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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 27 de octubre de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de las tasas y precios públicos de los ayuntamientos de municipios de población superior a 500.000 habitantes, ejercicio 2017 (número expediente Congreso 251/103, y número expediente Senado 771/102), acuerda:

1. Instar a los ayuntamientos fiscalizados a:

– Efectuar un seguimiento sistemático del coste efectivo de los servicios que determinan la exigencia de tasas mediante la implantación de un sistema de contabilidad analítica, que permita verificar el cumplimiento permanente del principio de equivalencia en su exacción y, en el caso, de los precios públicos, que garantice que su importe no sea inferior al del coste de tales servicios, excepto en los supuestos en que existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que aconsejen reducir su importe por debajo del referido límite.

– Establecer un grado de cobertura mínimo del importe de las tasas exigidas por cada entidad local, respecto al coste de los servicios que gravan, para asegurar que dichos ingresos de naturaleza tributaria tiendan a cubrir el coste de los referidos servicios, con arreglo al principio de equivalencia.

– Establecer los procedimientos necesarios que garanticen la realización de las actuaciones previstas para los municipios de gran población en materia de establecimiento y regulación de las tasas, incluyendo la solicitud de dictámenes a órganos especializados con ocasión de la tramitación de nuevas ordenanzas fiscales o de su posterior modificación, aun cuando dicha solicitud no sea preceptiva.

– Publicar en sus páginas web o portales de transparencia los informes técnicos económicos o económico-financieros relativos a las ordenanzas reguladoras de las tasas y precios públicos, y los dictámenes sobre los mismos, así como las evaluaciones posteriores sobre el grado de cobertura de estos ingresos públicos respecto a los costes efectivos de los servicios gravados y, en definitiva, sobre el cumplimiento del principio de equivalencia.

– Adoptar las medidas necesarias para que puedan exigirse de manera efectiva las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en favor de empresas de telefonía, tanto fija como móvil, conforme a los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo, y llevarse a cabo las actuaciones de comprobación e investigación encaminadas a su liquidación y recaudación.

– Establecer unos criterios objetivos que permitan llevar a cabo una mayor armonización de las tarifas de determinadas tasas, como la relativa a la retirada de vehículos de la vía pública, que tiendan a cubrir el coste de los servicios que dan lugar a su exacción, con el fin de evitar grandes diferencias de tributación respecto a servicios en régimen de derecho público similares entre distintos municipios, que no se encuentran justificadas por la existencia de significativas diferencias entre los costes de tales servicios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2022.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.