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El 10 de junio de 2024 la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Tarragona remitió a la Inspección Fiscal propuesta de nombramiento de doña Irene Ortiz de Zárate de Pablo como Fiscal Delegada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Tarragona.

Hechos

Con motivo de la necesidad de nombrar delegado de esta área especializada en la Fiscalía Provincial de Tarragona, la Fiscal Jefe abrió convocatoria entre los miembros de su plantilla, sin que se formulara petición alguna. Planteada la cuestión en Junta de Fiscales, la señora Irene Ortiz de Zárate de Pablo se postuló voluntariamente al cargo.

Mediante escrito de fecha 24 de junio de 2024, la Excma. Sra. Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado informó que considera pertinente el nombramiento de la señora doña Irene Ortiz de Zárate de Pablo, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4. Real Decreto 437/1983).

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal establece para la cobertura del cargo de Fiscal delegado especialista, tanto autonómicos como provinciales, que serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo, y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado (artículo 62.2 RMF).

Con carácter previo, exige que se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, señalando que para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica.

La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación de todos los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida por la Inspección Fiscal, dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (art. 62.2 RMF).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3 RMF).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Tarragona está suficientemente motivada.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Nombrar a la señora doña Irene Ortiz de Zárate de Pablo como Fiscal Delegada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Tarragona.

2. Notifíquese lo acordado a la Excma. Sra. Fiscal Jefe Inspectora, a la Excma. Sra. Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, al Excmo. Sr. Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña y a la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Tarragona, que trasladará copia del presente Decreto a la Fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todas/os los Fiscales de la plantilla.

3. Publíquese el nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el art.º 12, 1, b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley.

Madrid, 4 de julio de 2024.–El Fiscal General del Estado, P.S. (Ley 50/1981, de 30 de diciembre), la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Angeles Sánchez Conde.