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Con fecha 1 de diciembre de 2022 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, por mediación de la Secretaría Técnica, Decreto del Ilmo. Sr. don Juan Calparsoro Damián, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, al que acompaña Decreto de nombramiento de doña Rocío Arana Lucas como Fiscal Delegada contra los delitos de odio y discriminación en dicha Fiscalía.

Con el fin de dar cumpliendo a los requisitos establecidos en el artículo 62.2 Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, se solicitó del Fiscal Jefe que realizara una propuesta de nombramiento motivada y acompañada de la relación de todos los Fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados, procediendo a su remisión en oficios de fechas 9 de marzo y 18 de abril de 2023.

Hechos

Primero.

El Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, estando sin designar un Fiscal Delegado de la especialidad, ofertó entre todos los Fiscales de la plantilla la plaza de Fiscal Delegado Provincial contra los delitos de odio y discriminación en dicha Fiscalía.

La única peticionaria de la plaza fue doña Rocío Arana Lucas cuyo nombramiento propone el Fiscal Jefe considerando su formación y compromiso con la función y el hecho de haber venido asumiendo esta responsabilidad desde el mes de octubre de 2022, haber participado en la última jornada de especialistas, celebrada en el mes de enero de 2023, y haber elaborado el correspondiente apartado de la materia en la memoria de este año.

Segundo.

En su escrito de fecha 26 de abril de 2023, la Fiscal de Sala de la Secretaría Técnica emitió informe favorable a la propuesta realizada. En el mismo sentido informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal, aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que «Los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, será nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal.

En el mismo sentido la Instrucción 5/2008, de la Fiscalía General del Estado, establece que los nombramientos y ceses de los Fiscales Delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Nombrar a doña Rocío Arana Lucas como Fiscal Delegada contra los delitos de odio y discriminación en la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa.

Notifíquese lo acordado a la Fiscal de Sala de la Secretaría Técnica, a la Fiscal Superior de la Fiscalía Autónoma del País Vasco y al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, que trasladará copia del presente Decreto a la Fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todos los Fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny, n.º 4, 28010 Madrid) en los términos establecidos por los artículos 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1, regla 1.ª, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma Ley.

Madrid, 16 de mayo de 2023.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.