.

Consideraciones Finales.

Anexos:

Relación de integrantes de las Delegaciones de Bolivia y España (anexo I)

Marco de Asociación País Bolivia-España 2022-2025 (anexo II)

I. Marco de Actuación: Marco de Asociación España-Bolivia

El Marco de Asociación País 2018-2021 (MAP 2018-2021), el Acta de la Reunión de la XII Comisión Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación (firmada el 28 de agosto de 2018 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) y la Segunda Estrategia Conjunta 2022-2025 del Equipo Europa+ (UE-BEI-Estados Miembros-Suiza) son los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la Cooperación Española en Bolivia.

Finalizado el periodo de vigencia del MAP 2018-2021, se ha elaborado el Marco de Asociación País España-Bolivia 2022-2025, que define la nueva estrategia compartida de cooperación para el desarrollo sostenible, a implementarse durante el periodo mencionado.

La elaboración del nuevo MAP 2022-2025 ha sido liderada por dos grupos:

Por parte de España, el Grupo Estable de Coordinación (GEC), conformado de la siguiente manera: la Embajada de España en Bolivia, ostentando el Embajador de España, Javier Gassó Matoses, la Presidencia del GEC; la Oficina Técnica de Cooperación en Bolivia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), quien ha asumido la coordinación y la secretaría técnica del proceso; cuatro representantes de la Coordinadora de ONGD Españolas en Bolivia (COEB); la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bolivia; el Centro de Formación de la AECID en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; el Centro Cultural de España en La Paz, Bolivia; la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Bolivia; y la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Bolivia, en representación de las empresas españolas presentes en el país.

Por parte de Bolivia, el proceso de diálogo que ha permitido el diseño del documento del Marco de Asociación País estuvo coordinado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Planificación y Coordinación y del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

La Delegación española informó sobre las prioridades de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, con base en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y el V Plan Director de la Cooperación Española. En el Plan Director, Bolivia recibe la consideración de país de asociación de renta media, indicando que la cooperación con estos países está enfocada a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y al fomento del crecimiento económico, según su demanda y en base a las capacidades y valor añadido de la Cooperación Española. Esto bajo una óptica general de transferencia del conocimiento y de fortalecimiento de las instituciones y de la sociedad civil para promover que los avances en el desarrollo sostenible sean inclusivos y equitativos y se realicen en un marco de mayor democracia y respeto a los derechos humanos. En este contexto, la delegación española ratificó su compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo de Bolivia.

El Marco de Asociación País Bolivia-España 2022-2025 es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano sostenible, reducción de desigualdades y construcción de paz. Integra a una multiplicidad de actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través de un estrecho diálogo, trabajo conjunto y coordinado entre los Gobiernos, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como con otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.

Ambas delegaciones hicieron referencia a la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y a la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de metas y objetivos de la misma, ratificando adicionalmente su compromiso para avanzar en la calidad, eficacia e impacto de las actuaciones de cooperación para el desarrollo, de acuerdo con la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra y el acuerdo de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo de Busan. A este respecto, señalaron que estos compromisos se encuentran reflejados en el Marco de Asociación País Bolivia-España 2022-2025.

Asimismo, coincidieron en valorar la importante potencialidad de la cooperación triangular y sur-sur para compartir experiencias exitosas en la aplicación de políticas públicas y programas de desarrollo.

1. Valoración del Marco de Asociación País.

Ambas delegaciones revisaron los principales resultados previstos en el MAP 2022-2025. Se destaca el elevado nivel de alineamiento de sus prioridades con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021–2025 «Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones», permitiendo de forma adecuada la concentración de recursos en los ámbitos donde se ha corroborado la ventaja comparativa de la Cooperación Española para alcanzar un mayor impacto en términos de desarrollo sostenible.

1.1 Principales recomendaciones de la evaluación del MAP 2018-2021.

La revisión del MAP 2018-2021 recomendó una mayor inclusión de la sociedad civil organizada en el diálogo de políticas e identificación de prioridades de desarrollo que se realiza con el Estado y resto de actores del desarrollo, así como priorizar en algunos resultados un abordaje interinstitucional en diferentes niveles territoriales.

El informe recomendó mantener la ventaja comparativa de la Cooperación Española en los ámbitos priorizados, dado el posicionamiento existente, el reconocimiento a su contribución a la consecución de resultados de desarrollo y a su capacidad de adaptación a las diferentes coyunturas sociales, políticas y económicas.

Otra recomendación fue ampliar el alcance del trabajo en medio ambiente y agua hacia la gestión de áreas protegidas y biodiversidad y la conservación del patrimonio natural de Bolivia, así como dar continuidad a los buenos resultados y prácticas en torno a la transversalización del enfoque de género y de diversidad cultural.

También sugirió fortalecer el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, asegurando que el Grupo Estable de Coordinación (GEC) sea la instancia de referencia que aglutina al conjunto de actores clave de la Cooperación Española y socios locales para el correcto seguimiento, transferencia de información y toma de decisiones, así como profundizar en los espacios de análisis, diálogo y articulación existentes, para generar mayor complementariedad y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia hacia la sociedad.

1.2 Articulación entre actores de la Cooperación Española.

La Delegación española resaltó el papel desempeñado por los principales actores del sistema de Cooperación Española en Bolivia, destacando a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la Oficina Técnica de Cooperación, el Centro Cultural de España en La Paz y el Centro de Formación en Santa Cruz de la Sierra. Otros organismos de la cooperación descentralizada, como Comunidades Autónomas y Entidades Locales, juegan un papel muy relevante en la cooperación para el desarrollo con Bolivia, al igual que las organizaciones no gubernamentales y otros actores españoles con presencia en Bolivia, informando sobre el rol articulador de estos esfuerzos que se impulsa a través del Grupo Estable de Coordinación (GEC) de la Cooperación Española. Especial mención se realizó al papel de las organizaciones de la sociedad civil españolas y bolivianas en la implementación de los MAP Bolivia-España y a la Hoja de Ruta con Organizaciones de la Sociedad Civil apoyada por la Delegación de la Unión Europea, en la que España ha participado activamente. Una veintena de ONGD españolas tienen presencia en Bolivia y, desde el año 1998, se agrupan en la plataforma de la Coordinadora de ONGD Españolas en Bolivia (COEB).

1.3 Relación con organismos multilaterales y agencias bilaterales de cooperación.

Ambas delegaciones coincidieron en valorar el papel del sistema de Naciones Unidas en el país, con especial atención a las iniciativas nacionales con el apoyo a la iniciativa de paz, desarrolladas desde el año 2020 por las principales entidades del Estado (Órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral) y la participación y acompañamiento de la ONU, dentro del programa de «Gobernanza Global Efectiva».

Igualmente, ambas delegaciones destacaron el papel de España como Estado miembro de la Unión Europea y la complementariedad de las actuaciones impulsadas por la Comisión Europea y por la Cooperación Española. En este sentido, conversaron sobre el aprovechamiento de oportunidades para apalancar recursos europeos (facilidades regionales de inversión, cooperación delegada, etc.), en el marco del nuevo instrumento de cooperación para el desarrollo de la Comisión Europea y la Estrategia Conjunta del equipo Europa+ 2022-2025, como hoja de ruta común en Bolivia de la UE y sus Estados Miembros.

2. Marco de Asociación País Bolivia-España 2022-2025 y consideraciones para su adecuado cumplimiento.

El Marco de Asociación País Bolivia-España 2022-2025 ha puesto especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las autoridades bolivianas y en el alineamiento del contenido sustantivo del citado MAP con las prioridades nacionales de desarrollo identificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

El MAP se ha diseñado bajo un enfoque orientado a la gestión por resultados. Su propósito es contribuir a los esfuerzos del Estado boliviano a través del fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernanza democrática, con desarrollo de políticas públicas inclusivas y con equidad de género, en pro del desarrollo sostenible del país y de la mejora de la calidad de vida de la población con enfoque de derechos humanos y de reconocimiento de la diversidad.

El Marco de Asociación País concentra los esfuerzos de la Cooperación Española en torno a tres resultados de desarrollo principales:

1) Transición ecológica justa: La población boliviana accede en condiciones de igualdad a sus derechos al agua y al saneamiento, a la alimentación y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible

2) Cohesión social: Reforzada la cohesión social boliviana a través del ejercicio efectivo de los derechos a la educación y la salud y de los derechos culturales por parte de la población

3) Gobernabilidad democrática y género: La población boliviana accede a la justicia y la igualdad, incrementando su participación social y política en un marco de gobernabilidad democrática y protección de los derechos humanos, con especial atención a la reducción de las brechas de género.

Las intervenciones para contribuir a los resultados de desarrollo se concentrarán en la población más vulnerable allá donde se encuentre, conforme al principio de «no dejar a nadie atrás». Por tanto, se trabajará en función de las oportunidades de transformación de la vulnerabilidad de personas, comunidades y pueblos víctimas del cambio climático y las dinámicas demográficas por él provocadas, así como de todo tipo de violencias y de falencias en el acceso a la justicia. Se considerarán especialmente los derechos de los pueblos indígenas.

Se estima un monto de nuevos fondos AOD de unos 100 millones de euros para el periodo 2022-2025, que se ejecutarán adicionalmente a los fondos asignados en el MAP anterior que todavía están vigentes a la firma de este Acta.

Como principales consideraciones para la correcta ejecución del MAP, ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de:

1) Buscar mecanismos y procesos que agilicen y faciliten la ejecución en forma y plazo de las subvenciones españolas a instancias públicas bolivianas, en el marco de la ley.

2) Profundizar en la aplicación de protocolos destinados a la transversalización de los enfoques de género, derechos humanos, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental en las intervenciones de la Cooperación Española.

3) Mejorar los mecanismos de transparencia y mutua rendición de cuentas, así como en la visibilización de las contrapartidas aprobadas por los socios nacionales y locales bolivianos.

4) Mejorar y hacer más efectivos los mecanismos de coordinación de los actores de cooperación, especialmente con la cooperación descentralizada española y con las entidades bolivianas correspondientes, tanto a nivel nacional como territorial.

5) Fortalecer los mecanismos de coordinación entre España y Bolivia para la mejora de procesos de identificación, seguimiento, evaluación y elaboración de recomendaciones previstas en el MAP Bolivia 2022-2025 a través del GEC y espacios con el Viceministerio de Planificación y Coordinación (VPC) y con el Viceministerio de Inversión y Planificación del Financiamiento Externo.

6) Priorizar el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra para dar respuesta a las demandas de formación identificadas a través de las Administraciones Públicas latinoamericanas.

La Delegación boliviana resaltó la importancia de la contribución de la cooperación conjunta al desarrollo nacional, manifestando su agradecimiento a España por su compromiso y acompañamiento.

II. Consideraciones finales

Ambas delegaciones se comprometieron a generar, de manera expedita, las comunicaciones que sean objeto del desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.

Ambas delegaciones, respetando el principio de rendición mutua de cuentas, se comprometieron a realizar una evaluación final de la ejecución del MAP, por parte de un organismo independiente acordado conjuntamente, y cuyos resultados serán difundidos y publicados tanto en Bolivia como en España.

Al término de la reunión, ambas delegaciones reiteraron la voluntad de continuar trabajando para fortalecer sus relaciones de cooperación para el desarrollo sostenible, acorde con el alto nivel de sus relaciones, basadas en profundos lazos históricos, culturales y de amistad, entre los Gobiernos y pueblos de España y Bolivia.

La Delegación boliviana agradece al Reino de España su hospitalidad para la celebración de la presente reunión virtual de la Comisión Mixta.

Celebrada y suscrita en Madrid y La Paz de manera telemática, en tres ejemplares originales en español, igualmente válidos, el día 15 de diciembre de 2022.

Por el Gobierno del Reino de España,	Por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia,
Pilar Cancela Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional	Sergio Armando Cusicanqui Loayza, Ministro de Planificación del Desarrollo

Anexos:

I. Relación de integrantes de las Delegaciones oficiales de España y del Estado Plurinacional de Bolivia

II. Marco de Asociación País España-Bolivia 2022-2025

ANEXO 1

Marco de Asociación Acta de la XIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano Boliviana de Cooperación

Relación de integrantes de las Delegaciones oficiales de España y del Estado Plurinacional de Bolivia

Delegación Española:

Sra. Pilar Cancela Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

Sr. Francisco Javier Gassó Matoses, Embajador de España en Bolivia.

Sr. José María Bastida Peydro, Vocal Asesor del Gabinete de SECI.

Sr. Álvaro de Torres Suárez, Subdirector General de Planificación y Coherencia de Políticas de DGPOLDES.

Sr. Pablo Cid Lajo, Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo de DGPOLDES.

Sra. Laura Oroz Ulibarri, Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de AECID.

Sr. Sergio Colina Martín, Jefe del Departamento de Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur de AECID.

Sr. Juan Ignacio Pita Rodrígañez, Coordinador General de la Cooperación Española en Bolivia.

Delegación Boliviana:

Sr. Sergio Cusicanqui Loayza, Ministro de Planificación del Desarrollo.

Sra. Nardi Suxo lturry, Embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en España.

Sr. Carlos David Guachalla Terrazas, Viceministro de Planificación y Coordinación.

Sr. Erwin Freddy Mamani Machaca, Viceministro de Relaciones Exteriores.

MARCO DE ASOCIACIÓN PAÍS BOLIVIA–ESPAÑA 2022-2025

ÍNDICE

Glosario de Acrónimos.

Resumen Ejecutivo.

1. Bases para la asociación.

1.1 Contexto del país.

1.2 Análisis conjunto UE.

1.3 Situación de la Cooperación Española.

1.4 Análisis de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2021-2025 en base a las 5 P para no dejar a nadie atrás.

1.5 Conclusiones.

2. Resultados de desarrollo sostenible.

2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.

2.2 Alcance Territorial.

2.3 Marco de Resultados.

3. Alianzas Para La Estrategia.

3.1 Red de Alianzas.

3.2 Modalidades e Instrumentos.

3.3 Recursos.

3.4 Riesgos.

4. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

4.1 Seguimiento.

4.2 Evaluación.

4.3 Rendición mutua de cuentas y transparencia.

Anexo I. Marco de resultados.

Anexo II. Red de alianzas.

Anexo III. Recursos financieros.

Anexo IV. Gestión de riesgos.

Glosario de acrónimos:

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

AVCD: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

BM: Banco Mundial.

CCAA: Comunidad Autónoma.

COPERMIX: Comisión Permanente Mixta.

COVAX: COVID-19 Vaccines Global Access (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19).

DAC: Development Assistance Committee (Comité de Ayuda al Desarrollo).

DCALC: Dirección de Cooperación con América Latina y Caribe de AECID.

DGPOLDES: Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible.

EEC: Estrategia Europea Conjunta.

EELL: Entidades Locales.

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

FCSAI: Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social.

FIIAPP: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.

FILAC: Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

FONPRODE: Fondo para la Promoción del Desarrollo.

FONTEC: Fondo de Transición Ecológica.

GAPIII: Gender Action Plan III (Plan de Acción de Género III).

GEC: Grupo Estable de Coordinación.

GES: Grupo Estable de Seguimiento.

GIH: Grupo de Investigación en Hidráulica.

GIRH: Gestión Integral de los Recursos Hídricos.

GNI: Gross National Income (Ingreso Nacional Bruto).

GruS: Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia.

IDG: Índice de Desarrollo de Género.

IDH: Índice de Desarrollo Humano.

IHDI: Inequality-adjusted Human Development Index (IDH ajustado por desigualdad).

INB: Ingreso Nacional Bruto.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

IPA: Índice Parasitario Anual.

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.

LGTBI: Lesbianas Gays Trans Bisexuales e Intersexuales.

MAP: Marco de Asociación País.

MAS: Movimiento al Socialismo.

MAUC: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

MIC: Manejo Integrado de Cuencas.

MIP: Multiannual Indicative Programme (Plan Indicativo Multianual).

MMAYA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

MUSD: Million United States Dollars (Millón de Dólares Estadounidenses).

ODA: Official Development Assistance (Ayuda Oficial al Desarrollo).

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo).

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo.

ONU: Organización de Naciones Unidas.

OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organización de Países Exportadores de Petróleo).

OPS: Organización Panamericana de la Salud.

OSC: Organizaciones de Sociedad Civil.

OTC: Oficina Técnica de Cooperación.

PDES: Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

PIB: Producto Interior Bruto.

PMA: Programa Mundial de Alimento.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PPA: Paridad de Poder Adquisitivo.

RD: Resultados de Desarrollo.

SAFCI: Salud Familiar Comunitaria Intercultural.

SIPPASE: Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género.

SUS: Sistema Universal de Salud.

TEI: Team Europe Initiatives (Iniciativa Equipo Europa).

UCE: Unidad de Cooperación en el Exterior.

UE: Unión Europea.

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

USD: United States Dollar (Dólares Estadounidenses).

VNR: Voluntary Nacional Reviews (Informe Nacional Voluntario).

WASH: Water, Sanitation and Hygiene (Agua, Saneamiento e Higiene).

Resumen Ejecutivo

El presente Marco de Asociación País entre Bolivia y España 2022-2025 responde a lo establecido en el Tratado General de Cooperación y Amistad entre la entonces República de Bolivia y el Reino de España suscrito el 16 de marzo de 1998; el Convenio Básico de Cooperación de 3 de julio de 1971; el Convenio Cultural de 9 de junio de 1968 y el Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica para el Desarrollo de un Plan de Cooperación Integral de 13 de mayo de 1986.

La pandemia provocada por el COVID-19 y la crisis política iniciada en 2019 en Bolivia han interrumpido el largo periodo de crecimiento económico y avances en términos sociales y de igualdad. Este hecho se vio reflejado en caídas generalizadas en los indicadores de desarrollo y de desarrollo humano.

Tras las elecciones de 2020, en 2021 se publicó el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2021-2025), coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La negociación del presente MAP 2022-2025 se ha realizado, por tanto, sobre la base del alineamiento con el PDES 2021-2025 y recogiendo las lecciones aprendidas durante la implementación del anterior MAP 2018-2021, que ha sido evaluado en el primer semestre de 2022. Además, se ha articulado con la nueva Estrategia Europea Conjunta 2022-2025 de cooperación con Bolivia. Los MAP son aprobados mediante la firma del Acta de la Comisión Mixta (COMIX) y, atendiendo a su naturaleza jurídica, se consideran Acuerdos Internacionales Administrativos, según la tipología establecida en la ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, por lo que tienen respaldo normativo además de político.

Este nuevo MAP 2022-2025 pretende consolidar y profundizar la cooperación para el ejercicio de los derechos al agua y al saneamiento y para la consecución efectiva de la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra las mujeres, en continuidad con la estrategia anterior, cuya implementación fue afectada por las crisis que sufrió Bolivia en el periodo.

Además, en coherencia con las prioridades establecidas en el PDES para este periodo, se fortalecerá el enfoque de transición ecológica justa, considerando el cambio climático, y se promoverá más el desarrollo productivo sostenible centrado en las personas, especialmente en los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad en Bolivia, como por ejemplo los pueblos indígenas.

Sobre la base de un enfoque de derechos, se han definido dos grandes objetivos estratégicos para la nueva fase:

1. Objetivo Estratégico 1: Los grupos de población en situación de vulnerabilidad en Bolivia mejoran su acceso a servicios básicos con resultados positivos en términos de cohesión social, igualdad y del ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales (salud, educación, justicia, hábitat saludable y cultura).

2. Objetivo Estratégico 2: Los actores públicos y de la sociedad civil mejoran sus capacidades y medios para ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos e implantar medidas de política pública, en línea con el PDES, que reduzcan las desigualdades económicas, sociales y de género y preserven el patrimonio cultural y natural.

La cadena de resultados se inicia por resultados de desarrollo elegidos entre los previstos en el PDES 2021-2025. El impacto en esos resultados definidos por el Estado Plurinacional de Bolivia se pretende alcanzar a través de nueve resultados intermedios agregados en tres ámbitos, para los que también se han definido otros tantos resultados agregados que se incluyen en los siguientes cuadros:

Resultado de Desarrollo agregado 1: La población boliviana accede en condiciones de igualdad a sus derechos al agua y al saneamiento, a la alimentación y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible

Resultado de Desarrollo agregado 2: Reforzada la cohesión social boliviana a través del ejercicio de los derechos a la educación y la salud y los derechos culturales por parte de la población

Resultado de Desarrollo agregado 3: La población boliviana accede a la justicia y la igualdad, incrementando su participación social y política en un marco de gobernanza democrática y protección de los derechos humanos

Para alcanzar cada uno de los resultados intermedios se han definidos líneas de actuación que guiarán la toma de decisiones sobre las intervenciones a implementar durante el periodo.

Además, se han definido las siguientes prioridades transversales a todas las intervenciones:

Gobernanza democrática, con especial énfasis en una administración pública eficiente, transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía, en desarrollo local y en la participación política efectiva de todas las personas a todos los niveles.

Derechos Humanos, enfoque que se aplicará a todas las intervenciones para alcanzar los resultados intermedios que reflejan en sus definiciones esta orientación. Se hará especial énfasis en los derechos de las personas que enfrenten discriminaciones por razón de su discapacidad, diversidad cultural, orientación sexual o identidad de género.

Igualdad de género, enfatizando la lucha contra la violencia y la discriminación.

Sostenibilidad ambiental, considerando el impacto positivo o negativo en cada una de las intervenciones.

Diversidad cultural, para la defensa de los derechos culturales de todas las personas, con especial atención a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Se promoverá el diálogo intercultural.

Para alcanzar los resultados previstos se mantendrán las alianzas ya establecidas y se identificarán otras nuevas para aprovechar las complementariedades entre los actores públicos bolivianos, que guiarán las acciones, los socios de cooperación pública españoles así como de la Unión Europea, otros bilaterales y organismos multilaterales, actores de las sociedad civil española y boliviana e instituciones del sector privado.

Bolivia es un país prioritario para la Cooperación Española, por lo que es posible aplicar todos los instrumentos de cooperación del sistema. Especial importancia cobra en Bolivia la cooperación descentralizada y la cooperación a través de la sociedad civil española.

Bolivia cuenta con tres unidades de cooperación de la AECID: la Oficina Técnica de Cooperación, que identifica, formula e implementa los programas bilaterales de cooperación para el desarrollo sostenible; el Centro Cultural de España en La Paz, que actúa como dinamizador de iniciativas culturales para el desarrollo; el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, que promociona el intercambio de conocimiento para el desarrollo y que tiene carácter regional.

En cuanto a los recursos financieros, se estima un mínimo de 100M€ de cooperación no reembolsables, a lo que habrá que añadir la cooperación financiera. Estas cifras no incluyen la cooperación delegada de la UE e implementada por la Cooperación Española.

En el último capítulo se establece un sistema de seguimiento, así como el compromiso de evaluar el MAP 2022-2025 y aplicar una política de transparencia y rendición de cuentas. En este proceso se seguirá un plan para monitorear la aplicación de las recomendaciones de la evaluación del anterior MAP 2018-2021, así como la aplicación de las medidas previstas en el análisis de riesgos.

1. Bases para la asociación.

1.1 Contexto del País.

De acuerdo con el censo 2012 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Estado Plurinacional de Bolivia registró 10.059.856 de habitantes; para 2021, el INE ha proyectado una población de 11.841.955 habitantes, con un significativo porcentaje de personas menores de 15 años (30%).

Bolivia se encuadra en el grupo de países de renta media-baja, con un ingreso anual bruto per cápita de USD 3.414 en 2021 (BM) lo que supone un incremento 230% desde 2005 (UDAPE). En septiembre de 2010, el Banco Mundial clasificó al Estado Plurinacional de Bolivia como país de ingresos medios-bajos (ascendiendo de la anterior categoría de ingresos bajos) y señaló que «el incremento de ingresos en los últimos años se debe al impacto de los ingresos por los sectores extractivos».

Desde fines de la década de los 80 del siglo pasado hasta 2019, el Producto Interior Bruto (PIB) de Bolivia a precios constantes muestra un constante incremento, alcanzando a 49.256 millones de Bs. En 2020 sufrió una caída estimada de -8,74%, situándose en 44.952 millones⁽¹⁾. En 2021 el ascenso ha sido de 6,1%.

⁽¹⁾ https://www.ine.gob.bo.

Bolivia experimentó una bonanza económica originada por el auge de las exportaciones, liderado por los sectores de hidrocarburos y minería, como consecuencia de los elevados precios internacionales de las materias primas, el buen desempeño de la demanda interna y por la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. A pesar de que la caída del precio de hidrocarburos y minería se tradujo en menores ingresos derivados de las exportaciones de estos productos, Bolivia mantuvo hasta 2018 un crecimiento anual que superaba el 4% del PIB, lo que le convirtió en uno de los países con mayor tasa de crecimiento de América Latina.

Según el Informe PNUD sobre Desarrollo Humano 2021, Bolivia ocupa la posición 118 (IDH 0,692), dentro de los 191 países para los que se dispone de datos comparables, lo que le sitúa entre los países de desarrollo humano medio, con importantes desafíos como es la desigualdad o las bolsas de pobreza. A continuación, se muestra un resumen de los principales indicadores de desarrollo humano 2021:

Tabla: Principales indicadores de desarrollo

Área	Indicador	Valor
Pobreza.	Pobreza nacional (INE 2021).	36%
	Pobreza extrema nacional (INE 2021).	11,1%
Educación.	Años esperados de escolaridad (PNUD).	14,9
Ingresos.	INP per cápita (US$ PPA constantes 2017) (PNUD).	8.111
Desigualdad.	IDH ajustado por desigualdad (PNUD).	0,549
Género.	Índice de desarrollo de género (PNUD).	0,964
Trabajo y empleo.	Tasa de ocupación urbana en 14 + años (INE 2022).	70,24%
Población.	Estimada para 2030 (INE).	13,3
Seguridad.	Tasa de delitos contra la vida (Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana por 100.000 en 2021)).	3,7
Movilidad y comunicación.	Usuarios de internet (% de la población).	55,10%
Sostenibilidad del medio ambiente.	Emisiones de dióxido de carbono per cápita (toneladas).	1,77
Sostenibilidad socioeconómica.	Mano de obra calificada (% de la mano de obra).	47,6%

 

Fuente: Nacionales de Bolivia y de https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/BOL.

Contexto político, económico y social.

Las últimas elecciones presidenciales y legislativas tuvieron lugar en octubre de 2020. El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Alberto Arce Catacora, resultó elegido en primera vuelta, con más del 55% de los votos, por delante de Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), con un 28% y Luis Fernando Camacho (Creemos), con un 14% de los votos. El MAS logró también mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas. El 8 de noviembre de 2020, Luis Arce Catacora tomó posesión como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

En la gestión 2019 y 2020, Bolivia atravesó una serie de eventos que desencadenaron en nuevos desafíos políticos, sociales, económicos y sanitarios. La crisis política de 2019 y la posterior llegada de la pandemia de COVID-19 hicieron que la economía boliviana se resintiera, con una caída del 8,74% del PIB en 2020. Ello afectó también a los datos de desempleo (que habían experimentado una evolución favorable, reduciéndose hasta el 4,2% en 2018), así como al déficit público, que alcanzó el 12% del PIB en 2020. Actualmente Bolivia se encuentra trabajando en medidas para la reconstrucción de la economía como es: Inversión Pública, Reintegro al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Grandes Fortunas, IVA cero para la importación de Bienes de Capital, Fondo de Garantía para el Desarrollo, apoyo al sector agropecuario para la reconstrucción productiva, entre otros.

En relación con los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, su reconocimiento constitucional e irrupción en el escenario político, económico, social y cultural constituyeron un cambio determinante en la realidad boliviana. En la última década ha habido avances sin precedentes en la representación de los pueblos indígenas en las instituciones del Estado, así como, más generalmente, en su participación en la vida política, social, económica y cultural del país.

Bolivia es un país con gran diversidad y riqueza cultural que se constituye como un factor determinante de sus modelos de desarrollo. La herencia histórica de muy diferentes identitarias sigue en permanente interacción.

Así se refleja en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que reconoce, además del castellano, 36 idiomas de naciones y pueblos indígena originario campesinos, siendo el quechua y el aimara los mayoritarios en los Andes occidentales. El chiquitano, el guaraní y el mojeño son los siguientes más numerosos, formando parte de los 34 pueblos indígenas que viven en las Tierras Bajas de la región oriental del país. En el Censo Nacional de 2012, el 41% de la población se reconoce como indígena.

Según el reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos oficiales de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y económicas (UDAPE 2021) existe un 76% de informalidad laboral en Bolivia, situación que agravó la crisis política y por la pandemia. Esto quiere decir que ocho de cada diez personas ocupadas tienen empleos precarios, inestables, sin seguridad social o con bajos ingresos.

En las últimas décadas, el Estado Plurinacional de Bolivia ha dado importantes muestras de voluntad política para disminuir las brechas y desigualdades de género. Desde la promulgación de la nueva Constitución de 2009, que desarrolla en más de una veintena de artículos los derechos de las mujeres y los principios de equidad y no discriminación, se ha ido acelerando el desarrollo legislativo y la elaboración de políticas enfocadas a la consecución de la igualdad de género. El Estado boliviano ha ratificado los principales tratados y convenciones internacionales en esta materia. El marco normativo para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas es especialmente innovador, destacando dos leyes: la «Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia» (348/2013), que es uno de los escasos ejemplos latinoamericanos de leyes integrales contra la violencia basada en género; y la Ley contra el acoso y violencia política (243/2012), la primera de este tipo en la región. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y los niveles de violencia e impunidad siguen siendo extremadamente altos: Bolivia es el cuarto país con mayor tasa relativa de feminicidios en Latinoamérica⁽²⁾ y el primero en Sudamérica; más del 99% de los delitos de violencia doméstica y sexual denunciados y casi el 80% de los feminicidios permanecen impunes. Respecto de la participación política de las mujeres, actualmente Bolivia es el tercer país del mundo con mayores índices de participación de las mujeres en instituciones representativas. Bolivia ha logrado altos índices en las mediciones efectuadas sobre los compromisos constitucionales, legales y de sufragio. Sin embargo, la presencia política de las mujeres en el poder ejecutivo y la administración pública en puestos de liderazgo no representa ni un tercio.

^{(2)  En América del Sur, las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres se encontraron en Bolivia (2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5). Fuente: Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2021. PNUD 2021.}

En el sector salud, se prevé que la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y gratuito (SUS) beneficiará a 5,8 millones de personas previamente no aseguradas (un 50% de la población). El Estado está en proceso de asegurar los recursos suficientes para su funcionamiento. La pandemia puso más presión en el sistema (presupuesto insuficiente, falta de personal, falta de equipo, infraestructura y material).

En educación, la UNESCO declaró a Bolivia «libre de analfabetismo» en 2008, ya que reportó una tasa de 2,68% (Programa Nacional de Post alfabetización). Asimismo, posteriormente destacó una importante expansión de la tasa de matriculación en educación primaria (95,8% en 2021) y educación secundaria (79,1% en 2021). Las tasas de finalización alcanzan el 80,3% para primaria y 40.3% en secundaria. La UNESCO también recomendó al Estado de Bolivia seguir mejorando la calidad de la educación que se ofrece a los grupos indígenas. Cabe destacar que, según reportes de UNICEF, desde marzo del 2020, aproximadamente 2.923.527 de niñas, niños y adolescentes matriculados en los niveles inicial, primaria y secundaria boliviana no asistieron a clases debido a la emergencia sanitaria establecida por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Asimismo, en agosto de 2020 se clausuró el año lo cual tuvo efectos adversos en la educación, lo que representó un retroceso en el logro de metas del país. Esta vulneración del derecho a la educación afecta al desarrollo de niños y niñas a corto, medio y largo plazo y por ende el propio progreso del país.

Respecto al derecho humano al agua y la provisión de agua para consumo humano, de las más de 3,6 millones de viviendas a nivel nacional, en 2020 el 62% cuenta con distribución de agua por red de cañería; el resto se abastece de fuentes mejoradas para consumo humano. Sin embargo, es necesario seguir reforzando la implementación de una política integral de gestión de los recursos hídricos. En 2016, la ciudad de La Paz permaneció sin agua potable durante casi dos meses. En Bolivia se viene implementando la política de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Manejo Integral de Cuencas (GIRH-MIC) como una de las estrategias de mitigación y adaptación frente al Cambio Climático (CC) abordando el riesgo ante este evento a través de la gestión y manejo de cuencas. En el Marco del PEDES 2021-2025 se tiene como meta fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos superficiales y subterráneos para alcanzar la seguridad hídrica. Los eventos climáticos como sequías prolongadas, también afectan a poblaciones remotas, limitando su acceso al agua para consumo y actividades agropecuarias, influyendo así en la salud de los seres vivos, también en el potencial productivo agrícola y por tanto en la economía local. Son importantes, en este contexto, acciones como la lucha contra la tala descontrolada en áreas de recarga que provocan desbordamientos de ríos o una disminución del volumen de agua.

El índice de desempeño ambiental ubica a Bolivia en el lugar 88 de 180 países, muy por debajo del promedio regional en términos de salud ambiental. Si bien se encuentra entre los 20 países con mayor disponibilidad de agua, la distribución desigual del agua y su deficiente gestión coadyuvan a los ya frecuentes desastres naturales y conflictos sociales relacionados con cuestiones ambientales. En los últimos años, un proceso de urbanización rápido y no planificado ha llevado a una mayor contaminación y ha deteriorado la calidad de vida y dificultan el acceso a los servicios públicos principalmente en áreas periurbanas, afectando a poblaciones vulnerables. Uno de los principales factores es la creación acelerada de residuos sólidos que no son adecuadamente manejados y el consiguiente deterioro del aire y el agua. Bolivia se sitúa en décimo lugar entre los países más vulnerables al cambio climático del mundo (Ranking 2021 - Germanwatch, Global Climate Risk). A pesar de las importantes tasas de deforestación y tala ilegales, éstas han tenido un comportamiento decreciente en los últimos tres años (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra). Bolivia todavía alberga aproximadamente el 3,5% de los bosques del mundo, incluida la Amazonía y, desde la perspectiva de la biodiversidad, tiene tres de los cinco ecosistemas regionales más importantes.

El análisis integrado de contexto de seguridad alimentaria en Bolivia ICA-Bolivia de 2021, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el PMA, ha identificado que 159 municipios (47%) se encuentran ubicados en las categorías de alta y muy alta vulnerabilidad en el componente de acceso a alimentos. Entre estos se encuentran los municipios con índices de alta pobreza. En lo referente a la manipulación y preparación de alimentos se identificó que 100 municipios (30%), se encuentran en las categorías de alta y muy alta vulnerabilidad, lo cual significaría que la población de estos tendría dificultades con relación a la inocuidad alimentaria. Estos municipios están concentrados principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y parte del Beni. Como resultado final se identificó que 116 municipios (34%) se encuentran en la categoría de alta y muy alta vulnerabilidad de seguridad alimentaria, lo cual representa que los mismos se encuentran en condiciones adversas en alguno de sus componentes de seguridad alimentaria.

Con respecto al sistema de justicia, la promulgación de la Constitución de 2009 supuso una ambiciosa transformación del sistema judicial. No obstante, ha sido una tarea ardua lograr una reforma integral del sector, toda vez que por medio de reformas parciales no se ha logrado el cometido a la fecha. Aún existen desafíos que se están abordando desde noviembre de 2020, principalmente los relacionados a la reforma Judicial, la modernización del sistema penitenciario y la retardación de justicia.

Por último, la pandemia de la COVID-19 exacerbó las profundas desigualdades y retrasó la mejora de los niveles de vida de los segmentos más pobres de la población, lo que amplió las brechas socioeconómicas. El desempleo, el trabajo informal y el autoempleo son elementos de vulnerabilidad tanto en las zonas urbanas como rurales, y deben abordarse en consonancia con el Plan Nacional de Recuperación de Empleo de Bolivia 2020.

Riesgos y oportunidades.

Las recientes crisis política y de salud han puesto en evidencia debilidades estructurales de los procesos de desarrollo. En la actual coyuntura, todas las intervenciones deberán considerar su exposición ante la pandemia de COVID-19 y su efecto sobre la gestión de ésta, siguiendo las lecciones aprendidas en los años 2020 y 2021. La Cooperación Española ha mantenido su acción estratégica en el fortalecimiento de los sistemas de salud, presencia imprescindible para conocer la evolución de un sector determinante para el desarrollo en todos los demás ámbitos. Esta posición constituye una oportunidad para apoyar los esfuerzos del país en la gestión de las crisis de salud.

La Embajada de España hace un seguimiento permanente de la situación política y promueve el diálogo para fortalecer la gobernanza democrática y evitar conflictos y crisis políticas. La Cooperación Española actúa con un enfoque de gobernanza democrática y derechos humanos, promoviendo modelos de desarrollo sostenible e inclusivo que promueven la convivencia pacífica e intercultural. En este marco, en todas las intervenciones se considera la exposición ante las crisis políticas y su efecto en la prevención de estas.

La debilidad institucional es un factor que causa retrasos en la implementación de los proyectos y que se analiza en cada caso para diseñar estrategias de fortalecimiento institucional que favorezcan el alcance de los resultados de forma eficiente contribuyendo a la aplicación de lecciones aprendidas para el desempeño sostenible de las instituciones.

La coyuntura internacional, tanto regional como global, tiene un impacto directo en el desarrollo de Bolivia, por lo que las intervenciones de desarrollo sostenible buscan aprovechar las oportunidades y amortiguar los efectos negativos del mercado internacional y de las políticas públicas de los Estados vecinos que afectan al país.

La aceleración del deterioro medioambiental de zonas productivas, de reservas naturales y de reservorios de agua ha cambiado el escenario de las intervenciones de desarrollo. Especialmente aquellas que provocan migraciones que, a su vez, pueden ser un nuevo riesgo para los ecosistemas. En este ámbito se promueve la aplicación del enfoque de nexo entre emergencia y desarrollo para afrontar la transición ecológica y el reto demográfico en Bolivia.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Bolivia

Se identifica una fuerte vinculación entre el Plan de Desarrollo Económico y Social y los ODS. La apropiación de la Agenda 2030 por Bolivia tiene lugar mediante la referida alineación entre esta y su Plan Nacional de Desarrollo. La Agenda del Bicentenario 2025 contiene 13 pilares relativos a cuestiones como la erradicación de la pobreza, la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, los recursos naturales, la producción, la alimentación, la transparencia de las instituciones, etc., Cada pilar ha sido relacionado con uno o más ODS.

El proceso de implementación de la Agenda 2030 en Bolivia es presentado a través de un Informe Nacional Voluntario (VNR, por sus siglas en inglés) que resalta el vínculo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los instrumentos de planificación del Estado Plurinacional de Bolivia. La entidad nacional responsable por la generación y sistematización de datos es el Instituto Nacional de Estadística. El país cuenta con 315 indicadores para seguir su Plan Nacional de Desarrollo, de los cuales, 104 están directamente relacionados con los ODS. El último informe VNR reporta información cuantitativa disponible de los indicadores y revela importantes avances principalmente en el período comprendido entre octubre de 2016 y octubre de 2019, incluyendo: la reducción de la pobreza; mejoras en la nutrición de los niños y niñas y la producción de alimentos; un mayor acceso a servicios de salud y educación de calidad; una mayor participación de las mujeres en las decisiones políticas del Estado; un mayor acceso a servicios de agua y saneamiento; avances en la generación de energías por fuentes naturales renovables; creación de empleos y logros en la reducción de las desigualdades económicas.

Aún quedan muchos desafíos por delante para avanzar hacia la Agenda 2030. Estos desafíos serán abordados por el país a través del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

Cooperación internacional para el desarrollo sostenible.

Bolivia fue durante décadas uno de los principales receptores de cooperación para el desarrollo en América Latina. El crecimiento sostenido en los últimos lustros ha reducido la dependencia de la cooperación internacional. Muchos de los tradicionales socios de cooperación han cerrado sus programas por distintas causas y otros han reducido su financiación significativamente, especialmente la no reembolsable. En este contexto, España es uno de los tres países europeos que no se han planteado cerrar su programa en Bolivia, junto a Suecia y Francia, mientras que Alemania, Italia y Suiza están concluyendo su trabajo en el país. Hay que destacar que las estrategias de cooperación, incluso entre países miembros de la UE, han sido y son muy diferentes, siendo España el único país con un fuerte porcentaje de cooperación descentralizada y el que más proyectos canaliza a través de ONGD en términos relativos.

En este contexto, las alianzas entre socios para el desarrollo son aún más necesarias. La coordinación entre las entidades financieras del desarrollo y la cooperación no reembolsable y, especialmente, la Estrategia de Cooperación Conjunta de la UE son oportunidades para afrontar los nuevos modelos de cooperación para el desarrollo sostenible en el país.

1.2 Análisis conjunto UE.

La respuesta de la Unión Europea en materia de cooperación con Bolivia se materializa a través de dos instrumentos: por un lado, el Plan Indicativo Multianual (MIP, por sus siglas en inglés) 2021-2027, que recoge el apoyo técnico y financiero de la UE a Bolivia, y por otro la Estrategia Conjunta del Equipo Europa+ 2022-2025, que constituye la hoja de ruta común en Bolivia de la UE y sus Estados Miembros más Suiza.

El nuevo ciclo del MIP aglutina 104M€ para la primera fase de 2021 a 2024, como cooperación no reembolsable, incluidos 10M€ del fondo de garantías a los que podría acceder Bolivia. Estos fondos están enfocados en su mayor parte en el apoyo a los esfuerzos nacionales para promover la lucha contra el cambio climático y favorecer la protección del medio ambiente a través de un crecimiento económico sostenible y socialmente inclusivo. Bolivia es el mayor receptor de fondos de la UE en Latinoamérica. A través de este nuevo MIP se ponen disposición de Bolivia nuevas herramientas de financiación, como las operaciones de blending y las garantías a través del Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus. Dichas operaciones permitirán utilizar los recursos no reembolsables de la UE para apalancar y promover inversiones privadas, multiplicando así los recursos disponibles para el desarrollo del país.

Por su parte, la Estrategia Europea Conjunta se basa en los mecanismos existentes de coordinación entre los países donantes y con el Gobierno, con el objetivo de evaluar su implementación y promover el diálogo de políticas. En 2006, se estableció el Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GruS), compuesto por 23 miembros (16 socios bilaterales y 7 multilaterales e intergubernamentales) con el objetivo de apoyar, a nivel de representantes de los socios, los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo a través del intercambio de información, la interlocución y coordinación común con las instituciones públicas y privadas

La Estrategia conjunta es por tanto y sobre todo un espacio de coordinación; los socios europeos han creado grupos sectoriales al interior del Equipo Europa+ que resulta complementaria a la coordinación más amplia del GruS. La coyuntura de la pandemia ha constituido un verdadero reto para el equipo Europa que ha reforzado su respuesta con un articulación reforzada -Team Europe Global COVID-19 Response-. España lidera el grupo de Violencia de Género y Fortalecimiento Institucional en el sector de Gobernanza y el de Agua y Saneamiento en el de Medioambiente y Cambio Climático. Participa en 5 grupos más: Lucha contra el Narcotráfico, Cultura y Turismo, Educación, Democracia y Derechos Humanos y Justicia.

La Estrategia Conjunta toma en cuenta los distintos marcos de cooperación de los Estados Miembros vigentes para el ciclo 2021-2025 y los concentra en torno a tres objetivos, alineados con los objetivos de la Agenda Patriótica, del PDES 2021-2025 y de la Agenda 2030.

La participación de la Cooperación Española en la Estrategia Conjunta se concentra en ocho componentes de los tres objetivos mencionados:

1.3 Situación de la Cooperación Española.

La negociación y firma entre Bolivia y España del anterior Marco de Asociación País (MAP) 2018-2021 supuso un importante avance en la coordinación de la cooperación entre ambos países con compromisos concretos. Tras la firma, se pusieron los medios para avanzar en la implementación de este y se avanzó significativamente durante 2018 y primer semestre de 2019. Sin embargo, la crisis política en Bolivia ralentizó en unos casos e interrumpió en otros la interlocución sobre cooperación. Por otra parte, en 2020 la pandemia de la COVID-19 paralizó la ejecución de algunos importantes programas y proyectos, como los vinculados al agua y saneamiento, y obligó a transformar otros. No obstante, es destacable que, en algunos casos, la pandemia aceleró la ejecución de intervenciones que se habían orientado a mitigar su impacto. Este hecho resultó evidente en el sector salud, pero también en programas de educación, igualdad de género y gobernanza democrática.

En términos generales, se considera que las prioridades establecidas y los resultados planificados en el MAP anterior fueron pertinentes y continúan siendo vigentes de cara a la negociación del nuevo marco estratégico, aunque la baja actividad en algunos de ellos y la financiación discontinua marcan un esfuerzo por concentrar más los resultados que, en todo caso, se desarrollarán más precisamente en resultados intermedios. Los datos confirman que la Cooperación Española ha realizado las gestiones oportunas y un esfuerzo financiero coherente en los últimos 3 años para comprometer en firme en torno a 130M€, a los que hay que sumar 32M€ de cooperación delegada de la UE apalancados e implementados por la AECID. Estas cifras están muy por encima de los 100M€ originalmente previstos en el MAP.

A pesar de que se han movilizado recursos financieros conforme a lo previsto, la ejecución final de las intervenciones de la Cooperación Española asociadas al MAP anterior ha sido baja. Un 40% del monto transferido para intervenciones bilaterales de la AECID hacia la administración central no ha sido aún ejecutado. Además, una parte importante de la cooperación delegada ha sido pospuesta para implementarse a partir de 2022. También, la ejecución de proyectos del programa de conversión de deuda se ha atrasado. Este hecho está directamente ligado a la crisis política y a la pandemia de la COVID-19. En lo que se refiere a la cooperación descentralizada, sin embargo, se ha mantenido la actividad y la inversión ha ascendido entre los años 2018-2020.

Adicionalmente quedan en torno a 22M€ por ejecutar del programa de conversión de deuda.

En lo que se refiere a la cooperación financiera reembolsable, se ha comprometido un crédito FONPRODE por 30 MUSD para agua y saneamiento. Este crédito se integra en el programa de Gestión Integral de Agua en Áreas Urbanas ya en ejecución.

El total de los fondos asignados a proyectos de cooperación delegada de la UE durante el periodo 2018-2021 es de 41,1 M€. De esta cifra, 32,8 M€ son fondos de la UE canalizados a través de la AECID y 8,9 M€ son fondos propios de la AECID, que incluye recursos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). De esta cifra total hay aproximadamente 13M€ ya ejecutados o comprometidos hasta 2021, y quedan por ejecutar a partir de 2022, en el próximo periodo del nuevo MAP 2022-2025, los 28 M€ restantes.

En lo que se refiere específicamente a fondos propios no reembolsables de todos los actores de la Cooperación Española, en el periodo MAP 2018-2021 se ha realizado en Bolivia una inversión ya comprometida de 73 M€, de los cuales 34,6M€ corresponden a la AECID y 38,4M€ a la cooperación descentralizada de 2018 a 2020, ya que no se dispone todavía de los datos de 2021.

La cooperación descentralizada no solo ha sido muy activa, sino que ha desempeñado un papel fundamental, generando importantes contribuciones en los diferentes sectores de desarrollo en el país. Respecto a los principales actores en este ámbito, cabe destacar que el 22% corresponde a la cooperación valenciana, el 20% a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD) y casi el 10% a la cooperación navarra. Respecto a la cooperación realizada por entes locales destacan, entre otros actores, los Ayuntamientos de Valencia, Zaragoza y Bilbao, con cifras superiores al 0,5M€ cada uno en el periodo analizado.

Respecto a la vía de canalización de la ayuda, la principal han sido las ONGD con 45,5M€, y a continuación la cooperación bilateral directa con administraciones públicas bolivianas por un importe de 27,5M€.

El análisis temático de las intervenciones financiadas para el periodo 2018-2021 muestra que los enfoques de éstas han trascendido los habituales sectores de actuación, por lo que la presentación de los rasgos más representativos de la Cooperación Española y de las intervenciones más significativas para este periodo se realizará siguiendo la estructura de 9 resultados de desarrollo del anterior MAP.

Tomando en consideración los fondos no reembolsables de todos los actores de la Cooperación Española en el periodo MAP 2018-2021, la foto general por cada uno de los anteriores resultados muestra que los resultados de desarrollo vinculados a agua y saneamiento (RD2), democracia participativa y paritaria (RD8), soberanía alimentaria (RD7) y lucha contra violencias machistas (RD1) acumularon gran parte de los fondos propios aportados por los actores de la Cooperación Española. Los resultados vinculados a cultura y patrimonio (RD9), empleabilidad (RD6) y energía e infraestructuras (RD3) han quedado comparativamente muy por debajo del resto.

Con relación a las prioridades horizontales, se identifica una fuerte acción especialmente en igualdad de género (género y desarrollo) y diversidad cultural (cultura y desarrollo), mientras que se puede mejorar la transversalización del enfoque de sostenibilidad medioambiental y de cambio climático.

1.4 Análisis de la estrategia nacional de desarrollo 2021-2025 en base a las 5 P para no dejar a nadie atrás.

El compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados en la Agenda 2030 se ve plasmado en la Agenda Patriótica o del Bicentenario 2025, con sus 13 pilares que se encuentran vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda se constituye en una política de Estado a mediano y largo plazo con una visión integral de desarrollo del país; implementada en una primera fase mediante la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y con continuidad en el nuevo Plan de Desarrollo 2021-2025, con objetivos, metas y resultados definidos para el año 2025 y que constituye la base para el nuevo MAP 2022 2025

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 – 2025 toma en cuenta la necesidad de avanzar en los desafíos pendientes relacionados con el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo y de la salud, la reforma de la justicia, la innovación en ciencia y tecnología, el comercio justo y el ahorro interno, etc. Se señalan a continuación en este análisis aquellos lineamientos del PDES que resultan estratégicos para la Cooperación Española, tanto por su trayectoria de trabajo en el país como por su proyección hacia en nuevo MAP, considerando las dimensiones de la agenda 2030 y los ODS asociados.

Prosperidad.

Esta dimensión como ya se mencionó, aglutina las prioridades del PDES y el 44% de las intervenciones ejecutadas de 2018 a 2021 y comprometidas a corto plazo por la Cooperación Española⁽³⁾. Especialmente significativas son las intervenciones relacionadas con la universalización de los servicios básicos, especialmente el acceso al agua, la reducción de las desigualdades sociales y económicas y el aseguramiento de la producción agropecuaria. Destaca en el PDES la voluntad del Estado Boliviano de fortalecer sus infraestructuras, su capacidad productiva y económica para robustecer su autonomía y el bienestar de su ciudadanía.

^{(3)  Los porcentajes están calculados sobre el análisis de 150 intervenciones registradas desde 2018, algunas activas y otras cerradas que constituyen el 85% del total de las consignadas por la Cooperación Española para el próximo Marco de Asociación País 2022-25.}

Personas.

En esta dimensión están involucrados dos ejes del PDES que cuentan con un apoyo del 20% de las intervenciones ejecutadas desde 2018 y comprometidas a partir de 2021 por la Cooperación Española, centradas en la formación profesional y la investigación con enfoque productivo y para la consolidación del sistema nacional de salud.

Paz.

En este eje del PDES se incluyen iniciativas muy ambiciosas de la cooperación internacional para apoyar la reforma del sistema de justicia en el país y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y supervivientes de violencias, especialmente las mujeres. El 12% de las intervenciones ejecutadas desde 2018 y comprometidas a partir 2021 por la Cooperación Española están dedicadas a esta dimensión clave también recogida en el concepto del ODS 16, como objetivo habilitante para el cumplimiento del resto de la Agenda 2030.

Planeta.

Se consideran en esta dimensión las intervenciones de la Cooperación Española dirigidas a mitigar los efectos adversos del cambio climático, incluso aquellas relacionadas con la gestión hídrica, que suponen el 5,2% de las intervenciones ejecutadas desde 2018 y comprometidas a partir de 2021 por la Cooperación Española.

Alianzas. (Partnerships).

La acción se realizará en estrecha asociación con el gobierno nacional y los gobiernos locales del Estado Plurinacional de Bolivia y bajo su liderazgo. La red de alianzas incluirá a otros socios bilaterales y multilaterales de cooperación para el desarrollo, así como de cooperación descentralizada, a la sociedad civil y a la empresa privada.

1.5 Conclusiones.

De cara a la toma de decisiones estratégica en el siguiente apartado, considerando el análisis del contexto, la posición de la cooperación europea y española y la planificación del Estado Plurinacional de Bolivia para el nuevo periodo, se identifican los siguientes parámetros como guía:

– El nuevo MAP 2022-2025 renovará el compromiso de la Cooperación Española con el alineamiento en torno a las prioridades marcadas por Bolivia. El nuevo MAP se alineará estratégicamente con el PDES 2021-2025, que se tomará como referencia principal para desarrollar la fase de Decisiones Estratégicas, específicamente en relación con los alineamientos del PDES previamente identificados y vinculados con las fortalezas y capacidades de la Cooperación Española, tanto por su trayectoria de trabajo en el país como por su proyección hacia el futuro.

– El nuevo MAP 2022-2025 se armonizará con la acción de la Unión Europea a través de la Estrategia Conjunta de Cooperación, en la que España ha concentrado su potencial contribución futura en el desarrollo de 5 subobjetivos en coordinación con otros actores de la UE.

– Por la vigencia de los principales resultados propuestos en el anterior MAP, así como por la amplia cartera abierta de proyectos en ejecución de presupuesto 2018-2021 y los compromisos firmes de ese mismo periodo pendientes de ser transferidos, el nuevo MAP 2022-2025 se plantea como un acuerdo de continuidad. De hecho, se desarrollarán estrategias para acelerar la ejecución de los compromisos pendientes de ejecución.

– Se construirá sobre lo construido, especialmente en lo relativo a la gobernanza democrática, igualdad de género y lucha contra violencias, enfoque de derechos, especialmente el derecho humano al agua, y enfoque de fortalecimiento de políticas públicas.

– Para alinearse con el PDES, se fortalecerá el enfoque de transición ecológica justa considerando el cambio climático y se promoverá más el desarrollo productivo sostenible centrado en las personas, especialmente los colectivos más vulnerables como los pueblos indígenas.

– En el desarrollo del nuevo MAP se continuará priorizando la apropiación, recabando la posición de los actores locales y la visión a medio/largo plazo, gestionando adecuadamente la relación de esta visión con las coyunturas políticas, sociales y económicas.

– Se considerará, en todo caso, el valor añadido que la Cooperación Española pueda tener en nichos específicos de vulnerabilidad que requieran de políticas públicas específicas con cooperación internacional para el desarrollo. Este valor se analizará considerando aspectos cuantitativos y cualitativos con especial consideración de los diferentes instrumentos y modalidades, incluyendo la cooperación descentralizada y la cooperación con la sociedad civil.

2. Resultados de desarrollo sostenible.

2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.

Para la elaboración de este Marco de Asociación País, la Cooperación Española se alinea con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones.

Tanto el Plan de Desarrollo Económico y Social como la Estrategia Conjunta están enmarcados en la Agenda 2030 y establecen su correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para alcanzar los ODS en el año 2030, Bolivia ha establecido la Agenda Patriótica 2025 que contiene 13 pilares con el objetivo de lograr instituciones y políticas públicas más incluyentes, participativas y democráticas y una sociedad libre de discriminación y de racismo. La ejecución de la Agenda Patriótica —que ya tuvo una primera fase de implementación a través del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 y tiene continuación con el PDES 2021-2025— es una responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno. La sociedad civil (organizaciones sociales y sector privado) pueden desempeñar un rol fundamental en la implementación efectiva de esta agenda de desarrollo.

La Agenda Patriótica 2025 y los ODS para 2030 contemplan una visión compartida a través de los 13 pilares. No obstante, las intervenciones de la Cooperación Española en su conjunto afectarán en su contribución a siete de los trece pilares del PDES: Pilar 1: Erradicar la Pobreza Extrema; Pilar 2: Universalización de los Servicios Básicos; Pilar 3: Salud, Educación y Deporte; Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación; Pilar 8: Soberanía Alimentaria; Pilar 11: Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública; Pilar 12: Disfrute y Felicidad.

Así también, la Cooperación Española contribuirá, a través de los distintos instrumentos y modalidades de los que se dispone, a las diferentes metas y líneas de acción de los ODS en el marco de cinco dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Alianzas.

El Informe Nacional Voluntario de Bolivia 2021 contempla los principales indicadores de los ámbitos económico, social y medio ambiental de catorce (14) ODS que se encuentran vinculados al Plan de Desarrollo, y muestran el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de las metas de los ODS. Dicho informe refleja los logros alcanzados hasta el año 2020 en los ámbitos económico, social y medio ambiental. Se evidencian progresos en reducción de la pobreza y la desigualdad, en la nutrición de los niños y la producción de alimentos, acceso a servicios de salud y educación, a servicios básicos, participación de las mujeres en las decisiones políticas del Estado, así como avances en la generación de energías renovables, entre otros. Aun así, el informe señala que persisten importantes desafíos por afrontar.

El desafío hacia el Bicentenario del país es revertir la afectación en la actividad económica del país que llevó a una reducción en los niveles de ocupación y por ende a disminuciones en los ingresos de los hogares, lo que repercutió en un incremento en el número de hogares que no podían cubrir sus necesidades básicas alimentarias con los recursos que disponían. La Agenda Patriótica 2025 ha establecido que para el Bicentenario del país la pobreza extrema debe reducirse al 5%.

Derecho al agua.

El año 2019, el 45% de los puntos de monitoreo presenta calidad hídrica buena, registrando una reducción de 9 puntos porcentuales respecto a la línea de base del año 2015. La variabilidad del indicador se debe a la dinámica propia del área, es decir, al desarrollo de nuevas actividades productivas, las cuales podrían generar nuevos impactos, o por el contrario, las actividades instaladas a la fecha podrían implementar acciones que mejoren anualmente la calidad hídrica. Además, para la implementación de la red de monitoreo se priorizaron cuerpos de agua con problemas de deterioro en su calidad debido a presiones antrópicas de origen minero, industrial y urbano. La meta a 2030 es que al menos el 60% del total de puntos de monitoreo estén en los rangos mínimos aceptables de los parámetros básicos de calidad del agua, definidos en la norma de contaminación hídrica.

Derecho a la educación.

En marzo de 2020, debido a la propagación de la COVID-19, se suspendieron las labores educativas presenciales y en agosto se clausuró el año escolar, promoviendo de manera automática al siguiente curso a todo el alumnado de los niveles inicial, primaria y secundaria. Estas medidas tuvieron efectos adversos en la educación; muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes interrumpieron su formación, lo que representó un retroceso en el logro de las metas como país planteadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y de desarrollo sostenible en los plazos establecidos. Por ello, y con el objeto de retomar el rumbo trazado, se acordó realizar acciones orientadas a recuperar el derecho a la educación para todas las personas en Bolivia y declarar el año 2021 como el «Año por la Recuperación del Derecho a la Educación».

Derecho a la salud.

El Programa Nacional y los 11 Programas Regionales de Malaria se han fortalecido institucionalmente para realizar diferentes acciones a fin de controlar la enfermedad y eliminar la malaria, entre las principales acciones que se ha venido implementando destacan: i) los puntos de diagnóstico y tratamiento de base comunitaria; ii) distribución de mosquiteras impregnados con insecticida; y iii) visitas domiciliarias para enseñar cómo combatir la enfermedad en el domicilio. Estas acciones, si bien permitieron mantener el IPA por debajo de 2,0 por mil habitantes entre 2015 y 2018, han sido insuficientes para evitar el incremento constante que este índice reportó en el año 2020 con un IPA de 2,68 por mil habitantes, incremento explicado principalmente por la pandemia de la COVID-19 y la restricción de actividades.

Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutrición.

La meta nacional planteada al año 2030 es reducir la proporción de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición crónica al 6,4%, por lo que la combinación de políticas y acciones integrales contempladas por el país serán importantes para lograr este desafío.

Acceso a la justicia.

El Estado Plurinacional de Bolivia emitió la Ley N° 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la lucha integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con la finalidad de agilizar los procedimientos en materia penal. Esta acción entre otras permitió que entre 2015 y 2019, el porcentaje de causas resueltas en la vía judicial se reduzcan en 4,4 puntos porcentuales. En 2021, el Órgano Judicial habría resuelto un poco menos de la mitad (49,2%) del total de causas en tramitación en ese año. La meta al año 2030 para este indicador incrementar su valor hasta situarse en 75%.

Derechos culturales.

La cultura es una herramienta clave en los procesos de gobernanza democrática y participación individual y colectiva para el ejercicio efectivo de la ciudadanía y de la libertad de expresión. La incorporación de la cultura de manera transversal en ámbitos como la sostenibilidad ambiental, el emprendimiento empresarial, la habitabilidad básica, la igualdad de género, la educación para la ciudadanía global, la gobernanza democrática y la inclusión, entre otros, contribuye a avanzar en resultados de desarrollo sostenible y en mejorar la apropiación de las actuaciones. En este sentido, el Programa de Patrimonio profundizará en su alineamiento con la Agenda 2030 orientada a lograr ciudades seguras, inclusivas y accesibles.

2.2 Alcance territorial.

La Cooperación Española se concentrará en la población más vulnerable allá donde se encuentre, conforme al principio de «no dejar a nadie atrás». Por tanto, se trabajará en función de las oportunidades de transformación de la vulnerabilidad de personas, comunidades y pueblos víctimas del cambio climático y las dinámicas demográficas por él provocadas; por el crecimiento demográfico; víctimas de todo tipo de violencias; o de la falta de acceso a justicia.

Este enfoque conlleva el apoyo estratégico a políticas nacionales y, en lo que se refiere a la localización de la cooperación, se priorizarán las iniciativas donde confluye la vulnerabilidad medioambiental y social, específicamente los territorios de pueblos indígenas, considerando también las zonas de recepción de migración interna tanto en las zonas rurales como en las áreas periurbanas.

La Cooperación Española buscará sinergias con las políticas nacionales y locales, así como entre todos los actores de la Cooperación Española y otros socios de cooperación internacional, para confluir en espacios sociales o territoriales guiada por la eficacia y eficiencia en la consecución de los resultados y la capacidad de seguimiento.

2.3 Marco de resultados.

Tomando en consideración el análisis y la reflexión realizada en durante la fase de Análisis, se llevaron a cabo una serie de talleres participativos que contaron con la asistencia de los principales agentes de cooperación aliados de las Cooperación en el país. Como resultado se ha establecido la estrategia de asociación con el país, definiendo los resultados a los que la Cooperación Española va a contribuir y los socios con los que se trabajará en el marco de la Agenda 2030.

El Marco de Resultados que se presenta a continuación refleja el marco de trabajo entre la Cooperación Española y Bolivia en línea con la Agenda 2030, el cual permitirá realizar el seguimiento de los resultados definidos, incentivando a los actores participantes a la colaboración y a la creación de alianzas, para ser colectivamente más eficaces.

El marco de resultados asociado a este MAP representa una cadena lógica de resultados con dos niveles, estando el primero, a su vez dividido en dos subniveles:

– Resultados de Desarrollo (Nivel 1.0), definidos por el propio gobierno boliviano en base a su Plan de Desarrollo y con un impacto y efecto a largo plazo. Tres resultados de desarrollo relativos otros tantos ámbitos de actuación (nivel 1.1) definidos de forma agregada sobre los resultados del anterior nivel para mayor claridad en la gestión y seguimiento; y

– Resultados Intermedios (Nivel 2) definidos por los actores de la Cooperación Española junto con los socios bolivianos y que representa las prioridades estratégicas de la cooperación española para los próximos 4 años.

El Marco de Resultados se adjunta en el Anexo 01 en formato tabla Excel.

Los resultados incluidos en el presente MAP responden también a dos grandes objetivos o fines estratégicos en el país que suponen un compromiso de respaldo por parte de la Cooperación Española a las prioridades del Plan de Desarrollo Nacional y al fortalecimiento de capacidades de los actores bolivianos en su desarrollo, incluyendo el enfoque de derechos humanos:

1. Objetivo Estratégico 1 en el país: Los grupos de población en situación de vulnerabilidad en Bolivia mejoran su acceso a servicios básicos con resultados positivos en términos de cohesión social y del ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales (salud, educación, igualdad, justicia, hábitat saludable y cultura).

2. Objetivo Estratégico 2 en el país: Los actores públicos y de las OSC mejoran sus capacidades y medios para ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos e implantar medidas de política pública en línea con el PDES que reduzcan las desigualdades económicas, sociales y de género y preserven el patrimonio cultural y natural.

Todos los resultados intermedios que guiarán las actuaciones y esfuerzos de la Cooperación Española en Bolivia en los próximos años se orientan en alguno de sus aspectos a contribuir a alguno o a ambos de esos dos grandes propósitos.

Se presentan a continuación los Resultados Intermedios de la Cooperación Española agrupados por tres ámbitos que responden a los resultados de desarrollo agregados del marco de resultados: transición ecológica justa, cohesión social y gobernanza democrática y género.

En el ámbito de la transición ecológica justa, las prioridades de la Cooperación Española se articulan en torno a tres resultados intermedios centrados en aspectos como la mejora del acceso al agua y al saneamiento, la producción sostenible de alimentos y la adaptación y mitigación del cambio climático.

Resultado de Desarrollo agregado 1: La población boliviana accede en condiciones de igualdad a sus derechos al agua y al saneamiento, a la alimentación y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Si bien en Bolivia existe un Plan Nacional de Cuencas, este no es un plan acabado, sino una propuesta y un marco orientador para la acción en construcción social y participativa al que la Cooperación Española pretende contribuir. Este marco parte de la gestión de cuencas desde el nivel local y regional, en un esquema donde la gestión es interinstitucional y multiactor. En este ámbito, existen muchos retos a nivel técnico y social para abordar la problemática de una forma integral, como el de integrar los sectores de medio ambiente y desarrollo rural para tender a una agricultura sostenible, climáticamente amigable y eficiente.

El país se encuentra entre los 20 países con mayor disponibilidad de agua, pero la distribución desigual del agua y su deficiente gestión provocan frecuentes desastres naturales y conflictos sociales relacionados con cuestiones ambientales. Además, la falta de manejo de residuos sólidos aumenta la posibilidad de contaminación del agua ya sea para consumo o riego.

Bolivia es el 10 país más vulnerable al cambio climático (Germanwatch, Global Climate Risk 2021). A pesar de las importantes tasas de deforestación y tala ilegales, éstas han tenido un comportamiento decreciente en los últimos tres años (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra). Bolivia todavía alberga aproximadamente el 3,5% de los bosques del mundo, incluida la Amazonía y, desde la perspectiva de la biodiversidad, tiene tres de los cinco ecosistemas regionales más importantes. En cuanto a biodiversidad, Bolivia cuenta con una importante riqueza tanto en cuanto a especies animales como de plantas, de tal manera que tiene la calificación de país megadiverso, situado entre los 17 países considerados como tales en el mundo.

La contribución de la Cooperación Española va dirigida a fortalecer a los actores públicos y las OSC en sus acciones y en su capacidad de previsión para mitigar el cambio climático con un aprovechamiento del agua que se traduzca en un aseguramiento de los servicios del agua potable, saneamiento e higiene a nivel comunitario.

Esta transición ecológica de acuerdo al PDES debe ir acompañada de un incremento sostenible de la producción y productividad agropecuaria de las comunidades y un mejor acceso a los alimentos. En este sentido, cabe señalar que la agricultura familiar y comunitaria constituye una parte importante de la actual estructura productiva agropecuaria nacional, sobre todo en el altiplano y los valles del país, con una contribución significativa a la producción de alimentos para el consumo local y la generación de ingresos por la venta de esta producción en los mercados locales de productos. No obstante, y según un estudio del BID, por la relación entre biodiversidad y el ingreso/consumo a nivel municipal, se estima que las poblaciones locales tendrán pérdidas en el orden del 0,9% del PIB para el año 2100 a nivel nacional, pero de hasta el 4,8% en el departamento de Potosí.

En este sentido, la Cooperación Española planea apoyar a las comunidades indígenas y campesinas para que participen de la gestión y conservación del medioambiente como actores protagónicos.

El país cuenta con 22 áreas protegidas de carácter nacional, además de las departamentales y municipales que, en total, cubren una superficie de 25,6 millones de hectáreas, que representa aproximadamente el 23% de la superficie total del país. La mayor parte de las áreas protegidas nacionales sufren impactos provocados por diversos tipos de actividades, y las departamentales o municipales tienen una incipiente gestión o carecen de ella. La explotación de hidrocarburos y la actividad minera, además de la ampliación de la frontera agrícola, son los principales problemas que afectan la biodiversidad que estas áreas pretenden proteger.

En el ámbito de la cohesión social, las prioridades de la Cooperación Española se articulan en torno a tres resultados intermedios centrados en la mejora del acceso a la educación, la salud o la cultura en el país.

Resultado de Desarrollo agregado 2: Reforzada la cohesión social boliviana a través del ejercicio de los derechos a la educación, la salud y culturales por parte de la población.

En primer lugar, es claro el impulso que en el ámbito del acceso a la educación se ha dado en Bolivia en los últimos años. La intención del Estado Boliviano de garantizar el acceso a una educación básica integral para toda la población se recoge en el eje 5 del PDES, donde se pone de manifiesto un objetivo claro por mejorar la calidad de la educación y se da continuidad a la puesta nacional por el fomento de la formación técnica profesional recogida en la Ley Educativa 070, promulgada en 2010. Aún estando pendiente la actualización del Plan sectorial de Desarrollo Integral de Educación para el Vivir Bien para los próximos años, los desafíos en este ámbito orientan las actuaciones de forma clara hacia la mejora de los contenidos y calidad de la educación, donde la Cooperación Española viene desempeñando un rol relevante en el conjunto de países socios donantes.

Continuando con las acciones implementadas en los últimos años, se pretende fortalecer las capacidades del personal docente en una educación integral, intercultural y plurilingüe a través de varias líneas de actuación prioritarias como son la formación de postgrado de maestros y maestras, el refuerzo de las capacidades tecnológicas del personal docente, el apoyo a la introducción de mejoras en la currícula especializada y la innovación educativa; así como el soporte a la gestión del conocimiento, investigación y generación de evidencias para la mejora de la calidad y el incremento de la cobertura educativa.

Al mismo tiempo, la apuesta clara de la Cooperación Española por ampliar el acceso a una educación pública gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad se materializará en el apoyo a la educación técnica productiva de jóvenes y mujeres, principal y particularmente en la consolidación del sistema de formación técnica orientado a la inserción laboral en ámbitos relacionados con la conservación y restauración de bienes patrimoniales.

Con respecto a la salud, el Gobierno de Bolivia tienen como objetivo garantizar el derecho y acceso a la salud de todos los bolivianos y bolivianas por lo que continúa impulsando un modelo de cobertura universal de salud a través del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito-SUS. La escasez de recursos nacionales asignados y la presión que la pandemia de la COVID-19 ha ejercido sobre el sistema sanitario boliviano hacen que la extensión del sistema SUS continúe siendo uno de los objetivos destacados en el eje 6 del PDES 2021-2025. Alineada con este marco estratégico, la CE dará continuidad a las líneas de actuación llevadas a cabo hasta el momento orientándolas hacia tres resultados concretos. En primer lugar, se apoyarán los esfuerzos del estado boliviano en la implementación de sus políticas sectoriales de salud, de forma particular en el desarrollo de la Política Nacional de Donación de órganos, la implementación de la Política nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI en los tres niveles de la atención sanitaria, así como la ya mencionada extensión del sistema SUS. En segundo lugar, se pretende reforzar las capacidades de los profesionales sanitarios mediante el apoyo a la currícula educativa sanitaria especializada y la formación de especialistas y subespecialistas; al mismo tiempo que se pondrá atención a la recuperación de la medicina tradicional /rural y el reconocimiento y certificación de dichas capacidades. Por último, desde la Cooperación Española se tiene particular interés en promover que grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas y supervivientes de trata y de violencia de género, indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI+, personas con VIH, personas migrantes, etc.) accedan a servicios de salud especializados, inclusivos y de calidad, a través del fortalecimiento de la Atención Integral de Primera Infancia y los Servicios sanitarios en salud sexual y reproductiva; de la mejora de la atención sanitaria a enfermedades transmisibles (malaria, VIH, Chagas, tuberculosis, COVID); de la integración del enfoque de género y la atención a la violencia de género en los servicios de salud; y del fortalecimiento de la sociedad civil para la defensa y promoción del derecho a la salud.

Por último, Bolivia ha dado pasos relevantes en el reconocimiento de su diversidad cultural y riqueza natural, y así se ve reflejado en el Eje 10 del PDS 2021-2025, que establece como tarea primordial para los próximos años la protección, restauración, recuperación, conservación, revitalización y difusión del patrimonio material e inmaterial del país. Sin duda la Cooperación Española, con su enfoque innovador en la vinculación de cultura y desarrollo, es hasta el momento un referente para Bolivia en este ámbito, siendo claro el esfuerzo que desde la misma se va a seguir haciendo para continuar con este rol clave en la protección y gestión del patrimonio material e inmaterial como elemento generador de desarrollo sostenible. Para ello se establecen dos resultados intermedios claros que enmarcarán las actuaciones en los próximos años en asuntos culturales y de patrimonio. El primero está orientado a la protección y promoción de los derechos culturales de grupos en situación de vulnerabilidad, participando activamente en la preservación y reconocimiento de su propio patrimonio cultural, especialmente en sectores rurales y periurbanos, y facilitando el acceso a bienes culturales a niños, niñas y adolescentes. Otra línea de actuación pondrá el énfasis en la recuperación (investigación y catalogación) y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas. Igualmente, se continuará con la formación permanente de nuevos profesionales en oficios relacionados con la salvaguarda del patrimonio y la recuperación de los oficios tradicionales y sus conocimientos, así como la capacitación de profesionales restauradores y expertos en museología. En un segundo resultado se pone el foco en los actores públicos y de la sociedad civil organizada y se orienta a la mejora de sus capacidades de desarrollo de políticas culturales públicas y la gestión sostenible del patrimonio cultural material e inmaterial. Para ello, se han identificado las siguientes líneas de actuación: apoyo para el fortalecimiento de políticas culturales públicas y coordinación con los distintos estamentos del estado boliviano; asistencias técnicas a municipios urbanos y rurales para que salvaguarden su patrimonio cultural y natural; colaboración con Unidades de Patrimonio de gobiernos autónomos municipal y gubernamental y organizaciones sociales relacionadas con las manifestaciones culturales; y apuesta por el turismo y gestión sostenible del patrimonio cultural en clave de preservación y autosostenibilidad.

En el ámbito de la gobernanza democrática y género, las prioridades de la Cooperación Española se articulan en torno a otros tres resultados intermedios centrados en aspectos como la reforma de la justicia, el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad y la participación política de las mujeres.

Resultado de Desarrollo agregado 3: La población boliviana accede a la justicia y la igualdad, incrementando su participación social y política en un marco de gobernanza democrática y protección de los derechos humanos.

En primer lugar, el acceso limitado a la justicia es una de las debilidades históricas del sistema de justicia boliviano, que enfrenta procedimientos prolongados, un excesivo formalismo y una cobertura geográfica desigual de tribunales y servicios legales. Durante décadas, la cooperación internacional ha acompañado la consolidación de las instituciones de justicia penal. Sin embargo, persisten los desafíos de (i) cobertura limitada y restringida a ciudades más grandes e intermedias; (ii) financiamiento inadecuado; (iii) necesidades de personal y equipo (incluyendo la alta rotación); y (iv) coordinación insuficiente y superposición de mandatos. La Cooperación Española se propone seguir apoyando la extensión de la cobertura de los servicios que facilitan el acceso a la justicia de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, mujeres, menores y víctimas del delito, principalmente.

En las últimas décadas, Bolivia ha dado importantes muestras de voluntad política para disminuir las brechas de género. Desde la promulgación de la nueva Constitución de 2009, que establece en más de una veintena de artículos los derechos de las mujeres a desenvolverse libres de presión y toda forma discriminación en cualesquiera de los diferentes ámbitos, se ha ido acelerando el desarrollo legislativo y la elaboración de políticas enfocadas a la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Respecto de la participación política de mujeres, Bolivia está a la vanguardia de la legislación, con normas que favorecen una paridad política real. Actualmente Bolivia es el tercer país del mundo (después de Ruanda y Cuba) con mayores índices de participación de las mujeres en instituciones representativas. Sin embargo, pese una legislación explicita, la cuestión de la violencia política es preocupante y en nueve años de vigencia de la Ley 243, las dos primeras condenas se han dictaminado solo en 2020. Los principales desafíos para la implementación de estas leyes son la falta de implementación efectiva de políticas, los presupuestos inadecuados, la falta de coordinación interinstitucional, cobertura limitada del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SIPPASE) y los servicios de atención a nivel municipal y la ineficacia del sistema de justicia.

Pese a que el Estado boliviano ha ratificado los principales tratados y convenciones internacionales en esta materia y cuenta con significativos avances normativos, es preciso reforzar los mecanismos de participación y exigibilidad de derechos de las mujeres y las niñas a través del fortalecimiento del mecanismo de igualdad y de los liderazgos y organizaciones feministas y de mujeres campesinas e indígenas, compromiso adquirido desde hace años por la Cooperación Española.

Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo una reforma integral y decisiva del sector de la justicia y las reformas parciales aparecen insuficientes para abordar desafíos estructurales clave, que incluyen: independencia judicial limitada, derivada de un alto nivel de politización del sistema judicial, que se ha hecho explícito en repetidas ocasiones; falta de coordinación interinstitucional; corrupción y falta de transparencia (40% de las denuncias de corrupción están relacionadas a la justicia); ejecución limitada de la carrera judicial; excesiva duración de los procedimientos (tasas de atraso de más del 50% en la mayoría de los departamentos); presencia territorial débil y distribución inadecuada de recursos; y limitaciones en la prestación de servicios y la asistencia jurídica. Estos desafíos se agravan en lo que respecta a la justicia penal, que enfrenta una crisis de larga data, incluyendo el uso extensivo de la prisión preventiva (64% en agosto de 2020) y una sobrepoblación carcelaria del 289% (la quinta peor tasa en América Latina). La Cooperación Española se propone apoyar este proceso de reforma y modernización a través de la especialización de los operadores del sistema de justicia y el apoyo junto con sus socios de la UE al despliegue de medios materiales, especialmente los tecnológicos que permitan una efectiva interoperabilidad del sistema de justicia.

Relacionado con la transparencia del desempeño del poder judicial, una de las cuestiones a abordar es el desarrollo de las estadísticas judiciales también como insumo para el desarrollo de las políticas públicas sectoriales. Este aspecto, junto al fortalecimiento del Órgano Electoral Plurinacional y el desarrollo de un modelo de gobierno abierto e inteligente a nivel municipal, son las vías elegidas por la Cooperación Española para mejorar la participación social y política paritaria y el diálogo intercultural.

Finalmente, en relación con la violencia de género, el marco normativo para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas es especialmente innovador en Bolivia, destacando dos leyes: la 'Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia' (348/2013), que es uno de los escasos ejemplos latinoamericanos de leyes integrales contra la violencia basada en género; y la Ley contra el acoso y violencia política (243/2012), la primera de este tipo en la región. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y los niveles de violencia e impunidad siguen siendo extremadamente altos: Según el documento de rendición de cuentas 2021 del Tribunal Supremo de Justicia, el porcentaje de causas resueltas en Juzgados de sentencia de violencia contra las mujeres en ciudades y provincias alcanza a 18%, mientras que las resueltas en Tribunales de sentencia de violencia contra la mujer en ciudades y provincias alcanza al 29,1%. Bolivia es el cuarto país con mayor tasa relativa de feminicidios en Latinoamérica y el primero en Sudamérica. En el caso de la Ley 263 sobre el tráfico y trata de personas, cabe señalar que se han detectado falencias en su diseño e implementación que parecen aconsejar una eventual reforma para tratar de revertir el bajo nivel de enjuiciamiento de estos delitos.

Por abordar el déficit en la aplicación de este marco normativo contra las violencias, se hace necesario seguir apoyando la especialización de la cadena de justicia en violencia de género, trata y tráfico de personas; el apoyo a servicios de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias machistas; promoción de la coordinación y articulación interinstitucional y con sociedad civil en materia de violencias por razón de género, trata de personas y no discriminación hacia las personas indígenas y LGTBI; y la generación de información y evidencia sobre estas violencias. Estas líneas serán los puntales de actuación de la Cooperación Española en los próximos 4 años en este ámbito.

Prioridades Transversales.

La cooperación entre España y Bolivia considerará las siguientes prioridades transversales que, en todos los casos, están insertas también en los resultados intermedios de desarrollo definidos para el MAP.

Gobernanza democrática.

Todas las intervenciones considerarán en su identificación el aporte a las políticas públicas del ámbito de que se trate, describiendo la estrategia de apoyo en cada caso. Se valorará también, en todos los casos, el impacto que la intervención pueda tener en el fortalecimiento de las administraciones públicas locales o nacionales de manera que se asegure una sinergia positiva y se eviten fardos administrativos que dificulten el normal funcionamiento de las instituciones. Se promoverá la armonización con otros actores con este mismo fin.

Se pondrá un muy especial énfasis en la localización de la acción en alianza con gobiernos departamentales y municipales, promoviendo siempre la gobernabilidad y la gobernanza locales. Se desarrollarán estrategias compartidas en intervención en el ámbito local entre actores de la cooperación descentralizada y de la Administración General del Estado.

Derechos humanos.

Este Marco de Asociación, a través de sus objetivos estratégicos, aplica en todos los resultados un enfoque de derechos humanos, trabajando con titulares de derechos y con quienes detenten obligaciones de protección efectiva de forma diferenciada.

En todos los ámbitos de intervención se considerará el aporte al cumplimiento y promoción de la agenda de derechos humanos (incluidos el derecho humano al agua, a la educación, a la salud…), con especial atención a la protección de los derechos de grupos en especial situación de vulnerabilidad o tradicionalmente discriminados y excluidos (mujeres, infancia, pueblos indígenas, personas LGTBI+, personas con discapacidad, entre otros).

Siguiendo la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas al Estado español en abril de 2019, y como consecuencia del mandato contenido en el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que España es parte, en todas las acciones que se desarrollen en el marco del presente MAP, se incorporarán de manera transversal los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, cuando sea posible, las organizaciones representativas de personas con discapacidad serán consultadas y participarán en la aplicación de los planes programas y proyectos que se desarrollen.

Igualdad de género.

La igualdad de género y la lucha contra la discriminación y las violencias por razón de género se plantean como una prioridad transversal en el conjunto de resultados intermedios del MAP, además de como un área específica de intervención dentro de la gobernanza democrática. En la identificación de las intervenciones, se describirá y valorará el impacto en la promoción de la igualdad de género.

Sostenibilidad ambiental.

Además de las intervenciones para conseguir los resultados intermedios identificados directamente relacionados con la sostenibilidad ambiental, se considerará el impacto positivo o negativo que las demás intervenciones puedan tener en la sostenibilidad medioambiental. Se desarrollarán estrategias en cada caso para maximizar los impactos positivos y reducir los negativos.

Diversidad cultural.

Se considerará la diversidad cultural en los procesos de identificación y de implementación de las intervenciones como elemento imprescindible para el éxito de éstas y para la defensa de los derechos culturales de todas las personas, con especial atención a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Se promoverá el diálogo intercultural en todos los ámbitos como fuente de desarrollo sostenible, cohesión social y paz.

Se promoverá la redacción de estrategias específicas en cada caso para facilitar la eficacia de las transversalizaciones, así como el seguimiento de su aplicación.

3. Alianzas para la estrategia.

3.1 Red de alianzas.

Para la promoción de políticas de desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia que permitan el alcance de los resultados previstos en este Marco de Asociación País se establecerán alianzas institucionales a varios niveles.

Bajo el liderazgo en cada caso del Ministerio de Planificación del Desarrollo y de los ministerios bolivianos responsables de las respectivas políticas y sectores de actuación, así como de las autoridades locales respectivas de las zonas de actuación, se establecerán diálogos y asociaciones estratégicas con los siguientes actores:

– Entidades públicas españolas.

– Otros socios de cooperación bilateral y, especialmente, con la Unión Europea y sus Estados miembros, con los que se trabaja en el marco de la Estrategia Europea Conjunta de Cooperación para el Desarrollo.

– El sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales, con especial mención al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) con sede en La Paz.

– Otros socios de cooperación multilateral financiera que permitan expandir el impacto de la cooperación financiera conjunta o paralela.

– Actores de la sociedad civil, organizaciones y movimientos sociales y entidades del sector privado tanto bolivianos como españoles, que actuarán como promotores de la participación en las políticas públicas de desarrollo ya sea a través del diálogo con otros actores como de la implementación de intervenciones de desarrollo en alianza o asociación con otros actores.

Entre las alianzas previstas caben destacar las ya establecidas en los siguientes ámbitos de actuación:

Transición ecológica justa:

En agua y saneamiento está establecida una alianza entre el MMAYA, la AECID, la UE y el BID que integra la ejecución tanto de la cooperación financiera como la no reembolsable en un programa articulado y en coordinación con todos los socios de cooperación, las ONGD españolas y sus socias locales. En esta línea se cuenta también con potenciales socios como ONU Habitat y UNICEF.

En producción sostenible en zonas medioambientalmente vulnerables y afectadas por el cambio climático, se establecerán alianzas entre el MMAYA, gobiernos locales, la AECID, cooperación de comunidades autónomas y entidades locales, actores de la sociedad civil boliviana (incluyendo organizaciones indígenas y campesinas) y ONGD españolas. Otros socios estratégicos son PNUD y FAO. Estas alianzas se articularán locamente en cada zona de actuación.

Cohesión social

Para alcanzar los resultados vinculados a salud, se consolidará la alianza entre el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, la AECID y el Ministerio de Sanidad de España a través de FCSAI, especialmente para formación en especialidades médicas y el programa de trasplantes. Se profundizará en la alianza y articulación con OPS. Con la cooperación descentralizada y las ONGD españolas se articulará la acción de promoción del acceso a servicios de salud.

En educación y gestión del conocimiento, se trabajará en alianza con el Ministerio de Educación, la AECID, la Universidad Pedagógica responsable de la formación de postgrados de profesores en el sistema nacional y universidades españolas. En alianza con la cooperación descentralizada y las ONGD españolas y sus socias locales se trabajará en la promoción del acceso a la educación. Además, se profundizará en alianzas con UNICEF para mejorar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes.

En lo que se refiera a cultura y desarrollo, se trabajará en alianza con las entidades nacionales y locales responsables de políticas culturales, con la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y actores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones indígenas y campesinas y ONGD españolas, así como con organismos multilaterales como la UNESCO y ONU Habitat.

Gobernanza democrática y género

Se trabajará en acceso a la justicia y reforma del sistema en alianza con todas las instituciones del sector justicia, la AECID, la UE, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y organizaciones de la sociedad civil. Para el apoyo a la Asamblea legislativa y al órgano electoral, así como a los procesos de participación social y política en el marco de la democracia paritaria se trabajará en alianza con el PNUD, ONU Mujeres y otros socios de cooperación europeos.

Para la acción contra la violencia de género y la trata de personas, se trabajará en alianza entre el Ministerio de Justicia, la AECID, la UE, la FIIAPP, ONU Mujeres, la cooperación descentralizada, las ONGD españolas y las organizaciones de la sociedad civil bolivianas.

3.2 Modalidades e instrumentos.

Los actores de la Cooperación Española involucrados en este MAP deberán dedicar esfuerzos para que la mayor parte de sus presupuestos destinados al país estén alineados con los objetivos, resultados de desarrollo e intermedios en él acordados.

La Cooperación Española se implementará a través de las modalidades e instrumentos que se mencionan a continuación.

Cooperación bilateral y multilateral de la AECID a través de aportaciones no reembolsables. Se continuará con los aportes a través de los Fondos Temáticos (Ellas+, FONTEC, Asistencia Electoral, Educ@ y Recuperación Temprana), así como de distintos programas regionales de la DCALC (Arauclima, Indígena, Escuelas Taller y Afrodescendientes) y del programa de Patrimonio para el Desarrollo.

Cooperación bilateral financiera a través de FONPRODE. Se prevé la implementación de, al menos, una operación de préstamo ya aprobada en agua y saneamiento.

Se estima que la cooperación descentralizada financie programas y proyectos de cooperación en Bolivia por un monto semejante al del periodo anterior.

El programa de Conversión de Deuda 2009 prevé implementar en este periodo inversiones hasta la finalización de los fondos restantes.

Además, la AECID implementará proyectos de cooperación delegada de la Unión Europea de forma articulada con otros instrumentos de la Cooperación Española y de otros socios de cooperación.

En lo que se refiere a cooperación en ciencia y tecnología, se explorarán oportunidades dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), que genera proyectos de I+D estratégicos donde participan empresas y expertos que desde esta plataforma acceden a importantes fondos internacionales. España cofinancia el programa a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro del Desarrollo Tecnológico y de Innovación (CDTI). También se explorará la posibilidad de utilizar el programa FONTAGRO, mecanismo único de cofinanciamiento sostenible para el desarrollo de tecnología agropecuaria en América Latina, el Caribe y España e instituye un foro para la discusión de temas prioritarios de innovación tecnológica. España participa en el programa a través del Instituto Nacional Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La AECID cuenta con tres unidades de cooperación integradas en la Embajada de España en Bolivia y articuladas entre sí:

– Centro Cultural de España en La Paz.

El Centro Cultural de España en La Paz, abierto hace diez años, forma parte de la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Es la unidad de la Cooperación Española responsable de la programación en Bolivia de actividades culturales con enfoque de derechos y de desarrollo sostenible desde su sede principal en la capital. La actividad del Centro incorpora la cultura de manera transversal en ámbitos como los derechos humanos, la igualdad de género, la educación, a sostenibilidad ambiental, el emprendimiento empresarial en el ámbito creativo y cultural, la habitabilidad básica, la gobernanza y la inclusión, entre otros. Tiene como parte de su misión el ser un espacio de encuentro crítico que articule una comunidad plural con la ciudadanía, individualmente u organizada en colectivos; ser un referente de buenas prácticas en el sector cultural, sustentadas en la transparencia, la horizontalidad, la coherencia y la comunicación; ser un foco de reflexión, investigación y experimentación en los procesos creativos y las prácticas artísticas desde el sentido crítico, estético y la interdisciplinariedad; y contribuir en la profesionalización del sector artístico-cultural tanto a nivel técnico como teórico.

– Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra.

El Centro es una unidad especializada en gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible que forma parte de la red de centros de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe. Entre sus funciones principales destacan la coordinación y ejecución de acciones de cooperación en el ámbito de la capacitación y la transferencia e intercambio de conocimiento para su incidencia en las políticas públicas de la región. Este Centro fomenta la creación de redes de trabajo colaborativo entre personas expertas de la región que intercambien conocimiento para favorecer sinergias con actores regionales, nacionales y locales. Su ámbito temático de especialización es la cohesión social, incluyendo temas relacionados con los pueblos indígenas.

– Oficina Técnica de Cooperación.

La Oficina, abierta en 1986, es la responsable de identificar, formular e implementar las intervenciones de cooperación para el desarrollo sostenible de la AECID junto al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y coordinar la Cooperación Española en el país como Oficina de la Embajada de España en Bolivia.

3.3 Recursos.

Los recursos financieros recogidos en el anexo III son estimativos. En todo caso, el presente acuerdo no implica compromisos financieros; dichos compromisos se establecerán en documentos posteriores correspondientes a las diferentes intervenciones; su asignación definitiva estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se realizará con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados. La inversión aproximada de los instrumentos AECID será de 30M€ no reembolsables y otros 30M€ ya confirmados de cooperación reembolsable. Con la suma de la financiación de otros instrumentos, se prevé una inversión no reembolsable de al menos 100M€ que alcanzarían los 130M€ sumando la reembolsable.

En este marco, la financiación no reembolsable de convenios, programas y proyectos de ONGD españolas en el periodo se prevé que ascienda a 13M€, mientras que los fondos disponibles del programa de conversión de deuda asciendes a 20M€.

Las capacidades técnicas y de recursos humanos requeridas para la implementación por parte de la Cooperación Española, se articularán en torno a las tres unidades de cooperación mencionadas. Para el trabajo en red con los demás socios, se contará con asistencias técnicas y contrataciones de servicios especializados. Se avanzará en la gestión digital de la cooperación mejorando las bases de datos y el acceso a la información de todas las intervenciones y de los datos agregados que permitan un mejor seguimiento y favorezcan la toma de decisiones.

3.4 Riesgos.

Los siguientes riesgos pueden dificultar la ejecución del MAP en Bolivia:

Políticos.	La reciente crisis política que ha afectado al país tuvo un impacto directo en la capacidad de alcanzar los resultados previstos en el anterior MAP. En este momento no se considera que haya un riesgo alto, aunque no puede obviarse la posibilidad de escenarios de inestabilidad política que puedan afectar a la implementación. La Cooperación Española apoya la gobernanza democrática en Bolivia con acciones específicas en ese ámbito que incluyen el apoyo al buen desempeño de los poderes del Estado, pero también a través de un apoyo transversal a la gobernanza democrática en todas las intervenciones.
Institucionales.	La elevada rotación de cargos públicos y, en algunos casos, las dificultades de articulación entre instituciones del Estado pueden suponer una dificultad para la implantación de proyectos como se ha comprobado en el anterior MAP. Ante esta situación se propone trabajar en el marco de alianzas interinstitucionales con distribución del trabajo conforme a capacidades específicas de cada parte para mitigar el riesgo de ejecución por problemas de debilidad institucional.
Sociales.	La situación de pandemia parece estar en vías de solución y, en todo caso, con las lecciones aprendidas ya están tomadas medidas que permiten continuar con la implementación a pesar de esta. Se hará, de todas formas, monitoreo de la situación social del país para afrontar los ajustes necesarios en el MAP conforme se hizo en el periodo anterior. La resistencia al cambio de parte de las estructuras institucionales y funcionariales ante la innovación con enfoque social y alternativo tendrá que ser tenida en cuenta para su identificación temprana y la toma de medidas.
Económicos.	En un escenario internacional de crisis, pueden darse situaciones en las que se reduzcan o atrasen los desembolsos relativos a compromisos presupuestarios. Los proyectos deben diseñarse para que las contribuciones de cada parte puedan ser ejecutadas con impacto, aunque se atrasen otros desembolsos. Si la situación es extrema y extendida, habrá que modificar las actuaciones como ya se ha hecho en el pasado.
Medioambientales.	En Bolivia existe alto riesgo de catástrofes naturales por el cambio climático que se manifiestas de forma diferente en cada ecosistema del país. Ante esa situación, las intervenciones incluirán una estrategia de gestión de riesgos y medidas de adaptación conforme al tipo de evento o amenaza en cada zona.

4. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

En este capítulo se plantea el modelo de seguimiento acordado para el MAP de Bolivia. El propósito del proceso de seguimiento del MAP es disponer periódicamente de una visión de conjunto sobre el grado de avance en el logro de los compromisos y resultados de la Cooperación Española en el país, así como el seguimiento de los aspectos más relevantes vinculados a su desarrollo.

El objetivo en todo caso es velar por la adecuada implantación del MAP y por tanto por asegurar la contribución acordada de la Cooperación Española al desarrollo del país. Para ello, se tratará de disponer periódicamente de una visión en conjunto del grado de avance en el logro de los resultados contenidos en el presente MAP, así como los aspectos más relevantes vinculados a la programación y ejecución de las actuaciones en Bolivia en los próximos 4 años.

4.1 Seguimiento.

En este sentido, el seguimiento del MAP se abordará desde dos ámbitos: por un lado, el seguimiento estratégico, que se realizará bienalmente el segundo y cuarto años de vigencia del MAP, y por otro el seguimiento técnico, que se realizará anualmente tras su firma.

El seguimiento técnico anual consistirá principalmente en el seguimiento de las principales intervenciones en marcha y que estén asociadas al nuevo MAP, prestando atención a los hitos y dificultades relevantes en su implementación y en la recopilación de datos. También se centrará en las decisiones sobre nuevas intervenciones que sean programadas cada año, asegurando su vinculación y coherencia con los resultados y compromisos del MAP.

El seguimiento estratégico se centrará en verificar el grado de avance de los resultados intermedios asociados a las principales intervenciones y programas que se desarrollen en el país con financiación de la Cooperación Española, ya que suponen los resultados sobre los que esta puede incidir. Se centrará asimismo en la medición de los indicadores propuestos en la Matriz de Resultados. El seguimiento deberá llevar a cabo una valoración del avance del MAP, con identificación de problemas existentes en el mismo y establecimiento de medidas correctoras, y una revisión de resultados si fuera el caso.

De cara a facilitar el seguimiento, tanto técnico como estratégico del MAP Bolivia, incluyendo la recopilación de indicadores para su cuadro de resultados, se buscará acotar y enfocar el proceso en una selección de las intervenciones con más peso en recursos de la Cooperación Española en el país (p.ej. intentando seguir una regla 80/20, seleccionar el 20% de intervenciones que supongan el 80% de los recursos comprometidos en el país) o aquellas consideradas claves o relevantes de acuerdo con tres criterios: su impacto, el monto financiero y la importancia política o de otro tipo.

Para articular los dos niveles de seguimiento planteados y los actores involucrados, se acuerda la creación de una Comisión Permanente Mixta (COPERMIX) que actuará en dos niveles:

– A nivel técnico, se realizarán revisiones anuales conjuntas de grado de avance de implementación. En este foro, se contará con el liderazgo del Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia y de la Oficina Técnica de la Cooperación Española en Bolivia para coordinar el seguimiento técnico y recopilación datos intervenciones de cara a la reunión anual, así como para la redacción del informe anual de seguimiento posterior a la misma. Dicho informe será posteriormente enviado a la Cancillería boliviana y a la sede de la Cooperación Española (AECID, DGPOLDES y Equipo País Ampliado). La preparación y recopilación de datos del seguimiento técnico contará con la contribución del Grupo Estable de Seguimiento (GES) del Grupo Estable de Coordinación (GEC) de la Cooperación Española en Bolivia, que apoyará la coordinación con los distintos actores para la recogida de datos y valoración de avances previos a la reunión anual. En la reunión participará el personal técnico designado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia vinculado a instituciones de gobierno (tanto estatales como locales) vinculadas a las principales intervenciones en marcha de la Cooperación Española en el país en el marco del MAP y personal técnico designado por la Embajada de España bajo el liderazgo de la Oficina Técnica de la Cooperación Española. Se propone inicialmente el mes de septiembre del 2023 como fecha para la primera reunión de la COPERMIX a nivel técnico, manteniéndose anualmente su celebración a partir de ese momento.

– A nivel estratégico se llevará a cabo la revisión intermedia durante el segundo semestre de 2024 para realizar una actualización del contexto, y anticipar el cumplimiento de resultados y compromisos o, por el contrario, la detección de posibles riesgos de incumplimiento y establecimiento de medidas correctoras. La Oficina Técnica de Cooperación coordinará la recopilación de datos de intervenciones de cara a la reunión, así como para la redacción del informe de seguimiento posterior a la misma. En esta comisión se contará con representantes de alto nivel directivo-político del gobierno boliviano, así como una representación de la Cooperación Española comunicada por la Embajada de España. Se propone inicialmente el mes de octubre del 2024 como fecha para la reunión de la Comisión Estratégica del MAP Bolivia.

Al final de 2024, se realizará un informe técnico-estratégico, fruto de las reuniones de los Grupos de Trabajo del Seguimiento, del GES y la COPERMIX.

4.2 Evaluación.

Respecto al proceso de Evaluación del MAP, con tiempo suficiente para disponer de la información al inicio de la elaboración del siguiente MAP, se procederá a realizar una evaluación externa de cierre del MAP Bolivia. Para ello se establecerán los términos de referencia de la evaluación y del contrato del equipo evaluador y se velará porque se desarrolle según las fases previstas, coordinando y promoviendo la participación del resto de actores.

Todo este proceso, por parte española, será coordinado en Bolivia por la Oficina Técnica de la Cooperación Española, que mantendrá una comunicación continua y fluida con los actores de ambos países involucrados en el desarrollo de este Marco de Asociación.

El informe de evaluación de cierre del MAP y su resumen ejecutivo serán publicados en la web de la Cooperación Española, del MAUC y de la AECID.

4.3 Rendición mutua de cuentas y transparencia.

Por último, en aras de la transparencia y la debida rendición de cuentas mutua, se acuerda promover la difusión periódica de las actividades del MAP a todos los actores involucrados y a las ciudadanías de ambos países, especialmente el presente documento tras su aprobación, así como las principales conclusiones de los informes anuales de seguimiento y evaluación.

En este sentido, con el objeto de difundir el trabajo conjunto, los resultados y conclusiones alcanzadas, se valorarán la adopción de medidas tales como:

– Ruedas de prensa informativas dirigidas a los medios de comunicación locales o notas de prensa para su difusión en sede y en terreno, con el contenido más relevante del MAP.

– Publicación en la sección correspondiente de la web del MAUC, de la Cooperación Española y de la AECID de noticias sobre el acto de la firma y el propio documento del MAP.

– Invitación a aquellas instituciones españolas que hayan participado en el MAP a que hagan la correspondiente difusión.

– Publicación en Twitter, Facebook y resto de perfiles en redes sociales de la Cooperación Española, de la AECID y del MAUC para hacer eco del evento. Estas publicaciones en redes irán acompañadas de enlaces al documento y, en la medida de lo posible, de material audiovisual.

– Publicación en los canales de comunicación (webs, redes sociales, boletines, etc.) de las UCE en Bolivia.

– Organización de actividades de presentación y socialización de los resultados obtenidos a través de conferencias, seminarios o mesas redondas o similar.

Por último, y de manera complementaria, la Cooperación Española en Bolivia aprovechará las instancias y grupos de coordinación en los que participa con actores europeos o multilaterales, así como ONGD y cooperación descentralizada, con el fin de garantizar la transparencia de sus acciones y la búsqueda de mecanismos efectivos de rendición de cuentas en el marco del presente MAP.

ANEXO I

Marco de resultados

ANEXO II

Red de Alianzas

ANEXO III

Recursos financieros

ANEXO IV

Gestión de riesgos

* * *

El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 15 de diciembre de 2022, fecha de su firma.

Madrid, 4 de mayo de 2023.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.