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Orla Solar, SL (en adelante, el promotor) solicitó, con fecha 23 de noviembre de 2020, subsanada posteriormente en junio de 2022, autorización administrativa previa de la instalación solar fotovoltaica «Orla Solar II», de 54,86 MW en módulos fotovoltaicos y 49,02 MW en inversores, y sus infraestructuras de evacuación.

Mediante Resolución de 20 de abril de 2023 de la Dirección General de Política Energética y Minas, se otorgó a Orla Solar, SL, autorización administrativa previa para la instalación solar fotovoltaica «Orla Solar II», de 49,11 MW, de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de Álora, Cártama, Casarabonela, Coín y Pizarra, en la provincia de Málaga (en adelante, Resolución de autorización administrativa previa), publicada en el «Boletín Oficial del Estado» (número 109), de 8 de mayo de 2023.

De conformidad con lo dispuesto en la citada resolución de autorización administrativa previa, y derivado de la tramitación efectuada de conformidad con los artículos 125 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el promotor se comprometió a llevar a cabo determinadas modificaciones sobre el proyecto, consistentes en:

– Reducción de la superficie de ocupación, aumentando los corredores ecológicos.

– Reducción de la potencia instalada.

– Soterramiento de la línea aérea en la Zona periférica de protección del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

De conformidad con lo dispuesto en la citada resolución de autorización administrativa previa, sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los condicionantes al proyecto establecidos en la Resolución de 17 de enero de 2023 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto (en adelante, DIA), publicada en el «Boletín Oficial del Estado» (número 26), de 31 de enero de 2023, para la definición del proyecto de ejecución se debían llevar a cabo, en particular y entre otras, las siguientes modificaciones:

– Teniendo en consideración los informes emitidos por los órganos con competencia ambiental de la comunidad autónoma, el tramo de línea aérea de evacuación 220 kV, será soterrada entre los apoyos 10 y 15 ubicados en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional Sierra de las Nieves, con el fin de disminuir las afecciones que se generen sobre la avifauna y los quirópteros de este espacio, así como en el resto de espacios Red Natura 2000 cercanos, que utilizan estas áreas como zona de campeo o alimentación. Este trazado deberá apoyarse en caminos, carriles o similar.

En consecuencia, en la resolución de autorización administrativa previa del proyecto, se recogía expresamente que sería necesario obtener autorización administrativa previa de alguna de las modificaciones propuestas si no se cumplen los supuestos del artículo 115.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Orla Solar, SL, solicita, con fecha 26 de abril de 2023, autorización administrativa previa respecto de las modificaciones descritas anteriormente, autorización administrativa de construcción, aportando el correspondiente proyecto de ejecución y declaración responsable, con fecha 17 de abril de 2024, que acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la instalación solar fotovoltaica «Orla Solar II», de 49,11 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de Coín, Casarabonela y Pizarra, en la provincia de Málaga.

El expediente ha sido incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y se ha tramitado de conformidad con lo previsto en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.

Se ha recibido contestación de la que no se desprende oposición de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Aeropuertos españoles y navegación aérea S.M.E. SA (AENA), y de la Dirección General de Emergencias de la Junta de Andalucía. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, que expresa su conformidad con las mismas.

Se ha recibido contestación de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de Enagás SA, de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, de la Delegación Territorial de Cultura en Málaga de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía el en las que se establecen condicionados técnicos y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización ante dichos organismos por la ocupación o el cruzamiento de la instalación con bienes o servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, el cual expresa su conformidad con las mismas.

Se ha recibido contestación de la Diputación Provincial de Málaga y de Red Eléctrica de España, SA (REE), donde se ponen de manifiesto una serie de consideraciones y/o reparos al proyecto. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, y argumenta su postura en la respuesta. No se ha recibido respuesta de los organismos a esta última contestación del promotor, por lo que se entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Preguntados el Ayuntamiento de Álora, el Ayuntamiento de Cártama, el Ayuntamiento de Casarabonela, el Ayuntamiento de Coín, el Ayuntamiento de Pizarra, el Servicio de Energía de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, el Servicio de Industria y Minas de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el ADIF, Edistribución Redes Digitales, SL, Telefónica de España, SA, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, no se ha recibido contestación por su parte, por lo que se entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2 y 131.1 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Asimismo, la petición ha sido sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con la publicación el 12 de junio de 2023 en el «Boletín Oficial del Estado» (número 139), el 27 de julio de 2023 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» (número 143). Se han recibido alegaciones, que han sido contestadas por el promotor.

La Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha emitido informe en fecha 27 de noviembre de 2023, complementado posteriormente.

Considerando que, en virtud del artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo ha tenido debidamente en cuenta la evaluación de impacto ambiental efectuada.

El proyecto de la instalación, y su infraestructura de evacuación asociada, junto a su estudio de impacto ambiental (en adelante, EsIA) fueron sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada Declaración de Impacto Ambiental favorable, mediante Resolución de 17 de enero de 2023 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto (en adelante, DIA), en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» (número 26), de 31 de enero de 2023.

De acuerdo con lo establecido en la DIA, serán de aplicación al proyecto las condiciones ambientales establecidas y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias y, en su caso, medidas de seguimiento contempladas en el EsIA, las aceptadas tras la información pública y consultas y las propuestas en su información adicional, en tanto no contradigan lo dispuesto en la DIA.

Conforme a lo dispuesto en la Resolución de autorización administrativa previa del proyecto, sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los condicionantes al proyecto establecidos en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que puede desarrollarse el proyecto durante su ejecución y su explotación, para la definición del proyecto de ejecución se debía atender, en particular y entre otras, a las siguientes condiciones y medidas dispuestas en la DIA, presentado la documentación acreditativa de su cumplimiento:

– Con anterioridad a la finalización de la vida útil o del plazo autorizado para la explotación del proyecto, el promotor presentará al órgano sustantivo un proyecto de desmantelamiento de la totalidad de sus componentes, incluyendo la gestión de los residuos generados y los trabajos para la completa restitución geomorfológica y edáfica y acondicionamiento vegetal y paisajístico de todos los terrenos afectados (apartado 1.1 (4)).

– Teniendo en consideración los informes emitidos por los órganos con competencia ambiental de la comunidad autónoma, el tramo de línea aérea de evacuación 220 kV, será soterrada entre los apoyos 10 y 15 ubicados en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional Sierra de las Nieves, con el fin de disminuir las afecciones que se generen sobre la avifauna y los quirópteros de este espacio, así como el resto de espacios Red Natura 2000 cercanos, que utilizan estas áreas como zona de campeo o alimentación. Este trazado deberá apoyarse en caminos, carriles o similar (apartado 1.2).

– Todas y cada una de las medidas de los apartados siguientes relativas a vegetación, HIC y fauna, deberán contar con la conformidad del órgano competente en materia de medio natural de la Junta de Andalucía, en lo relativo a localización, duración y otros aspectos de detalle y prescripciones técnicas, como paso previo a la autorización del proyecto (apartado 1.3).

– En materia de residuos y calidad del suelo, en lo que respecta a las plantas solares fotovoltaicas, se deberá elaborar el informe preliminar de situación del suelo según lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, y remitirlo al órgano competente de la comunidad autónoma (apartado 1.3.1).

– Los movimientos de tierras que se efectúen en la zona de policía de cauces deberán contar con autorización administrativa de la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía y las nivelaciones respetarán las escorrentías superficiales existentes, no pudiendo causar perjuicios a los terrenos colindantes (apartado 1.3.2).

– Siguiendo lo indicado por el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga, para el control de emisiones, a la puesta en funcionamiento y en el plazo no superior a seis meses se deberá realizar a través de una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental (ECCA) o de un técnico competente, un ensayo acústico in situ de los niveles sonoros producidos por las instalaciones, para comprobar que no se superan los índices de ruido que le son de aplicación y que valore el impacto acústico de la actividad. Los puntos de control serán seleccionados de acuerdo con la previsión de mayor afección acústica. El informe del ensayo acústico resultante deberá presentarse a mencionada Delegación Territorial, en un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de su realización (apartado 1.3.3).

– Se tomarán las medidas oportunas para promover la existencia de una cobertura vegetal suficiente de las parcelas donde se instalarán los módulos fotovoltaicos, a fin de que el suelo no permanezca desnudo y expuesto a los procesos de erosión. Respecto a la posible corta de arbolado, en caso de requerirse alguna corta excepcional y justificada del arbolado existente en las lindes de los recintos de la planta, o como consecuencia de la instalación de algunos apoyos de la LAAT, así como la ejecución del tramo de línea soterrada y viales de acceso a los mismos, se solicitará previa autorización a la Dirección General Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía (apartado 1.3.4).

– Previamente a su autorización, el proyecto de construcción incluirá un plan de restauración vegetal e integración paisajística, a escala y detalle apropiados, que comprenderá todas las actuaciones de restauración integradas por el promotor en el proyecto, incluidas las indicadas en esta resolución, concretando y cuantificando las superficies de trabajo, métodos de preparación del suelo, especies vegetales a utilizar, métodos de siembra o plantación y resto de prescripciones técnicas, así como el presupuesto y cronograma de todas las actuaciones, que deberá ser remitido al órgano ambiental de la comunidad autónoma para su evaluación. Asimismo, deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de todas las plantaciones y restauraciones durante toda la vida útil de la instalación. Se realizará un seguimiento de la evolución de los pies arbóreos plantados y, en caso de observar un mal estado o la muerte de los mismos, se procederá a la sustitución y/o al cambio de especie, buscando su correcto desarrollo natural (apartado 1.3.4).

– El promotor deberá presentar ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía los resultados del control arqueológico del movimiento de tierras, tanto en la zona ocupada por las plantas fotovoltaicas, como a lo largo del trazado de la línea de evacuación, mostrando especial atención al tramo soterrado. Asimismo, se deberán remitir los resultados de la prospección superficial intensiva, motivada por la necesidad de evaluar el potencial arqueológico del terreno en las zonas afectadas por el proyecto. Finalmente, el promotor realizará, y remitirá a mencionado organismo, una prospección por medio de georradar y excavación con sondeos de diagnosis en las áreas ocupadas por los tres nuevos yacimientos de carácter inédito documentados: Arroyo del Moro, Cortijo del Cuco y Villa Romana de Rio Grande, al objeto de delimitar los yacimientos hallados, su caracterización y adscripción cronológica (apartado 1.3.7).

– El Programa de Vigilancia Ambiental deberá completarse con los aspectos adicionales que se recogen en el condicionado de la DIA y, en particular, con lo indicado en el apartado 1.4.

Igualmente, cada una de las condiciones y medidas establecidas en el EsIA y en la DIA debían estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una adenda al mismo, con el desglose para la identificación de cada una de las medidas definidas en la citada DIA, previamente a su aprobación.

A los efectos de la obtención de la presente autorización administrativa previa de las modificaciones sobre el proyecto, y autorización administrativa de construcción, con fecha 26 de abril de 2023, el promotor presenta documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos impuestos en la declaración de impacto ambiental y en la citada Resolución de autorización administrativa previa, incluyendo declaración responsable en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Considerando que, en virtud del artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

Conforme a la declaración de impacto ambiental y los condicionados aceptados por el promotor durante la tramitación, la infraestructura de evacuación contempla las siguientes actuaciones:

– 5 circuitos subterráneos a 30 kV desde la instalación fotovoltaica «Orla Solar II» hasta la «SET Lomas 30/220 kV».

– Subestación eléctrica transformadora «SET Lomas 30/220 kV».

– Línea aero-subterránea de alta tensión (LASAT) a 220 kV, entre la subestación «SET Lomas 30/220 kV» hasta el entronque en el apoyo 32 de la «LAAT 220-400 kV SET Álora-SE Cártama REE».

– Línea aérea de alta tensión (LAAT) a 220 kV y 400 kV, desde el apoyo 32 de la «LAAT 220-400 kV SET Álora-SE Cártama REE» hasta la SE Cártama 220-400 kV REE, autorizada en el expediente PFot-367 «Faballones».

– Subestación SE Cártama 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU, que se encuentra en servicio.

Considerando que, en virtud del artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la autorización administrativa de construcción permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.

El promotor suscribe, con fecha de 17 de abril de 2024, declaración responsable que acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la propuesta de resolución de esta Dirección General ha sido sometida a trámite de audiencia del promotor, el cual ha respondido al mismo manifestando conformidad, aportando documentación y realizando sugerencias, que han sido analizadas y, en su caso, incorporadas a la presente resolución.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. En virtud del artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el promotor ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto. A tal fin, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió el correspondiente informe teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 127.6 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, aprobado en su sesión celebrada el 20 de abril de 2023.

Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción del proyecto.

El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica establece en su disposición transitoria quinta relativa a expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación en el momento de la entrada en vigor del real decreto, lo siguiente:

«1. A los efectos de tramitación administrativa de las autorizaciones previstas en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la nueva definición de potencia instalada introducida mediante la disposición final tercera uno tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva.

2. Con carácter general, a los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, les será de aplicación la nueva definición de potencia instalada.

No obstante lo anterior, con el fin de evitar el perjuicio que pudiera provocar sobre los administrados el reinicio de una nueva tramitación, aquellos expedientes a los que la aplicación del nuevo criterio implicase un cambio en la administración competente para su tramitación, continuarán su tramitación en la administración en la que iniciaron su tramitación hasta la obtención de la autorización de explotación e inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, siempre que no se produzcan cambios en la potencia instalada, de acuerdo con la dicción anterior a la entrada en vigor de este real decreto, y siempre que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto no se comunique a dicha administración el desistimiento del procedimiento iniciado.»

Estas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de la obra.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:

Primero.

Otorgar a Orla Solar, SL, autorización administrativa previa de las modificaciones del proyecto de la instalación solar fotovoltaica Orla Solar II, de 49,11 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, ubicados en los términos municipales de Coín, Casarabonela y Pizarra, en la provincia de Málaga, en los términos que se recogen en la presente resolución.

Segundo.

Otorgar a Orla Solar, SL, autorización administrativa de construcción para la instalación solar fotovoltaica Orla Solar II, de 49,11 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, ubicados en los términos municipales de Coín, Casarabonela y Pizarra, en la provincia de Málaga, con las características definidas en el documento «Proyecto Planta FV Orla II», fechado en julio de 2022, en el documento «Proyecto SET Lomas 220/30 kV», fechado en octubre de 2020, en el documento «Proyecto LAT 220», fechado en noviembre de 2020, y en el documento «Adenda Modif. LASAT 220», fechado en abril de 2023, con las particularidades recogidas en la presente resolución.

El objeto del proyecto es la construcción de una instalación solar fotovoltaica para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.

Las características principales del parque solar fotovoltaico son las siguientes:

– Tipo de tecnología: solar fotovoltaica.

– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 49,11 MW.

– Número y tipo de módulos: 80.880 módulos bifaciales MONO PERC, del fabricante Canadian Solar, modelo BiHiKu7 CS7N (o similar), de 670 Wp de potencia.

– Potencia pido de módulos: 54,19 MWp.

– Número y tipo de inversores: 19 inversores trifásicos del fabricante Power Electronics, modelo HEMK 630V o similar, de los cuales 10 tienen una potencia nominal de 2005 kW, 7 tienen una potencia nominal de 3005 kW y 2 tienen una potencia nominal de 4010 kW.

– Potencia total de los inversores: 49,11 MW.

– Capacidad de acceso, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, otorgados por Red Eléctrica de España, SAU: 49,11 MW.

– Tipo de soporte: seguidor de acero de la marca Axial o similar tipo 2V de 2 strings, con 30 módulos por string, 60 módulos en total.

– Centros de transformación: 19, con relación de transformación 0,630/30 kV.

– Término municipal afectado: Coín, en la provincia de Málaga.

Las infraestructuras de evacuación autorizadas se componen de:

– Líneas subterráneas a 30 kV desde la instalación solar fotovoltaica «Orla Solar II» hasta la subestación «SET Lomas 30/220 kV».

• Capacidad y/o sección: 150, 240 y 630 mm².

– La subestación eléctrica transformadora «SET Lomas 30/220 kV» está ubicada en el término municipal Coín, en la provincia de Málaga, contiene 1 transformador de 270/216/162 MVA. Las principales características son:

• Parque de 220 kV:

○ Configuración: simple barra.

○ Instalación: intemperie.

○ 1 posiciones de línea-transformador.

• Parque de 30 kV:

○ Configuración: doble barra.

○ Instalación: intemperie.

○ 4 conjuntos de celdas con 5 posiciones de línea, 1 de reserva y 1 posición de transformador, 2 de los conjuntos con 1 posición de servicios auxiliares.

– La línea aérea-subterránea de alta tensión (LASAT) a 220 kV, entre la subestación «SET Lomas 30/220 kV» hasta el entronque en el apoyo 32 de la «LAT 220-400 kV SET Álora-SE Cártama REE», cuyas características principales son:

• Sistema: corriente alterna trifásica.

• Tensión: 220 kV.

• Términos municipales afectados: Coín, Casarabonela y Pizarra, en la provincia de Málaga.

• Potencia máxima de transporte por circuito: 320 MW.

• Longitud:

○ Tramo aéreo: 8.326 m.

○ Tramo subterráneo: 2.258 m. entre el apoyo 10 y 15.

• Características del tramo aéreo:

○ Frecuencia: 50 Hz.

○ Número de circuitos: simple.

○ Tipo de conductor: LA-280 (HAWK), 242-AL1/39-ST1A.

○ Cables de tierra: 1, OPGW-48.

○ Apoyos: torres metálicas de celosía.

○ Número de apoyos: 27.

○ Aislamiento: Vidrio.

○ Cimentaciones: Cuatro macizos independientes de hormigón en masa tipo «pata de elefante».

• Características del tramo subterráneo:

○ Tipo de conductor: Aluminio.

○ Aislamiento: cable aislado de aislamiento Polietileno Reticulado XLPE.

○ Número de circuitos: 2.

El resto de la infraestructura de evacuación, hasta la conexión con la red de transporte, queda fuera del alcance de la presente resolución, siendo objeto de otro expediente (PFot-367 «Faballones») que cuenta con autorización administrativa de construcción otorgada mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 22 de julio de 2024, así como la Subestación SE Cártama 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU, que se encuentra en servicio.

El promotor deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así como las condiciones impuestas en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que establezca el Operador del Sistema.

Esta autorización se concede sin perjuicio de cualesquiera concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, en especial, las relativas a ordenación del territorio y medio ambiente, así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de la obra.

Para las modificaciones al proyecto que se debieran presentar, será de aplicación lo establecido en el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente resolución, el último que se produzca.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 22 de julio de 2024.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

ANEXO

La autorización administrativa de construcción se concede, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones especiales siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.

2. De conformidad con el artículo 131.10 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el plazo para la emisión de la autorización de explotación será el menor de los siguientes: a) el plazo de veinticuatro meses contado a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente resolución, o, b) el plazo que para este proyecto resulta de aplicar el periodo establecido para la obtención de la autorización de explotación en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

El promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a tres meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, indicando, al menos, (i) el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y (ii) el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

Conforme al artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación superará los ocho años.

3. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras al órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de explotación.

4. El promotor deberá cumplir con la totalidad de los condicionantes establecidos en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que puede desarrollarse el proyecto durante su ejecución y su explotación, y, en particular, previamente y durante las obras:

– Los movimientos de tierra se reducirán a los volúmenes y superficies estrictamente necesarios para mantener las superficies de hincado, debiendo mantener intactos los horizontes edáficos en el resto de la parcela. No se llevarán a cabo desbroces, decapados, nivelaciones y compactaciones de las zonas que no vayan a ser ocupadas realmente por la maquinaria y demás instalaciones fijas y definitivas. En estas áreas, se retirará la capa vegetal del suelo y se acopiará adecuadamente de cara a su posterior empleo en las labores de revegetación necesarias (apartado 1.3.1).

– Tal y como señala el informe remitido por el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga de la Junta de Andalucía, la instalación de las PFVs deberá respetar la geomorfología del terreno, y se realizará adaptándose a la pendiente del mismo, para evitar al máximo los movimientos de tierras. En toda actuación, se minimizará, siempre que sea posible, la alteración de la estructura del suelo sobre el que se asienten las PFVs, utilizando sistemas de anclaje al terreno que requieran del mínimo uso posible de hormigonado (sistema de perfiles metálicos hincados). La altura de la colocación de los módulos solares debe adaptarse a la morfología del terreno y permitir el manejo de la vegetación con el ganado (apartado 1.3.1).

– Las obras a realizar no modificarán la pendiente natural del terreno, ni alterarán el régimen general de escorrentía de la zona. Asimismo, no se podrá modificar el drenaje natural de los terrenos, respetando la integridad de los cauces naturales de agua mediante el adecuado diseño de las instalaciones, viales, cunetas y pasos de agua, planteando medidas para evitar la erosión por cárcavas (apartado 1.3.2).

– Las obras necesarias para el soterramiento de la línea de evacuación deberán realizarse con la metodología constructiva adecuada para evitar el desvío de cualquier cauce y su modificación en cualquiera de sus dimensiones espaciales, siendo preciso, tal y como indica la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, la autorización administrativa del Organismo de Cuenca (apartado 1.3.2).

– Se deberán cumplir, tanto en la fase de obra como de explotación y desmantelamiento, los niveles de emisión sonora estipulados en la legislación vigente al respecto: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como lo establecido en el artículo 29 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, y/o posteriores modificaciones de mencionada legislación (apartado 1.3.3).

– Previamente al inicio de las obras, se realizará una prospección de campo con la finalidad de identificar la presencia de especies de flora amenaza y/o comunidades de vegetación de interés. Si se produjese esta circunstancia, se comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía y a la Delegación Territorial en Málaga, de forma que se establezcan las medidas de protección adecuadas. Durante los trabajos que conlleven la eliminación de cubierta vegetal, se delimitarán aquellas áreas en las que aparezcan especies protegidas de flora. Esta delimitación deberá mantenerse durante todo el período de ejecución de las obras (apartado 1.3.4).

– Previo al inicio de las obras y durante la ejecución de las mismas, se realizará una prospección del terreno por un técnico especializado en fauna, con objeto de identificar la presencia de las especies de fauna amenazadas y/o de interés, así como nidos y/o refugios. Si se diese esta circunstancia, se paralizarán las obras en la zona, procediendo a su señalización y jalonado, y se dará aviso a la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía y a la Delegación Territorial en Málaga, reduciendo las molestias (en un radio mínimo de 300 m en el caso de aves amenazadas) hasta obtener las indicaciones pertinentes (apartado 1.3.5).

– El cronograma de las obras deberá contemplar la planificación de las actuaciones de acuerdo a los ciclos biológicos de las especies protegidas y, en su caso, con una programación por sectores con objeto de evitar que se afecte simultáneamente a la totalidad del territorio ocupado por el proyecto. De manera preventiva, y con objeto de respetar los periodos de cría de potenciales aves esteparias y de las rapaces que se puedan ver afectadas en el proyecto, se deberá ajustar el cronograma a los resultados obtenidos en el estudio de campo de avifauna realizado por el promotor (apartado 1.3.5).

– En relación con las medidas compensatorias propuestas por el promotor, y en concreto, las orientadas a paliar la pérdida de hábitat para especies esteparias, la superficie compensada deberá ser equivalente al 100 % de la ocupada por las plantas fotovoltaicas. A este respecto, las parcelas a mantener serán determinadas por la Delegación Territorial de Málaga de la Junta de Andalucía, en función de su importancia en la conservación de las especies esteparias amenazadas, y podrán estar repartidas en superficies menores y en diferentes localidades. Los acuerdos deberán hacerse efectivos en el plazo de un año a partir de la comunicación al promotor por la citada Delegación Territorial de las parcelas designadas. Esta obligación comienza en el momento del inicio de la construcción de la planta y estará vigente durante la totalidad de la duración de la misma (apartado 1.3.5).

– Se mantendrán las distancias de seguridad con las infraestructuras existentes, y se procederá a la reposición de todos los bienes y servicios afectados por las obras. Se asegurará el nivel actual de permeabilidad transversal y longitudinal de los terrenos afectados, considerando las necesidades de paso legalmente establecidas (apartado 1.3.8).

5. La citada Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental establece asimismo una serie de condicionantes específicos que se deberán cumplir antes de la obtención de la autorización de explotación, debiendo dar cuenta del cumplimiento de los mismos ante el órgano competente provincial, previa presentación de las medidas definidas y presupuestadas por el peticionario en un proyecto o en una adenda al mismo.

6. La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones adicionales que las instalaciones precisen, y, entre ellas, la obtención de las autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, en relación con los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o puesta en marcha, puedan venir exigidas por la legislación de seguridad industrial y ser atribuidas a la competencia de las distintas Comunidades Autónomas.

7. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

8. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.