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Con fecha 25 de abril de 2023 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado oficio del Ilmo. Sr. D. Fernando Sobrón Ostos, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Córdoba, al que acompaña copia del expediente gubernativo n.º 19/2023 seguido en dicha fiscalía en el que, entre otros particulares figura el Decreto de fecha 14 de abril de 2023 y la propuesta adjunta de nombramiento de Fiscal Delegada de Criminalidad Informática a D.ª Cristina Ruíz Rodríguez.

Hechos

Primero.

Mediante Decreto del Fiscal General del Estado de fecha 16 de mayo de 2023 se resolvió el cese del hasta entonces fiscal delegado de la especialidad de criminalidad informática al haber pasado a la situación administrativa de servicios especiales lo que determinó que por el Fiscal Jefe se ofertara entre todos los fiscales de la plantilla la plaza de fiscal delegado provincial.

La plaza fue solicitada tanto por D.ª María Teresa Mira Herrera y D.ª Cristina Ruíz Rodríguez proponiendo el Fiscal Jefe el nombramiento de esta última considerando la realización de cursos específicos de esta especialidad, su conocimiento de idiomas, su experiencia como delegada en otra especialidad, el hecho de haber asumido la delegación del SIMF de la Fiscalía Provincial de Córdoba y haber participado en numerosos cursos de formación y en algunas actividades docentes de diferentes materias.

Segundo.

En su escrito de fecha 17 de mayo de 2023, la Fiscal de Sala coordinadora de la especialidad emitió informe valorando positivamente la propuesta efectuada. En el mismo sentido informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que «Los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, será nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal.

En el mismo sentido la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Córdoba avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Nombrar a D.ª Cristina Ruíz Rodríguez como Fiscal Delegada especialista de Criminalidad Informática en la Fiscalía Provincial de Córdoba.

Notifíquese lo acordado a la Fiscal de Sala de la Unidad de Criminalidad Informática, a la Fiscal Superior de la Fiscalía Autónoma de Andalucía y al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Córdoba, que trasladará copia del presente Decreto a la fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todos los fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma Ley.

Madrid, 30 de mayo de 2023.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.