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Por Resolución de 5 de febrero de 2024 (BOE de 12 de febrero) se han convocado oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradoras y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. En dicha resolución se acordó la actuación de un Tribunal calificador de la oposición, a celebrar en Madrid, compuesto por los miembros que establece el artículo 505 del Reglamento Hipotecario. Según este artículo, el nombramiento de los miembros del Tribunal se realizará por Orden del Ministerio de Justicia, en la actualidad Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a propuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado, actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En la composición del Tribunal se ha tenido en cuenta el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 115.2 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Aprobadas las listas definitivas de las personas admitidas a las citadas oposiciones –turno ordinario y turno de personas con discapacidad–, así como la fecha y lugar del sorteo en el que se determina el orden de actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505 del Reglamento Hipotecario, a propuesta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dispongo:

Primero.

Nombrar el Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradoras y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 5 de febrero de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Don Fernando de la Puente Alfaro, Registrador adscrito a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y Registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Barcelona XVII.

Vocal: Doña María Fátima Yáñez Vivero, Catedrática de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNED.

Vocal: Doña Sofía Gil García, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid.

Vocal: Don Rafael Díaz-Vieito Piélagos, Notario de Córdoba.

Vocal: Don José María Molero Hernández, Abogado del Estado Jefe en el Departamento Civil y Mercantil de la Dirección General de lo Contencioso.

Vocal: Doña Camino Magán Ayuso, Registradora de la Propiedad de Arganda del Rey número 1 (Madrid).

Secretaria: Doña María Teresa López Ruiz, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, y Registradora de la Propiedad de Torrelaguna (Madrid).

Segundo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente o de la Secretaria y, en ningún caso, sin la asistencia de cinco de sus miembros. En ausencia del Presidente o de la Secretaria, les suplirá la vocal Registradora.

Tercero.

Todas las dudas y cuestiones que se presenten durante la práctica de los ejercicios de la oposición o en su calificación, serán resueltas con fuerza ejecutoria por el Tribunal, por mayoría de votos que se emitirán verbalmente, y en caso de empate decidirá el voto del Presidente.

Cuarto.

El presente Tribunal de oposiciones estará clasificado en la categoría prevista en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

Quinto.

Contra esta orden se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 24 de junio de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García.