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España viene abordando en los últimos años una intensa agenda de transición ecológica que está demostrando ya ser una palanca para la modernización y el crecimiento económico, el desarrollo de ecosistemas industriales, la creación de empleo sostenible, el refuerzo de la competitividad y la reducción de la dependencia energética exterior, como indican tanto informes de distintos organismos internacionales como los indicadores a nivel nacional.
Esta transición es una oportunidad para el desarrollo de la cohesión territorial, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la justicia social. Como demuestran los datos de los últimos años, España está particularmente bien posicionada en lo que se refiere a recurso renovable, así como a capacidades humanas, tecnológicas e industriales para abordar con éxito esta transformación.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se constituye como la herramienta de orientación estratégica nacional que integra la política de energía y clima con un horizonte temporal a 2030, de acuerdo con la normativa nacional y europea.
En este sentido, la implementación de las políticas públicas incluidas en el PNIEC ha permitido a España ser un país líder en materia de transición ecológica, como vienen demostrando los logros conseguidos. Es una transformación en la que la economía española gana competitividad, prosperidad, seguridad energética, empleo, innovación, desarrollo tecnológico, bienestar y reducción de la pobreza energética.
Un plan con impactos socioeconómicos que ya están en marcha. Entre 2019 y 2023, la potencia instalada renovable ha crecido en un 40 %, pasando de 55.349 MW en 2019 a 77.039 MW en 2023, según datos de Red Eléctrica de España. Este progreso ha permitido que en 2023 la generación renovable ha superado el 50 % del total por primera vez en la historia, convirtiendo España en la primera de las grandes economías europeas en conseguirlo. Contextualizando estos datos a nivel internacional, el ranking de IRENA en el año 2022, sitúa a España como el 2.º país de la UE en capacidad eólica y 5.º en el mundo, y el 8.º país en capacidad instalada renovable del mundo.
En 2022, el sector de las renovables dio empleo a más de 130.000 personas, un 54 % más que en 2018 en España mientras que España se sigue posicionando como una de las principales potencias industriales en las energías renovables a nivel europeo y mundial. Así, España es fabricante y exportador neto en tecnologías como la eólica, donde se posiciona como el 5.º exportador a nivel mundial en aerogeneradores, o la solar fotovoltaica, donde es referente en varios segmentos clave de su cadena de valor.
Más allá de los indicadores específicos del sector energético, el PNIEC supone un plan que acompaña a la sociedad, promociona la igualdad de género, la cohesión territorial, el abaratamiento de la energía de la mano de las renovables y un marco de certidumbre y anticipación en torno a la transición ecológica que son clave para la competitividad del conjunto del país. La transformación ha tenido reflejo en los mercados de futuro eléctricos y con ello en las cada vez mejores perspectivas de inversión, que encuentran en España previsiones de precios de la energía más asequibles que en otros mercados europeos, precisamente por el avance de la generación renovable.
Asimismo, la presencia de esta oportunidad de generación de energía limpia, barata y segura desde un punto de vista del suministro, junto con la regulación del autoconsumo, permite la instalación de las actividades productivas cercanas a las zonas de generación renovable. Lo que acerca los beneficios de la transición energética en forma de empleo industrial y de calidad, al territorio.
Adicionalmente, el PNIEC define las principales líneas de acción en la senda hacia la neutralidad climática, y en consonancia con las políticas europeas de energía y clima, el Gobierno de España ha desarrollado el Marco Estratégico de Energía y Clima. Una de las piezas fundamentales de este Marco Estratégico es la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que establece el marco normativo para asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía y promover un modelo de desarrollo sostenible. Asimismo, dicha ley recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los planes nacionales integrados de energía y clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, consolidando así en la legislación nacional las herramientas de planificación energética incluidas en el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.
El artículo 4.1 de la citada Ley 7/2021, de 20 de mayo, dispone que el plan nacional integrado de energía y clima se aprobará por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En su virtud, mediante este real decreto se aprueba la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.
El primer Plan Nacional de Energía y Clima, que abarca el período 2021-2030, se adoptó en 2020, y desde entonces se ha producido un aumento de la ambición climática a nivel europeo, recogido en la Ley Europea sobre el clima y en los planes «Objetivo 55» y «REPowerEU».
En consecuencia, y atendiendo a lo previsto en el artículo 14.2 del citado Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre, se ha elaborado la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 que aprueba este real decreto, y que, gracias al efecto tractor conseguido en España incluye unos objetivos coherentes con la ambición europea.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en su artículo 149.1.23.ª, que le atribuye la competencia exclusiva de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y en su artículo 149.1.25.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen minero y energético.
De conformidad con lo establecido en el citado Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, se ha garantizado que el público tuviera posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación del proyecto de actualización del plan, de forma previa a su elaboración y con una consulta sobre el borrador.
Asimismo, conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el documento ha sido objeto de una evaluación ambiental estratégica, que incorpora también trámite de información pública y consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de septiembre de 2024,
DISPONGO:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se aprueba la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.
El presente real decreto se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», salvo el anexo con el documento «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030», que será publicado en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en su artículo 149.1.23.ª, que le atribuye la competencia exclusiva de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y en su artículo 149.1.25.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen minero y energético.
Este real decreto surtirá efectos el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 24 de septiembre de 2024.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
