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Visto el expediente incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, a instancia de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE), con domicilio en Alicante, calle de Ausó y Monzó, número 16, solicitando el reconocimiento de afecciones a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos incluidos en el "Anexo de afecciones al proyecto de ejecución de la línea eléctrica 220 kV, doble circuito, Novelda-Saladas".

Resultando que por Resolución de esta Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 7 de septiembre de 2007 se autorizó y declaro de utilidad pública la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, entre las subestaciones de Novelda y Saladas, en la provincia de Alicante.

Resultando que la petición de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE), ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, insertándose publicaciones en el Boletín Oficial del Estado número 231 de 24 de septiembre de 2008, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 158 de 19 de agosto de 2008, y en el diario "Información" de fecha 12 de agosto de 2008.

Resultando que el anuncio de información pública fue expuesto en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de Novelda, Monforte del Cid y Elche, durante el plazo reglamentario.

Asimismo, se remitió la información pública a los afectados por el expediente, dándoles el plazo legalmente establecido para examinar el proyecto y presentar alegaciones, al objeto de darles entrada en el expediente, pues no estaban incluidos en la Relación de Bienes y Derechos que acompañaba al proyecto de ejecución de la línea.

Resultando que doña Concepción Candela Cañizares y don Enrique Segura Belló alegan su disconformidad con la expropiación y con el trazado de la referida instalación.

Resultando que dado traslado a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) de dichas alegaciones, ésta manifiesta que en el trazado de la instalación se han considerado aquellos requerimientos que tuvieron incidencia en el proyecto ya autorizado, tanto de carácter medioambiental como la legislación del Sector Eléctrico y demás legislación sectorial aplicable. Por último, se incide en el hecho de que todos los posibles daños ocasionados por la ejecución de la instalación serán indemnizados por el titular de la línea eléctrica. Indica, además, que los alegantes son titulares de fincas colindantes al camino municipal por donde discurre la instalación eléctrica subterránea, por lo que la afección se limita a un ocupación temporal y parcial de dichas fincas.

Resultando que dentro del plazo establecido al efecto, han presentado alegaciones, doña María del Mar Cantó Aguado, doña Catalina Gil González, don José Tenza Martínez, don José Navarro Martínez, don José García Tomás, don Antonio Navarro Martínez, doña M.ª Angeles Terol Navarro, don Antonio Requena Mira, doña Inmaculada Juan Jiménez, doña Inmaculada Requena Mira, don Manuel Requena Mira, don Antonio Martínez Cazorla, don Juan Francisco Trigueros Martínez, doña Dolores Navarro Navarro, y don Luís Alted Álvarez en representación de la Comunidad de Aguas de Novelda y de su Sindicato de Aguas y Riegos, señalando que se tenga por presentado recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 7 de septiembre de 2007 al no haber tenido conocimiento de la misma, solicitan la suspensión de la ejecución hasta la resolución del recurso interpuesto y, en el supuesto de la no estimación del recurso de alzada, la oposición a la imposición de las servidumbres y ocupación temporal de las parcelas de las que son propietarios y el cambio de trazado de la instalación eléctrica.

Resultando que por parte de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE), son contestadas las alegaciones manifestando que la fase de información pública que ha motivado las alegaciones presentadas no es objeto de recurso, puesto que su naturaleza es de mero acto de trámite, por lo que resulta de todo punto evidente que no concurren los requisitos legales para la suspensión del acto administrativo recurrido. Asimismo, en cuanto a las alternativas de trazado planteadas por los recurrentes, indica que el mismo ya ha sido aprobado por la Resolución de 7 de septiembre de 2007 anteriormente mencionada. A continuación, añade que doña Catalina Gil González, don Manuel Requena Mira, don Antonio Martínez Cazorla y don Juan Francisco Trigueros Martínez no se encuentran afectados por el "Anexo de Reconocimiento de afecciones de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, Novelda-Saladas":

Resultando que por la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Alicante se remitieron a los interesados escritos con las aclaraciones pertinentes.

Visto el informe favorable emitido por la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Capítulo II del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Reconocer a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) las afecciones a efectos de expropiación forzosa descritas en el "Anexo de afecciones al proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito,"Novelda-Saladas", en los términos municipales de Novelda, Monforte del Cid y Elche, en la provincia de Alicante, cuyas características principales están descritas en las Resoluciones de autorización administrativa, declaración de utilidad pública, y aprobación del proyecto de ejecución de 7 de septiembre de 2007.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Señor Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 27 de julio de 2009.- El Director General, Jorge Sanz Oliva.