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Por Resolución de 12 de agosto de 1996, el Secretario general de Asistencia Sanitaria aprobó los expedientes de contratación tramitados anticipadamente para celebrar dos contratos, 11/96 de arrendamiento de ocho TACs y 12/96 de arrendamiento de seis equipos de resonancia magnética, con destino a hospitales dependientes del Instituto Nacional de la Salud, y el gasto previo para dichos contratos, y dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación.

El anuncio de estos concursos se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre de 1996.

En el suplemento del «Boletín Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda», de 19 de septiembre de 1996, se ha publicado un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, cuya conclusión dice que «... no resulta posible la celebración de contratos de arrendamiento de bienes informáticos con opción de compra, salvo que una Ley lo autorice expresamente».

Visto el citado informe y teniendo en cuenta que en el pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso convocado por el Instituto Nacional de la Salud se dice que el adjudicatario constituirá a su favor un derecho de opción de compra sobre cada equipo adjudicado.

Visto el artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 1992).

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que le ha delegado la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud en el apartado segundo de su Resolución de 26 de septiembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre de 1996), resuelve:

1. Revocar la celebración de los contratos de arrendamiento de ocho TACs y de seis equipos de resonancia magnética, con destino a hospitales dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

2. Anular todas las actuaciones celebradas, en relación con la celebración de los citados contratos de arrendamiento.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del domicilio del recurrente, en el plazo de dos meses, previa la comunicación prevista en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Director general, Antonio Carbajo Romero.-78.918.