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El Real Decreto-ley diecinueve/mil novecientos setenta y ocho, de trece de junio, por el que se estableció el régimen preautonómico para Extremadura, prevé la transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta Regional de Extremadura. Por su parte, el Real Decreto mil quinientos dieciocho/mil novecientos setenta y ocho, aprobado en la misma fecha, en desarrollo de aquél, determina el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias, creando una Comisión Mixta que elaborará previamente las propuestas oportunas.
Habiendo realizado esta Comisión Mixta diversos estudios y propuestas en orden a la transferencia de numerosas competencias actualmente ejercidas por diversos órganos de la Administración Central, y dada la complejidad que entraña la articulación técnica de tales transferencias, ha parecido oportuno efectuar los traspasos de competencias en fases sucesivas.
Así, pues, el presente Real Decreto desarrolla, en esta primera fase, algunas de las materias referentes a los Ministerios de Interior, Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura, Comercio y Turismo, Transportes y Comunicaciones, Administración Territorial, Cultura y Sanidad y Seguridad Social, incluidas en el catálogo de transferencias antes mencionado, que podrán, en el futuro, ser ampliadas, con referencia a estas mismas materias o a otras distintas, a medida que avancen los estudios y propuestas, según el procedimiento establecido en las normas antes citadas.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en los artículos octavo, c), y noveno del Real Decreto-ley diecinueve/mil novecientos setenta y ocho, de trece de junio, a propuesta del Ministro de Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve,
DISPONGO:
Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las competencias de la Administración del Estado que se establecen en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en orden a la emisión de informes y demás cuestiones relacionadas con la concesión de licencias, inspección, sanción, recursos e informe de Ordenanzas y Reglamentos municipales relativos a este tipo de actividades e industrias cuando sean de libre instalación o sometidas a autorización, excepto las referidas a plantas de producción energética.
Se recogen en el anexo I del presente Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la transferencia.
Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura todas las competencias atribuidas a la Administración del Estado por la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado por Decreto mil trescientos cuarenta y seis/mil novecientos setenta y seis, de nueve de abril, y por disposiciones reglamentarias y concordantes, en lo que afecte al ámbito territorial de la Junta Regional de Extremadura, en los términos que se especifican en el anexo II del presente Real Decreto.
En cualquier caso, habrán de tenerse en cuenta las siguientes particularidades y excepciones:
a) La redacción y aprobación del Plan Nacional de Ordenación seguirá regulándose conforme a las disposiciones vigentes.
b) Los Planes Directores Territoriales de Coordinación en Extremadura se formularán por la Junta, con la fijación de su ámbito territorial y plazo en que han de quedar redactados, sin perjuicio de que el Consejo de Ministros señale los Organismos o Entidades que hayan de intervenir en su elaboración.
Una vez formulados por la Junta, ésta los someterá al trámite de, información pública e informe de las Corporaciones Locales a cuyo territorio afectaren, para su posterior remisión al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a los efectos de que se recaben los informes de los Departamentos ministeriales, en los términos y con los efectos previstos en el apartado uno del artículo treinta y nueve de la Ley del Suelo; el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo los remitirá de nuevo a la Junta en unión de los informes emitidos.
Aprobados por la Junta, los someterá al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a los efectos previstos en el apartado dos del citado artículo de la Ley del Suelo.
c) La Junta Regional de Extremadura aprobará definitivamente los Planes, Programas de Actuación Urbanística y Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento que se refieran a las dos capitales de provincia y otras poblaciones de más de cincuenta mil habitantes, y, en todo caso, los que afecten a varios municipios. No obstante, hasta que no se apruebe el correspondiente Plan Director Territorial, será requisito necesario el informe previo de la Comisión Central de Urbanismo, que se solicitará a través del titular del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo.
d) La facultad de suspender la vigencia de los Planes, prevista en el artículo cincuenta y uno punto uno, de la Ley del Suelo, se entenderá atribuida a la Junta en su territorio, sin perjuicio de que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, y previo informe de la Junta, pueda igualmente acordar dicha suspensión por razones de interés suprarregional, en tanto no exista aprobado Plan Director Territorial de Coordinación.
e) El acuerdo autorizando la formulación y ejecución de Programas de Actuación Urbanística a que se refiere el número dos del artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley del Suelo se adoptará por el Consejo de Ministros en la forma prevista en la citada disposición cuando venga motivado por razones estratégico-militares, suprarregionales o en función de competencias no transferidas a la Junta, aun cuando afecten al territorio extremeño.
En los demás casos, el acuerdo corresponderá a la Junta Regional de Extremadura.
f) En los supuestos a que se refieren los números dos y tres del artículo ciento ochenta de la Ley del Suelo, relativos a obras que se realicen en territorio extremeño, será preceptivo el informe de la Junta, previo a la elevación del expediente por el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo al Consejo de Ministros, para su resolución definitiva.
g) Se cumplirán en sus propios términos las disposiciones del texto refundido de la Ley del Suelo, sobre adaptación a dicha Ley de los Planes Generales vigentes, si bien se transfieren a la Junta competencias de la Administración del Estado que en ella se relacionan.
Se exceptúan de las transferencias las competencias a que se refiere el párrafo último de la disposición transitoria cuarta, que se ejercerán previo acuerdo de la Junta Regional de Extremadura.
h) Cuando el Gobierno, en uso de las facultades que la Ley del Suelo le confiere, adopte decisiones en desarrollo de la misma que afecten al ejercicio de las competencias que se transfieren a la Junta, podrá solicitar de ésta los informes previos que considere precisos.
i) La aprobación definitiva de los Planes Generales que el artículo treinta y cinco punto uno, c), de la vigente Ley del Suelo atribuye al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo seguirá correspondiendo al mismo cuando antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto hubiesen sido aprobados provisionalmente.
Los Planes que sean objeto de aprobación provisional con posterioridad, a esta fecha, continuarán la tramitación para su aprobación definitiva por la Junta, si ésta resultase competente para ello, conforme a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
j) La Junta, acomodándose a lo previsto en la disposición final cuarta de la Ley del Suelo, propondrá al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo la modificación de la composición de las Comisiones Provinciales de Urbanismo que de ella dependan, asegurando una adecuada representación de los Servicios del Estado.
De todos los Planes, Programas, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento. Normas Urbanísticas, Ordenanzas, delimitaciones de suelo urbano y Catálogos, se remitirá, Una vez sean definitivamente aprobados por la Junta, una copia al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, así como igual copia de cualquier revisión o modificación que Se produzca en tales documentos, incluso si es por vía de recurso.
Los datos a transferir a efectos estadísticos serán los que, en su caso, sean normalizados a nivel de Estado.
Uno. Formará parte de la Comisión Central de Urbanismo un representante de la Junta.
Dos. Las Comisiones Provinciales de Urbanismo pasarán a depender de la Junta.
Tres. Formará parte un representante del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del Organismo superior que con carácter consultivo en materia de Planeamiento y Urbanismo se encuadre, en su caso, en la Junta Regional de Extremadura.
Se recogen en el anexo II del presente Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la transferencia.
Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las competencias que, atribuidas al Servicio de Extensión Agraria por el Decreto ochocientos treinta y siete/mil novecientos setenta y dos, de veintitrés de marzo, y sus disposiciones complementarias, Vengan siendo ejercitadas por éste dentro del territorio de la región extremeña.
A los efectos del artículo anterior, habrán de tenerse en cuenta las particularidades y excepciones siguientes:
a) La Junta Regional de Extremadura asumirá como propios, en lo que afecte a su territorio, los programas que, elaborados por el Ministerio de Agricultura y considerados de interés nacional, fuesen encomendados al Servicio de Extensión Agraria.
b) La Junta Regional de Extremadura elaborará y editará las publicaciones y otras ayudas audiovisuales que sirvan de apoyo a la labor de las Agencias que dependan de ella y que respondan a problemas de carácter local, debido a las peculiaridades agrarias de la región extremeña, sin perjuicio de las preparadas y editadas con carácter nacional por el Servicio de Extensión Agraria.
c) Igualmente, la Junta podrá desarrollar los cursos de perfeccionamiento a que se refiere el apartado dos del artículo quinto del citado Decreto ochocientos treinta y siete/mil novecientos setenta y dos, sin perjuicio de las oportunas colaboraciones que se establezcan con los Organos centrales.
Uno. Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las competencias relativas a la enseñanza profesional y capacitación de agricultores que vienen siendo ejercidas por la Dirección General de Capacitación y Extensión Agraria en el ámbito territorial de la Junta Regional de Extremadura.
Dos. Los Ministerios competentes conservarán las atribuciones que señala la legislación vigente en materia de Capacitación y Formación Profesional Agraria, al objeto de mantener la homologación de programas y titulaciones.
Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura, con las excepciones que se contienen en los artículos siguientes, las competencias atribuidas al Instituto Nacional de Denominaciones de Origen por la Ley veinticinco/mil novecientos setenta, de dos de diciembre, y sus disposiciones complementarias en lo que afecte al ámbito territorial de la Junta Regional de Extremadura.
Seguirán regulándose conforme a la legislación vigente las siguientes materias.
a) La aprobación definitiva de los Reglamentos de las Denominaciones de Origen.
b) La resolución sobre utilización de nombres y marcas que puedan inducir a confusión.
c) La incoación e instrucción de expedientes por infracciones cometidas por Empresas ubicadas en Extremadura, en relación con denominaciones de origen no extremeñas.
Se ejercerán coordinadamente por el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen y la Junta Regional de Extremadura, dentro del ámbito territorial de ésta y en la forma que reglamentariamente se establezca, las siguientes funciones:
a) Orientar, vigilar y coordinar la producción, elaboración y calidad de los vinos y demás productos amparados por denominaciones de origen o por otras denominaciones.
b) Vigilar en territorio extremeño la producción, elaboración y calidad de los productos que hayan de quedar sometidos a control de características de calidad no comprendidas en el punto anterior.
c) Promover el reconocimiento de denominaciones que se estimen de interés general.
d) Velar por el prestigio de las denominaciones de origen y perseguir su empleo indebido.
e) Colaborar en las tareas de formación y conservación del Catastro vitícola y vinícola que les sean encomendadas.
f) Colaborar, promover o efectuar los estudios adecuados para la mejora, tanto del cultivo de la vid como de la elaboración de los productos protegidos por denominaciones de origen, así como los estudios de mercado para los mismos y la promoción de su consumo.
g) Vigilar la actuación de los Consejos Reguladores y tomar o proponer las medidas necesarias para conseguir que éstos cumplan sus propios fines.
Uno. Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las funciones encomendadas a las Estaciones de Viticultura y Enología por el artículo tercero del Real Decreto mil quinientos veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, con los condicionantes siguientes:
a) En materia de análisis se seguirá la normativa establecida por el Estado con carácter general, de acuerdo con las directrices de la Comisión Oficial de Laboratorios y Métodos de Análisis del Ministerio de Agricultura y con los acuerdos internacionales.
b) A petición de los interesados o de los Organismos de la Administración que controlen los vinos y productos de las industrias enológicas y afines se deberán realizar los análisis convenientes de dichos vinos y productos que vayan a ser exportados por puestos fronterizos situados en su territorio, con independencia de la procedencia de dichos productos o de la radicación de los exportadores.
c) El carácter de «Certificado Oficial» de los certificados expedidos al amparo del apartado el del citado artículo tercero exigirá la delegación expresa del Ministerio de Agricultura.
Dos. Para el cumplimiento de estas funciones se transfiere a la Junta Regional de Extremadura la Estación de Viticultura y Enología adscrita al Instituto Nacional de Denominaciones de Origen por el Real Decreto mil quinientos veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, ubicada en el territorio de dicho Ente.
Tres. La Estación de Viticultura y Enología transferida deberá participar en la realización de programas, trabajos de colaboración y tareas que tengan repercusión en el ámbito nacional e internacional.
Cuatro. Por el Ministerio de Agricultura se establecerá la adecuada coordinación de la labor de la Estación de Viticultura y Enología transferida.
La Junta Regional de Extremadura ejercerá, dentro del campo de la investigación sobre el sector agrario, las funciones que, siendo en la actualidad competencia del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, a continuación se relacionan:
a) Programar y dirigir la investigación agraria de incidencia en el territorio de Extremadura.
b) Coordinar las actividades que se realicen en Extremadura por las distintas Entidades investigadoras.
c) Adoptar las medidas oportunas para lograr la coordinación de las actividades de investigación, experimentación, divulgación e información agrarias en Extremadura.
d) Participar, en la forma que reglamentariamente se establezca, en la adopción de decisiones sobre política nacional de investigación agraria.
La Junta Regional de Extremadura en su ámbito territorial de actuación ejercerá, dentro del campo de la protección de los vegetales y sus productos, las funciones que, siendo actualmente competencia del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica, Organismo autónomo adscrito a la Dirección General de la Producción Agraria, a continuación se relacionan:
a) El ejercicio de la vigilancia de campos y cosechas para la detección de los agentes nocivos a los vegetales y delimitación de zonas afectadas, informando a la Administración del Estado de su incidencia, localización e intensidad.
b) Planificación, organización, realización y dirección de campañas para la protección vegetal no reguladas por disposiciones de ámbito estatal.
c) Organización, dirección y ejecución en el territorio de Extremadura de campañas fitosanitarias de interés nacional, reguladas por disposiciones de ámbito estatal, reservándose en todo caso la Administración del Estado la vigilancia y control de las campañas realizadas y la coordinación de los trabajos a escala nacional.
d) Recomendar los medios de lucha contra los agentes nocivos y climáticos en función de su eficacia.
e) Vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la producción vegetal.
f) Proponer y, en su caso, adoptar:
Uno. Las medidas fitosanitarias obligatorias para medios de transporte y locales relacionados con productos vegetales.
Dos. Las limitaciones aconsejables u obligatorias que afecten a la sanidad de plantaciones, cultivos y aprovechamientos, incluyendo las producciones de semillas y plantas de vivero.
g) Fomentar las Agrupaciones de agricultores para la lucha en común contra los agentes perjudiciales.
h) Informar a la Administración del Estado sobre la utilidad de un producto fitosanitario, a los efectos de su registro, en relación con aspectos de especial incidencia en Extremadura.
i) Vigilar y, en su caso, proponer, de acuerdo con las autoridades sanitarias competentes, la norma para salvaguardar la salud de las personas que han de manejar productos fitosanitarios, así como de los consumidores ge alimentos naturales o transformados tratados directamente o procedentes de vegetales tratados con productos fitosanitarios.
j) Participar, en la forma que reglamentariamente se establezca, en la adopción de decisiones sobre política nacional de protección vegetal.
k) Gestión en Extremadura del Registro de Productores y Distribuidores de Productos y Material Fitosanitario, informando periódicamente a los Servicios de la Administración del Estado.
l) Proponer la autorización de la utilización, en circunstancias especiales y con las debidas garantías, de productos fitosanitarios en supuestos distintos a los expresamente recogidos en el Registro Central, o limitaciones derivadas de la Orden ministerial de nueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco para prevenir daños a la fauna silvestre.
m) Ejercer en Extremadura todas las funciones encomendadas a las Estaciones de Avisos Agrícolas en los artículos tercero (excepto las especificadas en el apartado d), cuarto y quinto de la Orden del Ministerio de Agricultura de veintiséis de julio de mil novecientos setenta y tres.
La Junta Regional de Extremadura ejercerá, dentro del campo de competencia del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, las funciones que, siendo en la actualidad competencia de dicho Organismo, a continuación se relacionan:
a) Informar los Planes Generales y los presupuestos en materia de Reforma y Desarrollo Agrario, en cuanto puedan afectar a la región.
b) Informar o, en su caso, elaborar las propuestas de actuación del IRYDA en zonas o comarcas de Extremadura.
c) Informar el programa regional de actuaciones y participar en la elaboración de directrices para su ejecución.
d) Conocer las Memorias de actividades y la evaluación de los resultados obtenidos en reforma y desarrollo agrario.
La Junta Regional de Extremadura ejercerá, dentro del sector tabaquero, las funciones que, siendo actualmente competencia del Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco, Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de la Producción Agraria:
a) Nombramiento de Presidente y Secretario de las Comisiones Clasificadoras que para cada campaña se constituyan en los distintos Centros de Fermentación y Acondicionamiento de Tabaco en Extremadura.
b) Informar cuantas reclamaciones presenten los cultivadores de tabaco cuando hayan de ser resueltas por la Administración del Estado, especialmente las planteadas contra las clasificaciones de las partidas de tabaco.
c) Fomento de la formación de Cooperativas y Agrupaciones de cultivadores de tabaco.
Se recogen en el anexo III del presente Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la transferencia.
Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las competencias atribuidas a la Administración del Estado por Decreto de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y tres sobre celebración de exposiciones y ferias de muestras y normas complementarías.
A los efectos del artículo anterior, habrán de tenerse en cuenta las siguientes particularidades y excepciones:
a) Los certámenes de carácter internacional y nacional, tanto generales como monográficos, que se celebren en Extremadura seguirán rigiéndose por las disposiciones vigentes; en todo caso, el Ministerio de Comercio y Turismo es el competente para llevar a cabo la política ferial a nivel nacional, así como para repartir las ayudas y subvenciones que se acuerden de las cantidades consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para todas las ferias y exposiciones que se celebren en el territorio nacional.
b) Corresponde a la Junta Regional de Extremadura la promoción de todos los certámenes feriales que se celebren en territorio extremeño, de acuerdo con el ámbito de los mismos.
c) Corresponde asimismo a la Junta Regional de Extremadura la autorización, gestión y coordinación de los certámenes feriales de ámbito regional, provincial y local que se celebren en territorio extremeño, de conformidad con la política ferial general española.
d) Las funciones de inspección, examen de resultados y rendición de cuentas de aquellos certámenes celebrados en Extremadura serán ejercidas por la Junta Regional de Extremadura en el ámbito de sus competencias.
Uno. Para el ejercicio de las competencias y funciones transferidas, la Junta Regional de Extremadura estará representada en los órganos de gobierno de todos los certámenes que se celebren en Extremadura.
Dos. A estos efectos, los distintos certámenes presentarán ante la autoridad y órgano competente para su aprobación nuevos Estatutos adecuados a lo dispuesto en el número anterior.
Se recogen en el anexo IV del presente Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la transferencia.
Uno. Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las siguientes funciones en materia de ordenación de la oferta y la infraestructura turística atribuidas a la Administración del Estado, con los límites que se expresan:
Uno. La incoación de expedientes:
a) Para la declaración de territorios de preferente uso turístico.
b) Para la declaración de «zonas de infraestructura insuficiente».
c) Para la aprobación de Centros y Zonas de interés turístico nacional.
Estas funciones podrán iniciarse por la Junta Regional de Extremadura de oficio o a petición de terceros y, en todo caso, de la Secretaria de Estado de Turismo.
Dos. Aprobar los planes de promoción turística de los Centros de interés turístico nacional.
Tres. Elaborar los planes de promoción turística de las zonas en todos los casos y los de los Centros cuando el procedimiento se inicie o se continúe de oficio.
Cuatro. Tramitar y resolver los expedientes relativos a concesiones, autorizaciones o licencias solicitadas para obras, construcciones, instalaciones, servicios o actividades, por motivos o para fines turísticos dentro de los respectivos Centros o Zonas.
Cinco. Informar con carácter previo todas las solicitudes que reciban los órganos competentes de la Administración Local respecto de las autorizaciones o licencias para obras, construcciones, instalaciones, servicios o actividades dentro de un Centro o Zona, por motivos o para fines no turísticos.
Seis. Ejercer la función genérica de fiscalización y sanción relativa al cumplimiento de los planes base de la declaración de interés turístico nacional, sin perjuicio de las competencias específicas que por razón de la materia corresponden a cada uno de los Departamentos interesados.
Siete. Instar de la Secretaría de Estado de Turismo que recabe del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la adquisición de terrenos y la gestión urbanizadora con los fines establecidos en el artículo veintisiete, párrafo dos, de la Ley ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres.
Ocho. Informar en todos los proyectos de utilización de los monumentos históricos y artísticos, regulados por la Ley de trece de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, sobre su repercusión en los intereses turísticos.
Nueve. Emitir informe en los expedientes que se tramiten sobre aprovechamiento de bienes de dominio del Estado, provincia y municipio que se encuentren dentro de los respectivos Centros o Zonas.
Diez. Resolver los expedientes sobre aprovechamiento de bienes de dominio provincial y municipal, dentro de un Centro o zona declarados de interés turístico nacional.
Once. Imponer multas en cuantía de doscientas cincuenta mil a un millón de pesetas, en los casos de incumplimiento de normas y directrices de los planes base de la declaración de interés turístico nacional.
Doce. Crear el cargo de Comisario de Zona.
Trece. Declarar, vistos los dictámenes técnicos pertinentes, «zonas de infraestructura insuficiente» aquellas áreas, localidades o términos que por insuficiencia de su infraestructura no permitan un aumento de su capacidad de alojamiento.
Catorce. Conceder las autorizaciones a que se refiere el artículo dos del Decreto dos mil cuatrocientos ochenta y dos/mil novecientos setenta y cuatro, de nueve de agosto, en los territorios que hayan sido declarados de preferente uso turístico.
Quince Declarar los territorios de preferente uso turístico. Dicha declaración se ajustará a las directrices básicas y normas de ordenación de la oferta turística y su infraestructura que dicte el Ministerio de Comercio y Turismo.
Dos. Las competencias transferidas a la Junta Regional de Extremadura lo son sin perjuicio de las concurrentes o compartidas que tengan atribuidas en la materia otros órganos de la Administración del Estado.
Uno. En las materias relacionadas en el número dos del presente artículo se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las competencias que, en el orden de la tramitación de los expedientes, son anteriores al trámite de elevación de los citados expedientes al Consejo de Ministros. La Junta Regional de Extremadura, una vez que los expedientes estén pendientes peí expresado trámite, los elevará a la Secretaría de Estado de Turismo para que continúe su tramitación.
Dos. Las materias de que se hace mención en el apartado anterior son las siguientes:
Uno. Aprobación de los planes de promoción turística de las zonas.
Dos. Declaraciones de interés turístico nacional de Centros y Zonas.
Tres. Determinación de los beneficios para la ejecución de los proyectos de obras y servicios de Centros y zonas.
Corresponde al Ministerio de Comercio y Turismo y, en su caso, a la Secretaría de Estado de Turismo elaborar un plan nacional de oferta turística y, en su defecto, establecer las directrices básicas y normas de ordenación de la oferta turística y su infraestructura.
Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las competencias en materia de Empresas y actividades turísticas, en relación con los siguientes actos administrativos:
Uno. Autorizar la apertura y cierre de los establecimientos de las Empresas turísticas. Estas autorizaciones no comportan la concesión del título-licencia de Agencias de viajes, que se efectuará y otorgará por la Secretaría de Estado de Turismo
Dos. Llevar el Registro Regional de Empresas y Actividades Turísticas.
Tres. Fijar la clasificación y, cuando proceda, la reclasificación de los establecimientos de las Empresas turísticas, de acuerdo con la normativa vigente y las instrucciones específicas de ámbito estatal que se dicten para las distintas clases, grupos, categorías o modalidades de las Empresas y sus establecimientos.
La Junta Regional de Extremadura dará cuenta inmediata de sus resoluciones mediante informe razonado a la Secretaría de Estado de Turismo, para su incorporación al Registro General de Empresas Turísticas, y podrá requerir, a su vez, cuanta información precise al respecto.
Cuatro. Inspeccionar las Empresas y actividades turísticas vigilando el estado de las instalaciones, las condiciones de prestación de los servicios y el trato dispensado a la clientela turística.
Cinco. Vigilar el cumplimiento de lo que se disponga en materia de precios.
Seis. Sustanciar las reclamaciones que puedan formularse en relación con las Empresas y actividades turísticas.
Siete. En las materias de Empresas y actividades turísticas que sean de la competencia propia de la Secretaría de Estado de Turismo, imponer de entre las siguientes las sanciones que procedan:
a) Apercibimiento.
b) Multa, hasta la cuantía de un millón de pesetas.
c) Suspensión de las actividades, de la Empresa o clausura del Establecimiento hasta seis meses.
Ocho. Proponer a la Secretaría de Estado de Turismo:
a) La imposición de multas superiores a un millón de pesetas.
b) El cese definitivo de las actividades de la Empresa o clausura definitiva del Establecimiento.
Según proceda, el Secretario de Estado de Turismo impondrá la sanción correspondiente o, en su caso, tramitará la propuesta al Ministro del Departamento, para que resuelva lo procedente o acuerde su elevación al Gobierno.
Nueve. Otorgar el título o licencia de Agencia de Información Turística; el registro de las existentes en Extremadura; su tutela y la imposición, cuando proceda, de las sanciones previstas en la legislación vigente. Las funciones y actividades a que se refiere este artículo se gestionarán y actuarán de conformidad con las instrucciones de general aplicación a todo el territorio del Estado.
Al Ministro de Comercio y Turismo o a la Secretaría de Estado de Turismo, según los casos, les corresponde, respecto de las competencias que se transfieren:
a) Requerir la actuación inspectora y de vigilancia de los órganos de la Junta Regional, de Extremadura cuando así se estime conveniente para la buena marcha del turismo.
b) Requerir la iniciación de actuaciones sancionadoras cuando llegue a su conocimiento la existencia de casos de presunta infracción.
c) Requerir, desde el momento en que se produzca el asiento, cuantos datos sean necesarios para la formación y continuidad del Registro General de Empresas y Actividades Turísticas, así como cualquier otro dato conveniente a efectos estadísticos.
d) Arbitrar las medidas adecuadas que permitan el conocimiento de la situación, tanto estructural como coyuntural, de las Empresas y actividades turísticas, y requerir de la Junta Regional de Extremadura, cuando fuera preciso, la información procedente.
Uno. Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las siguientes competencias en materia de promoción del turismo:
a) Las Oficinas de Información Turística situadas en las capitales de Badajoz y Cáceres.
Las anteriores Oficinas de Información Turística, además de informar sobre los recursos turísticos de Extremadura, realizarán por delegación de la Secretaría de Estado de Turismo, las funciones de información y distribución del material turístico que aquélla les suministre.
b) La autorización, control y tutela de las Entidades de fomento del turismo, locales o de zona, establecidas en Extremadura, así como su actividad promocional, con excepción de lo relativo a la actividad promocional de países extranjeros.
Dos. Todas las actividades de promoción turística en o para países extranjeros serán competencia exclusiva de la Secretaría de Estado de Turismo.
Se recogen en el anexo V del presente Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la transferencia.
Se transfieren de la Administración del Estado a la Junta Regional de Extremadura las competencias sobre concesión, autorización y, en su caso, explotación de los siguientes servicios de transporte mecánico por carretera regulados por las Leyes de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera y Coordinación de los Transportes Terrestres de veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y sus disposiciones complementarias:
a) Servicios públicos regulares de viajeros, mercancías y mixtos comprendidos íntegramente en el ámbito territorial de Extremadura.
b) Servicios públicos discrecionales de viajeros, mercancías y mixtos prestados con vehículos residenciados en el ámbito territorial de Extremadura, y cuyo radio de acción no exceda del mismo.
c) Servicios públicos discrecionales de viajeros, mercancías y mixtos, con itinerarios prefijados, íntegramente comprendidos en el ámbito territorial de Extremadura.
d) Servicios privados, propios o complementarios realizados con vehículos residenciados en el ámbito de Extremadura y cuyo radio de acción no exceda del mismo.
Podrán crearse por la Junta Regional, previos los estudios correspondientes y mediante las modificaciones reglamentarias precisas, otras tarjetas de transporte distintas de las actualmente establecidas siempre que su ámbito de actuación esté comprendido en el territorio extremeño.
Se transfieren de la Administración del Estado a la Junta Regional las competencias sobre establecimiento y explotación de estaciones de vehículos de servicio público de viajeros o mercancías por carretera, enclavadas en su ámbito territorial, de acuerdo con la programación que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin perjuicio de las competencias aduaneras o de otra índole, propias de la Administración del Estado.
La Junta Regional de Extremadura someterá a la aprobación del Gobierno, por conducto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el plan de actuación, inversiones y financiación de estaciones de vehículos de servicio público a establecer por iniciativa de aquél, que ha de servir de base para la consignación en los Presupuestos Generales del Estado de las correspondientes dotaciones.
Se transfieren de la Administración del Estado a la Junta Regional de Extremadura dentro del ámbito territorial de ésta las facultades sobre delimitación de competencias en materia de transportes con la Administración municipal.
Las competencias relativas a inspección y sanción en los servicios de transporte mecánico por carretera y trolebuses en Extremadura, se ejercitarán en forma compartida por la Administración del Estado y la Junta en la forma que reglamentariamente fijará el Gobierno según lo previsto en el artículo cuarenta y uno punto dos, sin perjuicio de que hasta entonces la imposición de sanciones deba hacerse en todo caso previo informe de la Junta Regional, que podrá inspeccionar los servicios y formular las oportunas denuncias ante la Administración del Estado.
Para el ejercicio por la Junta Regional de las competencias transferidas por el presente Real Decreto se observarán las prescripciones que a continuación se detallan, relativas a los preceptos legales que se indican:
A) Ley de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera.
a) Artículo uno. Se entenderán incluidos los transportas efectuados por carreteras o caminos públicos cuya titularidad pertenezca a la Junta Regional de Extremadura.
b) Artículo dos. En el apartado c) se incluirán los vehículos oficiales de la Junta Regional.
c) Artículo ocho. Conforme al principio sentado por este precepto, y con la salvedad del régimen especial previsto en el mismo para cercanías de las grandes poblaciones, no se otorgará por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni por la Junta Regional concesión de servicio regular que coincida con otra ya existente, sea estatal o de la Junta, siempre que el tráfico se halle debidamente atendido.
d) Artículo veintidós. Las tarifas mínimas por razón de coordinación con ferrocarriles de competencia estatal se establecerán en todo caso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones previo informe de la Junta Regional de Extremadura.
e) Artículo veintitrés. La descomposición de tarifas que adopte la Junta Regional comprenderá, al menos, los elementos fijados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con carácter general.
f) Artículo veintiséis. En cuanto a las solicitudes de concesión de prolongaciones o hijuelas de servicios de la Junta que excedan del territorio de Extremadura, se estará a lo previsto en el artículo cuarenta y dos del presente Real Decreto.
Las prolongaciones o hijuelas de líneas estatales cuyo recorrido discurra íntegramente en territorio de la Junta Regional de Extremadura, requerirán informe previo de dicha Junta.
B) Ley de Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres.
a) Artículo tres. Formará parte de la Junta Provincial de Coordinación como Vicepresidente, con voz y voto, un representante de la Junta Regional de Extremadura. Asimismo habrá un Secretario adjunto, con voz y voto, designado por dicha Junta.
b) Artículo cuatro. La estimación de excepcionalidad a que alude este precepto se efectuará por la Junta en cuanto a los servicios de su competencia previo informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
c) Artículo siete. La fijación y liquidación del canon se efectuará por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previo informe de la Junta.
d) Artículo nueve. La sustitución de servicios ferroviarios por otros de transporte por carretera se acordará por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previo informe de la Junta si afectare a servicios de su competencia.
e) Artículo diez. La imposición de servicios combinados con el ferrocarril corresponderá a la Administración competente para la concesión de la línea de transporte por carretera, previa aceptación y, en su caso, establecimiento de las condiciones pertinentes por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
f) Artículo once. La autorización de despachos centrales y auxiliares corresponderá al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previo informe de la Junta si afectare a servicios de su competencia.
Asimismo corresponderán a la Administración del Estado, previo informe de la Junta, las facultades que le atribuye el Decreto tres mil sesenta y siete/mil novecientos sesenta y ocho, de veintiocho de noviembre, y legislación complementaria sobre servicios de dispersión y concentración de tráfico de detalle en estaciones-centro de Renfe en territorio de Extremadura.
C) Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera.
a) Artículo doce. En la adjudicación por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o por la Junta, de nuevos servicios que discurran por su territorio deberá siempre respetarse la explotación de los trayectos comunes por los titulares de los servicios existentes, ya fueran estatales o de la Junta, no pudiendo realizar en ellos tráfico de competencia, no entendiéndose por tal el de los servicios complementarios que puedan establecerse con arreglo al artículo veintiséis del Reglamento de Ordenación de los Transpones Mecánicos por Carretera, sin perjuicio del Régimen especial previsto para cercanías de grandes poblaciones.
b) Artículo diecisiete. La declaración en casos excepcionales de zona de cercanías en los alrededores de grandes poblaciones incluidas en territorio de la Junta, se efectuará por la Junta, siendo preceptivo el previo informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
c) Artículo veinticuatro. En cuanto a la unificación de concesiones estatales y de la Junta se estará a lo previsto en el artículo cuarenta y dos del presente Real Decreto.
d) Artículo cincuenta y nueve. Las tarjetas de transporte que expida la Junta serán del tipo unificado definido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
e) Artículo sesenta. La Junta llevará un Registro General de Tarjetas de Transportes de los servicios de su competencia, en el que se incluirán al menos los mismos datos que se requieren en el Registro General de Tarjetas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ambas Administraciones se colaborará y suministrará cuanta documentación e información sea precisa para el ejercicio de sus respectivas competencias.
f) Artículo setenta y uno. Se estará a lo dicho respecto al artículo veintidós de la Ley de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera.
g) Artículo setenta y cuatro. Las tarifas combinadas entre servicios de titularidad estatal y de la Junta se autorizarán por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones previo informe de la Junta.
h) Artículo ciento treinta y tres. Los formularios de los proyectos de estaciones de vehículos se adecuarán a los establecidos con carácter general por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pudiendo, no obstante, la Junta Regional de Extremadura señalar la cobertura de necesidades complementarias en los proyectos.
i) Artículo ciento treinta y siete. Corresponderá a la Junta la inspección inmediata y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la inspección superior de las estaciones de vehículos enclavadas en el territorio extremeño.
j) Artículo ciento cuarenta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Junta señalarán, respectivamente, los servicios públicos de transporte de la competencia de cada una de las Administraciones que estén obligadas a la utilización de las estaciones.
k) Artículo ciento cuarenta y cinco. La aprobación de Reglamentos y Tarifas de Agencias de Transportes en Extremadura se otorgará por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones previo informe de la Junta.
D) Reglamento de Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres.
a) Artículo cinco. La variación en casos excepcionales de los límites de la zona de cercanías de grandes poblaciones en territorio extremeño corresponderá a la Junta Regional de Extremadura, siendo preceptivo el previo informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
b) Artículo siete. Se estará a lo dicho respecto al artículo tres de la Ley de Coordinación.
c) Artículo diez. La coordinación de servicios encomendada por este precepto a las Juntas Provinciales de Coordinación se ejercerá tanto con referencia a los servicios de la titularidad del Estado como en cuanto a los de competencia de la Junta Regional de Extremadura.
d) Artículos veinticinco al treinta y cuatro. Se estará a lo dispuesto respecto al artículo siete de la Ley de Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres.
e) Artículos treinta y cinco al treinta y nueve. Se estará a lo dispuesto respecto al artículo nueve de la Ley de Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres.
f) Artículos cuarenta al cuarenta y tres. Se estará a lo dispuesto respecto al artículo diez de la Ley de Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres.
g) Artículos cuarenta y cuatro al cincuenta. Se estará a lo dispuesto respecto al artículo once de la Ley de Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres.
Uno. En ningún caso se considerarán transferidas sobre las materias objeto del presente Real Decreto las siguientes competencias atribuidas por la legislación vigente al Consejo de Ministros y que seguirán asumiéndose por el mismo.
– Fijar la subvención que, en su caso, deba señalarse para concursar la explotación de servicios regulares que se establezcan a iniciativa de la Junta Regional de Extremadura, si quedase desierto el primer concurso convocado al efecto (artículo catorce de la Ley de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera de veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y artículo veintitrés de su Reglamento de nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve).
– Acordar el rescate de concesiones regulares con menos de veinticinco años de vigencia (artículo treinta de la Ley de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera y artículos noventa y nueve y ciento seis de su Reglamento).
– Acordar el rescate anticipado de concesiones de estaciones de vehículos de transporte de viajeros o mercancías por carretera (artículo cuarenta y siete de la Ley de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera y artículo ciento cuarenta y dos de su Reglamento).
Dos. En todos los supuestos relacionados la Junta Regional de Extremadura, una vez ultimado el expediente, lo elevará al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ser sometido al Consejo de Ministros.
Uno. De todas las concesiones adjudicadas definitivamente por la Junta Regional de Extremadura y de las tarjetas de transporte se remitirá una copia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como igual copia de cualquier modificación que se produzca, incluso si es por vía de recurso.
Dos. Análoga comunicación e información se establecerá del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Junta de aquellos servicios que afecten a Extremadura.
Tres. Los datos a transmitir a efectos estadísticos serán los que sean normalizados a nivel de Estado.
Se transfieren de la Administración del Estado a la Junta Regional de Extremadura las competencias sobre concesión, autorización, explotación e inspección de servicios de transporte por cable, tanto públicos como privados, que discurran íntegramente en territorio extremeño, regulados por la Ley cuatro/mil novecientos setenta y cuatro, de veintinueve de abril, y sus disposiciones de desarrollo, y dentro de las normas generales para las instalaciones y su explotación, dictadas o que pudieran dictarse por la Administración del Estado en beneficio de la seguridad denlos viajeros de este modo de transporte.
Se transfieren de la Administración del Estado a la Junta Regional de Extremadura las competencias sobre concesión, autorización y explotación de servicios de transporte por trolebús comprendidos íntegramente en el territorio extremeño, regulados por la Ley de cinco de octubre de mil novecientos cuarenta y por la Ley de veintiuno de julio de mil novecientos setenta y tres, sobre transformación de trolebuses en autobuses y sus disposiciones de desarrollo.
Uno. A partir de la fecha señalada en la disposición final segunda, la Junta se subrogará en la calidad de Ente concedente o autorizante, en lugar del Estado, de los servicios de transporte existentes afectados por el traspaso de competencias.
Dos. El Gobierno, previo estudio de la Comisión Mixta y a propuesta de los Ministros competentes, dictará en el plazo de un mes, a partir de la fecha señalada en la disposición final segunda, las normas aplicables en materia de inspección y sanción de los servicios de transporte a que se refiere el artículo treinta y seis.
Previo estudio de la Comisión Mixta y a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se regularán por el Gobierno en el plazo de tres meses, a partir de la fecha fijada en la disposición final segunda, las modalidades de colaboración o coordinación entre el Estado y la Junta para el establecimiento de ampliaciones de servicios de transporte mecánico por carretera transferidos que excedan del territorio extremeño o de unificaciones de servicios estatales y de la Junta Regional de Extremadura.
Se recogen en el anexo VI de este Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la transferencia.
Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las siguientes competencias de la Administración del Estado en materia de organización, régimen jurídico, bienes y servicios de las Corporaciones locales.
Uno. Demarcación territorial.
Uno.Uno. La constitución y disolución de Entidades locales menores.
Uno.Dos. Los deslindes de términos municipales.
Uno.Tres. La distribución del término municipal en distritos y la reforma, aumento o disminución de los existentes.
Uno.Cuatro. La iniciación de oficio de los expedientes de alteración de términos municipales y de disolución de Entidades locales menores.
Dos. Organización.
Dos.Uno. La constitución de mancomunidades municipales voluntarias y agrupaciones forzosas de municipios.
Dos.Dos. La agrupación forzosa de municipios con población inferior a cinco mil habitantes para la prestación de los servicios públicos considerados esenciales por la Ley, en los supuestos en que aquéllos carezcan de recursos económicos suficientes.
Dos.Tres. La alteración de los nombres y capitalidad de los municipios.
Tres. Comisiones gestoras.
El nombramiento de Comisiones gestoras que rijan nuevos municipios resultantes de la fusión de otros.
Cuatro. Régimen jurídico.
Cuatro.Uno. La suspensión de acuerdos de las Corporaciones locales, en los supuestos del número uno, apartados uno, dos y cuatro del artículo trescientos sesenta y dos de la Ley de Régimen Local.
Esto no obstante, el Gobernador civil podrá suspender los acuerdos de las Corporaciones locales en los mismos casos, siempre y cuando no lo hubiera hecho la Junta Regional de Extremadura. A estos efectos los acuerdos de las Corporaciones locales de la región extremeña deberán comunicarse tanto al Gobernador civil correspondiente como a la Junta en el plazo de tres días siguientes a su adopción. La Junta comunicará al Gobernador civil los acuerdos de suspensión en el mismo día que los adopte. Si la suspensión hubiere sido acordada por las dos autoridades, prevalecerá a todos los efectos legales la dictada por la Junta.
Cuatro.Dos. La resolución de los recursos contra las decisiones de suspensión de acuerdos de las Corporaciones locales adoptadas por la propia Junta, cuando éstas se funden en los supuestos previstos en el número uno, apartados uno y dos del artículo trescientos sesenta y dos de la Ley de Régimen Local.
Cuatro.Tres. El conocimiento y, en su caso, la suspensión de las Ordenanzas y Reglamentos municipales en los casos previstos por los artículos ciento nueve y ciento diez de la Ley de Régimen Local.
Cinco. Régimen de intervención y tutela.
Cinco.Uno. La disolución de las Juntas Vecinales cuando su gestión resulte gravemente dañosa.
Cinco.Dos. La declaración en régimen de tutela a las Entidades locales menores, previo informe favorable del Ministerio de Administración Territorial.
Cinco.Tres. La suspensión de Entidades menores cuando disuelta la Junta Vecinal la nueva Junta constituida en régimen de tutela no consiga la rehabilitación de su hacienda en el plazo de un ejercicio económico.
Seis. Disposición de bienes de propios de las Corporaciones locales.
Seis.Uno. La autorización de los expedientes de enajenación, permuta o gravamen de bienes inmuebles de propios de las Corporaciones locales cuando su valor exceda del veinticinco por ciento del presupuesto anual de la Corporación.
Seis.Dos. La conformidad en los expedientes de enajenación permuta o gravamen de bienes inmuebles de propios de las Corporaciones locales, cuando su valor no exceda del veinticinco por ciento del presupuesto anual de la Corporación.
Seis.Tres. La autorización para la venta directa o permuta a favor de propietarios colindantes de parcelas no utilizables y sobrantes de vías públicas, cuando el valor de los bienes exceda del veinticinco por ciento del presupuesto anual de la Corporación.
Seis.Cuatro. La conformidad para la venta directa o permuta a favor de propietarios colindantes de parcelas no utilizables y sobrantes de vía pública, cuando el valor de los bienes no exceda del veinticinco por ciento del presupuesto anual de la Corporación.
Siete. Administración y aprovechamiento de bienes de las Corporaciones locales.
Siete.Uno. La autorización de transacciones sobre bienes y derechos del patrimonio local.
Siete.Dos. La aprobación de acuerdos sometidos a juicio de árbitros sobre contiendas que se susciten sobre bienes y derechos del patrimonio local.
Siete.Tres. La aprobación de las Ordenanzas especiales de disfrute y aprovechamiento de montes comunales.
Siete.Cuatro. La aprobación de expedientes de desafectación de bienes comunales de las Corporaciones locales.
Siete.Cinco. La aprobación de los expedientes de inclusión de bienes comunales en concentración parcelaria.
Siete.Seis. La autorización o conformidad para establecer convenios entre las Corporaciones locales y Entidades privadas y particulares para la repoblación forestal de toda clase de montes de dichas Corporaciones, excepción hecha, en todo caso, de los montes catalogados.
Ocho. Servicios locales.
La aprobación de los Estatutos de los Consorcios constituidos por las Corporaciones locales con Entidades públicas, excepto cuando uno de los Entes consorciados sea el Estado, un Organismo autónomo o Corporaciones locales situadas fuera de la región.
Nueve. La resolución de los expedientes a que se refieren los apartados uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho del presente artículo se adoptarán por la Junta Regional de Extremadura, previo informe de la Diputación Provincial respectiva.
Se recogen en el anexo séptimo del presente Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la transferencia.
Centro Nacional de Lectura. Se transfieren las competencias del Centro Nacional de Lectura, incluidos los créditos que correspondan a los Centros dependientes del mismo, todo ello dentro del Ambito territorial de la Junta Regional de Extremadura. La Junta Regional se subrogará en las funciones ejercidas por la Administración del Estado en el seno de los Patronatos que rigen los actuales Centros provinciales coordinadores que hayan sido creados por concierto con las Corporaciones públicas o privadas de Extremadura.
Corresponderá a la Junta Regional de Extremadura, dentro de su ámbito territorial, la competencia de:
a) La realización de los conciertos a que se refiere el artículo primero del Decreto de cuatro de julio de mil novecientos cincuenta y dos por el que se aprueba el Reglamento del Centro Nacional de Lectura.
b) Orientar el servicio público de lectura en orden a la difusión de la cultura por medio del libro, en coordinación con el plan general de actuación de la Administración del Estado en cuanto a la política del libro y la información científica.
c) Aplicar los criterios con arreglo a los cuales se han de establecer los acuerdos con los organismos colaboradores en Extremadura dentro de las normas generales dictadas por el Consejo Nacional de Lectura.
d) Recabar ayuda moral y económica de Entidades extremeñas, públicas o privadas, para los fines del Centro.
e) Estimular en Extremadura la producción del libro de autor español en los términos previstos en el apartado d) del artículo cuarto del citado Reglamento del Centro Nacional de Lectura.
En el ámbito territorial de Extremadura se transfieren a la Junta Regional las competencias que el artículo séptimo del Reglamento de cuatro de julio de mil novecientos cincuenta y dos atribuye a la Oficina Técnica del Centro Nacional de Lectura.
Uno. Se transfiere la tramitación de las solicitudes de asignación de número de Depósito Legal de Libros, que se formulen en el territorio extremeño, con sujeción a las normas generales e instrucciones emanadas del Instituto competente para su asignación, sin que ello pueda comportar demoras sobre el sistema actual. La competencia para la asignación del número ISBN y del depósito legal de libros continúan atribuidas con carácter exclusivo al Instituto Nacional del Libro Español y al Instituto Bibliográfico Hispánico, respectivamente.
Dos. De los ejemplares de obras y publicaciones ingresadas por Depósito Legal en las oficinas de tramitación sitas en Extremadura, se retendrán en la Junta Regional los siguientes:
a) De los cuatro ejemplares de obras impresas sujetas al ISBN, uno de los dos que venían siendo remitidos al Instituto Bibliográfico Hispánico, en cumplimiento del artículo treinta y siete, apartados dos y tres del Reglamento del citado Instituto, aprobado por Orden ministerial de treinta de octubre de mil novecientos setenta y uno, modificado por la de veinte de febrero de mil novecientos setenta y tres.
b) Un ejemplar de las producciones cinematográficas que se depositen, previa modificación del artículo treinta y nueve del Reglamento citado, en el sentido de aumentar a dos el número de ejemplares depositados.
Tres. En cuanto a las obras no sujetas al ISBN seguirán remitiéndose los tres ejemplares previstos en el artículo treinta y ocho del Reglamento al Instituto Bibliográfico Hispánico, quien remitirá, en su caso, uno de los ejemplares al órgano competente de la Junta Regional de Extremadura.
Cuatro. En cuanto se refiere a la dispensa de presentación del número reglamentario de ejemplares en caso de obras de bibliófilo la decisión seguirá correspondiendo al Instituto Bibliográfico Hispánico, pero la concesión del beneficio solicitado requerirá informe favorable de la Junta Regional de Extremadura. La denegación del beneficio, por el contrario, no queda condicionada por el informe que la Junta Regional emita.
Se transfieren a la Junta Regional las competencias que, en orden a la formación de expedientes e imposición de sanciones y atribución del importe de las multas, tienen encomendadas: las oficinas provinciales y locales de Extremadura, la Administración del Estado en cuanto se refiere al territorio extremeño, y los Gobernadores civiles de las dos provincias extremeñas. Se transfiere igualmente a la Junta Regional de Extremadura, la competencia del Instituto Bibliográfico Hispánico en orden a la inspección del Depósito Legal en Extremadura, sin perjuicio de la alta inspección que incumbe a la Administración del Estado.
Respecto de las obras integrantes del Tesoro Bibliográfico de la Nación, conforme a lo previsto en la Ley veintiséis/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de junio, que habitualmente se conservan en Extremadura, la Junta Regional prestará constante y estrecha colaboración con los órganos de la Administración Central en todas las competencias que no sean objeto de transferencia, creándose una Comisión Mixta Administración-Junta Regional de Extremadura para canalizar los esfuerzos de ambas Administraciones a este respecto. Todos los actos de la Administración Central respecto de estas obras requerirán informe previo de la citada Comisión. La tasación de la obras, cualquiera que sea su finalidad, continuará atribuida al Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico, previo informe de la Comisión Mixta.
La Administración Central conserva, sobre las obras citadas, los derechos de tanteo, retracto, expropiación y comiso que se confieren al Estado en el artículo once de la citada Ley; caso de no ejercer tales derechos o alguno de ellos, deberá comunicar su decisión a la Junta Regional de Extremadura a través de la Comisión Mixta a que se alude en el artículo anterior, para que aquélla pueda subrogarse en tales derechos si lo estimara conveniente.
Sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores, y únicamente para las obras que habitualmente se conservan en Extremadura, se transfieren a la Junta Regional las siguientes competencias:
a) La tramitación de las solicitudes de exportación, así como las de ayuda que formulen los propietarios de las Bibliotecas o piezas de interés para el Tesoro Bibliográfico; tales ayudas deben ser concedidas por el Centro Nacional, y serán canalizadas a través de los órganos de la Junta Regional de Extremadura.
b) El cuidado y defensa del Tesoro Bibliográfico de la Nación en el territorio extremeño, ejerciendo las funciones previstas en el artículo quinto de la Ley veintiséis/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de junio.
c) La recepción de las comunicaciones a que se contrae el artículo sexto de dicha Ley, así como la competencia sancionadora de los incumplimientos de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo. Los recursos administrativos contra el acto sancionador se entenderán admisibles contra las resoluciones dictadas por los órganos de la Junta Regional de Extremadura.
Lo previsto en los artículos anteriores relativos al Tesoro Bibliográfico se refiere exclusivamente a las competencias del Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico en lo que afecta a materia bibliográfica.
Se transfieren a la Junta Regional, dentro de su ámbito territorial, las competencias para la tramitación de los expedientes de inscripción en el Registro cuya resolución y consiguiente inscripción definitiva continúa atribuida al Registro General de la Propiedad Intelectual.
Se recogen en el anexo VIII del presente Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la transferencia.
Uno. Corresponde a la Junta Regional de Extremadura en el marco de la planificación general sanitaria del Estado, y dentro de su ámbito de actuación territorial, la organización, programación, dirección, resolución, control y vigilancia, tutela, así como la sanción e intervención en las actividades y servicios de competencia de la administración sanitaria del Estado, relacionadas en el artículo siguiente de este Real Decreto.
Dos. Asimismo la Junta ejercerá, en las materias transferidas, las funciones de la inspección técnica de sanidad, sin perjuicio de las actuaciones que lleven a cabo los órganos de la Administración del Estado a efectos de coordinación y supervisión.
Tres. El régimen previsto en los apartados anteriores no producirá, en ningún caso, duplicidad de actuaciones entre los órganos de la Administración del Estado y los de la Junta Regional de Extremadura.
Cuatro. En dichas materias le corresponderán a la Junta, asimismo, las funciones de estudio, recopilación de datos e información y establecerá el procedimiento adecuado para su comunicación obligatoria, sistemática y normalizada a la Administración del Estado, de acuerdo con la normativa de éste a fin de garantizar el cumplimiento de los fines y objetivos comunes del mismo y de obtener un sistema sanitario coherente, armónico y solidario.
Uno. Se transfieren a la Junta Regional de Extremadura las siguientes funciones y competencias en orden a la acción pública sanitaria:
a) El control sanitario de las aguas de bebidas, aguas residuales, residuos sólidos, contaminación atmosférica, vivienda y urbanismo, locales y edificios de convivencia pública o colectiva y, en general, del medio ambiente en que se desenvuelve la vida humana.
La Junta desarrollará, también, las actividades sanitarias relacionadas con los establecimientos e industrias molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
b) El control de la publicidad médico-sanitaria, a que se refiere el Real Decreto dos mil ochocientos veintisiete/mil novecientos setenta y siete, de seis de octubre, y sus disposiciones que lo desarrollan o modifican.
c) Las competencias que, en relación con la policía sanitaria mortuoria, atribuye el Decreto dos mil doscientos sesenta y tres/mil novecientos setenta y cuatro, de veinte de julio, y disposiciones complementarias, a los órganos de la Administración del Estado.
Para asegurar la necesaria coordinación con las demás Entidades y órganos competentes en los supuestos de traslados de cadáveres cuyo recorrido exceda del territorio de la Junta, ésta deberá cumplir, en sus propios términos, las exigencias de comunicación previstas en el artículo veintinueve y en el apartado d) del artículo treinta y seis de la citada disposición.
d) El estudio, vigilancia y análisis epidemiológicos de los procesos que inciden positiva o negativamente en la salud humana, quedando obligada la Junta a comunicar al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social los datos estadísticos obtenidos, así como cuantas situaciones epidémicas puedan detectarse.
e) Los programas sanitarios tendentes a la protección y promoción de la salud, tales como los de higiene maternal, infantil, escolar, industrial, laboral, deportiva, mental, así como las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y rio transmisibles, antropozoonosis y educación sanitaria.
f) El desarrollo de programas de formación en materia de salud pública coordinadamente con la Administración del Estado, en la forma que reglamentariamente se establezca.
No obstante lo anterior, los Ministerios de Educación, Universidades e Investigación y el de Sanidad y Seguridad Social conservarán las competencias que la vigente legislación les otorga al objeto de mantener la homologación de programas y titulaciones.
g) El otorgamiento de la autorización oportuna para la creación, construcción, modificación, adaptación o supresión de Centros, servicios y establecimientos sanitarios, de cualquier clase y naturaleza, incluidos los balnearios y las Entidades del Seguro Libre de Asistencia Médico-Farmacéutica.
Quedan exceptuadas, de la transferencia las autorizaciones que se refieren a los laboratorios y Centros o establecimientos de elaboración de drogas, productos estupefacientes, psicotrópicos o similares, especialidades farmacéuticas y sus materias primas y material instrumental médico, terapéutico o correctivo.
h) El control sanitario de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y venta de alimentos, bebidas y productos relacionados directa o indirectamente con la alimentación humana, cuando estas actividades se desarrollen en Extremadura.
Dos. En el ejercicio de las funciones contenidas en el número anterior, se entenderá que los criterios técnicos de aplicación serán los contenidos en las instrucciones que, con carácter general, dicte el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social o que resulten de la aplicación de tratados internacionales ratificados por el Estado español y publicados de acuerdo con lo previsto en el titulo preliminar del Código Civil.
Uno. Pasarán a depender de la Junta Regional de Extremadura las Comisiones Provinciales de Publicidad Médico-Sanitaria existentes en su territorio.
Dos. Se integrará un representante de la Administración Sanitaria de la Junta Regional de Extremadura en cada una de las Comisiones provinciales siguientes existentes en el territorio de aquélla:
1. Comisión provincial para la elaboración del anteproyecto de mapa sanitario, de acuerdo con lo previsto en el artículo primero, dos, b), del Real Decreto dos mil doscientos veintiuno/mil novecientos setenta y ocho, de veinticinco de agosto.
2. Comisión Delegada de Sanidad, Seguridad Social y Asuntos Sociales, de la Provincial del Gobierno.
3. Subcomisión de Saneamiento de la Comisión provincial de colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.
Tres. Cuando el Pleno, Subcomisiones, Comités o Ponencias de trabajo de la Comisión Central de Saneamiento y de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria celebren sesiones sobre supuestos y cuestiones de sus competencias, originadas o desarrolladas exclusivamente en territorio de la Junta, se incorporará a dichas sesiones un representante de ésta.
Se recogen en el anexo IV del presente Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la transferencia.
Uno. Cuando para el ejercicio de alguna de las competencias transferidas a la Junta Regional de Extremadura por el presente Real Decreto sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la petición del mismo será acordada por la Junta, solicitándola a través del Ministerio específicamente competente en la materia de que se trate, quien requerirá al Consejo de Estado para su emisión.
Igual procedimiento se seguirá cuando la Junta acuerde oír voluntariamente al Consejo de Estado en algún expediente.
Dos. Si no se establece otra cosa en el presente Real Decreto, los demás informes que la legislación vigente exija de otros órganos distintos del Consejo de Estado se mantendrán con el propio carácter que tengan establecido, pero su emisión corresponderá a los órganos equivalentes que existan o se creen dentro de la Junta Regional de Extremadura.
Uno. Sin perjuicio de la aplicación de la legislación reguladora de las materias objeto de transferencia por el presente Real Decreto, el régimen jurídico de los actos de la Junta se acomodará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y en la de Procedimiento Administrativo; igualmente será de aplicación la legislación sobre contratos del Estado para aquellos que celebre la Junta en el ejercicio de las funciones transferidas.
Dos. Contra las resoluciones y actos de la Junta cabrá el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, salvo que por otra disposición legal se exigiera la interposición de recurso de alzada, que se sustanciará ante la propia Junta. El régimen jurídico de estos recursos será el establecido en las Leyes de Procedimiento Administrativo y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tres. La responsabilidad de la Junta procederá y se exigirá, en los mismos términos y casos que establece la legislación reguladora del Régimen Jurídico de la Administración del Estado y de la Expropiación Forzosa.
Cuatro. Las transferencias de bienes y derechos estatales que sean precisos para el funcionamiento de los servicies transferidos a la Junta se someterán al régimen establecido en la sección quinta, capítulo primero del título segundo de la Ley de Patrimonio del Estado.
En todo caso, en los acuerdos de cesión de bienes y derechos se determinará si ésta es total o parcial y si es o no temporalmente limitada.
Uno. La ejecución ordinaria de los acuerdos de la Junta en el ejercicio de las competencias que se transfieren por este Real Decreto se acomodará a lo dispuesto en el artículo cinco del Real Decreto-ley diecinueve/mil novecientos setenta y ocho, de trece de junio.
Dos. Las competencias transferidas a la Junta en las secciones primera, segunda y tercera del presente Real Decreto podrán ser transferidas o delegadas, en su caso, por éste a las Diputaciones Provinciales comprendidas en territorio extremeño.
Los acuerdos de transferencia o delegación deberán ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Junta.
Tres. Las Diputaciones Provinciales quedarán sometidas, a todos los efectos jurídicos, en el ejercicio de las competencias transferidas o delegadas por la Junta, al ordenamiento local.
Por Orden de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio competente y del de Administración Territorial, en todo caso, se dictarán las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.
La Comisión Mixta de transferencia de competencias de la Junta actuará en la fase de aplicación de la presente disposición como órgano de coordinación, estudio y consulta y podrá proponer al Gobierno o a los Ministerios competentes las medidas que estime precisas para su ejecución.
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Las competencias a que se refiere el presente Real Decreto empezarán a ejercerse por la Junta a partir del día uno de abril de mil novecientos ochenta, en cuya fecha dejarán de intervenir los órganos anteriormente competentes, salvo para remitir a la Junta los documentos referentes a las funciones y servicios traspasados.
En la misma fecha tendrán efectividad la adscripción del personal, las cesiones patrimoniales y las transferencias presupuestarias procedentes del Estado. Para operar los referidos traspasos habrán de cumplimentarse los requisitos » formalidades exigidos por la legislación vigente.
Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo cuarto, i), los expedientes iniciados antes de la fecha señalada en la disposición final segunda sobré las materias objeto de transferencia por el presente Real Decreto se concluirán en todos sus incidentes, incluso recursos, por los órganos actualmente competentes si éstos fueran los Servicios Centrales de la Administración del Estado, sin que la Junta ejerza respecto de los mismos las competencias que este Real Decreto le transfiere.
Dos. En los demás casos, los servicios periféricos de la Administración del Estado remitirán a la Junta los expedientes en tramitación en el estado en que se encuentren para su continuación y resolución por la Junta, si ésta resulta competente, a tenor de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
En materia de transportes, se tendrán en cuenta las siguientes especialidades.
Uno. Los expedientes iniciados antes de la fecha señalada en la disposición final segunda sobre aquellas materias objeto de transferencia por el presente Real Decreto se entregarán a la Junta para su ulterior tramitación y resolución. No obstante lo anterior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a petición de la Junta, podrá completar la fase de instrucción, y una vez ultimada los remitirá a la Junta, a la que corresponderá, en todo caso, su resolución.
Dos. Se exceptúan de lo anterior los expedientes de recursos presentados antes de la fecha señalada en la disposición final segunda que se tramitarán y resolverán por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa audiencia de la Junta.
Tres. La Comisión Mixta determinará el calendario de transferencias a la Junta de las obras contratadas por la Administración del Estado, afectadas por el traspaso de competencias, que se encuentren en ejecución en la fecha señalada en la disposición final segunda, de modo que se asegure la continuidad en la marcha de los trabajos. A partir de la fecha de traspaso de cada obra, la Junta se subrogará en los derechos y deberes correspondientes a la Administración del Estado por virtud del contrato de obras respectivo, lo que se comunicará al contratista por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Cuatro. Será aplicable lo dispuesto en el apartado uno a los expedientes de aprobación de proyectos, aprobación de replanteo de los mismos, contratación, adjudicación y formalización de contratos de obras de la Administración del Estado, afectados por la transferencia de competencias que se encuentren iniciados y pendientes de resolución en la fecha señalada en la disposición final segunda.
Cinco. La recepción y liquidación de obras terminadas por la Administración del Estado antes de la fecha señalada en la disposición final segunda no quedará afectada por el traspaso de competencias y se llevará a efecto por la Administración del Estado.
Uno. A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, se procederá a inventariar todo el material y documentación relativos a las competencias que se transfieren y que deban traspasarse a la Junta, de acuerdo con las disposiciones transitorias anteriores.
Dos. Si para cualquier resolución que hubiera de dictar la Junta fuese preciso tener en cuenta expedientes o antecedentes que con los mismos guarden relación y figuren en los archivos de la Administración del Estado, la Junta los solicitará de ésta, que remitirá copia certificada de su contenido o los originales si fueren precisos, quedando en este caso aquella copia en los archivos de procedencia, en sustitución de los originales remitidos.
La Junta organizará los servicios precisos y distribuirá entre los órganos correspondientes las competencias que se le transfieren por el presente Real Decreto, publicándose los correspondientes acuerdos en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Junta antes de la fecha a que se refiere la disposición final segunda.
Dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,
ANTONIO FONTAN PEREZ
| Apartado del Decreto | Preceptos legales afectados |
|---|---|
| Art. 1.º |
Artículos 4, 7 a 10, 15, 20, 31 a 39, 43 a 45 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en lo que se refiere a actividades e industrias, excluida las de producción energética. Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 5 de diciembre de 1979 sobre asistencia de la Administración del Estado a los Entes preautonómicos en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. |
A) Artículos de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que quedan afectados por la transferencia de competencias a la Junta.
Art. 25. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo se transfieren a la Junta.
Art. 28.2. Las competencias del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo pasan ala citada Junta.
Art. 30.1. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta, salvo la propuesta al Consejo de Ministros de los Organismos o Entidades que hayan de intervenir en la elaboración de los Planes Directores Territoriales de Coordinación.
Art. 32.1. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 33, a) Las competencias del Ministerio pasan a la mencionada Junta.
b) Las competencias de la Dirección General de Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 35.1, b) Se establece la aprobación de la Junta como requisito previo a la aprobación por el Consejo de Ministros de los Planes Directores Territoriales de la región.
1, c) Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo a través del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, cuando no exista aprobado el correspondiente Plan Director Territorial de Coordinación.
1, d) Las competencias de las Comisiones Provinciales de Urbanismo pasan a la Junta.
2, b) Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 36.1. Las competencias del Ministro pasan a la indicada Junta.
Art. 37. Las competencias del Ministro pasan a la indicada Junta.
Art. 39. Las competencias del Ministro pasan a la Junta, salvo la de recabar los informes de los Departamentos ministeriales que no hayan intervenido en su elaboración y, a los que pueda interesar por razón de su competencia.
Art. 40.1, b) Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta, con la exigencia de informe previo de la Comisión Central de Urbanismo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, cuando no exista aprobado Plan Director Territorial de Coordinación.
Art. 43.3. Las competencias del Ministro pasan a la Junta.
Art. 44. Igual requisito formal para los acuerdos de la Junta, con publicación en el correspondiente ¿Boletín Oficial».
Art. 47. Las competencias del Ministro pasan a la Junta.
Art. 50. Las competencias del Ministro y del Consejo de Ministros pasan a la Junta.
Art. 51.1. La Junta dispone de las mismas facultades que el Consejo de Ministros. Este las ejercerá en los supuestos en que no esté aprobado el correspondiente Plan Director Territorial de Coordinación o por razones de interés suprarregional, exigiéndose en cualquier caso el informe de la Junta.
Las normas complementarias y subsidiarias a las que se refiere este mismo artículo podrán ser dictadas, en su caso, por la Junta.
Art. 70.1. Las competencias del Ministro pasan a la Junta, salvo las relacionadas con normas de carácter suprarregional.
Art. 70.3. Las competencias del Consejo de Ministros pasan a la Junta y el informe de la Comisión Central de Urbanismo se sustituirá por el del correspondiente órgano de la Junta.
Art. 91, a) Las competencias del Ministerio de Administración Territorial pasan a la Junta.
b) Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 114. Se incluye a la Junta entre las Entidades ejecutoras de los Planes Urbanísticos.
Art. 115. Se incluye a la Junta entre las Entidades que pueden constituir Sociedades Anónimas o Empresas de economía mixta para la ejecución de los Planes de Ordenación.
Art. 121, a) Las competencias del Consejo de Ministros pasan a la Junta; para su ejercicio se mantiene la exigencia del previo dictamen del Consejo de Estado.
b) Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 149.2. Las competencias del Consejo de Ministros pasan a la Junta. Se excluyen los supuestos motivados por;
– Razones estratégicas-militares.
– Razones suprarregionales.
– Competencias no transferidas.
Art. 155.2 y 3. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 164. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 169.3. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 170. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 180.2 (párrafo 2.º) y 3 (párrafo 1.º). Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo se ejercerán previo informe de la Junta.
Arts. 184, 188 y 187. Las competencias del Gobernador civil pasan a la Junta.
Art. 188.3. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 191.2. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Arts. 206 y 207. La Junta queda incluida entre los órganos directivos y gestores de la actividad urbanística en la forma que establece el presente Real Decreto.
Arts. 210 y 211. Las competencias de la Comisión Central de Urbanismo pasan a la Junta, debiendo formar parte un representante del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en el órgano superior consultivo que en materia de planeamiento y urbanismo se encuadre en él.
Art. 213.1, a) Las atribuciones del Gobernador civil pasan a la Junta.
b) Las Comisiones Provinciales de Urbanismo dependerán de la Junta.
Arts. 215.3, 4 y 5, a) Las competencias del Consejo de Ministros pasan a la Junta.
b) Las competencias del Ministro de Administración Territorial pasan a la Junta.
c) Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 216. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 217.2. Las competencias del Ministro de Administración Territorial pasan a la Junta.
Art. 218, a) Las competencias del Ministro de Administración Territorial pasan a la Junta.
b) Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 228.6, b) Las competencias de los Gobernadores civiles pasan a la Junta.
c) Las competencias del Consejo de Ministros pasan a la Junta, previo informe del órgano superior consultivo que se encuadre en dicha Junta.
d) Las competencias del Consejo de Ministros pasan a la Junta, previo informe del órgano superior consultivo que se encuadre en dicha Junta.
Art. 233. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
Art. 234. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a los actos y convenios de la Junta.
Art 237. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a los actos de la Junta.
B) Disposiciones reglamentarias de la Ley del Suelo y concordantes que quedan afectados.
1. Reglamento de Edificación Forzosa, aprobado por Decreto 635/1964, de 5 de marzo.
Art. 8.1, c) Las competencias del Ministro y del Consejo de Ministros pasan a la Junta.
Art. 8.3. Las competencias ministeriales pasan a la Junta.
Art. 23.1. Las competencias ministeriales pasan a la Junta.
2. Decreto 1744/1966, de 30 de junio, sobre beneficios de la Contribución Urbana.
Arts. 8, 10 y 12. Pasan a la Junta las competencias atribuidas por estos preceptos al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en cuanto a declaración inicial, expedición de certificación y ampliación del plazo de los beneficios.
3. Real Decreto 1374/1977, de 2 de junio, sobre agilización en la formación y ejecución de los Planes de Urbanismo.
En tanto no resulte modificado por las normas legislativas en estudio, pasan a la Junta las competencias del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y de la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo.
4. Decreto 1994/1972, de 13 de julio, por el que se aprueba la organización del Ministerio de Vivienda.
Art. 27.2, b) Las competencias del Consejo Superior de la Vivienda, hoy Consejo de Obras Públicas y Urbanismo, pasan a la Junta; en lo que se refiere a informe sobre modificaciones del planeamiento, cuando afecte a zonas verdes o espacios libres.
5. Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional.
Arts. 8.1, 12.4, 13.1, 15.2, 27.1. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.
6. Deben tenerse en cuenta además los preceptos correlativos y concordantes de las siguientes disposiciones:
a) Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.
b) Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.
c) Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.
| Apartado del Decreto | Preceptos legales afectados |
|---|---|
| Art. 8 | Artículos 6, 7 y 8 del Decreto 837/1972, de 23 de marzo. |
| Art. 9 | Artículos 4, apartado 2.º, y 5, apartado 2.º, del Decreto 837/1972, de 23 de marzo. |
| Art. 10 | Artículo 15 del Decreto 2684/1971, de 5 de noviembre, y demás concordantes. |
| Art. 11 |
Artículos 84, 85, 86, 94 do la Ley 25/1970, de 2 de diciembre. Artículo 100, apartado 10, del Decreto 835/1972, de 23 de marzo. |
| Art. 13 |
Artículo 100 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre. Artículo 100, apartados 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º y 8.º, del Decreto 835/1972, de 23 de marzo. |
| Art. 14 |
Artículo 2, párrafo 2.º, del Decreto-ley 17/1971, de 28 de octubre. Artículo 2, párrafo 3.º, y artículo 5 del Decreto 1281/1972, de 20 de abril. Artículo 7 de la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1972 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre). Decreto-ley 17/1971, de 28 de octubre, por el que se modifica la Administración Institucional del Ministerio de Agricultura. |
| Art. 15 | Decreto 2201/1972, de 21 de julio, de estructura orgánica de] Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica: artículo 2.º, apartado a), y artículo 8.º, apartado 2). |
| Apartado del Decreto | Preceptos legales afectados |
|---|---|
| Art. 19 | Artículos 9, 19, 22, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35 del Decreto de 26 de mayo de 1943. |
Disposiciones legales afectadas
1. Ordenación de la oferta y la infraestructura turística:
Ley 197/1963, de 23 de diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional: Artículo 6.º; artículo 7.º, 1 y 5; artículo 8.º, 1; artículo 9.º. 2; artículo 10; artículo 11, 2; artículo 12, 1; artículo 14, 2; artículo 17, 2; artículo 19, 2; artículo 20, 2; artículo 23, 2; artículo 25, 2, y artículo 27, 2.
Decreto 4297/1964, de 23 de diciembre, Reglamento de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional: Artículo 11, f); artículo 12, a), b), c), d), e), f), g) y h); artículo 14. 2, a) y b); artículo 15, a), b) y c); artículo 17; artículo 18; artículo 19; artículo 20; artículo 21. 1, 2 y 3; artículo 24, 1 y 2; artículo 27, 1 y 2; artículo 31, 1 y 2; artículo 32, 1; artículo 33, 1 y 2; artículo 34, 2; artículo 35, 1; artículo 36: artículo 39, 1, 2 y 3; artículo 40, 1, 2 y 3; artículo 42; artículo 44, 1, 2 y 3; artículo 46, 1, 2 y 3; artículo 50, 1 y 2; artículo 52; artículo 54, 1, 2, 3, 4 y 5; artículo 60, 1; artículo 66; artículo 67, 2; artículo 68, 1 y 2; artículo 69, 1, 2 y 3; artículo 70, 1 y 2; artículo 71, 1; artículo 72; artículo 76, 1 y 2; artículo 89, 2; artículo 92, 1; artículo 93; artículo 94; artículo 98, 1, y artículo 102, a).
Decreto 3787/1970 de 19 de diciembre, sobre requisitos mínimos de infraestructura en los territorios de preferente uso turístico: Artículo 14, 4; artículo 15: disposición transitoria segunda, 3, y disposición adicional cuarta, párrafo primero.
Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, sobre ordenación de la oferta turística: Artículo 2.º; artículo 3.º, 1, y artículo 4.º
Real Decreto 1077/1977, de 28 de marzo, declarando varios territorios de preferente uso turístico: Artículo 2.º, párrafo primero, y artículo 4.º
Orden ministerial de 24 de octubre de 1977 sobre procedimientos para la expedición de autorizaciones para obras en territorios de preferente uso turístico: Artículos 1.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 13, párrafos primero, segundo, tercero, y artículos 17 y 18.
Decreto 2206/1972, de 18 de agosto, por el que se da nueva redacción al artículo 14.4 del Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, citado.
2. Empresas y actividades turísticas:
Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que se aprueba el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas Privadas: Artículos 7.º, 1, b), d), e), g) y h); 23, 1, a), b) y c); 24; 25, 1, 2 y 4, y 28, 1.
Disposiciones legales afectadas
A) Transportes por cable.
Ley 4/1964, de 29 de abril.
Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 673/1966, de 10 de marzo, y disposiciones complementarias.
B) Trolebuses.
Ley de 5 de octubre de 1940.
Reglamento para su aplicación, aprobado por Orden de 4 de diciembre de 1944.
Ley 26/1973, de 21 de julio, de transformación de trolebuses en autobuses.
Orden ministerial dé 21 de junio de 1974, regulando el procedimiento de transformación.
C) Ferrocarriles y tranvías.
Ley General de Ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877.
Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto de 24 de mayo de 1878, y disposiciones complementarias.
Ley de Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos de 26 de marzo de 1908, modificada por Ley de 23 de febrero de 1912.
Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto de 12 de agosto de 1912, y disposiciones complementarias.
Ley de 10 de mayo de 1932 sobre abandono de explotaciones ferroviarias.
Ley de 21 de abril de 1949 sobre ayudas a los ferrocarriles de explotación deficitaria.
D) Transporte mecánico por carretera.
Ley de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera de 27 de diciembre de 1947.
Ley de Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres de 27 de diciembre de 1947.
Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera de 9 de diciembre de 1949 y sus disposiciones complementarias.
Reglamento de Coordinación de los Transportes Mecánicos Terrestres de 16 de diciembre de 1949 y sus disposiciones complementarias.
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