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En relación con la Resolución de la Dirección Provincial en Córdoba de la Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 4 de junio de 1996, por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto para contratar la realización de valoraciones y su informe de bienes embargados por la Unidades de Recaudación Ejecutiva de Córdoba y su provincia (publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 18 de junio de 1996), y resultando que en el párrafo que regula el plazo de presentación de ofertas se ha incurrido en el error material de establecer que las solicitudes, para participar en el mencionado concurso, deberían presentarse dentro de los veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y considerando:

Que el artículo 79.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dice que en los procedimientos abiertos la publicación se efectuará con una antelación mínima de veintiséis días al señalado como el último para la recepción de proposiciones;

Que no ha sido posible la subsanación del error material sufrido, conforme al artículo 67 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cuanto ya ha finalizado, con creces, el plazo de veinte días a que aludía la Resolución de referencia;

Que a fin de no incurrir en nulidad del acto administrativo y para evitar la posible lesión de los legítimos intereses de licitadores y terceros interesados,

En su virtud, esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en uso de las facultades legalmente conferidas, resuelve:

Anular y dejar sin efecto la Resolución de 4 de junio de 1996 por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto para contratar la realización de valoraciones y su informe de bienes embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva de Córdoba y su provincia, y proceder a convocar un nuevo concurso, dictando para ello cuantas resoluciones sean procedentes en derecho.

Publíquese en los términos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y disposiciones concordantes.

Córdoba, 26 de julio de 1996.-El Director provincial, Marcial Prieto López.-53.831.