Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.5 del Reglamento interno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobado por Resolución de 25 de febrero de 2019, de la entonces Secretaría de Estado de Servicios Sociales (BOE núm. 58, de 8 de marzo), el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó, en su reunión extraordinaria de 27 de mayo de 2024, el Acuerdo por el que se aprueba la corrección de erratas en el texto de Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 30 de noviembre de 2023, sobre la aprobación de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 1.099.994.178,33 euros, que se publica como anexo a esta resolución.

Madrid, 3 de junio de 2024.–La Secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez Rodríguez.

ANEXO

Acuerdo por el que se aprueba la corrección de erratas en el texto de Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 30 de noviembre de 2023, sobre la aprobación de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 1.099.994.178,33 euros

Distribución territorial de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El presupuesto para 2023 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 incluye 1.143 millones de euros para el componente 22: «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión», que forma parte del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De ellos, 1.099.994.178,33 euros van a ser ejecutados por las comunidades autónomas y las entidades locales, mediante proyectos que deberán corresponderse con los siguientes tipos de inversión:

– Plan de apoyos y cuidados de larga duración:

A. Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los equipamientos existentes.

B. Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, mediante la introducción de equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal mediante el uso de la teleasistencia avanzada, así como de cualquier otro medio tecnológico que permita la prestación de apoyos y cuidados en viviendas conectadas y entornos de cuidados inclusivos, también en el medio rural

– Plan de modernización de los servicios sociales:

C. Transformación tecnológica de los servicios sociales, mediante la implementación de programas integrales para introducir nuevas tecnologías en la atención de los servicios sociales, con el fin de mejorar su eficacia y su calidad y favoreciendo el intercambio de información entre sistemas y servicios.

D. Proyectos piloto de innovación en servicios sociales.

E. Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales.

– Plan España País Accesible:

F. Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios.

G. Accesibilidad en el ámbito educativo.

H. Adaptación de puestos de trabajo accesible.

I. Accesibilidad en el transporte.

Estos fondos se distribuirán territorialmente a través de las comunidades y ciudades autónomas, que a su vez deberán establecer los convenios de colaboración necesarios con las entidades locales de su ámbito, de acuerdo con las distintas realidades institucionales

1. Variables para la distribución de fondos y resultado de su aplicación en 2023:

Esta distribución territorial de los fondos se realizará mediante las mismas variables y ponderaciones que se utilizan para el Plan Concertado de Servicios Sociales, utilizando los mismos datos que ya se utilizaron en la distribución territorial de 2021 por ser los acordados con las comunidades autónomas también para 2022 y 2023.

Estas variables y sus ponderaciones son las siguientes:

1) Población: 90,0 %.

2) Superficie: 5,0 %.

3) Población dependiente: 2,3 %.

4) Dispersión: 1,5 %.

5) Grandes Urbes: 0,7 %.

6) Insularidad: 0,5 %.

De su aplicación se obtiene el siguiente resultado:

Comunidades Autónomas	Euros	Porcentaje distribución
Andalucía.	188.100.560,84	17,10
Aragón.	35.683.698,81	3,24
Asturias.	25.825.118,81	2,35
Balears, Illes.	26.893.211,58	2,44
Canarias.	51.226.932,94	4,66
Cantabria.	16.500.000,00	1,50
Castilla y León.	63.027.673,36	5,73
Castilla-La Mancha.	52.558.655,02	4,78
Cataluña.	166.024.916,06	15,09
Extremadura.	28.297.717,18	2,57
Galicia.	68.650.057,49	6,24
Madrid.	141.668.642,52	12,89
Murcia.	33.889.615,74	3,08
Navarra.	16.550.081,68	1,50
País Vasco.	48.478.237,74	4,41
La Rioja.	16.500.000,00	1,50
C. Valenciana.	109.119.058,56	9,92
Ceuta.	5.500.000,00	0,50
Melilla.	5.500.000,00	0,50
Total.	1.099.994.178,33	100,00

2. Participación de las entidades locales:

Las entidades locales participarán en al menos el 15 % de los fondos asignados a cada comunidad autónoma, ya sea directamente o de forma compartida con la comunidad autónoma.

Para ello, cada comunidad autónoma establecerá convenios de colaboración con las entidades locales de su territorio, de acuerdo con la realidad institucional de cada caso. En dichos convenios deberán especificarse los proyectos a los que se dirigirán estos fondos y su relación con los objetivos del componente 22 «Plan de choque de la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En lo relativo a la transferencia y gestión de los fondos, incluyendo la recepción de los proyectos que se proponen y su justificación posterior, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se relacionará únicamente con las comunidades autónomas, incluso para los proyectos incluidos en los anteriores convenios.

3. Distribución de los fondos entre los distintos tipos de proyectos:

Las comunidades y ciudades autónomas ejecutarán los proyectos presentados y autorizados en su momento por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como sus correspondientes modificaciones, sin que la suma de los importes asignados a cada proyecto pueda superar el volumen total de recursos asignado a la comunidad o ciudad autónoma.

Todos los proyectos, incluso los modificados con la autorización correspondiente, habrán de corresponderse con algunas de las líneas recogidas más arriba, y salvo que se justifique adecuadamente alguna excepción, se deben cumplir los siguientes porcentajes mínimos de inversión (en el caso de Ceuta y Melilla, estos porcentajes mínimos no serán obligatorios):

A	Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los equipamientos existentes.	≥ 50 %
B	Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados.	≥ 10 %
C	Transformación tecnológica de los servicios sociales.	≥ 10 %
D	Proyectos piloto de innovación en servicios sociales.
E	Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales.	≥ 10 %
F	Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios.	≥ 1,5 %
G	Accesibilidad en el ámbito educativo.
H	Adaptación de puestos de trabajo accesible.
I	Accesibilidad en el transporte.

4. Eficiencia en la gestión de los proyectos:

La plena ejecución de estos fondos es un objetivo importante que requiere el compromiso de todas las administraciones públicas. Los proyectos presentados por las comunidades autónomas se evaluarán de conformidad con los informes semestrales que deben presentar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Los informes de ejecución relativos al segundo semestre de 2023 deberán ser presentados ante la Secretaría de Estado de Derechos Sociales no más tarde del 31 de enero de 2024.

5. Distribución final de los fondos:

La cuantía de la distribución de los fondos indicada en el epígrafe 1 anterior queda condicionada a la comprobación por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del avance de los proyectos acordados a ejecutar por parte de las comunidades autónomas con cargo a los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en concreto, sobre el crédito comprometido asociado respecto a los fondos recibidos en el ejercicio 2021. Por este motivo, la cuantía a distribuir definitiva podrá verse minorada en la adenda al convenio vigente suscrito con cada comunidad y ciudad autónoma, salvo que la comunidad autónoma o Ceuta y Melilla presenten una senda de ejecución verificable compatible con los objetivos e hitos del Plan y así lo ratifique la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

De existir alguna cuantía sobrante debido a alguna minoración, esta se podrá redistribuir, aplicando las mismas variables del epígrafe 1, entre el resto de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.

ANEXO I

Componente 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recuperación Next Generation EU y está configurado como un instrumento de financiación orientado a resultados y es en este marco donde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cobra importancia como la programación de las inversiones y reformas en los próximos años.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia define las prioridades del Gobierno de España para materializar parte de la inversión procedente de los Fondos de Recuperación Next Generation EU.

Estos fondos, a través de una agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan, se orientan hacia un futuro que ha de ser más verde, más digital, más igualitario y cohesionado desde el punto de vista social y territorial.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país a través de un crecimiento sostenible e inclusivo. La política palanca VIII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» incluye el componente 22 «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión» que pretende reforzar las políticas de atención a la dependencia y apoyos a la autonomía personal impulsando un cambio en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración hacia una atención centrada en la persona e impulsando la desinstitucionalización.

El componente 22, en lo que respecta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, comprende tres líneas de reforma y tres líneas de inversión:

Líneas de reforma del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

C22.R1	Reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración.
C22.R2	Modernizar los servicios sociales públicos y dotarles de un nuevo marco normativo.
C22.R3	Aprobar una nueva Ley de protección de las familias y de reconocimiento de su diversidad.

Líneas de inversión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

C22.I1	Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología.
C22.I2	Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia.
C22.I3	Plan España País Accesible.

Para el año 2023, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene asignados para las tres líneas de inversión 1.143.403.330 euros de los cuales 1.099.994.178,33 euros serán ejecutados por las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla en el ámbito de este Acuerdo, así como las entidades locales, que tendrán todas ellas condición de entidades ejecutoras.

Hitos y objetivos

Para cada línea de inversión del componente 22 se señalan los hitos y objetivos CID (Council Implementation Decisión) y los objetivos OA (Operational Arragement) que tienen carácter vinculante por estar fijados en la Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica la Decisión de Ejecución del Consejo (UE), de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, aprobada en octubre de este año, a nivel de país y con el compromiso de todas las Administraciones Públicas involucradas.

C22.I1: Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología.

En consonancia con la reforma 1 del Componente 22, España invertirá en seis ámbitos de actuación:

i. En un plan de apoyos de larga duración que analiza la situación actual de las políticas asistenciales y trata de determinar las necesidades de mejora y formular propuestas para la reforma de la actual Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. También evaluará la situación y los proyectos en curso en los distintos territorios;

ii. Una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, incluida la realización de campañas de sensibilización y difusión;

iii. Cuatro proyectos piloto destinados a impulsar la desinstitucionalización y extraer enseñanzas para la transformación de los apoyos y cuidados de larga duración, incluidos los destinados a las personas con discapacidad intelectual;

iv. Construcción y renovación de centros residenciales, no residenciales y centros de día e inversión en su equipamiento para mejorar la calidad de los servicios asistenciales. Estos proyectos de inversión serán ejecutados por las comunidades autónomas con arreglo a la evaluación de las necesidades territoriales; y garantizando que las plazas residenciales nuevas y renovadas se ajusten a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

v. Reforma de centros de día integrados en la comunidad, también en las zonas rurales, gestionados por el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030). Se reformarán y adaptarán al nuevo modelo de cuidados de larga duración centrado en las personas con discapacidad física once centros, correspondientes a 1.100 plazas. Se dedicarán también inversiones a proyectos innovadores en los mismos centros; y

vi. Nuevos servicios de asistencia a distancia para avanzar hacia una atención proactiva y personalizada que contribuya a la autonomía y el mantenimiento personales de los pacientes que dependen de los cuidados en el hogar.

Para esta línea de inversión, en los ámbitos iv y vi antes citados, se contemplan tres objetivos CID:

– Objetivo 322 «Nuevos servicios de teleasistencia desplegados por al menos 304.000.000 euros.» El plazo de cumplimiento del objetivo es el primer trimestre del año 2025. Con fecha de referencia desde 31 de marzo de 2020.

El mecanismo de verificación consistirá en un documento resumen que justifique debidamente cómo el objetivo (incluidos los elementos pertinentes del objetivo, como se indica en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en el anexo CID) fue satisfactoriamente cumplido. Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo con la siguiente información para cada comunidad autónoma: un resumen de las actuaciones realizadas incluyendo aquellos aspectos que acrediten la alineación con la descripción del objetivo y la inversión en la CID especificando: (a) el número de beneficiarios que se verían afectados de cada una de ellas; (b) la relación de códigos oficiales de las intervenciones realizadas; (c) el presupuesto ejecutado sin IVA; y (d) la fecha de finalización.

El reparto del indicador presupuestario para el objetivo 322 corresponde al presupuesto que en los respectivos convenios vigentes dispone cada comunidad autónoma en proyectos vinculados a dar respuesta a este objetivo CID.

En relación con el objetivo 322, se realiza un reparto adicional de fondos por valor de 63.848.950,32 euros. Esta aportación se distribuye de manera lineal entre las CCAA, siguiendo las variables y ponderaciones detalladas en el anexo metodológico sobre el cálculo de la distribución por territorios.

De esta forma, la tabla del reparto del indicador presupuestario para el objetivo 322 corresponde al presupuesto que en los respectivos convenios vigentes dispone cada comunidad autónoma en proyectos vinculados a dar respuesta a este objetivo CID queda con la siguiente distribución:

Comunidades Autónomas	Fondos Reparto 2023 – Euros	Presupuesto Total 2021-2023 – Euros	Indicador del Objetivo 322 – Euros
Andalucía.	42.708.211,39	105.404.211,39	87.110.918,51
Aragón.	4.992.057,39	10.671.359,59	8.819.305,44
Asturias.	1.498.886,09	4.178.886,09	3.453.624,87
Balears, Illes.	4.005.792,79	7.992.848,08	6.605.659,57
Canarias.	14.707.788,22	25.311.286,42	20.918.418,53
Cantabria.	2.457.734,25	4.903.934,25	4.052.838,23
Castilla y León.	4.462.740,61	18.148.713,82	14.998.937,04
Castilla-La Mancha.	7.827.844,09	15.619.844,09	12.908.962,06
Cataluña.	32.276.316,61	49.343.742,32	40.779.952,32
Extremadura.	4.214.649,04	8.410.034,63	6.950.441,84
Galicia.	9.474.211,21	18.584.211,21	15.358.852,23
Madrid.	8.228.605,51	43.708.887,51	36.123.047,53
Murcia.	4.758.977,72	9.908.977,72	8.189.237,79
Navarra.	4.059.666,61	8.758.748,61	7.238.635,21
País Vasco.	2.814.592,56	2.814.592,56	2.326.109,56
La Rioja.	957.734,25	957.734,25	791.515,91
C. Valenciana.	16.283.497,96	32.483.497,96	26.845.866,08
Ceuta.	319.244,75	319.244,75	263.838,64
Melilla.	319.244,75	319.244,75	263.838,64
Total.	166.367.795,80	367.840.000,00	304.000.000,00

– Objetivo 470: Publicación en el Diario Oficial del presupuesto o en la Plataforma de Contratación Pública de la concesión (gasto comprometido) de al menos 1.355.000.000 euros en el segundo trimestre de 2024 para la rehabilitación y construcción de centros residenciales, no residenciales y centros de día con el fin de adaptarlos al nuevo modelo de cuidados de larga duración.

El reparto del indicador presupuestario para el objetivo 470 es el porcentaje que corresponde del presupuesto total relativo a actuaciones que dan respuesta al objetivo CID 323 en los respectivos convenios vigentes de cada comunidad autónoma.

También se realiza un reparto adicional de 36.151.049,68 euros a los casi 1.520 millones de euros iniciales para el cumplimiento objetivo CID 323. Esta aportación adicional se distribuye de manera lineal entre las CCAA, siguiendo las variables y ponderaciones detalladas en el anexo metodológico sobre el cálculo de la distribución por territorios.

De esta forma, el reparto de fondos que se realiza en el presente Acuerdo destinados al cumplimiento de los objetivos 470 y 323 queda con la siguiente distribución:

Comunidades Autónomas	Fondos Reparto 2023 – Euros	Presupuesto Total 2021-2023 – Euros	Indicador del Objetivo 470 – Euros
Andalucía.	97.993.786,45	204.411.286,45	178.148.914,51
Aragón.	23.471.440,62	59.481.033,98	51.839.024,26
Asturias.	17.700.664,00	38.914.664,00	33.914.982,24
Balears, Illes.	17.239.714,40	43.912.935,71	38.271.085,55
Canarias.	24.968.539,98	73.683.504,44	64.216.788,43
Cantabria.	8.042.265,75	20.273.265,75	17.668.595,26
Castilla y León.	43.017.353,09	83.755.018,09	72.994.333,22
Castilla-La Mancha.	31.320.810,93	79.661.810,93	69.427.013,50
Cataluña.	80.922.290,63	223.846.133,12	195.086.809,18
Extremadura.	15.722.139,01	39.845.606,16	34.726.318,73
Galicia.	39.815.846,28	103.835.846,28	90.495.214,94
Madrid.	100.441.974,51	224.205.206,01	195.399.749,07
Murcia.	18.294.243,82	45.648.487,09	39.783.656,59
Navarra.	9.233.958,07	21.904.014,07	19.089.828,15
País Vasco.	38.130.381,18	93.523.083,71	81.507.416,41
La Rioja.	11.420.565,75	29.075.445,75	25.339.887,97
C. Valenciana.	60.592.775,02	157.106.654,38	136.921.890,97
Ceuta.	2.880.755,25	7.034.755,25	6.130.943,32
Melilla.	1.755.755,25	4.632.755,25	4.037.547,70
Total.	642.965.259,99	1.554.751.506,42	1.355.000.000,00

– Objetivo 323 «Plazas residenciales, no residenciales y en centros de día» que consiste en la «Renovación o construcción de centros residenciales, no residenciales y de día para adaptar al menos 15.200 plazas al nuevo modelo de cuidados de larga duración». El plazo del cumplimiento del objetivo termina el segundo trimestre de 2026.

El reparto del indicador en número de plazas para el objetivo CID 323 es el porcentaje equivalente en presupuesto total relativo a actuaciones que dan respuesta al objetivo CID 323 en los respectivos convenios vigentes de cada comunidad autónoma, y es el expuesto en la tabla a continuación:

Comunidades Autónomas	Indicador mínimo o igual de n.º de plazas objetivo 323 a junio 2026
Andalucía.	1.998
Aragón.	582
Asturias.	381
Balears, Illes.	429
Canarias.	683
Cantabria.	198
Castilla y León.	819
Castilla-La Mancha.	664
Cataluña.	2.189
Extremadura.	390
Galicia.	1.015
Madrid.	2.358
Murcia.	446
Navarra.	214
País Vasco.	914
La Rioja.	270
C. Valenciana.	1.536
Ceuta.	69
Melilla.	45
Total.	15.200

El mecanismo de verificación consistirá en un documento resumen que justifique debidamente cómo el objetivo (incluidos los elementos pertinentes del objetivo, como se indica en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en el anexo CID) fue satisfactoriamente cumplido. Este documento deberá incluir como anexo una hoja de cálculo con la siguiente información: la lista de centros residenciales, no residenciales y centro de atención diurna, reformadas y/o construidas y su domicilio y para cada uno de ellos:

a) el número de plazas individuales adaptadas en cada; y

b) las referencias oficiales de los certificados emitidos de acuerdo con las normas y legislación nacionales que demuestren que estas intervenciones han sido completadas

Los objetivos deben ser ejecutados por las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, y en su caso por entidades locales, en su totalidad.

C22.I2: Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia.

En consonancia con la reforma 2 del Componente 22, España invertirá en cinco ámbitos de actuación:

i. Nuevas tecnologías para mejorar tanto la eficacia de los servicios sociales (menores tiempos de espera) como su calidad (mejores resultados de las intervenciones sociales), en concreto promoviendo la atención integrada.

ii. Herramientas tecnológicas para mejorar los sistemas de información y la gestión de los servicios sociales, incluida una plataforma en línea para centralizar la información de que disponen las Administraciones nacional y autonómicas. Esto incluye específicamente la plena implantación del Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS). Se espera que este nuevo sistema de información permita también la interoperabilidad con otros sistemas (empleo, salud y tercer sector). Incluye también una herramienta en línea para analizar los proyectos desarrollados por entidades del tercer sector, para gestionar los diversos programas presupuestarios relacionados con los servicios sociales y la atención a la familia, la infancia y determinados colectivos vulnerables, así como una plataforma en línea para centralizar la información sobre la asistencia disponible en la Administración General del Estado y en las Comunidades Autónomas.

iii. Proyectos piloto para promover la innovación en el marco de los servicios sociales.

iv. Formación del personal del sistema público de servicios sociales que participe en la aplicación y el apoyo del nuevo modelo de cuidados de larga duración.

v. Mejora de las infraestructuras residenciales y otros aspectos de los centros de atención a la infancia y la adolescencia, teniendo más en cuenta las necesidades emocionales, personales, educativas y profesionales.

La mayor parte de la inversión consistirá en proyectos ejecutados por los gobiernos autonómicos para la transformación tecnológica de los servicios sociales y para la modernización de las infraestructuras y los servicios asociados a la protección residencial y a las familias de acogida.

Para esta línea de inversión se contempla un Hito CID:

– Hito 325 «Ejecución de proyectos para la transformación tecnológica de los servicios sociales y para la modernización de las infraestructuras y los servicios asociados a la protección residencial y las familias de acogida». Este objetivo consiste en la «realización por los gobiernos autonómicos de la transformación tecnológica de los servicios sociales, que permita la interoperabilidad con otros sistemas que interactúen con estos servicios (empleo, sanidad, tercer sector), así como la modernización de las infraestructuras y los servicios asociados a la protección residencial en los centros de atención a niños, niñas y adolescentes, entre otras teniendo más en cuenta las necesidades de apoyo personalizado (incluidas las emocionales y las educativas y profesionales) y ofreciendo formación a las familias de acogida, por un presupuesto total ejecutado de al menos 450.000.000 euros. El plazo de cumplimiento de este objetivo termina el cuarto trimestre de 2025.

El mecanismo de verificación consiste en un documento resumen que justifique debidamente cómo el objetivo se cumplió satisfactoriamente (incluidos los elementos pertinentes del objetivo, como se indica en la descripción del objetivo y de la medida correspondiente en el anexo CID). Este documento deberá incluir como anexo una hoja de cálculo con la siguiente información:

Para cada comunidad autónoma la lista de códigos oficiales de las intervenciones completadas y para cada una de ellas:

a) descripción de las actividades, incluidas los aspectos que prueban su alineación con la descripción del objetivo e inversión en el CID.

b) presupuesto ejecutado sin IVA.

c) fecha de realización.

Sobre la base de una muestra seleccionada por la Comisión, se presentarán las siguientes pruebas documentales para cada una de las unidades (intervenciones) seleccionadas: Una copia del certificado de terminación emitida de acuerdo con la legislación nacional, incluyendo el presupuesto ejecutado sin IVA y un extracto del documento oficial que describe el tipo de intervención realizada.

Este objetivo no tiene un OA intermedio.

El reparto del indicador de este objetivo queda de la forma recogida en la tabla a continuación:

Comunidad Autónoma	Fondos Reparto 2023 – Euros	Presupuesto Total 2021-2023 – Euros	Indicador del objetivo 325 – Euros
Andalucía.	39.625.822,00	139.637.004,00	88.958.985,70
Aragón.	7.220.200,80	17.102.937,56	10.895.822,27
Asturias.	6.250.000,00	19.530.000,00	12.442.038,58
Balears, Illes.	5.280.977,46	13.893.195,48	8.850.981,78
Canarias.	11.200.503,26	26.089.276,89	16.620.777,75
Cantabria.	5.250.000,00	13.811.700,00	8.799.063,20
Castilla y León.	11.515.289,00	35.987.615,00	22.926.743,17
Castilla-La Mancha.	12.693.000,00	33.314.000,00	21.223.454,85
Cataluña.	45.279.693,27	119.121.817,05	75.889.310,97
Extremadura.	7.074.632,34	18.611.942,75	11.857.168,96
Galicia.	18.410.000,00	45.440.000,00	28.948.603,84
Madrid.	30.498.062,50	72.118.470,11	45.944.740,77
Murcia.	10.836.394,20	28.575.373,85	18.204.603,37
Navarra.	3.106.000,00	10.088.000,00	6.426.793,92
País Vasco.	7.533.264,00	24.025.403,00	15.305.939,12
La Rioja.	3.446.700,00	8.703.030,00	5.544.466,72
C. Valenciana.	25.242.785,58	65.303.542,94	41.603.133,67
Ceuta.	2.300.000,00	6.300.000,00	4.013.560,83
Melilla.	3.425.000,00	8.702.000,00	5.543.810,53
Total.	256.188.324,41	706.355.308,63	450.000.000,00

– Objetivo 471 «Terminación de 19 proyectos piloto dirigidos a promover la innovación en los servicios sociales». El plazo de cumplimiento de este objetivo termina el cuarto trimestre de 2025.

Los proyectos piloto de innovación en servicios sociales detallados y descritos en los convenios firmados con las comunidades autónomas son los que recoge la siguiente tabla:

Comunidad Autónoma	N.º mínimo de proyectos piloto de innovación
Andalucía.	3
Aragón.	0
Asturias.	1
Balears, Illes.	0
Canarias.	1
Cantabria.	1
Castilla y León.	2
Castilla-La Mancha.	1
Cataluña.	4
Extremadura.	0
Galicia.	1
Madrid.	4
Murcia.	2
Navarra.	1
País Vasco.	2
La Rioja.	0
C. Valenciana.	0
Ceuta.	0
Melilla.	1
Total.	24

C22.I3: Plan España País Accesible.

España invertirá en mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios públicos, centrándose en mejorar la accesibilidad cognitiva en la comunicación con la Administración Pública (incluidos los sitios web) y el acceso físico a los edificios y espacios públicos; adecuación de los espacios físicos dedicados a servicios sanitarios; accesibilidad en los centros educativos; y adaptación del transporte público, incluida la accesibilidad entre zonas urbanas y rurales. Se proporcionará ayuda económica a los municipios para la realización de obras y la adquisición de equipamientos, dando prioridad al entorno rural. También se invertirá en campañas de comunicación y sensibilización, así como en proyectos de investigación de I+D+i en el ámbito de la accesibilidad cognitiva.

Para esta línea de inversión se contempla un objetivo CID:

– Objetivo 326: Inversiones terminadas en el primer trimestre de 2024 por parte de los municipios, los gobiernos regionales y el gobierno central para mejorar la accesibilidad y eliminar barreras con un presupuesto total de 178 millones de euros que deberían centrarse en:

● i. mejorar la accesibilidad cognitiva en la comunicación con las autoridades públicas (incluidos los sitios web);

● ii. mejorar el acceso físico a los edificios y espacios públicos, incluidos los servicios de salud y los centros educativos;

● iii. mejorar la accesibilidad al transporte público;

● iv. ejecutar obras de adaptación y comprar equipos por parte de los municipios, especialmente en las zonas rurales.

● v. Campañas de comunicación y sensibilización,

● vi. Proyectos de investigación I+D+i en el ámbito de la accesibilidad cognitiva.

El mecanismo de verificación consiste en un documento recapitulativo que justifique debidamente el cumplimiento satisfactorio del objetivo (incluyendo todos los elementos relevantes del objetivo que se indican en la descripción del objetivo y la medida correspondiente en el anexo CID), con los enlaces adecuados a las pruebas subyacentes de que fue satisfactoriamente cumplido. Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas documentales:

Lista de códigos oficiales de los proyectos, clasificados según la administración responsable y para cada uno de ellos:

a) las referencias oficiales de los certificados que demuestran que cada proyecto ha sido completado, emitido de acuerdo con las normas nacionales, legislación y procedimientos internos.

b) para cada proyecto, una descripción de la intervención y una explicación de cómo conducirá a mejorar la accesibilidad y a mejorar las barreras. Sobre la base de una muestra (que será seleccionada por la Comisión), se presentarán las siguientes pruebas documentales para cada proyecto seleccionado:

1.º Certificado con la documentación oficial describiendo el proyecto que se ha llevado a cabo.

2.º Una copia del certificado de finalización del mismo

El reparto del indicador presupuestario para el objetivo 326 corresponde al presupuesto que en los respectivos convenios vigentes dispone cada comunidad autónoma en proyectos vinculados a dar respuesta a este objetivo CID que se detalla en la tabla a continuación:

Comunidad Autónoma	Fondos Reparto 2023 – Euros	Presupuesto Total 2021-2023 – Euros	Indicador del objetivo 326 – Euros
Andalucía.	7.772.741,00	17.518.223,00	17.518.223,00
Aragón.	0	1.332.483,11	1.332.483,11
Asturias.	375.568,72	1.488.787,79	1.488.787,79
Balears, Illes.	366.726,93	964.785,21	964.785,21
Canarias.	350.101,48	2.089.337,08	2.089.337,08
Cantabria.	750.000,00	1.973.100,00	1.973.100,00
Castilla y León.	4.032.290,66	18.570.505,32	18.570.505,32
Castilla-La Mancha.	717.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00
Cataluña.	7.546.615,55	19.853.636,18	19.853.636,18
Extremadura.	1.286.296,79	3.383.989,59	3.383.989,59
Galicia.	950.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
Madrid.	2.500.000,00	11.652.182,13	11.652.182,13
Murcia.	0	0	0
Navarra.	150.457,00	335.868,00	335.868,00
País Vasco.	0	0	0
La Rioja.	675.000,00	2.225.790,00	2.225.790,00
C. Valenciana.	7.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Ceuta.	0	0	0
Melilla.	0	0	0
Total.	34.472.798,13	101.823.687,41	101.823.687,41

El crédito restante hasta 178 millones de euros corresponde ejecutar a la Administración General del Estado para contribuir al cumplimiento del objetivo 326.

En el marco del componente 22 «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de acuerdo con su punto 6. «Contribución del componente a la transición ecológica», los proyectos que deben ejecutar las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, así como las entidades locales, contribuyen a la consecución de los objetivos medioambientales asumidos por la Unión Europea y por España (a través de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima - PNIEC).

Las plazas en edificios nuevos se construirán ajustándose a los estándares que en materia de eficiencia energética establece la legislación nacional e internacional, concretamente que sean edificios de consumo energético casi nulo, según establece la Directiva 2010/31/UE, modificada sustancialmente por la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios 2018/844/UE, y los requisitos que exige el Código Técnico de la Edificación determinados el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

En el caso de edificios ya existentes el proyecto se alinea con el PNIEC, en concreto con el punto «2.2.4 Objetivo de eficiencia energética en los edificios públicos» donde se establece la obligatoriedad de renovar anualmente el 3 % de la superficie edificada en cada Estado miembro, de manera que estos edificios mejoren su rendimiento energético. En este sentido, el proyecto incorpora en casos de renovación de edificios la mejora del comportamiento energético en al menos una letra de acuerdo con la Certificación de Eficiencia Energética.

Por otra parte, de acuerdo con el punto 7. «Contribución del componente a la transición digital», del componente 22 «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el componente contribuye a la transformación digital de la administración pública mejorando el gobierno electrónico y los servicios públicos digitales.

Las inversiones permitirán la implementación de nuevas tecnologías y la automatización de servicios, así como la adquisición de equipos tecnológicos, software y licencias, refuerzo de la ciberseguridad y protección de datos personales y formación en nuevas tecnologías y técnicas de los funcionarios. De este modo se logra aumentar la eficiencia de las AAPP y su personal, al mismo tiempo que se modernizan los servicios sociales. En concreto:

– La línea C22.I1 incluye la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, principalmente teleasistencia, lo que se podría incluir en el campo de intervención 13 «Servicios y aplicaciones de sanidad electrónica (incluida la ciberasistencia, el internet de las cosas para la actividad física y la vida cotidiana asistida por el entorno)» con un coeficiente del 100 %.

– La línea C22.I2 incluye la transformación tecnológica de los servicios sociales y las entidades del tercer sector de acción social y la digitalización de las infraestructuras de protección residencial de niños, niñas y adolescentes, en especial con necesidades especiales o migrantes no acompañadas. Se podría aplicar el campo de intervención 11, «Soluciones de TIC para la Administración, servicios electrónicos, aplicaciones», con un coeficiente de 100 %.

– Para el Plan España País Accesible (C22.I3) se puede considerar la etiqueta 020 con un coeficiente 40 %.

Cada una de las comunidades autónomas especificarán su contribución a la consecución de los hitos y objetivos señalados.

Normativa aplicable

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

– Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

– Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

– Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

– Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

– Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

– Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los casos en que se celebren contratos que deban someterse a esta ley.

Dado que las actuaciones están incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las entidades ejecutoras están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos fijados en el Plan. Estarán sometidas a la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control establecidos para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y a la normativa de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control, así como las específicas relativas a la información y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa de la Unión Europea de obligado cumplimiento; especialmente en lo relativo a la evitación de los conflictos de interés, la prevención del fraude, la evitación de la doble financiación, la facilitación de acceso a las instituciones europeas de control y la identificación del contratista/prestador del servicio final, todo ellos obligaciones recogidas tanto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021. En todo caso, las actuaciones que se lleven a cabo en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberán garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, especialmente en materia de conflicto de intereses, fraude o corrupción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 y al artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Las actuaciones de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla no podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión Europea para el cumplimiento de los hitos y objetivos aquí indicados.

Adicionalmente, cuando proceda, tanto para el control del cumplimiento de la evitación de los conflictos de interés, la prevención del fraude, la evitación de la doble financiación, la facilitación de acceso a las instituciones europeas de control y la identificación del contratista/prestador del servicio final, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, especialmente en lo relativo a las obligaciones de suministro de información de la misma. Asimismo, las actuaciones subvencionables deben acogerse a lo dispuesto en el apartado 17 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.

Deberán contribuir a la fiabilidad del sistema en general y del sistema de seguimiento de indicadores del cumplimiento de hitos y objetivos y de seguimiento del coste estimado en particular;

a) A guardar la trazabilidad de cada una de las medidas y cada uno de los perceptores finales de los fondos, así como de disponer de un sistema que permita calcular y seguir los objetivos cuyo nivel de consecución tiene que reportar a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Esta obligación de pista de auditoría alcanza a la relativa al cumplimiento de hitos y objetivos y medición de indicadores.

b) A comunicar y facilitar la información disponible sobre la financiación comunitaria de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al sistema de gestión del Plan.

c) A someterse a las actuaciones de la autoridad de control, nacionales o comunitarias, o de las entidades que actúen bajo su coordinación o responsabilidad.

Aplicaciones presupuestarias

Las aplicaciones presupuestarias son las siguientes:

Programa	Concepto	Subconcepto	Importe – Euros
23VA		450.01. Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, centros de día) basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los equipamientos existentes.	11.605.629,38
		450.02. Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados.	54.251.180,39
		754.01. Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, centros de día) basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los equipamientos existentes.	648.270.630,61
		754.02. Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados.	95.155.615,41
		754.08. Estrategia nacional para el impulso de la desinstitucionalización y el cambio de modelo de cuidados de larga duración.	50.000,00
Total Programa 23VA.			809.333.055,79
23VB		450.03 Transformación tecnológica de los servicios sociales.	7.784.792,30
		450.04 Proyectos piloto de innovación en servicios sociales.	43.769.915,25
		450.05 Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales.	24.831.917,04
		450.09. Mejora de la formación de profesionales de servicios sociales, orientada hacia el cambio de modelo de atención y la capacitación tecnológica.	1.700.000,00
		754.03 Transformación tecnológica de los servicios sociales.	88.848.018,85
		754.04 Proyectos piloto de innovación en servicios sociales.	18.076.980,30
		754.05 Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales.	71.176.700,67
Total Programa 23VB.			256.188.324,41
23VC		450.06. Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios.	8.165.659,98
		754.06. Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios.	25.673.300,15
		754.07. Accesibilidad en el transporte.	633.838,00
Total Programa 23VC.			34.472.798,13
Total.			1.099.994.178,33

Dotación: 1.099.994.178,33 euros.

Formalización de los compromisos financieros

Con posterioridad al Acuerdo de distribución de los créditos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, el órgano competente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aprobará los instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalizan los compromisos financieros resultantes, de acuerdo con la regla cuarta de del artículo 86.2 de la citada Ley 47/2003 General Presupuestaria y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En los instrumentos jurídicos de formalización se hará constar lo siguiente:

1. Los pagos a cada comunidad autónoma para hacer efectivos los créditos asignados a todos los proyectos del presente anexo se librarán de una sola vez, tan pronto se haya efectuado el reparto territorial de los créditos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. Conforme al artículo 37 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, los ingresos por transferencias, que reciban las comunidades autónomas procedentes del servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el grado de detalle especificado en el mismo.

3. Las medidas a realizar por cada comunidad autónoma que vayan a ser financiadas con las transferencias recibidas deberán quedar claramente identificadas y descritas, indicando las inversiones que incluyen cada una de ellas, con indicación de los elementos necesarios para su completa identificación, así como que se enmarcan en el componente 22.

4. Cada comunidad autónoma asume el compromiso de cumplir el calendario previsto para la implementación de las inversiones. En cuanto al objetivo CID 470, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla deberán remitir al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el 31 de enero de 2024 a más tardar, un calendario de previsión de cumplimiento de este objetivo CID.

5. Deberá identificarse de manera individualizada el coste estimado de cada inversión. Será necesario establecer un calendario para la ejecución del coste estimado de cada medida. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.2 del Real Decreto Ley, de 30 de diciembre, las CCAA son responsables del seguimiento de ejecución del coste estimado, debiendo remitir de forma periódica información sobre el seguimiento de la ejecución de los gastos imputados a proyectos o iniciativas del PRTR, en la forma que se establezca mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

6. Cada línea de inversión tendrá definidos una serie de hitos y objetivos. El cumplimiento de los mismos por las CCAA es vinculante.

7. Las Comunidades Autónomas garantizarán el respeto al principio DNSH, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.

Para ello, las Comunidades Autónomas preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente acuerdo deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la componente 22, así como en las medidas I1, I2 e I3 en la que se enmarcan dichas actuaciones, en lo referido al principio DNSH y, especialmente, las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del componente del Plan.

Respecto al cumplimiento del principio DNSH, se deberán tener en cuenta todos los condicionantes especificados en los apartados 3 y 8 del documento de la componente 22, en la medida en que resulten de aplicación a este acuerdo, y se incluirán los condicionantes recogidos en las inversiones C22.I1, C22.I2 y C22.I3 que sean de aplicación a los gastos financiables. En concreto y a modo de ejemplo no exhaustivo:

I. Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de la actividad no contendrán amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas en la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

II. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

III. Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.

8. Las medidas, actuaciones y subvenciones financiadas con los créditos cuyo reparto se autoriza deberán incluir el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

– Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad, cuando no se realice con personal voluntario, con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.

– Contribuir a los objetivos de soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.

– Los contratistas y beneficiarios deberán tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en territorio nacional.

– Los servicios se prestarán desde centros de trabajo ubicados en España.

– Los beneficiarios y contratistas garantizarán que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan los accesos y derechos necesarios para que las instituciones y autoridades, tanto nacionales como comunitarias, puedan ejercer sus competencias.

– Los beneficiarios y contratistas facilitarán, a efectos de auditoría y control y para disponer de datos comparables sobre el uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos del artículo 22.d) del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

9. Tal y como se recoge en el artículo 7 de los PGE para 2023, así como en el artículo 37 del RDL 36/2020, en el caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos se deberán reintegrar los fondos recibidos de manera total o parcial, en cada caso. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la Ministra de Hacienda y Función Pública.

10. Las CCAA serán responsables de establecer unos indicadores fiables para medir el grado de cumplimiento de los hitos y objetivos de cada medida. En el caso de que la comunidad autónoma no vaya a ejecutar directamente la medida, sino que sean terceros destinatarios, públicos o privados, la comunidad autónoma deberá establecer mecanismos que aseguren que la actuación de estos últimos contribuye al logro de los objetivos previstos.

11. Las CCAA están obligadas a establecer una adecuada pista de auditoría de los indicadores, así como el adecuado soporte de la documentación conforme al artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento -UE, EURATON- 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018).

Las CCAA presentarán una cuenta justificativa de la utilización de los fondos recibidos a la finalización de la ejecución de la medida, que incluirá:

– Grado de cumplimiento de los hitos y objetivos respecto de los fijados inicialmente o, en su caso revisados.

– Coste real de la medida respecto del coste estimado inicialmente o revisado.

– Descripción de la medida y la manera de implementación, mecanismos de control aplicados en su ejecución.

12. Las CCAA presentarán una cuenta justificativa final para la liquidación de las cantidades recibidas, tanto de los importes utilizados como de los hitos y objetivos conseguidos.

13. Si como consecuencia de los controles efectuados por la autoridad nacional o por las instituciones comunitarias se constata un incumplimiento que derive en una merma del retorno de los Fondos, la responsabilidad se trasladará a la comunidad autónoma.

14. En caso de incumplimiento por parte de las CCAA, responderán de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable.

15. Los fondos que se destinen a inversiones ejecutadas por las entidades locales se formalizarán a través de la ampliación de los convenios existentes u otros nuevos, en los que se indicará expresamente la relación entre el empleo de los fondos y el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

16. Las CCAA se comprometen a respetar las obligaciones de información, comunicación y publicidad establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 y el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021.

En todo el material impreso, así como en la difusión de las actividades que se realicen con cargo a estos fondos, las CCAA se comprometen a incluir el logo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el emblema de la Unión Europea y una declaración de financiación adecuada que indique «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».

La publicidad de estas acciones se realizará de conformidad con lo establecido en el Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación.

Anexo metodológico sobre el cálculo de la distribución por territorios

Se ha aplicado la misma metodología, fuentes y datos que los aplicados en la distribución en 2021, tal y como se acordó ese año con las comunidades autónomas para los tres ejercicios: 2021, 2022 y 2023.

Atendiendo a sus características particulares, y al igual que se hace con otros fondos de distribución territorial, como el Plan Concertado de Servicios Sociales, a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla se les ha asignado un porcentaje fijo del 0,5 % de los recursos y a la Comunidad autónoma de La Rioja de un 1,5 %.

Una vez aplicado el conjunto de indicadores utilizado, se ha comprobado que el resultado final para la Comunidad autónoma de Cantabria también sería inferior al 1,5 %, por lo que a ella también se le ha asignado este porcentaje mínimo.

Por tanto, para el reparto del resto de comunidades autónomas del 96 % del crédito restante, incluyendo tanto las de régimen común como las forales, se utilizan los seis indicadores señalados al principio de este documento, de acuerdo con las siguientes definiciones:

1. Población: Este indicador mide la cifra oficial de población (de todas las edades y características) de acuerdo al Padrón municipal que los Ayuntamientos remiten al Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este criterio se reparte el 90 % de los fondos.

Para obtener la participación de cada CCAA en ese 90 % (lo que se ha denominado «peso ponderado») lo primero que se hace es calcular el porcentaje de población que tienen cada una de las CCAA sobre el total nacional en 2019 (último dato oficial que se tenía en 2021). Finalmente, al multiplicar por el 90 % que pesa este indicador, se obtiene el «peso relativo ponderado» (La suma de los pesos ponderados de todos los indicadores determina el porcentaje de los fondos que corresponderían a cada comunidad autónoma).

Comunidades Autónomas	Población total 90 %
	N.º de habitantes (1)	Peso relativo (2)= (1)/Total(1)	Peso rel. Ponderado (3) = (2)*90 %
Andalucía.		8.414.240	18,3 %	16,5 %
Aragón.	1.319.291	2,9 %	2,6 %
Asturias.	1.022.800	2,2 %	2,0 %
Balears, Illes.	1.149.460	2,5 %	2,3 %
Canarias.	2.153.389	4,7 %	4,2 %
Castilla y León.	2.399.548	5,2 %	4,7 %
Castilla - La Mancha.	2.032.863	4,4 %	4,0 %
Cataluña.	7.675.21	16,7 %	15,0 %
C. Valenciana.	5.003.76	10,9 %	9,8 %
Extremadura.	1.067.71	2,3 %	2,1 %
Galicia.	2.699.49	5,9 %	5,3 %
Madrid.	6.663.39	14,5 %	13,0 %
Murcia.	1.493.89	3,3 %	2,9 %
Navarra.	654.21	1,4 %	1,3 %
País Vasco.	2.207.77	4,8 %	4,3 %
Total.	45.957.06	100 %	90 %

– Indicador: Población.

– Definición: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 2019.

– Fuente: Cifras de Población (INE) 2019.

– Enlace: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.ht,?=2853&L=0

2. Superficie: Extensión territorial, en km², de cada una de las comunidades autónomas. El peso relativo se calcula como el porcentaje respecto al total y se pondera por el 5 % establecido.

Comunidades Autónomas	Superficie 5 %
	km2 (4)	Peso relativo (5) = (4)/Total(4)	Peso rel. Ponderado (6) = (5)*5 %
Andalucía.		87.597	17,7 %	0,9 %
Aragón.	47.720	9,6 %	0,5 %
Asturias.	10.602	2,1 %	0,1 %
Balears, Illes.	4.992	1,0 %	0,1 %
Canarias.	7.447	1,5 %	1,0 %
Castilla y León.	94.227	19,0 %	1,0 %
Castilla-La Mancha.	79.462	16,0 %	0,8 %
Cataluña.	32.091	6,5 %	0,3 %
C. Valenciana.	23.254	4,7 %	0,2 %
Extremadura.	41.635	8,4 %	0,4 %
Galicia.	29.575	6,0 %	0,3 %
Madrid.	9.028	1,6 %	0,1 %
Murcia.	11.314	2,3 %	0,1 %
Navarra.	10.390	2,1 %	0,1 %
País Vasco.	7.230	1,5 %	0,1 %
Total.	495.564	100 %	5%

– Indicador: Superficie.

– Definición: Extensión territorial en km².

– Fuente: Instituto Geográfico Nacional 2011.

– Enlace: https://cutt.ly/oylwnbj

3. Población dependiente (≥65 y <16): En primer lugar, se define como población dependiente a la población menor de 16 años (no inclusive) o mayor de 65 años (inclusive). A continuación, se calcula la tasa de población dependiente que presenta cada comunidad autónoma como la ratio entre la población dependiente y la población residente. Una vez obtenidas las tasas para cada comunidad se suman todas ellas para calcular el total. El peso relativo se calcula como el porcentaje de la población en esas edades en cada comunidad autónoma respecto a ese total. El resultado se pondera por el 2,3 % establecido para obtener el peso relativo ponderado de cada comunidad.

Comunidades Autónomas	Población mayor de 65 años y menor de 16 años 2,3 %
	Población dependiente (7a)	Población residente (7b)	Tasas de población dependiente (7) = (7a)/(7b)	Peso relativo (8)= (7)/Total(7)	Peso rel. Ponderado (9) = (8)*2,3 %
Andalucía.	2.893.023	8.476.718	34,13	6,4 %	0,1 %
Aragón.	487.916	1.330.445	36,67	6,9 %	0,2 %
Asturias.	384.190	1.018.775	37,71	7,1 %	0,2 %
Balears, Illes.	382.496	1.210.750	31,59	6,0 %	0,1 %
Canarias.	680.386	2.237.309	30,41	5,7 %	0,1 %
Castilla y León.	917.454	2.401.230	38,21	7,2 %	0,2 %
Castilla-La Mancha.	717.532	2.045.384	35,08	6,6 %	0,2 %
Cataluña.	2.723.071	7.652.069	35,59	6,7 %	0,2 %
C. Valenciana.	1.779.186	5.028.650	35,38	6,7 %	0,2 %
Extremadura.	375.521	1.061.768	35,37	6,7 %	0,2 %
Galicia.	1.027.31	2.702.244	38,02	7,2 %	0,2 %
Madrid.	2.307.894	6.747.425	34,20	6,4 %	0,1 %
Murcia.	511.323	1.504.607	33,98	6,4 %	0,1 %
Navarra.	238.811	656.487	36,38	6,9 %	0,2 %
País Vasco.	824.659	2.189.310	37,67	7,1 %	0,2 %
Total.	16.250.783	46.263.171	530	100,0 %	2,3 %

– Indicador: Tasa de población dependiente.

– Definición: Peso relativo sobre la tasa de población dependiente calculada como el número de personas menores de 16 y mayores de 65 respecto al número de población residente.

– Fuente: Indicadores de estructura de población (INE) 2019.

– Enlace: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?=9682&L=0

4. Dispersión: Dispersión de la población de un territorio dado en función a las unidades poblacionales existentes en el mismo de acuerdo con la definición de entidades singulares recogida en el padrón continuo del año 2019. El peso relativo se calcula como el porcentaje respecto al total y se pondera por el 1,5 % establecido.

Comunidades Autónomas	Dispersión 1,5 %
	Entidades singulares (10)	Peso relativo (11)= (10)/Total(10)	Peso rel. Ponderado (12) = (11)*1,5 %
Andalucía.	2.811	4,6 %	0,1 %
Aragón.	1.553	2,6 %	0,0 %
Asturias.	6.955	11,5 %	0,2 %
Balears, Illes.	317	0,5 %	0,0 %
Canarias.	1.108	1,8 %	0,0 %
Castilla y León.	6.175	10,2 %	0,2 %
Castilla-La Mancha.	1.713	2,8 %	0,0 %
Cataluña.	3.904	6,4 %	0,1 %
C. Valenciana.	1.190	2,0 %	0,0 %
Extremadura.	622	1,0 %	0,0 %
Galicia.	30.347	50,1 %	0,8 %
Madrid.	786	1,3 %	0,0 %
Murcia.	896	1,5 %	0,0 %
Navarra.	950	1,6 %	0,0 %
País Vasco.	1.299	2,1 %	0,0 %
Total.	60.626	100 %	1,5 %

– Indicador: Dispersión.

– Definición: Proporción de entidades singulares.

– Fuente: Población del padrón Continuo por unidad poblacional (INE) 2019.

– Enlace: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?=2851&L=0

5. Grandes urbes: Número de poblaciones con más de 500.000 habitantes. El peso relativo se calcula como el porcentaje respecto al total de ciudades que tienen más de 500 mil habitantes y se pondera por el 0,7 % establecido.

Comunidades Autónomas	Grandes Urbes 0,7 %
	Más de 500.000 hab. (13)	Peso relativo (14)= (13)/Total(13)	Peso rel. Ponderado (15) = (14)*0,7 %
Andalucía.	2	33,3 %	0,2 %
Aragón.	1	16,7 %	0,1 %
Asturias.		0,0 %	0,0 %
Balears, Illes.		0,0 %	0,0 %
Canarias.		0,0 %	0,0 %
Castilla y León.		0,0 %	0,0 %
Castilla-La Mancha.		0,0 %	0,0 %
Cataluña.	1	16,7 %	0,1 %
C. Valenciana.	1	16,7 %	0,1 %
Extremadura.		0,0 %	0,0 %
Galicia.		0,0 %	0,0 %
Madrid.	1	16,7 %	0,1 %
Murcia.		0,0 %	0,0 %
Navarra.		0,0 %	0,0 %
País Vasco.		0,0 %	0,0 %
Total.	6	100 %	0,7 %

– Indicador: Grandes Urbes.

– Definición: Proporción del número de ciudades con más de 500 mil habitantes.

– Fuente: Población Municipal (INE) 2019.

– Enlace: https://www.ine.es/nomen_files/DistribucionUnidPoblacionales.xls

6. Insularidad: El peso relativo de las dos comunidades insulares se obtiene en función de la distancia en kilómetros desde cada territorio no peninsular a la península. Se pondera por el 0,5 % establecido.

Comunidades Autónomas	Insularidad 0,5 %
	km (16)	Peso relativo (17)= (16)/Total(16)	Peso rel. Ponderado (18) = (17)*0,5 %
Andalucía.	0	0,0 %	0,0 %
Aragón.	0	0,0 %	0,0 %
Asturias.	0	0,0 %	0,0 %
Balears, Illes.	309	20,0 %	0,1 %
Canarias.	1.230	79,9 %	0,4 %
Castilla y León.	0	0,0 %	0,0 %
Castilla-La Mancha.	0	0,0 %	0,0 %
Cataluña.	0	0,0 %	0,0 %
C. Valenciana.	0	0,0 %	0,0 %
Extremadura.	0	0,0 %	0,0 %
Galicia.	0	0,0 %	0,0 %
Madrid.	0	0,0 %	0,0 %
Murcia.	0	0,0 %	0,0 %
Navarra.	0	0,0 %	0,0 %
País Vasco.	0	0,0 %	0,0 %
Total.	1.540	100 %	0,5 %

– Indicador: Insularidad.

– Definición: Distancia en kilómetros, ponderada por tramos, entre las costas de la península y las capitales insulares.

– Fuente: Cuadro 4 del anexo del Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera Enlace:

–  https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/AcuerdosConsejo/Acuerdo%206_2009 %20Reforma%20Sistema%20Financiaci%C3 %B3n.pdf

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el reparto queda de la siguiente forma:

Comunidades Autónomas	Euros	Porcentaje Distribución
Andalucía.	188.100.560,84	17,10
Aragón.	35.683.698,81	3,24
Asturias.	25.825.118,81	2,35
Balears, Illes.	26.893.211,58	2,44
Canarias.	51.226.932,94	4,66
Cantabria.	16.500.000,00	1,50
Castilla y León.	63.027.673,36	5,73
Castilla-La Mancha.	52.558.655,02	4,78
Cataluña.	166.024.916,06	15,09
Extremadura.	28.297.717,18	2,57
Galicia.	68.650.057,49	6,24
Madrid.	141.668.642,52	12,89
Murcia.	33.889.615,74	3,08
Navarra.	16.550.081,68	1,50
País Vasco.	48.478.237,74	4,41
La Rioja.	16.500.000,00	1,50
C. Valenciana.	109.119.058,56	9,92
Ceuta.	5.500.000,00	0,50
Melilla.	5.500.000,00	0,50
Total.	1.099.994.178,33	100,00