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El 17 de julio de 2024, la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel remitió a la Inspección Fiscal propuesta sobre nombramiento de la abogada fiscal, doña Diana Fernández Cidoncha, como Fiscal Delegada de Delitos Económicos en la citada Fiscalía.

Con motivo de la renuncia de la anterior Fiscal Delegada de Delitos Económicos, la abogada fiscal doña Patricia Albarelos Estera, quedó vacante dicho cargo en la citada Fiscalía. Para su cobertura, la Fiscal Jefe comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. Se presentó una única solicitud para asumir la delegación, la de la doña Diana Fernández Cidoncha. El 3 de julio de 2024, la Fiscal Jefe formuló propuesta de designación en favor de doña Diana Fernández Cidoncha.

Mediante informe de fecha 17 de julio de 2023, el Fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos no formuló objeción a su designación, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4 Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/ 2022, de 3 de mayo, establece que los Fiscales Delegados, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado (artículo 62.2).

La misma norma prevé a los efectos referidos, que el Fiscal Jefe convocará la plaza de delegado especialista entre los fiscales de la plantilla, y que para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica.

La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación des todos los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida en la Inspección Fiscal, se dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal.

Finalmente se dispone que el nombramiento y cese de los Fiscales Delegados Especialistas, se publicará, a instancia de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la única candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Aceptar la renuncia al cargo de Fiscal Delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Teruel de la abogada fiscal, doña Patricia Albarelos Estera.

2. Nombrar a la abogada fiscal, doña Diana Fernández Cidoncha, Fiscal Delegada de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de Teruel.

3. Publicar el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Poner de manifiesto que contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny número 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley.

Madrid, 26 de julio de 2024.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.