Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, instituye la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, y prevé la existencia de los correspondientes órganos en las comunidades autónomas, con la finalidad de promoción de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de la gestión y el fomento de acciones de información, asistencia técnica, formación e impulso del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.
Esta función promocional se concreta a través de la convocatoria de subvenciones, sujeta al régimen de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y también, en el caso del Estado, a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su disposición adicional decimosexta, modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que «[l]as fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2».
Así, «[l]a aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien en mayor proporción la subvención correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal administración, las funciones serán ejercidas por los órganos de la administración que ejerza el Protectorado de la fundación».
En aplicación de la citada disposición, por Orden de la Ministra de Trabajo y Economía Social se autoriza a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., a conceder ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento e impulso del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, en garantía del cumplimiento de los objetivos señalados en el apartado 1 de la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, tanto las acciones de la Fundación como las de los correspondientes órganos de las comunidades autónomas se financiarán con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.
En relación con las acciones ordinarias de ámbito estatal –las correspondientes a las ciudades de Ceuta y Melilla y aquellas que se deriven de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo– corresponderá al Ministerio de Trabajo y Economía Social la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, las de control y las demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas.
Asimismo, y conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social aprobar las bases reguladoras de todas las subvenciones, para lo cual tendrá en consideración las observaciones y necesidades manifestadas por cada comunidad autónoma. Además, la autorización para la concesión de las subvenciones competencia de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, el ejercicio de las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como el desarrollo de las funciones de control y demás que supongan el ejercicio de potestades administrativas en dicho ámbito serán ejercidas por la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social.
Este proyecto de orden se adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia exigidos y definidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta norma responde al principio de necesidad, en tanto que está justificada por una razón de interés general como es la mejora de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, a través de la regulación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales; y constituye el instrumento más adecuado para la consecución de dichos fines, pues la convocatoria de tales subvenciones requiere la aprobación de las correspondientes bases reguladoras de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, con lo que se cumple con el principio de eficacia.
Es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para que se pueda cumplir con los objetivos de aprobar las bases reguladoras.
La norma cumple con el principio de seguridad jurídica, pues es coherente con el ordenamiento jurídico nacional en materia de subvenciones y de prevención de riesgos laborales. Además, cumple con el principio de transparencia ya que ha sido sometida a los trámites de audiencia e información pública, consultando especialmente a los agentes sociales y a las comunidades autónomas; identifica claramente su propósito y la memoria del análisis de impacto normativo ofrece una explicación completa de su contenido.
Por último, la norma es coherente con el principio de eficiencia, dado que no se imponen cargas administrativas adicionales.
Esta orden es dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
En el proceso de elaboración de esta orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha emitido informe la Abogacía del Estado en el Departamento y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Departamento.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
1. El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Estas subvenciones se articularán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia de su gestión.
2. A las subvenciones concedidas de acuerdo con lo previsto en estas bases les serán de aplicación la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y los Estatutos de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP (en adelante, FEPRL), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con su disposición adicional decimosexta, y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, supletoriamente, las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público.
Todo ello sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer su normativa propia para la gestión y concesión de las correspondientes subvenciones, en función de sus requerimientos de gestión, las especialidades derivadas de su organización administrativa y la normativa de aplicación en su ámbito de gestión.
En todo caso, han de considerarse comunes los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 17.1, 18.1 y 20 a 25, excepto el artículo 23.3, 4 y 5. Las restantes bases serán supletorias en aquellas comunidades autónomas que aprueben sus propias bases y solo serán de aplicación directa a las subvenciones concedidas por la FEPRL y por aquellas comunidades autónomas que no hayan aprobado unas bases propias, en cuyo caso las referencias a los órganos estatales se entenderán realizadas a los órganos competentes de cada territorio, salvo el artículo 10 relativo a la comisión de valoración, que en todo caso deberá ser regulada por el órgano concedente.
La financiación de las acciones gestionadas por las comunidades autónomas se efectuará por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, mediante transferencias a los órganos competentes de aquellas. Estas transferencias tendrán carácter finalista y los créditos recibidos se regirán por lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla la transferencia que les corresponda será gestionada por la FEPRL.
1. El ámbito geográfico de las actividades objeto de subvención será el territorio estatal, sin perjuicio de su ejecución por las comunidades autónomas, en las empresas y centros de trabajo de sus respectivos territorios, en la financiación que les corresponda. Así mismo, las acciones cuya gestión corresponda a la FEPRL deberán tener un ámbito supraautonómico o de las ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Las subvenciones tendrán por objeto la realización de actividades con el fin de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas. Las convocatorias podrán prever acciones de cuatro tipos:
a) Acciones de información: Serán aquellas que persigan la difusión entre trabajadores y empresarios de los principios de acción preventiva de los riesgos laborales o de las normas concretas de aplicación de tales principios.
b) Acciones de asistencia técnica: Serán aquellas que estén dirigidas al estudio y resolución de problemas, derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas.
c) Acciones de formación: Consistirán en el diseño de los métodos y de los contenidos de programas que pudieran ser impartidos en sectores y subsectores de la actividad productiva, en especial en aquellos cuya estructura esté constituida fundamentalmente por pequeñas empresas.
d) Acciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales: serán aquellas que fomenten el conocimiento y la aplicación por empresarios y trabajadores de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales en especial a través de mecanismos e instrumentos desarrollados en los ámbitos sectoriales y territoriales de la actividad productiva.
3. Las convocatorias de acciones, tanto ordinarias como las derivadas de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, se adaptarán a los programas y orientaciones generales de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Subvenciones del organismo competente para la concesión de las subvenciones. En este sentido, las líneas prioritarias de actuación a desarrollar, conforme a lo establecido en la EESST 2023-2027, son las recogidas dentro de los Objetivos estratégicos en la misma, que se reflejan a continuación:
a) Mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales priorizando reducir los daños en la salud de las personas trabajadoras.
b) Gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, los cambios demográfico y climático desde la óptica preventiva, priorizando anticiparse y gestionar los riesgos nuevos y emergentes.
c) Mejorar la gestión de la seguridad y salud en las pymes priorizando integrar la prevención de riesgos laborales en las pequeñas empresas promoviendo una mayor implicación de recursos propios.
d) Reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
e) Introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
f) Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad y Salud para afrontar con éxito futuras crisis, a través de la mejora de la capacitación y formación en prevención de riesgos laborales, con especial atención a los recursos preventivos.
4. Los recursos disponibles no podrán destinarse a financiar la realización de acciones dirigidas al cumplimiento de las obligaciones preventivas empresariales, previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, o en cualesquiera otras previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales.
Serán órganos convocantes la FEPRL, fundación del sector público estatal de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, constituida en escritura pública de 22 de julio de 1999 e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 28, con domicilio en Madrid, y CIF número G-82354176, y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas.
Conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, serán destinatarias de las acciones las personas trabajadoras y las empresas, especialmente las pequeñas empresas.
A los efectos de estas bases se entenderá por pequeña empresa aquella cuyo volumen de plantilla sea menor de cincuenta trabajadores.
1. Las convocatorias de subvenciones podrán prever la realización de acciones sectoriales o intersectoriales y podrán participar en ellas, en régimen de concurrencia competitiva, las organizaciones a las que se refiere el artículo 12 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, las organizaciones empresariales y sindicales representativas en su ámbito sectorial correspondiente, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por estas y aquellas para la consecución de cualquiera de sus fines.
2. Las entidades y organizaciones deberán tener sede en España y estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente.
3. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones las entidades y organizaciones en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Las convocatorias, en atención al objeto, condiciones y finalidad de la subvención, reflejarán las obligaciones del beneficiario a que se refiere el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, pudiendo establecer obligaciones singulares no previstas en el mismo. De modo especial, establecerán las medidas de difusión que debe adoptar el beneficiario para dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad o del proyecto y que siempre deberán incorporar en los distintos soportes utilizados el logotipo oficial de la FEPRL, y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, o del órgano concedente y la Comunidad Autónoma a la que pertenezca.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Acreditar, en los plazos establecidos, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de seguimiento y control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y la aplicación dada a los anteriores. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Conservar y proporcionar al órgano de seguimiento, cuando este lo solicite, todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
f) Acreditar en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social y, en todo caso, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos, exigidos en el artículo 19, o aquellos que se exijan en las bases reguladoras que se desarrollen en las Comunidades Autónomas, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
j) Cualesquiera otras obligaciones que se establezcan en las convocatorias y en las resoluciones de concesión de las ayudas.
El órgano concedente para las subvenciones convocadas por la FEPRL será el previsto en sus estatutos.
El órgano concedente para las subvenciones convocadas por el órgano competente al efecto de las comunidades autónomas, en los términos previstos en a disposición adicional quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será el que se regule en cada comunidad autónoma.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
2. El procedimiento para la concesión de dichas subvenciones se iniciará de oficio, mediante la publicación de la correspondiente convocatoria, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en los artículos 20.8, 20 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas, así como en el portal de internet de la FEPRL (https://www.funprl.es).
3. Se podrán aprobar en un mismo ejercicio varias convocatorias, que delimitarán específicamente sus beneficiarios y ámbito material, y deberán respetar lo estipulado en estas bases.
4. Las subvenciones se articularán a través de las convocatorias que podrán responder a alguna de las siguientes modalidades:
a) Convocatorias anuales, con plazo de presentación de solicitudes definido y determinado, y con un procedimiento único de evaluación y resolución.
b) Convocatoria abierta, de carácter anual, con un calendario que especifique varios plazos de presentación de solicitudes a los que se corresponderán varios procedimientos de evaluación y selección.
Las disposiciones de la convocatoria detallarán al menos el contenido mínimo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el caso de convocatoria abierta, cuando no se haya agotado el importe máximo a otorgar en un periodo, se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan en los siguientes periodos.
5. La Dirección Gerencia de la FEPRL o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, instruirá el procedimiento de concesión y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
1. Las solicitudes se presentarán, a través de la plataforma integrada, en el portal de internet de la FEPRL, previa acreditación de la capacidad de obrar del beneficiario y, en todo caso, siguiendo las prescripciones de la propia convocatoria.
2. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la convocatoria y finalizará en la fecha que se fije en la misma. En caso de que se amplíe este plazo, dicha ampliación se hará pública en los términos que fije la ley y en todo caso a través de los portales de internet de la FEPRL y la BDNS.
3. La presentación de la solicitud conllevará la autorización, al órgano concedente, para que obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de la entidad solicitante, salvo que esta deniegue expresamente el consentimiento, debiendo aportar, en este caso, la certificación correspondiente regulada en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Recibidas las solicitudes en tiempo y forma, la FEPRL las revisará para comprobar que se cumplen los requisitos señalados para ser beneficiario y que se aporta la documentación exigida en cada convocatoria. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, o la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá a la entidad solicitante para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hace se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicho texto legal.
5. Los beneficiarios no podrán estar incursos en alguna causa de incompatibilidad para percibir la subvención, ni encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. La presentación de solicitudes implicará la aceptación expresa, formal e incondicionada de las bases y del acto de la convocatoria.
1. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado 3. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta.
2. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este artículo. La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 y 100 puntos.
La valoración de las solicitudes se efectuará con arreglo a los criterios que se indican a continuación:
a) Planteamiento general y diseño de la acción. Peso: cincuenta por ciento sobre el total de la valoración. Incluye: adecuación a los objetivos y líneas de actuación previstos en la correspondiente convocatoria, planteamiento global, valor añadido, coherencia del proyecto con los objetivos y resultados esperados y metodología de su desarrollo (procedimiento y justificación).
b) Entidades que desarrollan el proyecto y equipo técnico. Peso: treinta y cinco por ciento sobre el total de la valoración. Incluye: perfil y currículum vitae de la dirección técnica del proyecto, perfiles de los componentes del equipo de trabajo encargado de la realización de las actividades principales y acreditación de la entidad solicitante y de aquellas que participan en el desarrollo del proyecto, de la experiencia en la realización de acciones similares y de contar con una red o estructura de apoyo profesional que ofrezca claridad en sus perfiles y experiencia de contacto directo con las empresas.
c) Presupuesto. Peso: Quince por ciento sobre el total de la valoración. Incluye: Adecuación del presupuesto a las actividades a desarrollar y detalle del mismo.
3. Cada convocatoria de subvenciones podrá desarrollar los criterios del apartado anterior.
1. La Comisión de Valoración tendrá atribuida la emisión del informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Dicha Comisión estará integrada por las siguientes personas:
a) La Presidencia, designada por la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre los patronos de la FEPRL en representación de la Administración General del Estado, con rango de Subdirector General o Subdirector Adjunto.
b) Cuatro Vocalías en representación de la Administración General del Estado, designadas por la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre su personal funcionario.
c) Dos Vocalías en representación de las comunidades autónomas representadas en la Comisión Delegada, nombradas por la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a propuesta vinculante de aquéllas.
d) La Secretaría, designada por la FEPRL entre su personal, que actuará con voz, pero sin voto.
Se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la Comisión de Valoración.
3. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de la Comisión de valoración se regirá por lo dispuesto en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
1. El órgano competente para la instrucción realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Esta propuesta, se publicará en el portal de internet de la FEPRL conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en la BDNS, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para que, en el plazo de diez días hábiles desde la publicación, formulen las alegaciones que estimen convenientes.
Igualmente se podrá notificar a las entidades solicitantes que la propuesta de resolución se encuentra publicada tal como establece el párrafo anterior.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un plazo de diez días hábiles, para que los solicitantes propuestos como beneficiarios actualicen, en su caso, la información aportada en el momento de la solicitud de las siguientes condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:
a) Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento.
b) No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Los párrafos b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración responsable del solicitante.
3. La propuesta de resolución provisional podrá incluir la necesidad de reformulación de una solicitud. Esta reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad que motivó su selección inicial y deberá ser nuevamente examinada por la Comisión de valoración.
4. Una vez examinadas por la Comisión de valoración las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que se publicará en los mismos términos que la propuesta de resolución del apartado 2 para que, en el plazo de diez días hábiles desde su publicación, comuniquen su aceptación o renuncia a la subvención propuesta y acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se entenderá que la entidad solicitante renuncia a la solicitud.
5. El órgano instructor elevará a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social la propuesta de resolución definitiva de concesión de subvenciones de las acciones correspondientes, dentro de una convocatoria, para su autorización previa a la aprobación de la resolución de concesión por parte del órgano concedente de la FEPRL.
6. La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, a efectos de lo previsto en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se publicará en el portal de internet de la FEPRL conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en la BDNS, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se notificará individualmente a cada solicitante si bien, en cada convocatoria, podrán fijarse medios de difusión adicionales. La publicación de las resoluciones será válida a efectos de notificación a los interesados.
8. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su publicación es de seis meses contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la respectiva convocatoria. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese publicado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se haya publicado la resolución de concesión.
1. Las subvenciones concedidas para las acciones de una determinada convocatoria serán compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, pero en ningún caso podrán ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ingresos o recursos, que tengan por objeto el mismo proyecto, superen el coste total de la actividad objeto de la ayuda.
2. La percepción de estas otras ayudas deberá ponerse en conocimiento del órgano instructor en el momento en que se produzca, ya sea antes o durante la ejecución del proyecto, aportando la correspondiente resolución de concesión.
1. La cuantía se ajustará a las siguientes reglas:
a) Las convocatorias contendrán la cuantía individualizada de la subvención, que estará supeditada a los créditos establecidos en el presupuesto de la FEPRL para cada ejercicio o con carácter plurianual, ateniéndose a las siguientes reglas:
1.º El ochenta por ciento del presupuesto destinado por la FEPRL a la subvención de las acciones previstas en el artículo 2, se destinará a acciones sectoriales y el veinte por ciento restante a acciones intersectoriales.
2.º Las convocatorias para acciones sectoriales establecerán la cuantía máxima a subvencionar en cada sector determinado por su correspondiente código CNAE a dos dígitos, en función del índice de prioridad calculado de la siguiente manera:
IP = (AJTT CNAE a dos dígitos/AJTT total CNAE) + (ATGM CNAE a dos dígitos/AJGM total CNAE) x el porcentaje de afiliados de la CNAE a dos dígitos sobre el total de afiliados.
IP: Índice de prioridad.
AJTT: Índice de accidentes de trabajo con baja en jornada. Fuente el último documento de Actividades Prioritarias en función de la siniestralidad publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ATGM: índice de accidente de trabajo graves y mortales en jornada. Fuente el último documento de Actividades Prioritarias en función de la siniestralidad publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el caso de que tras el primer reparto existan remanentes de crédito en algunos sectores y solicitudes que superando la puntuación exigida en la convocatoria no hayan podido ser atendidas en otros, las convocatorias podrán establecer sucesivos repartos hasta agotar el crédito disponible.
3.º En convocatorias para acciones intersectoriales se podrán presentar solicitudes de hasta un máximo de 500.000 euros.
b) El importe de la subvención a conceder no podrá superar en ningún caso la cuantía máxima que se fije en cada convocatoria.
c) Las subvenciones podrán cubrir, total o parcialmente, la cantidad solicitada. No obstante, el solicitante deberá indicar en su solicitud el presupuesto total del proyecto.
d) Las subvenciones se destinarán a cubrir los gastos susceptibles de financiación establecidos en cada convocatoria, siempre que estén directamente relacionados con la realización de las actuaciones objeto de las mismas.
e) Las subvenciones se otorgarán mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración fijados en estas bases y en la correspondiente convocatoria, y se adjudicarán hasta el límite fijado en cada convocatoria dentro del crédito disponible, según lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El régimen de los anticipos y garantías es el resultante de la aplicación de las siguientes normas:
a) Con carácter general, en el caso en el que se solicite anticipo, el beneficiario no estará obligado a constituir garantías, salvo lo previsto en el apartado c).
b) Una vez aceptada la subvención, se podrá solicitar hasta un cincuenta por ciento del importe concedido, dentro de los plazos que delimite la convocatoria. Igualmente, podrá preverse el pago de hasta un treinta por ciento adicional una vez acreditado el inicio de la actividad.
c) Cuando dentro de los dos años anteriores los beneficiarios hayan sido objeto de una resolución administrativa declarativa de reintegro total firme por el órgano competente, habrá de constituirse garantía por el porcentaje que exceda del cincuenta por ciento del importe concedido.
Las garantías, en tal caso, se constituirán a favor de la FEPRL como órgano concedente de la subvención. Se deberán presentar junto a la solicitud del anticipo que supere el cincuenta por ciento y se extenderán hasta al menos un año desde la presentación de la justificación de la subvención por el beneficiario.
3. Las garantías se podrán constituir a través de un aval o de un seguro, en el caso de que se opte por un aval podrá ser entregado por:
a) Una entidad bancaria inscrita en el Registro Oficial de Bancos y Banqueros o Cooperativa de Crédito inscrita en el Registro Especial del Banco de España. Para que puedan ser aceptados estos avales será necesario:
1.º Que las firmas de los otorgantes del documento de garantía o aval estén legitimadas por fedatario público.
2.º Que conste en el aval su número de inscripción en el Registro Especial de Avales.
3.º Que se acompañe copia, previamente cotejada con el original, de los poderes de las personas firmantes del aval.
b) Sociedades de Garantía Recíproca. Si el aval fuera prestado por este tipo de sociedad se habrán de cumplir los requisitos establecidos en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, y normas complementarias, acompañando un certificado expedido por el Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno de su Presidente, en el que se acredite la cantidad avalada y que la sociedad reúne todos los requisitos exigidos por la Ley 1/1994, de 11 de marzo, debiendo tener dicha certificación legitimadas las firmas por fedatario público.
En el supuesto de que la garantía se ofrezca mediante un seguro, éste deberá ser suscrito por una entidad aseguradora debidamente autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para operar en el ramo de caución. Será necesario que se acompañe copia de las condiciones generales y particulares de la póliza y acreditar que se ha prestado la garantía en forma de seguro.
La FEPRL nombrará una persona responsable encargada del seguimiento del proyecto en coordinación con la persona designada por la entidad beneficiaria. El cambio en esta última deberá ser comunicada de inmediato a la FEPRL.
El seguimiento de las actuaciones se podrá llevar a cabo mediante reuniones y comunicaciones periódicas, petición y evaluación de informes, visitas in situ y control de la documentación recibida.
El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano gestor y responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas, al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a cualquier otra normativa aplicable.
El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación.
1. Las acciones subvencionadas solo podrán modificarse por motivos técnicos o presupuestarios y deberán ir acompañadas de una memoria explicativa y de la documentación que se considere necesaria para acreditar la mejora en su gestión económica, la asignación más eficaz de recursos, un mayor control sobre el desarrollo del proyecto o cualquier otro motivo justificado, así como por fuerza mayor.
2. Las solicitudes de modificación de las acciones deberán comunicarse en la forma establecida en el artículo 8.1 para la presentación de las solicitudes iniciales.
En el plazo de tres meses desde la solicitud de modificación, el órgano que concedió la subvención, previo informe del Director Técnico de la FEPRL, resolverá su aceptación o denegación, notificándolo al interesado.
Así mismo, cuando la modificación afecte a las condiciones por las que se concedió la subvención o implique superar el importe concedido, las propuestas de resolución estimatorias deberán someterse a la aprobación previa del Secretario de Estado y Economía Social.
3. Las modificaciones no podrán alterar o modificar los objetivos de la acción, sus destinatarios, o dañar derechos de terceros, de acuerdo con el artículo 64.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Si como resultado de la modificación de la acción resultara un exceso de capital y se hubiesen realizado pagos anticipados, se procederá de manera inmediata a iniciar el procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
4. Las solicitudes de modificación de las acciones subvencionadas deberán ser presentadas a la FEPRL con al menos tres meses de antelación a la finalización del plazo de ejecución de la acción.
1. El beneficiario está obligado a presentar la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. La justificación de las ayudas se realizará conforme a lo previsto en este artículo y a lo que se establezca en cada convocatoria.
La información ha de cumplimentarse en el apartado correspondiente de la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, con especial atención en lo referente a la descripción y necesidad del gasto.
2. Los documentos justificativos del gasto y del pago deben estar emitidos en todo caso a nombre del beneficiario de la ayuda.
La fecha de las facturas deberá estar comprendida dentro del periodo de ejecución de la acción, salvo, en su caso la derivada del informe del auditor previsto en el apartado 3. Las facturas deberán haber sido emitidas, en todo caso, por personas físicas o jurídicas cuya actividad profesional o mercantil se corresponda con el servicio o actividad de que se trate.
3. Finalizado el proyecto, la entidad beneficiaria presentará la cuenta justificativa, que comprenderá la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del proyecto, que deberá incluir, como mínimo, la descripción de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las condiciones impuestas y los resultados obtenidos.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con el desglose de cada uno de los gastos en la actividad realizada. Esta memoria podrá adoptar una de las dos formas siguientes:
1.º La memoria económica justificativa contendrá la documentación soporte justificativo que se remitirá en la forma que establezca la convocatoria de referencia y, entre otros documentos, contendrá:
El modelo de declaración responsable y la hoja de autoliquidación, que estarán disponibles en la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, una vez que se remita el informe final, para su descarga y firma por el responsable.
Copia escaneada de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la memoria económica justificativa del coste a través de la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, así como la documentación acreditativa del pago.
Copia escaneada de los justificantes presentados, que quedarán directamente vinculados a la ejecución del proyecto mediante identificación expresa en el concepto de la factura.
Certificado de coste total del proyecto.
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad beneficiaria de la ayuda, con indicación del importe y su procedencia.
La documentación exigida en el artículo 18.6.
Los criterios de reparto de los otros costes, en los casos en los que el beneficiario de la ayuda haya optado por acogerse a la compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de someterse al procedimiento de justificación a que se hace referencia en el artículo 18.6.
2.º Si la cuantía del proyecto supera los 100.000 euros, la memoria justificativa irá acompañada de un informe de auditor de cuentas, inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La revisión de las cuentas justificativas por parte del auditor, así como la elaboración del correspondiente informe deberán adecuarse a lo previsto en la convocatoria, así como a lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvención, en el ámbito del sector público estatal, previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El informe versará sobre la adecuada contabilización y correcta expedición de los justificantes de los pagos efectuados con los fondos de la subvención correspondiente, y el destino dado a los mismos, según las normas de estas bases y la contabilidad de la entidad. También se referirá, en su caso, a otras ayudas obtenidas para el proyecto objeto de esta subvención y el destino dado a las mismas. El alcance será aquel que permita al auditor obtener evidencia suficiente para poder emitir opinión sobre la ejecución de los gastos del proyecto. El informe de auditoría de la cuenta justificativa del proyecto debe incluir una descripción del procedimiento utilizado para la revisión de la cuenta justificativa y que éste se ha realizado siguiendo la normativa. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor.
En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por él mismo. El gasto derivado de este informe podrá tener la condición de gasto financiable hasta el límite del cinco por ciento de la subvención concedida.
El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la ley.
En estos casos, la FEPRL también comprobará la adecuada aplicación de la ayuda, para lo que se requerirá al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto y pago y demás documentos que considere necesarios.
La documentación soporte justificativo se remitirá en la forma que establezca la convocatoria de referencia y, entre otros documentos, contendrá:
El modelo de declaración responsable y la hoja de autoliquidación, que estarán disponibles en la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, una vez que se remita el informe final, para su descarga y firma por el responsable.
Copia escaneada de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la memoria económica justificativa del coste a través de la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, así como la documentación acreditativa del pago.
Copia escaneada de los justificantes presentados, que quedarán directamente vinculados a la ejecución del proyecto mediante identificación expresa en el concepto de la factura.
Certificado de coste total del proyecto.
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
La documentación exigida en el artículo 18.6.
Junto con el informe del auditor deberá figurar una memoria abreviada, cuyo contenido se establecerá en la convocatoria y que, como mínimo, contendrá lo establecido en el artículo 74.5 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, habrá solicitado el beneficiario.
4. La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales de la documentación justificativa, por si les fueran requeridos posteriormente o en el momento de presentar la documentación justificativa, según lo establecido en el apartado 1, por el órgano gestor y responsable del seguimiento o, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
5. En todos los casos, la entidad deberá justificar el gasto del proyecto, conforme al siguiente procedimiento:
a) En el caso de que la ayuda concedida suponga más del cincuenta por ciento del presupuesto total del proyecto, se justificará la totalidad del presupuesto.
b) En el caso de que la ayuda concedida sea del cincuenta por ciento o inferior al presupuesto total del proyecto, la entidad beneficiaria justificará la totalidad de las partidas presupuestarias imputadas a la misma.
6. El plazo de presentación de los documentos anteriores será de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, salvo que el texto de la convocatoria establezca otro distinto, o bien en la resolución por la que se concede la ayuda se estableciese otro mayor en atención a las circunstancias concurrentes.
La FEPRL podrá conceder una prórroga del mencionado plazo, que deberá ser solicitada por escrito y debidamente justificada por el beneficiario.
Si vencido el plazo de justificación la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de quince días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar con las consecuencias previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Si finalizado este plazo no se hubiese procedido a la subsanación, la FEPRL comunicará tal circunstancia al Ministerio de Trabajo y Economía Social, para que este dicte la resolución correspondiente, con pérdida de derecho al cobro, en su caso.
7. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos de tiempo y forma exigidos en las convocatorias, así como la insuficiente justificación de la misma, llevarán aparejado el reintegro, total o parcial, de la ayuda, según el procedimiento establecido en las presentes bases.
8. La FEPRL se reserva la capacidad de exigir, en general, la comprobación de la correcta aplicación de la subvención y la de requerir la presentación de los documentos justificativos adicionales que se consideren precisos, con independencia de la modalidad que adopte la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, sin perjuicio de las facultades de comprobación que las normas vigentes atribuyen a la Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas o a otros órganos.
Los beneficiarios dispondrán del plazo de veinte días hábiles para contestar a los requerimientos de comprobación que les formule la FEPRL, a través del Gestor informático de las acciones. El referido plazo podrá prorrogarse por diez días hábiles, previa solicitud del beneficiario.
La FEPRL podrá comprobar el valor de mercado de los gastos objeto de la ayuda.
9. Lo establecido en estas bases se entiende sin perjuicio del control financiero previsto en los artículos 141 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. La realización de la acción subvencionada es obligación personal del beneficiario, sin otras excepciones que las establecidas en estas bases reguladoras, dentro de los límites y con los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las convocatorias de subvenciones podrán permitir que el beneficiario concierte con terceros, la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite del cincuenta por ciento del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. La subcontratación se deberá formalizar mediante un contrato escrito con el contratista seleccionado.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad objeto de la subvención.
3. La resolución de concesión podrá autorizar, en su caso, las subcontrataciones que el beneficiario hubiera previsto en su solicitud. En tal caso, el solicitante deberá aportar con la solicitud una memoria explicativa en la que se haga referencia a la necesidad de acudir a la subcontratación para desarrollar determinadas fases del proyecto.
4. No podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad objeto de la subvención, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
Tampoco podrá subcontratarse la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades que se encuentren incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como aquellas en las que concurra alguna de las causas previstas en los párrafos b), c), d) y e) del artículo 29.7 del mismo texto legal, y en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Cuando la actividad subcontratada con terceros exceda del veinte por ciento del importe de la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia.
No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir su cuantía y eludir el cumplimiento de este requisito. Se entiende que se fragmenta un contrato cuando el mismo proveedor emite varias facturas con cargo al mismo proyecto, aunque todas ellas hagan referencia a diferentes actividades.
1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
3. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que sean identificables, controlables y ajustados a los precios de mercado. Concretamente los siguientes:
a) Aquellos que de manera indubitada estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sean necesarios para su ejecución y hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución establecido para la realización de la actividad objeto de la ayuda.
b) Los gastos de desplazamiento en los que tenga que incurrir el beneficiario para asistir a la reunión inicial con la FEPRL, así como los gastos derivados de otras posibles reuniones necesarias entre el responsable de la FEPRL para el seguimiento del proyecto y el beneficiario.
c) Los gastos de amortización de material inventariable que haya sido adquirido con anterioridad al inicio del proyecto, siempre y cuando se haya reflejado en el presupuesto aprobado.
d) Aquellos que estén incluidos en el presupuesto original de la actividad o aprobados expresamente a través del procedimiento de modificación presupuestaria, que supongan la modificación del presupuesto inicial, y estén abonados antes de la presentación de la memoria técnica y económica de ejecución, siempre que se encuentren dentro del cronograma establecido en cada convocatoria.
e) El gasto derivado del informe de un auditor de cuentas, en caso de que sea requisito exigible conforme a estas bases, tendrá carácter financiable, hasta un límite de un cinco por ciento de la subvención concedida, a través del epígrafe de gastos específicos.
4. Son reglas comunes aplicables a los conceptos de gasto financiable, las siguientes:
a) En el caso de que puedan existir operaciones con personas o entidades vinculadas al beneficiario, en los términos previstos en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, solo serán admisibles aquellas inversiones que cuenten con autorización expresa por parte del órgano gestor y se realicen de acuerdo con las condiciones normales de mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
c) Respecto a las subcontrataciones, entendidas en los términos que define el artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá seguirse lo establecido en la citada ley.
5. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación y los impuestos personales sobre la renta.
6. De forma general, serán susceptibles de financiación los siguientes gastos, con las limitaciones que pudiesen establecer cada una de las convocatorias:
a) Las retribuciones del personal interno que realiza la acción. Se entenderá por personal interno el integrado por las personas físicas que mantienen una relación laboral con la entidad beneficiaria. Por lo tanto, el personal interno forma parte de la plantilla de la entidad beneficiaria. Su dedicación al proyecto puede ser total o parcial.
No se considerarán como gastos imputables al desarrollo de la acción las imputaciones horarias relativas a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto no esté relacionado con la ejecución del proyecto.
La subvención de las retribuciones salariales del personal interno atenderá al siguiente sistema de tarifa, en función de las horas efectivamente dedicadas al proyecto:
| Grupo de cotización (según contrato de trabajo) |
Tarifa (euros) – Hora dedicada |
|---|---|
| Director/a. | 54,00 |
| Coordinador/a. | 39,00 |
| Personal que desarrolla funciones de Técnico/a Superior (Licenciado/a o Ingeniero/a), incluidos los/as Técnicos/as Superiores en prevención de riesgos laborales y otro personal incluido en el grupo 1 de cotización a la Seguridad Social. | 35,00 |
| Ingenieros/as Técnicos/as, Personal Técnico de Apoyo, Técnicos/as en prevención de riesgos laborales que desarrollan funciones de Nivel Intermedio, Técnicos/as de Gestión de Proyectos, Personal Informático, Personal Administrativo Cualificado o Especialista Administrativo y otro personal incluido en los grupos 2 y 3 de cotización a la Seguridad Social. | 31,00 |
| Personal que desarrolla funciones administrativas y técnicas auxiliares, Visitadores/as, Técnicos en prevención de riesgos laborales de nivel básico y otro personal incluido en los grupos 4 a 8 de cotización a la Seguridad Social. | 29,00 |
| Personal Auxiliar, Oficiales Administrativos de segunda y tercera y otro personal incluido en los grupos 9 y 10 de cotización a la Seguridad Social. | 28,00 |
Dichas cantidades subvencionables se incrementarán en un treinta y tres por ciento, en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, sin que, en ningún caso, puedan superar el tope máximo de cotización vigente en cada ejercicio.
No se podrán imputar costes sufragados por otros organismos o instituciones.
La justificación de los gastos de personal se acreditará mediante:
1.º Copia de los contratos de trabajo registrada en la Oficina Pública de Empleo.
2.º Nóminas relativas al período de contratación con horas imputadas al proyecto.
3.º Informe de datos para la cotización de las personas trabajadoras por cuenta ajena de cada persona trabajadora.
4.º Copia del modelo 190, resumen anual de retenciones del IRPF practicadas en el ejercicio de ejecución del proyecto.
5.º Copia de la transferencia y del extracto bancario que refleje el pago material tanto de las nóminas como de las cotizaciones sociales.
b) Los gastos de amortización de los equipos informáticos y medios técnicos directamente empleados en el desarrollo de la acción, que comprende ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros.
Se distingue entre medios técnicos propios, que forman parte del patrimonio de la entidad ejecutora, y medios técnicos externos, aquellos que han sido alquilados para el desarrollo de la acción.
1.º Equipos y medios técnicos propios. La FEPRL financiará el coste de su utilización, que se expresa en la amortización de los mismos, con las siguientes consideraciones:
El porcentaje de amortización admisible será el establecido en las tablas de amortización fiscal recogidas en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Se aplicará un porcentaje de imputación temporal en función del período de utilización del equipo (comprendido entre la fecha de aceptación de la acción y su fecha de finalización) y de la dedicación del personal asignado.
Como justificación del coste de utilización de equipos y medios técnicos propios deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
Factura detallada de cada uno de los conceptos imputados.
Justificación de pago de la factura mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
2.º Equipos y medios técnicos externos. Se entenderán aquellos que, no siendo de su propiedad, utiliza el beneficiario en el desarrollo de su actividad, mediante contrato de alquiler o arrendamiento financiero. Estos medios podrán ser aplicados al desarrollo de la acción financiada por la FEPRL, distinguiendo entre:
Medios externos, uso continuado: Comprende cualquier equipo informático o medio técnico directamente empleado para el desarrollo del proyecto, como ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros, que se alquile de manera continuada para el desarrollo de la acción a lo largo del periodo de su desarrollo. Se admitirán imputaciones de facturas por renting y/o alquiler de equipos hasta el límite máximo de imputación de coste que resulta de aplicar los coeficientes de amortización e imputación temporal correspondientes sobre el valor de mercado de un equipo nuevo de similares características.
Medios externos, uso puntual: comprende cualquier equipo informático o medio técnico directamente empleado para el desarrollo del proyecto, como ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros, que se alquile de manera puntual para el desarrollo de la acción a lo largo del periodo de su desarrollo. Se admitirán imputaciones de facturas, deducidos gastos financieros, impuestos y seguros, siempre que la suma de éstas no represente un coste superior al que resultaría si tales equipos y medios técnicos fueran propiedad de la empresa, imputables vía amortización.
Los criterios de imputación de coste serán, según tipo de contrato:
Leasing: Los gastos imputables se calcularán aplicando sobre la factura del proveedor de los equipos, los coeficientes de amortización legal y de imputación temporal, en idéntico criterio que el aplicado para los equipos propios.
Renting y alquiler: Se admitirán imputaciones de facturas, deducidos gastos financieros, impuestos y seguros, siempre que la suma de éstas no represente un coste superior al que resultaría si tales equipos y medios técnicos fueran propiedad de la empresa, imputables vía amortización.
Al objeto de dar trato igual a todos los beneficiarios, con independencia de que acudan a la compra, leasing o alquiler de los equipos, cuando la utilización de los mismos sea continuada a lo largo del período de desarrollo del proyecto, se admitirán imputaciones de facturas por renting y/o alquiler de equipos hasta el límite máximo de imputación de coste que resulta de aplicar los coeficientes de amortización e imputación temporal correspondientes sobre el valor de mercado de un equipo nuevo de similares características. En relación con este límite máximo, la FEPRL estimará el precio de mercado considerando los precios de adquisición de otros beneficiarios y precios ofertados en publicaciones y revistas especializadas.
Como justificación del coste de utilización de equipos y medios técnicos externos deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
Contratos detallados en los que deben figurar claramente las condiciones pactadas con el acreedor.
Facturas detalladas.
Justificación de pago de la factura mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
c) Los gastos de adquisición de los materiales de apoyo relacionados directamente con la ejecución del proyecto. Bajo este epígrafe se contempla la adquisición de aquellos materiales necesarios para la realización de la acción. Incluye conceptos tales como bibliografía, bases de datos informatizadas y cualquier otra documentación, cuya necesidad deberá acreditarse.
La adquisición de bibliografía no podrá superar el uno por ciento de la subvención concedida.
No se contempla como coste imputable la suscripción de revistas y boletines oficiales.
Como justificación del coste de adquisición de material de apoyo deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
1.º Factura detallada.
2.º Justificación de pago de la factura mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
d) Los gastos directamente relacionados con la ejecución de la acción y de subcontratación. En este epígrafe se incluyen aquellos gastos en los que se haya incurrido como consecuencia de la ejecución de la acción y que no han sido considerados en epígrafes anteriores. Con objeto de facilitar la clasificación conceptual de estos gastos se cumplimentarán los epígrafes relativos a gastos específicos, dietas y desplazamientos y subcontratación.
1.º Gastos específicos. Son todos aquellos gastos vinculados al desarrollo del proyecto no recogidos expresamente en los epígrafes de dietas y desplazamientos y de subcontratación.
Los gastos deben individualizarse con indicación de conceptos y número de unidades cuando sea posible, adecuándose al número de destinatarios entre los que puedan distribuirse.
En este epígrafe se justificarán todos los gastos relacionados con la celebración de eventos como alquiler de salas, catering, medios audiovisuales, alquiler de equipos informáticos, entre otros, siempre que se justifiquen mediante la aportación de las facturas correspondientes, con detalle individualizado de los conceptos facturados.
Los gastos de desplazamientos, manutención y alojamiento de los participantes en los eventos que no formen parte del personal interno se justificarán en este epígrafe. En todo caso, deberá indicarse la necesidad del gasto y el objeto del desplazamiento, así como la relación de este coste en el desarrollo del proyecto, e identificarse individualmente al sujeto que originó el gasto.
Serán de aplicación los límites fijados por la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, regulados en el artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, de 30 de marzo, que define como tales los correspondientes a gastos normales de estancia y manutención en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia.
Los gastos financiables, en caso de desplazamientos en transporte público, comprenderán exclusivamente el precio del billete de ida y vuelta en clase turista desde la localidad de residencia a la de la realización de la actividad. En otro caso, se deberá acompañar un escrito motivando el cambio.
El coste financiable de los detalles a ponentes y galardonados, en ningún caso podrá superar, en coste individual, la cuantía de 60 euros.
Los gastos asociados al diseño y maquetación de los productos finales que sean prestados directamente por empresas cuyo objeto social sea la impresión de estos materiales, se presupuestarán y justificarán, también, en este epígrafe.
Los gastos de distribución de los productos finales se presupuestarán así mismo en este epígrafe y, para su justificación, se presentará factura de mensajería o correos, acompañada de sus correspondientes albaranes o certificados de recepción por parte de los destinatarios.
Salvo autorización expresa en contrario, los gastos financiables de material promocional para la difusión de la acción no podrán exceder del tres por ciento del presupuesto total de la misma.
Los productos deberán distribuirse durante el periodo de ejecución de la acción, permitiéndose un remanente máximo de productos no distribuidos durante dicho período del quince por ciento. Se exigirá el compromiso de distribución de este remanente de materiales por parte del representante legal de la entidad beneficiaria.
Como justificación del coste de gastos específicos, deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
Factura detallada de cada uno de los conceptos imputados.
Justificación de pago de la factura mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
2.º Dietas y desplazamientos. Incluye los gastos de manutención, locomoción, alojamiento, etc., del personal asignado al desarrollo del proyecto, según se definen en el artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los gastos financiables, en caso de desplazamientos en transporte público, comprenderán exclusivamente el precio del billete de ida y vuelta en clase turista desde la localidad de residencia a la de la realización de la actividad. En otro caso, se deberá acompañar un escrito motivando el cambio. El alojamiento podrá realizarse en categoría máxima de 4 estrellas.
En todo caso, deberá indicarse la necesidad del gasto y el objeto del desplazamiento, así como la relación de este coste con el desarrollo del proyecto, e identificarse la actividad por que ha generado el gasto y la persona que ha incurrido en el mismo.
Estos gastos se limitarán al ámbito territorial de la acción, salvo autorización expresa del organismo concedente.
Serán de aplicación los límites fijados por la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, regulados en el artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que define como tales los correspondientes a gastos normales de estancia y manutención en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia. Salvo excepciones justificadas, la elegibilidad del resto de gastos de manutención tendrá como límite máximo las cuantías establecidas para el grupo 1 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
La entidad se abstendrá de incluir gastos por dietas y desplazamientos que no cumplan todos y cada uno de estos requisitos, en ningún caso susceptibles de financiación.
Como justificación del coste de los gastos de este epígrafe, deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
Factura o tique detallado de cada uno de los conceptos imputados, conforme al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Hoja de liquidación de gastos por dietas y desplazamientos firmada por el perceptor.
Justificación de pago de la factura o de los gastos por dietas y desplazamientos incluidos en la hoja de liquidación mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
3.º Costes indirectos. Serán considerados gastos indirectos subvencionables los propios del funcionamiento regular de la entidad adjudicataria y que sirven de sostén para que sea posible la ejecución de las actividades que desarrolla. Los costes indirectos deberán ser justificados mediante certificación del representante legal de la entidad.
Los costes indirectos no podrán superar el diez por ciento del gasto justificado del apartado del presupuesto sobre retribuciones de personal interno que realiza la acción.
De conformidad con los artículos 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 83.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el diez por ciento previsto en el párrafo anterior habrá de imputarse por el beneficiario en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas. En todo caso, tales costes deben corresponder al período en que efectivamente se realiza la actividad.
e) Subcontratación. Se entenderá que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la asignación de recursos. El importe acumulado de la totalidad de la subcontratación no podrá superar el cincuenta por ciento de la cuantía de la asignación, quedando prohibidas sucesivas subcontrataciones.
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la acción.
Se incluirá en este epígrafe el coste por los servicios externos contratados con personas físicas o jurídicas cuya actividad profesional o mercantil se corresponda con el servicio o actividad de que se trate, y que puedan acreditar una solvencia técnica en relación con trabajos similares para el desarrollo más adecuado de determinados contenidos de la acción y que, por los motivos que se incluyeran en la memoria explicativa de la solicitud, no serán desarrollados por la entidad beneficiaria.
1.º Con independencia de la denominación que se les dé en el contrato, en ningún caso serán objeto de subcontratación y financiación las siguientes actividades:
Planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión de la acción, entendidas éstas referidas, exclusivamente, a la función directiva de dicha acción, de manera que la limitación no comprende, en su caso, la dirección científica del proyecto por el subcontratista.
Evaluación del programa o de los contenidos.
Auditorías, con excepción del informe auditor previsto en el artículo 16.
Selección del personal del beneficiario y del subcontratista.
Formación del personal del beneficiario y del subcontratista.
2.º Documentación acreditativa que debe acompañarse:
En su caso, presupuestos solicitados. Cuando el importe de la contratación esté comprendido entre 18.000 y 60.000 euros la entidad deberá presentar una justificación de la selección del proveedor, mediante la presentación de tres ofertas de diferentes proveedores cuyo objeto social esté relacionado con la actividad contratada, así como que tienen solvencia y experiencia profesional en esa materia. Esta contratación deberá aplicar, en todo lo posible, criterios de concurrencia. En cualquier caso, se deberá justificar expresamente en una memoria que la elección de la oferta correspondiente era la propuesta más ventajosa.
Documentación acreditativa de la especialización de la entidad con la que se contrata la realización de actividades, en la materia objeto de dicha contratación.
Descripción de las tareas de control y supervisión de la evolución de los trabajos desarrollados por la entidad subcontratada.
Contratos: deberán formalizarse por escrito y ser firmados por las partes. Con carácter de mínimo, el contrato deberá contener: referencia a la experiencia profesional del subcontratado y a su objeto social; descripción clara de cada uno de los bienes o servicios prestados, con indicación desglosada de los mismos y su precio respectivo con indicación de su necesidad en el desarrollo técnico del proyecto; fecha de inicio y finalización; importe de la contraprestación; medios de pago y plazos en que estos se harán efectivos; consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes; y referencia a la denominación de la acción y al código de expediente.
Factura detallada de los servicios prestados.
Justificación de pago mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y extracto bancario.
3.º Forma de pago:
Pagos en metálico: No se podrán realizar pagos en metálico por importe superior a 200 euros por proveedor.
Pagos a través de entidad financiera: Las facturas por importe superior a 200 euros por proveedor deberán abonarse necesariamente a través de entidad financiera, adjuntando los justificantes de la transferencia o ingreso en cuenta, acompañados, en su caso, del extracto bancario en el que se refleje dicha operación.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto u objetivo para el que se concedió en los términos establecidos en el artículo 16. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación.
En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto los requisitos previstos en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se le requerirá para que, en el plazo máximo de diez días hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento mediante el Gestor informático de la FEPRL, aporte los oportunos certificados, declaraciones responsables o información requerida. La no aportación o aportación fuera de plazo de los mismos conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda, conforme a lo dispuesto en el capítulo V del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento para el pago de la subvención se iniciará en el momento que el beneficiario presente la cuenta justificativa referida en el artículo 16.3, dentro del plazo establecido en dicho artículo o en la correspondiente convocatoria.
3. En aquellos supuestos en los que se hayan concedido anticipos conforme a lo previsto en el artículo 13.2, el pago se limitará a la cuantía que reste hasta el total debidamente justificado, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la subvención concedida.
4. En el caso previsto en el apartado 1, así como para el supuesto de que no se considere debidamente justificado el total de la subvención, la FEPRL remitirá a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social la propuesta de perdida de derecho al cobro por parte del beneficiario, así como copia de la parte del expediente que lo justifique.
La Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, mediante resolución dictada al efecto confirmará o no la propuesta de la FEPRL. Una vez recibida ésta, la FEPRL reanudará el procedimiento de pago o propondrá a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social el inicio del procedimiento de reintegro según proceda.
5. El plazo de pago para la FEPRL será de seis meses desde la presentación de la justificación final por el beneficiario.
Las causas de nulidad y de anulabilidad de la resolución de concesión se regirán por el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su normativa de desarrollo.
1. La renuncia voluntaria a la subvención concedida con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de concesión definitiva, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la subvención y, en su caso, la devolución de las cantidades percibidas hasta ese momento, con la exigencia del correspondiente interés de demora, conforme a lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, desde el momento del pago del anticipo hasta la fecha en la que se acepte la renuncia por parte del órgano concedente.
2. En caso de devolución voluntaria del anticipo recibido, entendiendo por tal aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento del órgano concedente, el beneficiario deberá remitir de forma fehaciente justificante de transferencia bancaria a favor de la FEPRL u órgano equivalente de las comunidades autónomas. Los intereses se calcularán de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, desde el momento del pago del anticipo que se hubiera realizado hasta el momento en que se produzca la devolución efectiva por parte del beneficiario.
3. La FEPRL, antes de comunicar al órgano competente del Ministerio de Trabajo y Economía Social la necesidad de iniciar el procedimiento de reintegro, procederá a poner en conocimiento del beneficiario su situación, para que este proceda en el plazo de diez días hábiles, si así lo desea, al ingreso de las cantidades percibidas indebidamente, conforme al procedimiento previsto en el apartado anterior.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención se efectuará de conformidad con los siguientes criterios:
a) Obtención de la subvención falseando datos o las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas condiciones que lo hubieran impedido. Porcentaje a reintegrar: cien por cien de la cantidad percibida.
b) Falsear la documentación aportada como justificante de la subvención. Porcentaje a reintegrar: cien por cien de la cantidad percibida.
c) Incumplimiento de los fines, objetivos y finalidades para los que se presentó la solicitud en un cincuenta por ciento o más del importe total del proyecto. Porcentaje a reintegrar: Cien por cien de la cantidad percibida.
d) Incumplimiento de los fines, objetivos y finalidades para los que fue concedida la ayuda en menos de un cincuenta por ciento sobre el importe total del proyecto. Porcentaje a reintegrar: Porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.
e) Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 5.5.h). Porcentaje a reintegrar: Veinte por ciento de la cantidad percibida.
f) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo fijado y tras el correspondiente requerimiento por parte del órgano de control cuando afecte a un cincuenta por ciento o más del importe total del proyecto. Reintegro: Cien por cien de la cantidad percibida.
g) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo fijado y tras el correspondiente requerimiento por parte del órgano de control, cuando afecte a menos de un cincuenta por ciento del importe total del proyecto. Porcentaje a reintegrar: Porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.
h) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas, relativas a las obligaciones del beneficiario, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Porcentaje a reintegrar: cien por cien de la cantidad percibida.
i) Incumplimiento por los beneficiarios de los compromisos por aquellos asumidos con motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto, adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda o por cualquier otro motivo distinto de los anteriores. Porcentaje a reintegrar: el cien por cien de la cantidad percibida cuando el incumplimiento supere el cincuenta por ciento de la cantidad percibida o, en caso contrario, un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación, en ambos casos, de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.
j) Incumplimientos de carácter económico:
1.º Incluir gastos que no respondan a la actividad subvencionada, que no supongan un coste susceptible de subvención, que ya hubieran sido financiadas con otras subvenciones o que se hubieran justificado mediante documentos que no reflejaran la realidad de las operaciones (minoración aplicable: El importe de los gastos objeto de incumplimiento).
2.º Presentación de documentos contables no válidos en el tráfico jurídico mercantil (minoración aplicable: el importe de los gastos objeto de incumplimiento).
3.º Gastos cuyo pago no quede suficientemente justificado (minoración aplicable: el importe de los gastos objeto de incumplimiento).
4.º No efectuar los pagos relativos a la acción subvencionada dentro de los plazos establecidos (minoración aplicable: El importe de los gastos objeto de incumplimiento).
k) Incumplimientos de carácter técnico:
1.º Incumplimiento total o parcial de alguna de las actividades que fundamentaron la selección del proyecto (minoración aplicable: Hasta el cien por cien de la subvención concedida).
2.º Falta de realización de alguno de los productos del proyecto o cuya calidad no sea ajustada a los indicadores previstos en convocatoria (minoración aplicable: Hasta el cien por cien del importe presupuestado para el producto).
3.º No presentar, o enviar fuera de plazo y forma, la documentación técnica suficiente para la justificación de la subvención (minoración aplicable: Hasta el cien por cien de la subvención concedida).
l) Incumplimientos en el ámbito de la publicidad:
1.º Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 5.5, así como de las especificaciones que sobre publicidad se reflejen en la convocatoria (minoración aplicable: Hasta un treinta por ciento del coste justificado para el producto final).
2.º Ausencia de los logotipos previstos en las presentes bases y en las respectivas convocatorias en cualquier lugar donde se realice la publicidad del proyecto (minoración aplicable: Hasta un treinta por ciento del coste justificado para el producto final).
3.º Inclusión de logotipos o mención, en cualquier documento, de entidades no colaboradoras en el proyecto (minoración aplicable: Hasta el veinte por ciento del coste justificado para el producto final).
4.º Colocación de los logotipos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la FEPRL, u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, en un lugar no preferente o igual que otros logotipos (minoración aplicable: hasta un quince por ciento del coste justificado para el producto final).
5.º No respetar la imagen corporativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la FEPRL, u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, en lo relativo al diseño, formato, dimensiones y calidades facilitadas por la misma (minoración aplicable: Hasta un diez por ciento del coste justificado para el producto final).
6.º Consideración incorrecta como organizadores, patrocinadores o colaboradores a entidades que cobran por sus servicios en el proyecto (minoración aplicable: Un diez por ciento del coste justificado para el producto final).
m) Incumplimientos relativos a la autorización:
1.º Modificación en la autoría de una obra en reedición o redifusión, cuyos derechos de explotación correspondan a la FEPRL u órgano equivalente de las comunidades autónomas, sin autorización de estos (minoración aplicable: No financiación del importe presupuestado al producto).
2.º Falta o modificación de alguna de las cualidades que fundamentan la elección del proyecto sin previa autorización de la FEPRL u órgano equivalente de las comunidades autónomas (minoración aplicable: Hasta un diez por ciento de la subvención concedida).
3.º No cumplir con la obligación de la comunicación previa a la FEPRL, u órgano equivalente de las comunidades autónomas, de las jornadas y eventos conforme a lo previsto en las convocatorias de desarrollo (minoración aplicable: no financiación del veinticinco por ciento del coste justificado para el producto final).
4.º El incumplimiento de la normativa legal vigente sobre el depósito legal de las publicaciones (minoración aplicable: No financiación del importe presupuestado al producto, hasta un límite del veinticinco por ciento de la subvención concedida).
2. Los criterios anteriores resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y, dentro de los límites previstos en estas bases, deberán responder al principio de proporcionalidad, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21.
La aplicación de los criterios anteriores no podrá tener como consecuencia el establecimiento de un doble reintegro en base a idéntico incumplimiento.
En ningún caso se podrá establecer un porcentaje de reintegro por la justificación de un gasto menor a la cuantía de la subvención concedida, cuando se hayan cumplido plenamente los objetivos de la misma, sin perjuicio de la pérdida de derecho al cobro correspondiente.
3. La procedencia del reintegro de las cantidades percibidas indebidamente llevará aparejada la exigencia del correspondiente interés de demora, que será el interés legal del dinero incrementado este en un veinticinco por ciento, salvo que las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado establezcan otro diferente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o del ingreso por parte del beneficiario en caso de devolución voluntaria.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, debiendo reintegrarse en el Tesoro Público, adscritos a la finalidad de prevención de riesgos laborales.
2. El órgano competente del Ministerio de Trabajo y de Economía Social o de la Comunidad Autónoma correspondiente, a propuesta del órgano de concesión o seguimiento, dictará las resoluciones necesarias para la adecuada tramitación del procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente.
3. El procedimiento para el reintegro se regirá por los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 94 a 101 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectada.
5. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de quince días hábiles.
6. El órgano competente para la resolución del procedimiento de reintegro dictará resolución al efecto, la cual será notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora, de acuerdo con los establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia se establecen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la correspondiente normativa autonómica.
2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que se dará audiencia a la persona interesada antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las convocatorias de desarrollo deberán regular la implementación de un conjunto de indicadores para cada una de las acciones financiadas, que permitan evaluar de manera objetiva y cuantificable los resultados obtenidos en la realización de estas, tanto de su contenido técnico, como de su eficacia, eficiencia y economía.
Los resultados obtenibles de los indicadores del desarrollo de cada convocatoria, tanto en niveles territoriales como sectoriales, deberán permitir determinar si la financiación de las acciones ha tenido alguna incidencia en la promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.
Así el conjunto de indicadores de cada convocatoria deberá permitir conocer, entre otros, el número de usuarios que han recibido cada acción subvencionada, su grado de satisfacción con el resultado de la acción, o la originalidad de ésta sobre acciones anteriores.
Se faculta a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social para dictar las correspondientes resoluciones y/o instrucciones para la ordenación y desarrollo de lo establecido en estas bases.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de julio de 2023.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
