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En fecha 8 de octubre de 2024 ha tenido entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado decreto de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel por el que propone a la abogada fiscal doña Patricia Albarellos Esteras como Fiscal Delegada contra los Delitos de Odio y Discriminación. Dicha propuesta es complementada por la Fiscal Jefe en oficio con entrada en la Inspección fiscal el día 22 de octubre de 2024 al que acompaña documentación ampliatoria.

Hechos

Primero.

En Decreto del Fiscal General del Estado de fecha 29 de octubre de 2024 y conforme a la solicitud de renuncia presentada por doña Ester Ventura Cantón, se acordó su cese Fiscal Delegada Contra los Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía Provincial de Teruel.

Con motivo de esta renuncia, la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel convocó Junta de Fiscales para resolver entre todos los fiscales de la plantilla sobre la asunción de esta función teniendo en cuenta que las numerosas especialidades existentes obligan, en una plantilla integrada por nueve fiscales, incluidos la fiscal Jefe y el Teniente Fiscal, que cada uno de ellos asuma más de una especialidad. En dicha Junta, celebrada el día 7 de junio de 2024, y tras ser ofertada la plaza, quedó resuelta su asunción por la abogada fiscal doña Patricia Albarellos Esteras a quien la Fiscal Jefe propone ante la ausencia de otros peticionarios y dado su interés y conformidad con asumir la citada delegación así como su compromiso en participar en las jornadas de especialistas.

Segundo.

En su escrito de fecha 4 de noviembre de 2024, el Fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación emitió informe favorable a la propuesta realizada. En el mismo sentido informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal.

En el mismo sentido la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Nombrar a doña Patricia Albarellos Esteras como Fiscal Delegada contra los Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía Provincial de Teruel.

Notifíquese lo acordado al Fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel que trasladará copia del presente Decreto a la fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todos los fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 12.1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.

Madrid, 12 de noviembre de 2024.–Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado.