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Examinado el expediente de referencia, una vez

practicada la información pública prevista por los

artículos 18 y siguientes de la vigente Ley de

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954;

Vistos los documentos que presenta el Perito de

la Administración en el expediente, en los que se

ha tenido en cuenta el resultado de la referida

información pública;

Habida cuenta del informe favorable de la asesoría

jurídica del Estado, emitido con fecha 5 de

noviembre de 2001 y a propuesta de la Secretaría General

de este Organismo, la Presidencia de esta

Confederación, en uso de las atribuciones que le confiere

la vigente legislación, ha resuelto con esta fecha:

Declarar la necesidad de la ocupación de los

bienes a que se refiere el indicado expediente y de

los cuales son propietarios los sujetos y entidades

que se relacionan en los anuncios publicados en

el "Boletín Oficial del Estado" número 226, de 20

de septiembre; "Boletín Oficial de la Provincia de

Huesca" número 219, de 22 de septiembre, ambos

de 2001, "Diario del Alto Aragón" de Huesca, de

fecha 13 de septiembre de 2001.

No habiéndose presentado reclamación alguna

contra el expediente, según certifica la Alcaldía de

Grañén-Callén (Huesca), con fecha 9 de octubre

de 2001.

Lo que se hace público para conocimiento de

los interesados, a quienes se entregará por mediación

de la Alcaldía, una cédula-inventario con la exacta

descripción del bien que se expropia, advirtiendo

que contra la presente resolución, que agota la vía

administrativa cabe imponer, con carácter

potestativo, recurso de reposición ante este mismo

órgano, en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente al de la notificación de la presente

resolución, o bien puede optar por la interposición

de un recurso contencioso-administrativo ante la

Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Autónoma competente

en razón del territorio, en el plazo de dos meses

desde la fecha de la notificación, todo ello de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 y

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en

la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, que la modifica, y en los artículos 14, 25

y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en

el artículo 20.2 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,

de Aguas.

Zaragoza, 31 de enero de 2002.-El Secretario

general, Carlos de Miguel Domínguez.

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