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Documento BOE-A-2023-16972

Decreto de 13 de julio de 2023, del Fiscal General del Estado, por el que dispone el cese por renuncia de doña Marta Marquina Bertrán como Fiscal Delegada de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Publicado en:
«BOE» núm. 175, de 24 de julio de 2023, páginas 107330 a 107331 (2 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio Fiscal
Referencia:
BOE-A-2023-16972

TEXTO ORIGINAL

El 10 de julio de 2023, el Excmo. Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada remitió a la Fiscalía General del Estado oficio de la misma fecha mediante el que comunica la renuncia de la Fiscal Delegada en la Fiscalía Provincial de Barcelona, la Ilma. Sra. doña Marta Marquina Bertrán, al desempeño de dicha función con motivo de su nombramiento como Fiscal adscrita al Fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación mediante Real Decreto 579/2023, de 4 de julio, publicado en el BOE del 5 de julio.

El oficio viene acompañado del escrito de renuncia firmado por la citada Fiscal Delegada.

El Excmo. Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se muestra conforme con la renuncia planteada.

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal establece el procedimiento para nombramiento y cese de los Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta motivada, acompañada del correspondiente informe, del Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial (artículo 62.1).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3).

Segundo.

Por su parte, la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado dispone que el nombramiento de Delegado Provincial no está sujeto a límite temporal, pero será renunciable por razones justificadas que expondrá por escrito el interesado, requiriendo la aprobación del Fiscal General del Estado, que podrá delegar este cometido en el respectivo Fiscal de Sala. El sistema de cese del Delegado Provincial también será unificado, ostente o no la cualidad de Decano. Consiguientemente será, en su caso, relevado mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo (apartado cuarto del artículo 36 EOMF).

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al cese interesado, con la conformidad del Excmo. Sr. Fiscal de Sala Jefe.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. El cese por renuncia de la Ilma. Sra. Fiscal doña Marta Marquina Bertrán como Fiscal Delegada de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la Fiscalía Provincial de Barcelona.

2. Notificar el presente Decreto a la Excma. Sra. Fiscal Inspectora Jefa, al Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Catalunya, y a la Ilma. Sra. Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que lo trasladará a la Fiscal interesada, y al Ministerio de Justicia, con entrega de copias de la resolución.

3. Publíquese el presente cese en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (c/ Fortuny n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12, 1, b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 13 de julio de 2023.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz.

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