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Los mercados financieros revisten una importancia crucial para el funcionamiento de las economías modernas. Cuanto más integrados estén, mayor será el potencial para garantizar una asignación eficiente de los recursos económicos, lo que puede redundar en la mejora de los resultados económicos. Sin embargo, para mejorar el funcionamiento del mercado único de servicios financieros, es importante disponer de procedimientos para gestionar los efectos de las perturbaciones del mercado y garantizar que, en caso de que una entidad financiera o una infraestructura de los mercados financieros que opere en este mercado se enfrente a dificultades financieras o se encuentre al límite de la inviabilidad, este incidente no desestabilice el mercado financiero en su totalidad ni perjudique al crecimiento en la economía en general.

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Las entidades de contrapartida central (ECC) son elementos esenciales de los mercados financieros mundiales: intervienen entre los participantes para actuar como comprador con respecto a todo vendedor y como vendedor frente a todo comprador y desempeñan un papel fundamental en la tramitación de las transacciones financieras y la gestión de las exposiciones frente a diversos riesgos inherentes a dichas transacciones. Las ECC centralizan la gestión de las transacciones y posiciones de las contrapartes, cumplen las obligaciones derivadas de las transacciones, y requieren garantías reales adecuadas de sus miembros como margen y como contribuciones a los fondos de garantía frente a incumplimientos.

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La integración de los mercados financieros de la Unión ha dado lugar a que las ECC hayan evolucionado pasando de atender fundamentalmente a las necesidades y los mercados nacionales a constituir puntos críticos en los mercados financieros de la Unión en un sentido más amplio. Hoy en día, las ECC autorizadas en la Unión compensan varias categorías de productos, incluidos derivados financieros y sobre materias primas, cotizados como negociados en mercados no organizados, hasta acciones al contado, bonos y obligaciones, y otros productos, como los pactos de recompra. Prestan servicios más allá de las fronteras nacionales a una amplia gama de entidades financieras y de otro tipo en toda la Unión. Si bien algunas ECC siguen centrándose en los mercados nacionales, todas ellas revisten importancia sistémica al menos en sus mercados nacionales.

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Dado que las ECC concentran y gestionan por cuenta de los miembros compensadores y de sus clientes una parte significativa del riesgo financiero del sistema financiero de la Unión, es esencial que estén sujetas a una regulación efectiva y una supervisión rigurosa. El Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) requiere que las ECC autorizadas en la Unión cumplan unos estrictos requisitos prudenciales, organizativos y de conducta. Las autoridades competentes se encargan de la plena supervisión de las actividades de las ECC, colaborando dentro de colegios de supervisores que agrupan a las autoridades pertinentes para el desempeño de los cometidos específicos que les han sido encomendados. De conformidad con los compromisos asumidos por los dirigentes del G20 desde la crisis financiera de 2008, el Reglamento (UE) n.o 648/2012 exige también que los derivados extrabursátiles normalizados sean compensados de forma centralizada por una ECC. Cuando la obligación de compensación centralizada de los derivados extrabursátiles entre en vigor, es probable que se incrementen el volumen y la variedad de las actividades desarrolladas por las ECC, lo que, a su vez, podría plantear dificultades adicionales para las estrategias de gestión del riesgo de las ECC.

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El Reglamento (UE) n.o 648/2012 ha contribuido a reforzar la resiliencia de las ECC y de los mercados financieros en general frente a la amplia gama de riesgos gestionados y concentrados en las ECC. Sin embargo, ningún sistema de normas y prácticas impedir que los recursos existentes resulten inadecuados para gestionar los riesgos que corre una ECC, incluidos uno o varios incumplimientos por parte de miembros compensadores. Frente a una situación de graves dificultades financieras o inviabilidad inminente, las entidades financieras deben, en principio, quedar sujetas a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la crisis financiera de 2008, en particular durante un período de inestabilidad e incertidumbre económica prolongado, tales procedimientos pueden perturbar funciones vitales para la economía, poniendo en peligro la estabilidad financiera. Los procedimientos de insolvencia empresarial ordinarios no pueden garantizar siempre una intervención suficientemente rápida ni priorizar adecuadamente la continuidad de las funciones esenciales de las entidades financieras a fin de preservar la estabilidad financiera. Para evitar tales consecuencias negativas de los procedimientos de insolvencia ordinarios, es necesario crear un marco de resolución especial para las ECC.

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La crisis financiera de 2008 ha puesto de manifiesto la falta de instrumentos adecuados para preservar las funciones esenciales desempeñadas por las entidades financieras inviables. Además, ha puesto de relieve la ausencia de marcos que permitan la cooperación y la coordinación entre las autoridades, en particular las ubicadas en Estados miembros o territorios diferentes, para garantizar una actuación rápida y decisiva. Sin esos instrumentos y en ausencia de marcos de cooperación y coordinación, los Estados miembros estaban obligados a rescatar entidades financieras con cargo al erario público para frenar el contagio y reducir el pánico. Aunque las ECC no recibieron directamente ayuda financiera pública extraordinaria durante la crisis financiera de 2008, sí quedaron protegidas de los efectos que para ellas hubiera tenido el incumplimiento de las obligaciones de los bancos. Contar con un marco para la recuperación y la resolución de las ECC, complementario del marco de resolución bancaria adoptado en virtud de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), resulta necesario, por lo tanto, para no tener que recurrir al erario público en caso de inviabilidad desordenada de las ECC. Este marco también debería abordar la posibilidad de que las ECC sean objeto de resolución por otros motivos distintos del incumplimiento de uno o varios miembros compensadores.

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El objetivo de un marco de recuperación y resolución creíble es garantizar, en la medida de lo posible, que las ECC establezcan medidas para recuperarse de las dificultades financieras; mantener las funciones esenciales de las ECC inviables o con probabilidad de serlo mientras se liquidan las actividades restantes mediante procedimientos de insolvencia ordinarios, preservar la estabilidad financiera y evitar un efecto adverso significativo sobre el sistema financiero y su capacidad para contribuir a la economía real, minimizando al mismo tiempo el coste de la inviabilidad de una ECC para el erario público. Además, un marco de recuperación y resolución refuerza la preparación de las autoridades y de las ECC para mitigar las dificultades financieras y permite a las autoridades comprender mejor las medidas de preparación de las ECC para hacer frente a situaciones de tensión. También confiere a las autoridades competencias para preparar la posible resolución de una ECC y hacer frente al deterioro de una ECC de manera coordinada, contribuyendo así al buen funcionamiento de los mercados financieros.

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En la actualidad, no existen disposiciones armonizadas para la recuperación y resolución de las ECC en toda la Unión. Algunos Estados miembros ya han aprobado cambios legislativos que obligan a las ECC a elaborar planes de recuperación e introducen mecanismos para su resolución en caso de inviabilidad. Por otra parte, se observan considerables diferencias de fondo y de forma entre los Estados miembros respecto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan la insolvencia de las ECC. Es probable que la falta de condiciones, competencias y procesos comunes para la recuperación y la resolución de las ECC constituya un obstáculo al buen funcionamiento del mercado interior y dificulte la cooperación entre las autoridades nacionales a la hora de gestionar la inviabilidad de una ECC y aplicar mecanismos adecuados de asignación de pérdidas a sus miembros compensadores, tanto en la Unión como a escala mundial. Así ocurre, sobre todo, cuando la existencia de planteamientos diferentes impide que las autoridades nacionales tengan el mismo nivel de control o la misma capacidad para proceder a la resolución de ECC. Estas diferencias en los sistemas de recuperación y resolución también pueden incidir de forma diferente en las ECC, los miembros compensadores y los clientes de los miembros compensadores en función del Estado miembro de que se trate y conllevar un falseamiento de la competencia en el mercado interior. La ausencia de normas e instrumentos comunes para gestionar las dificultades financieras o la inviabilidad de una ECC puede afectar a las decisiones de compensación de los miembros compensadores y de sus clientes y a las decisiones de las ECC a la hora de elegir su lugar de establecimiento, impidiendo así que estas se beneficien plenamente de las libertades fundamentales en el mercado interior. A su vez, esta circunstancia podría disuadir a los miembros compensadores y sus clientes de recurrir a una ECC fuera de su país dentro del mercado interior y obstaculizar la integración de los mercados de capitales de la Unión. Así pues, se necesitan normas de recuperación y resolución comunes en todos los Estados miembros a fin de garantizar que las ECC no se vean limitadas, en el ejercicio de sus libertades dentro del mercado interior, por la capacidad financiera de los Estados miembros y de sus autoridades para gestionar su inviabilidad.

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La revisión del marco reglamentario aplicable a los bancos y a otras entidades financieras que ha tenido lugar a raíz de la crisis financiera de 2008, y en particular el refuerzo de los colchones de capital y liquidez de los bancos y el establecimiento de instrumentos más aptos para las políticas macroprudenciales y de normas exhaustivas sobre la recuperación y la resolución de bancos han reducido la probabilidad de futuras crisis y han mejorado la resiliencia de todas las entidades financieras e infraestructuras de los mercados financieros, incluidas las ECC, frente a las tensiones económicas provocadas por perturbaciones sistémicas o por acontecimientos específicos de cada entidad. Desde el 1 de enero de 2015, es aplicable en los Estados miembros el régimen de reestructuración y resolución bancarias establecido en la Directiva 2014/59/UE.

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Tomando como base el planteamiento definido para la reestructuración y la resolución bancarias, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben estar preparadas y disponer de instrumentos adecuados para gestionar las situaciones que impliquen la inviabilidad de ECC. Sin embargo, dadas las diferencias existentes entre las funciones y modelos de negocio de los bancos y las ECC, los riesgos inherentes a unos y otras también son diferentes. Son necesarios, pues, instrumentos y competencias específicos para las situaciones de inviabilidad de ECC provocadas bien por la inviabilidad de los miembros compensadores de ECC o bien por casos de no incumplimiento.

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Un reglamento es el acto legislativo idóneo que se ha de elegir para complementar y seguir desarrollando el planteamiento establecido por el Reglamento (UE) n.o 648/2012, que prevé que se apliquen a las ECC requisitos prudenciales uniformes. El establecimiento de requisitos de recuperación y resolución en una directiva podría dar lugar a incoherencias debido a la adopción de normas nacionales potencialmente diferentes en relación con un ámbito que, por lo demás, se rige por el Derecho de la Unión directamente aplicable y que se caracteriza cada vez más por la prestación transfronteriza de servicios de las ECC. Por tanto, deben adoptarse también normas uniformes y directamente aplicables en materia de recuperación y resolución de las ECC.

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A fin de garantizar la coherencia con el Derecho de la Unión vigente en materia de servicios financieros, así como el máximo nivel posible de estabilidad financiera en toda la Unión, el régimen de recuperación y resolución establecido en el presente Reglamento debe aplicarse a las ECC que están sujetas a los requisitos prudenciales establecidos por el Reglamento (UE) n.o 648/2012, con independencia de si tienen o no una licencia bancaria. Si bien puede haber diferencias en el perfil de riesgo asociado a estructuras empresariales alternativas, las ECC son entidades autónomas que deben cumplir todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) n.o 648/2012 con independencia de su empresa matriz y de las demás entidades del grupo. No es necesario por ello que el grupo del que forma parte una ECC esté sujeto al presente Reglamento. No obstante, en la planificación de la recuperación y resolución de la ECC debe tenerse en cuenta la dimensión de grupo —que incluye entre otras cosas las relaciones operativas, personales y financieras de la ECC con otras entidades del grupo—, en la medida en que esta pueda afectar a la recuperación o resolución de la ECC o en que las medidas de recuperación y resolución puedan repercutir en otras entidades del grupo.

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Con el fin de garantizar que las medidas de resolución se adopten de manera eficiente y eficaz, y en consonancia con los objetivos de resolución, los Estados miembros deben nombrar, como autoridades de resolución a efectos del presente Reglamento, bancos centrales nacionales, ministerios competentes, autoridades administrativas públicas o autoridades a las que se hayan conferido competencias de administración pública para desempeñar las funciones y cometidos relacionados con la resolución, incluidas las autoridades de resolución existentes. Los Estados miembros han de velar asimismo por que se asignen a estas autoridades de resolución los recursos necesarios. En los Estados miembros en los que esté establecida una ECC, deben adoptarse disposiciones estructurales adecuadas para separar las funciones de resolución de la ECC de otras funciones, en particular cuando la autoridad responsable de la supervisión prudencial de las ECC o de la supervisión prudencial de las entidades de crédito o empresas de servicios de inversión que sean miembros compensadores de la ECC, sea designada como autoridad de resolución, a fin de evitar cualquier conflicto de intereses y todo riesgo de laxitud en la aplicación de la normativa. En tales casos, debe garantizarse la independencia del proceso de toma de decisiones de las autoridades de resolución, sin impedir la convergencia de la toma de decisiones al más alto nivel.

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A la vista de las consecuencias que la inviabilidad de una ECC y las acciones subsiguientes pueden tener en el sistema financiero y en la economía de un Estado miembro, así como de la posible necesidad, en última instancia, de usar fondos públicos para hacer frente a una crisis, los ministerios de Hacienda u otros ministerios pertinentes de los Estados miembros deben poder decidir, en consonancia con los procedimientos democráticos nacionales, sobre el uso de fondos públicos como último recurso y, en consecuencia, deben estar estrechamente asociados, desde un primer momento, al proceso de recuperación y resolución. Por consiguiente, con respecto al uso de fondos públicos como último recurso, el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del reparto de competencias entre los ministerios pertinentes o entre el gobierno y la autoridad de resolución según lo establecido en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

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Puesto que las ECC prestan a menudo servicios en toda la Unión, para una recuperación y resolución eficaces se requiere que las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperen en los colegios de autoridades de resolución y colegios de supervisores, en particular en las fases preparatorias de la recuperación y la resolución. Esto incluye la evaluación de los planes de recuperación elaborados por la ECC, la contribución a una decisión conjunta sobre los planes de resolución elaborados por la autoridad de resolución de la ECC y la consecución de dicha decisión, y la supresión de los posibles obstáculos a la resolución de las ECC.

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La resolución de ECC debe hacerse encontrando un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de procedimientos que tengan en cuenta la urgencia de la situación y hagan posibles soluciones eficientes, equitativas y oportunas, y por otro, la necesidad de proteger la estabilidad financiera en los Estados miembros en que preste servicios la ECC. Las autoridades cuyo ámbito de competencia se viera afectado por la inviabilidad de una ECC deben expresar sus puntos de vista en el colegio de autoridades de resolución con el fin de lograr esos objetivos. Ello debe incluir, en particular, el intercambio de información sobre la preparación de los miembros compensadores y, cuando proceda, de los clientes respecto de posibles medidas de gestión de la inviabilidad, de recuperación y de resolución, y sobre el tratamiento supervisor de las exposiciones conexas frente a la ECC. Las autoridades de los Estados miembros cuya estabilidad financiera pudiera verse afectada por la inviabilidad de la ECC deben poder participar en el colegio de autoridades de resolución basándose en su evaluación del impacto que la resolución de la ECC podría tener en la estabilidad financiera de sus respectivos Estados miembros. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de estar representados en el colegio de autoridades de resolución por las autoridades competentes y las autoridades de resolución de los miembros compensadores. Los Estados miembros que no estén representados por autoridades de los miembros compensadores deben poder participar en el colegio optando entre quedar representados por la autoridad competente de los clientes de los miembros compensadores o por la autoridad de resolución de los clientes de los miembros compensadores. Las autoridades deben justificar adecuadamente su participación ante la autoridad de resolución de la ECC, basándose en su análisis del impacto negativo que la resolución de la ECC podría tener en sus Estados miembros. Asimismo y con el fin de asegurar un intercambio regular de puntos de vista y la coordinación con las autoridades pertinentes de un tercer país, conviene que estas sean invitadas a participar, cuando proceda, en los colegios de autoridades de resolución, en calidad de observadores.

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Al objeto de hacer frente a la inviabilidad potencial de una ECC de forma eficaz y proporcionada, las autoridades deben tener en cuenta una serie de factores a la hora de ejercer sus competencias de recuperación y resolución, tales como la naturaleza de la actividad de la ECC, su estructura de propiedad, su estructura jurídica y organizativa, su perfil de riesgo, su tamaño, su régimen jurídico, su sustituibilidad y su interconexión con el sistema financiero. Además, las autoridades han de tener en cuenta si la inviabilidad y ulterior liquidación de la ECC con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios podría tener efectos negativos importantes en los mercados financieros, otras entidades financieras o la economía en general.

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Al objeto de actuar de manera eficiente en caso de inviabilidad de una ECC, las autoridades competentes deben poder imponer a las ECC medidas preparatorias. Debe establecerse una norma mínima con respecto al contenido de los planes de recuperación y la información que debe incluirse en ellos a fin de garantizar que todas las ECC en la Unión tengan planes de recuperación suficientemente detallados para afrontar posibles dificultades financieras. Dicho plan de recuperación debe contemplar una variedad adecuada de supuestos, que tengan en cuenta tanto las tensiones sistémicas como las específicas de la ECC, que pondrían en peligro su viabilidad, y tomar en consideración el posible impacto del contagio de una crisis, tanto a nivel nacional como transfronterizo. Las condiciones de esos supuestos deben ser más extremas que las que se utilizan para las pruebas de resistencia periódicas con arreglo al artículo 49 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, sin dejar de ser plausibles. El plan de recuperación debe abarcar gran variedad de supuestos, entre ellos los que resulten de casos de incumplimiento, de casos de no incumplimiento y de una combinación de ambos, y debe incluir disposiciones exhaustivas para la reconstitución de un libro de posiciones casado, la plena asignación de las pérdidas derivadas del incumplimiento de un miembro compensador y la consecución de una capacidad adecuada de absorción de todos los demás tipos de pérdidas. El plan de recuperación debe diferenciar entre los distintos tipos de supuestos de no incumplimiento. El plan de recuperación debe formar parte de las normas de funcionamiento de la ECC acordadas contractualmente con los miembros compensadores. Además, estas normas de funcionamiento deben incluir disposiciones para garantizar la ejecutabilidad de las medidas de recuperación previstas en el plan de recuperación en cualquier situación. Los planes de recuperación no deben presuponer un acceso a ayuda financiera pública extraordinaria ni exponer a los contribuyentes al riesgo de pérdidas.

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Las ECC deben estar obligadas a elaborar y revisar y actualizar periódicamente sus planes de recuperación. En ese contexto, la fase de recuperación debe comenzar cuando se produzca un deterioro significativo en la situación financiera de la ECC o un riesgo de incumplimiento de los requisitos prudenciales y de capital establecidos en el Reglamento (UE) n.o 648/2012 que, a su vez, pueda provocar un incumplimiento de los requisitos de autorización de la ECC que justifique la revocación de su autorización de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 648/2012. Este extremo debe indicarse con relación a un marco de indicadores cualitativos o cuantitativos incluidos en el plan de recuperación.

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Con el fin de crear incentivos ex ante sólidos y garantizar una asignación equitativa de las pérdidas, los planes de recuperación deben garantizar que la aplicación de instrumentos de recuperación equilibre adecuadamente la asignación de pérdidas entre las ECC, los miembros compensadores y, en su caso, sus clientes. Como principio general, las pérdidas en la recuperación deben distribuirse entre las ECC, los miembros compensadores y, cuando proceda, sus clientes, en función de su responsabilidad en relación con el riesgo transferido a la ECC y su capacidad para controlar y gestionar tales riesgos. Los planes de recuperación deben garantizar que el capital de la ECC esté expuesto a pérdidas causadas tanto por supuestos de incumplimiento como de no incumplimiento, antes de que las pérdidas se asignen a los miembros compensadores. Como incentivo para una gestión de los riesgos adecuada y a fin de reducir aún más los riesgos de pérdidas para el erario público, la ECC debe utilizar parte de sus recursos propios específicos prefinanciados contemplados en el artículo 43 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, que pueden incluir cualquier capital que posea además de los requisitos de capital mínimo, para atenerse al umbral de notificación a que se refiere el acto delegado adoptado sobre la base del artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, como medida de recuperación antes de recurrir a otras medidas de recuperación que requieran contribuciones financieras de los miembros compensadores.

Esa cantidad adicional de recursos propios específicos prefinanciados, que es distinta de los recursos propios prefinanciados contemplados en el artículo 45, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, no debe ser inferior al 10 % ni superior al 25 % de los requisitos de capital basados en el riesgo calculados de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, independientemente de que esos requisitos sean inferiores o superiores al capital inicial a que se refiere el artículo 16, apartado 1, de dicho Reglamento.

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La ECC debe presentar su plan de recuperación a la autoridad competente, que a su vez debe transmitirlo sin demora injustificada al colegio de supervisores establecido en virtud del Reglamento (UE) n.o 648/2012 a efectos de una evaluación completa, llevada a cabo mediante una decisión conjunta del colegio. La evaluación debe analizar, entre otras cosas, si el plan es completo y si permite restablecer la viabilidad de la ECC de forma oportuna, incluso en períodos de grave dificultad financiera.

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Los planes de recuperación deben exponer de forma exhaustiva las medidas que la ECC adoptaría para hacer frente a posibles obligaciones pendientes sin casar, pérdidas no cubiertas, falta de liquidez o insuficiencia de capital, así como las acciones de reconstitución de los recursos financieros prefinanciados agotados y los acuerdos de liquidez con el fin de restablecer la viabilidad de la ECC y su capacidad para cumplir los requisitos de autorización en todo momento. Ni la facultad de la autoridad de resolución de llevar a cabo un requerimiento de fondos de efectivo ni el requisito de tener un compromiso contractual mínimo para el requerimiento de fondos de efectivo a efectos de recuperación debe afectar al derecho de la ECC a introducir en sus normas requerimientos de fondos de efectivo a efectos de recuperación que sean superiores al compromiso contractual mínimo obligatorio previsto en el presente Reglamento, ni a la gestión de riesgos de la ECC.

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Los planes de recuperación también deben tomar en consideración los ataques informáticos que podrían conducir a un deterioro significativo de la situación financiera de la ECC o a un riesgo de incumplimiento de los requisitos prudenciales previstos en el Reglamento (UE) n.o 648/2012.

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Las ECC deben velar por que sus planes de recuperación sean no discriminatorios y equilibrados en cuanto a su incidencia y a los incentivos que crean. Los efectos de las medidas de recuperación sobre los miembros compensadores y, cuando esté disponible la información pertinente, sus clientes y, en términos más generales, sobre el sistema financiero de la Unión o de uno o más de sus Estados miembros, deben ser proporcionados. En particular, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 648/2012, las ECC tienen que garantizar que la exposición con respecto a la ECC de sus miembros compensadores sea limitada. Las ECC deben velar por que todas las partes interesadas tomen parte en la elaboración del plan de recuperación mediante su participación en el comité de riesgos de la ECC, según proceda, y siendo debidamente consultadas. Dado que cabe esperar diferencias de opiniones entre las partes interesadas, las ECC deben establecer procedimientos claros para gestionar tal diversidad, así como cualquier conflicto de intereses entre dichas partes interesadas y las ECC.

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Teniendo en cuenta la dimensión mundial de los mercados en los que operan las ECC, las normas de funcionamiento de las ECC deben incluir disposiciones contractuales que garanticen su capacidad de aplicar las opciones de recuperación a contratos o activos que se rijan por el Derecho de un tercer país o a entidades radicadas en terceros países.

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En caso de que una ECC no presente un plan de recuperación adecuado, las autoridades competentes deben estar facultadas para exigirle que adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias materiales del plan a fin de reforzar las actividades de la ECC y garantizar que esta pueda asignar pérdidas, restablecer su capital y, cuando proceda, volver a casar su cartera en caso de inviabilidad. El ejercicio de esta facultad debe permitir a las autoridades competentes tomar medidas preventivas en la medida en que sea necesario para corregir las deficiencias y, por tanto, para cumplir los objetivos de estabilidad financiera.

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En los casos excepcionales de recorte de los beneficios por margen de variación a raíz de un caso de no incumplimiento y si la recuperación resulta eficaz, la autoridad competente debe poder exigir a la ECC que compense a sus miembros compensadores proporcionalmente a sus pérdidas que excedan de sus compromisos contractuales, mediante pagos en efectivo o, en su caso, exigir a la ECC que emita instrumentos que reconozcan un derecho sobre los futuros beneficios de la ECC.

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La planificación es un componente esencial de una resolución eficaz. Los planes deben ser elaborados por la autoridad de resolución de la ECC y aprobados conjuntamente en el colegio de autoridades de resolución. Deben abarcar gran variedad de supuestos, estableciendo una distinción entre los resultantes de casos de incumplimiento, de casos de no incumplimiento y de una combinación de ambos, así como entre los distintos tipos de casos de no incumplimiento. Las autoridades deben disponer de toda la información necesaria para determinar las funciones esenciales y garantizar su continuidad. Por lo demás, el contenido de un plan de resolución debe ser adecuado para las actividades de la ECC y los tipos de productos que compensa, y debe estar basado, entre otras cosas, en la información facilitada por esta. Con el fin de facilitar la ejecución de los requerimientos de fondos de efectivo a efectos de resolución y la de la reducción del valor de cualquier ganancia adeudada a un miembro compensador de una ECC no incumplidor en virtud de una resolución, debe incluirse en las normas de funcionamiento de la ECC una referencia a la facultad de la autoridad de resolución de exigir dicho requerimiento de fondos de efectivo a efectos de resolución o dicha reducción. Cuando sea necesario, las normas de funcionamiento de la ECC acordadas contractualmente con los miembros compensadores deben incluir disposiciones para garantizar la ejecución de otras medidas de resolución decididas por las autoridades de resolución.

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Las autoridades de resolución, sobre la base de la evaluación de la resolubilidad, deben estar facultadas para exigir cambios en la estructura y la organización jurídica u operativa de las ECC, directa o indirectamente a través de la autoridad competente, para adoptar medidas necesarias y proporcionadas a fin de reducir o eliminar los obstáculos significativos que impidan la aplicación de los instrumentos de resolución, y para garantizar su resolubilidad. Teniendo en cuenta la variedad de estructuras de los grupos a los que pertenecen las ECC, las diferencias de estructura en comparación con los grupos bancarios y los diferentes marcos normativos que se aplican a entidades concretas dentro de dichos grupos, la autoridad de resolución de la ECC, tras consultar a la autoridad competente de la misma, debe poder determinar si la imposición de cambios en la estructura jurídica u operativa de la ECC o de cualquier entidad del grupo directa o indirectamente bajo su control implica algún cambio en las estructuras del grupo al que pertenece la ECC que pudiera dar lugar a problemas de impugnación legal o de aplicabilidad, en función de las circunstancias jurídicas concretas que se den. Al evaluar la manera de eliminar esos obstáculos a la resolución, la autoridad de resolución debe poder sugerir una variedad de medidas de resolubilidad en lugar de exigir cambios en la estructura jurídica u operativa del grupo si la aplicación de dichas medidas alternativas permitiera eliminar los obstáculos a la resolubilidad de manera equivalente.

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Con respecto a los planes de resolución y las evaluaciones de la resolubilidad, las consideraciones de supervisión diaria superan la necesidad de acelerar y agilizar la aplicación de las medidas de reestructuración a fin de mantener las funciones esenciales de la ECC y preservar la estabilidad financiera. En caso de desacuerdo entre los diferentes miembros del colegio de autoridades de resolución acerca de las decisiones que hayan de adoptarse en relación con el plan de resolución de la ECC, la evaluación de la resolubilidad de la ECC y la decisión de suprimir todo obstáculo a la misma, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados )(AEVM) debe desempeñar un papel de mediación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Esta mediación vinculante de la AEVM debe, no obstante, ser objeto del examen de un comité interno de la AEVM, teniendo en cuenta las competencias de los miembros de la AEVM respecto del mantenimiento de la estabilidad financiera y la supervisión de los miembros compensadores en varios Estados miembros. Conviene que ciertas autoridades competentes en virtud del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) sean invitadas a participar como observadores en el referido comité interno de la AEVM, habida cuenta de que desempeñan cometidos similares en virtud de la Directiva 2014/59/UE. Esta mediación vinculante no debe ser óbice para el ejercicio, en otros casos, de la mediación no vinculante a que hace referencia el artículo 31 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, la mediación vinculante no debe vulnerar las competencias presupuestarias de los Estados miembros.

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Puede ser necesario que el plan de recuperación de la ECC establezca las condiciones en que se activarían los posibles acuerdos de ayuda financiera, garantías u otras formas de ayuda operativa contractualmente vinculantes por parte de una empresa matriz u otra entidad del grupo a una ECC dentro del mismo grupo. La transparencia con respecto de tales disposiciones reduciría los riesgos para la liquidez y la solvencia de la entidad del grupo que preste ayuda a una ECC que atraviese dificultades financieras. Por lo tanto, toda modificación de tales disposiciones que afecte a la calidad y la naturaleza de esta ayuda de grupo ha de considerarse un cambio importante a efectos de la revisión del plan de recuperación.

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Habida cuenta de la sensibilidad de la información contenida en los planes de recuperación y resolución, estos planes deben estar sujetos a las oportunas disposiciones en materia de confidencialidad.

(33)

Las autoridades competentes han de transmitir los planes de recuperación y cualquier modificación de los mismos a las autoridades de resolución pertinentes, quienes deben transmitirlos a las autoridades competentes, de modo de que todas las autoridades pertinentes estén siempre plenamente informadas.

(34)

Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es necesario que las autoridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación económica y financiera de una ECC antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que proceder a la resolución de la ECC o exigirle que efectúe un cambio de rumbo en sus medidas de recuperación cuando actos puedan ser perjudiciales para la estabilidad financiera en general. Por consiguiente, deben conferirse a las autoridades competentes competencias de actuación temprana para evitar o minimizar los efectos adversos para la estabilidad financiera o los intereses de los clientes que pudieran derivarse de la aplicación de determinadas medidas por parte de la ECC. Estas competencias de actuación temprana deben ser conferidas a las autoridades competentes además de las que ya tengan atribuidas en virtud del Derecho nacional de los Estados miembros o del Reglamento (UE) n.o 648/2012 para circunstancias distintas de las que requieren una actuación temprana. Las competencias de intervención temprana deben incluir la facultad de restringir o prohibir toda remuneración del capital y de los instrumentos considerados como capital, incluidos el pago de dividendos y la recompra de acciones por parte de la ECC, en la mayor medida posible sin desencadenar un caso de incumplimiento, y también la facultad de restringir, prohibir o suspender todo pago de remuneración variable según se defina en la política de remuneración de la ECC con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, de pensiones discrecionales o de indemnizaciones por despido a la alta dirección.

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En el marco de las competencias de actuación temprana, y de conformidad con las disposiciones legislativas nacionales pertinentes, la autoridad competente debe poder designar a un administrador provisional, bien para sustituir al consejo de administración y la alta dirección de la ECC, bien para colaborar provisionalmente con ellos. El cometido del administrador provisional debe ser el de ejercer todas las competencias que se le confieran, cumpliendo todas las condiciones impuestas al ser designado, con miras a promover soluciones para restablecer la situación financiera de la entidad. La designación del administrador provisional no debe interferir indebidamente en los derechos de los accionistas o propietarios, ni tampoco en los requisitos de procedimiento establecidos por el Derecho de sociedades nacional o de la Unión, y debe respetar las obligaciones internacionales de la Unión y de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones.

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Durante las fases de recuperación y de actuación temprana los accionistas deben conservar el pleno disfrute de sus derechos, perdiéndolos cuando la ECC haya sido objeto de resolución. En la mayor medida posible sin desencadenar un supuesto de incumplimiento, debe restringirse o prohibirse en el marco de la recuperación toda remuneración del capital y de los instrumentos considerados como capital, incluidos el pago de dividendos y la recompra de acciones por parte de la ECC. Los tenedores de capital en una ECC deben absorber las pérdidas en primer lugar en el marco de la resolución, de una manera que minimice el riesgo de impugnación judicial por su parte si dichas pérdidas son superiores a las que habrían sufrido en un procedimiento de insolvencia ordinario, también conocido como principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores. La autoridad de resolución debe poder apartarse del principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores. No obstante, cualquier accionista o acreedor que sufra pérdidas superiores a las que habría sufrido en un procedimiento de insolvencia ordinario tendría derecho al pago de la diferencia.

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El marco de resolución debe garantizar que el proceso de resolución se inicie de forma oportuna, antes de que la ECC sea insolvente. Debe considerarse que una ECC es inviable o que es probable que vaya a serlo cuando incumpla o resulte probable que incumpla en un futuro próximo los requisitos necesarios para conservar su autorización, cuando las medidas de recuperación no hayan permitido restablecer su viabilidad o resulte probable que no puedan hacerlo, cuando la ECC no pueda prestar una función esencial o resulte probable que no pueda hacerlo, cuando sus activos sean o vayan a ser probablemente en un futuro próximo inferior a su pasivo, cuando no pueda, o sea probable que no vaya a poder, hacer frente en un futuro próximo al pago de sus deudas o demás pasivos al vencimiento de estos, o cuando necesite una ayuda financiera pública extraordinaria. Sin embargo, el hecho de que una ECC no cumpla todos los requisitos de autorización no debe justificar en sí mismo el inicio de la resolución.

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La prestación por parte de un banco central de una ayuda en forma de provisión urgente de liquidez, cuando se disponga de una facilidad de estas características, no debe considerarse prueba de que una ECC no puede o no va a poder, en un futuro próximo, hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de estas. A fin de preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de escasez sistémica de liquidez, las garantías estatales sobre facilidades de liquidez de los bancos centrales o las garantías estatales sobre los pasivos de nueva emisión destinados a solventar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro no deben activar el inicio de la resolución, siempre que se cumplan una serie de condiciones.

(39)

Pueden actuar en calidad de miembros compensadores, en relación con las operaciones que realizan, los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), otros organismos de los Estados miembros con funciones similares, otros organismos públicos de la Unión encargados de la gestión de la deuda pública o que intervengan en dicha gestión, y el Banco de Pagos Internacionales, así como otras entidades enumeradas en el artículo 1, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Los instrumentos de asignación de pérdidas previstos en el plan de recuperación de las ECC no deben aplicarse a dichas entidades. Asimismo, las autoridades de resolución no deben aplicar instrumentos de asignación de pérdidas con respecto a estas entidades, con el fin de evitar la exposición de fondos públicos.

(40)

En caso de que la ECC cumpla las condiciones de resolución, su autoridad de resolución debe disponer de un conjunto armonizado de instrumentos y competencias de resolución. Tales instrumentos y competencias deben permitir a la autoridad de resolución hacer frente a situaciones derivadas de casos de incumplimiento, de no incumplimiento, o de una combinación de ambos. Su aplicación debe estar sujeta a condiciones, objetivos y principios generales comunes. En particular, la aplicación de dichas herramientas o competencias no debe obstaculizar la resolución eficaz de grupos transfronterizos.

(41)

Los objetivos primordiales de la resolución deben ser garantizar la continuidad de las funciones esenciales, evitar los efectos negativos para la estabilidad financiera y proteger los fondos públicos.

(42)

Conviene mantener las funciones esenciales de una ECC inviable, aunque reestructuradas, en su caso, con cambios en la gestión, aplicando los instrumentos de resolución y, en la medida de lo posible, fondos privados, sin recurrir a ayudas financieras públicas extraordinarias. Ese objetivo puede conseguirse asignando las pérdidas pendientes y volviendo a casar la cartera de la ECC por medio de la aplicación de los instrumentos de asignación de posiciones y de asignación de pérdidas en el caso de las pérdidas debidas a incumplimientos o, en el caso de las pérdidas no debidas a incumplimientos, mediante la amortización de los instrumentos de capital y la amortización y conversión en capital de los pasivos no garantizados para absorber las pérdidas y recapitalizar la ECC. Para evitar la necesidad de aplicar los instrumentos públicos de estabilización, la autoridad de resolución debe también poder utilizar el requerimiento de fondos de efectivo a efectos de resolución también a raíz de un caso de no incumplimiento. La ECC o un servicio de compensación determinado también debe poder ser vendido a una ECC tercera solvente capaz de desempeñar y gestionar las actividades de compensación transferidas, o ser fusionado con esta. En consonancia con el objetivo de mantener las funciones esenciales de la ECC, y antes de adoptar las medidas descritas anteriormente, la autoridad de resolución debe exigir en general el cumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes y pendientes de la ECC, en el orden aplicable según las normas de funcionamiento de la ECC, y en particular, las obligaciones contractuales de los miembros compensadores de atender los requerimientos de fondos de efectivo a efectos de recuperación o de asumir posiciones de miembros compensadores incumplidores, ya sea a través de una subasta u otro medio acordado en las normas de funcionamiento de la ECC, así como de toda obligación contractual vigente y pendiente que vincule a partes distintas de los miembros compensadores a cualquier forma de apoyo financiero.

(43)

Es necesario actuar con rapidez y determinación para mantener la confianza de los mercados y minimizar el contagio. Una vez que se cumplan las condiciones de resolución, la autoridad de resolución de la ECC no debe demorar la adopción de medidas de resolución adecuadas y coordinadas, en aras del interés público. La inviabilidad de una ECC puede producirse en circunstancias que requieran una reacción inmediata por parte de la autoridad de resolución pertinente. Por consiguiente, conviene que dicha autoridad pueda adoptar medidas de resolución aunque la ECC esté aplicando medidas de recuperación y sin estar obligada a ejercer primero las competencias de actuación temprana.

(44)

Cuando adopte medidas de resolución, la autoridad de resolución de la ECC ha de tener en cuenta y aplicar las medidas previstas en los planes de resolución elaborados dentro del colegio de autoridades de resolución, a no ser que considere, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, que los objetivos de resolución podrían conseguirse de forma más eficaz mediante medidas no previstas en los planes de resolución. La autoridad de resolución debe tener en cuenta los principios generales aplicables a la toma de decisiones, en particular la necesidad de equilibrar los intereses de las distintas partes interesadas de la ECC y de garantizar la transparencia frente a las autoridades pertinentes de los Estados miembros y la participación de dichas autoridades cuando su estabilidad financiera o sus recursos presupuestarios puedan verse afectados por la decisión o medida propuesta. En particular, la autoridad de resolución debe informar al colegio de autoridades de resolución de las medidas de resolución previstas, incluido cuando dichas medidas se aparten de los planes de resolución.

(45)

Toda medida que suponga una injerencia en el derecho de propiedad ha de ser proporcionada al riesgo para la estabilidad financiera. Por lo tanto, los instrumentos de resolución deben aplicarse únicamente respecto a las ECC que reúnan las condiciones de resolución, y específicamente cuando ello sea necesario para conseguir el objetivo de estabilidad financiera en aras del interés público. Los instrumentos y las competencias de resolución podrían afectar a los derechos de los accionistas, los acreedores, los miembros compensadores y, en su caso, los clientes de los miembros compensadores. Por tanto, solo debe adoptarse una medida de resolución cuando resulte necesaria en aras del interés público, y toda injerencia en estos derechos debe ser compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

(46)

Los accionistas, los miembros compensadores y otros acreedores de la ECC afectados no deben sufrir pérdidas superiores a las que habrían sufrido si, en lugar de adoptar la autoridad de resolución una medida de resolución en relación con la ECC, hubieran quedado sujetos a todas las obligaciones pendientes aplicables con arreglo a las normas de la ECC en materia de incumplimiento o a otros acuerdos contractuales de las normas de funcionamiento de la ECC, y esta hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios (principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores). En caso de transmisión parcial de los activos de una ECC objeto de resolución a un comprador privado o a una ECC puente, la parte residual de la ECC objeto de resolución debe ser liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

(47)

A fin de proteger los derechos de los accionistas, los miembros compensadores y otros acreedores, conviene establecer unas reglas claras en materia de valoración de los activos y pasivos de la ECC y de valoración del trato que habrían recibido los accionistas, los miembros compensadores y otros acreedores si la autoridad de resolución no hubiera adoptado una medida de resolución. Para esta valoración se debe comparar el trato que se ha dado en el marco de la resolución a los accionistas, a los miembros compensadores y a otros acreedores y el trato que habrían recibido si, en lugar de adoptar la autoridad de resolución una medida de resolución en relación con la ECC, hubieran quedado sujetos a posibles obligaciones pendientes con arreglo al plan de recuperación de la ECC o a otras disposiciones de las normas de funcionamiento de la ECC, y esta hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. El empleo de los requerimientos de fondos de efectivo a efectos de resolución, que se debe incluir en el reglamento de la ECC, está reservado a la autoridad de resolución durante la resolución y no está a disposición de la ECC, ni de los administradores o liquidadores en el marco de los procedimientos de insolvencia; y por lo tanto, no se debe considerar que tales requerimientos formen parte del trato que los accionistas, los miembros compensadores y otros acreedores habrían recibido si la autoridad de resolución no hubiera adoptado una medida de resolución. Todo uso que la autoridad de resolución haga de la competencia de reducir el importe de las ganancias adeudadas a un miembro compensador no incumplidor y que exceda de los límites contractuales acordados para dicha reducción, tampoco debe considerarse parte del trato que los accionistas, los miembros compensadores y otros acreedores habrían recibido si la autoridad de resolución no hubiera adoptado una medida de resolución.

Los accionistas, los miembros compensadores y otros acreedores que hayan recibido, como pago o indemnización por sus derechos, menos de lo que habrían recibido si, en lugar de adoptar la autoridad de resolución una medida de resolución en relación con la ECC, hubieran quedado sujetos a posibles obligaciones pendientes con arreglo a las normas de la ECC en materia de incumplimiento o a otros acuerdos contractuales de las normas de funcionamiento de la ECC, y esta hubiera sido liquidada con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, deben tener derecho a que se les abone la diferencia. Los clientes solo deben ser incluidos en dicha comparación y solo deben tener derecho al pago por diferencias de trato cuando exista una base contractual para un derecho directo de los clientes frente a la ECC, lo que les convierte en acreedores de la ECC. La autoridad de resolución solo puede controlar la repercusión directa de sus medidas en dichos casos. Debe ser posible impugnar esta comparación independientemente de la decisión de resolución. Los Estados miembros deben tener libertad para determinar el procedimiento de pago de la eventual diferencia de trato a accionistas, miembros compensadores y otros acreedores.

(48)

Las acciones de recuperación y resolución pueden afectar indirectamente a clientes y clientes indirectos que no sean acreedores de la ECC, en la medida en que los costes de recuperación y resolución se hayan repercutido a dichos clientes y clientes indirectos con arreglo a los acuerdos contractuales aplicables. Por lo tanto, el impacto de una situación de recuperación y resolución de ECC sobre los clientes y clientes indirectos también debe abordarse mediante los mismos acuerdos contractuales que se hayan celebrado con los miembros compensadores y los clientes que les presten servicios de compensación. Esto se puede conseguir estableciendo que, si los acuerdos contractuales permiten a los miembros compensadores repercutir a sus clientes las consecuencias negativas de los instrumentos de resolución, estos acuerdos contractuales incluyan también, de forma equivalente y proporcionada, el derecho de los clientes a cualquier indemnización que los miembros compensadores reciban de la ECC o cualquier equivalente a efectivo de dicha indemnización o cualquier ingreso que reciban a raíz de un procedimiento de evitación de perjuicios superiores a los acreedores, en la medida en que estos se refieran a posiciones de clientes. Estas disposiciones también deben aplicarse a los acuerdos contractuales por parte de clientes y clientes indirectos que ofrezcan servicios de compensación indirectos a sus clientes.

(49)

A fin de garantizar la eficacia de la resolución de una ECC, el proceso de valoración ha de determinar con la mayor precisión posible las pérdidas que deben asignarse para que la ECC pueda restablecer una cartera de posiciones pendientes casada y cumplir las obligaciones de pago pendientes. La valoración del activo y el pasivo de una ECC inviable debe basarse en supuestos ecuánimes, prudentes y realistas en el momento en que se apliquen los instrumentos de resolución. El valor del pasivo no debe, sin embargo, verse afectado en la valoración por el estado financiero de la ECC. Por motivos de urgencia, las autoridades de resolución deben poder realizar una valoración rápida del activo o del pasivo de una ECC inviable. Esta valoración debe ser provisional y aplicarse hasta el momento en que se lleve a cabo una valoración independiente.

(50)

Al iniciarse la resolución de la ECC, la autoridad de resolución debe exigir el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pendientes que figuren en las normas de funcionamiento de la ECC, incluidas las medidas de recuperación pendientes, salvo cuando el ejercicio de otra competencia o instrumento de resolución sea más adecuado para mitigar los efectos negativos en la estabilidad financiera o para garantizar oportunamente la continuidad de las funciones esenciales de la ECC. La autoridad de resolución debe tener derecho, pero no estar obligada, a exigir el cumplimiento de dichas obligaciones contractuales, incluso tras la resolución, en caso de que hayan dejado de existir los motivos por los que no se exigió su cumplimiento. Con el fin de que los miembros compensadores y otros interesados puedan prepararse para la ejecución de las obligaciones restantes, la autoridad de resolución debe notificarles con antelación. El plazo de notificación previa debe ser de entre tres y seis meses.

En consulta con las autoridades competentes y las autoridades de resolución de los miembros compensadores afectados y de cualesquiera otras partes sujetas al cumplimiento de obligaciones vigentes y pendientes, la autoridad de resolución debe determinar si han dejado de existir las razones para abstenerse de exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales y si procede exigir el de las que queden por cumplir. Si persisten las mencionadas razones, la autoridad de resolución debe abstenerse de hacer cumplir esas obligaciones. Los ingresos derivados de la demora en la ejecución de las obligaciones contractuales pendientes se deben utilizar para recuperar los fondos públicos que se hayan destinado al abono de derechos derivados de la aplicación del principio de «evitación de perjuicios superiores a los acreedores» y resultantes de la decisión de la autoridad de resolución de abstenerse de exigir el cumplimiento de dichas obligaciones o de la aplicación de cualquier instrumento público de estabilización. La autoridad de resolución debe ejercer su facultad de diferir la ejecución tan solo en la medida en que no se infrinja el principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores con respecto al interesado que quede sujeto a la ejecución diferida. En el caso de las pérdidas por incumplimiento, la autoridad de resolución debe volver a casar la cartera de la ECC y asignar las pérdidas pendientes por medio de los instrumentos de asignación de posiciones y de asignación de pérdidas. En cambio, las pérdidas no debidas a incumplimientos han de ser absorbidas por los instrumentos de capital reglamentario y ser asignadas a los accionistas hasta el límite de sus respectivas capacidades, ya sea mediante la cancelación o transmisión de instrumentos de propiedad, o mediante una fuerte dilución del valor de estos. Si estos instrumentos no fueran suficientes, las autoridades de resolución deben estar facultadas para amortizar la deuda y los pasivos no garantizados, de acuerdo con su prelación según la normativa nacional de insolvencia aplicable, y para aplicar instrumentos de asignación de pérdidas en la medida necesaria y sin poner en peligro la estabilidad financiera general.

(51)

Si, una vez que se hayan absorbido las pérdidas y se haya vuelto a casar, si ha lugar, la cartera de la ECC, los recursos prefinanciados de esta siguen agotados, la autoridad de resolución debe asegurar la reconstitución de dichos recursos hasta los niveles necesarios para cumplir los requisitos reglamentarios, ya sea prosiguiendo la aplicación de los instrumentos previstos en las normas de funcionamiento de la ECC o por medio de otras medidas. En concreto, las autoridades de resolución deben poder indemnizar a los miembros compensadores no incumplidores que hubieran tenido derecho a pago con arreglo al principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores si la aplicación de instrumentos de asignación de pérdidas diera lugar a pérdidas superiores a las que dichos miembros habrían sufrido, con arreglo a las obligaciones que les imponen las normas de funcionamiento de la ECC, con instrumentos de propiedad, instrumentos de deuda o instrumentos que reconozcan un derecho sobre los beneficios futuros de la ECC. Al evaluar la cuantía y la forma de la indemnización, la autoridad de resolución puede tener en cuenta, por ejemplo, la solvencia financiera de la ECC, y la cualidad de los instrumentos disponibles para la indemnización y para el cumplimiento del principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores. Con el fin de mantener una estructura de incentivos adecuada, dicha indemnización debe reflejar la magnitud del apoyo prestado por un miembro compensador a la recuperación de la ECC, y por tanto también debe tener en cuenta las restantes obligaciones contractuales pendientes de los miembros compensadores frente a la ECC. Dicha indemnización se debe deducir de cualquier derecho a pago con arreglo al principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores.

(52)

Las autoridades de resolución han de velar igualmente por que se minimicen los costes de la resolución de la ECC y por que los acreedores de una misma categoría sean tratados de forma equitativa. La autoridad de resolución debe poder tomar una medida de resolución que se aparte del principio de trato equitativo de los acreedores si lo justifica el interés público de alcanzar los objetivos de la resolución y la medida es proporcionada con respecto al riesgo afrontado. Si la autoridad de resolución toma una medida de este tipo, no debe discriminar en ningún caso por motivos de nacionalidad.

(53)

La resolución de una ECC no debe suponer el recurso a una ayuda financiera pública extraordinaria. Los instrumentos pendientes de recuperación y de resolución, en particular el instrumento de amortización, deben aplicarse en la mayor medida posible antes de que se produzca una inyección de capital del sector público o se preste cualquier ayuda financiera pública extraordinaria equivalente a una ECC, o en conjunción con estas. El uso de ayuda financiera pública extraordinaria al objeto de respaldar la resolución de entidades inviables debe emplearse como último recurso, debe estar limitada en el tiempo y debe respetar la normativa en materia de ayudas de Estado.

(54)

Un régimen de resolución eficaz debe reducir al mínimo los costes de la resolución de una ECC inviable sufragados por el erario público. También ha de garantizar que las ECC puedan ser objeto de resolución sin poner en peligro la estabilidad financiera. El instrumento de amortización y los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones deben perseguir este objetivo garantizando que los accionistas y las contrapartes que se encuentran entre los acreedores de la ECC inviable asuman las pérdidas adecuadas y la parte adecuada de los costes que se deriven de la inviabilidad de la ECC. Por consiguiente, el instrumento de amortización y los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones suponen un mayor incentivo para que los accionistas y las contrapartes de las ECC vigilen la salud de estas en circunstancias normales, de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) establecido en su documento «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (Atributos fundamentales de los regímenes eficaces de resolución de entidades financieras).

(55)

A fin de garantizar que las autoridades de resolución tengan la flexibilidad necesaria para asignar pérdidas y posiciones a las contrapartes en diversas circunstancias, conviene que puedan aplicar los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones tanto cuando el objetivo sea mantener los servicios de compensación esenciales dentro de la ECC objeto de resolución como en conjunción con la transferencia de los servicios esenciales a una ECC puente o un tercero, y el posterior cese de actividades y liquidación de la ECC.

(56)

Cuando se apliquen los instrumentos de asignación de posiciones y pérdidas con el objetivo de restablecer la viabilidad de la ECC inviable y permitir que siga operando como empresa en funcionamiento, la resolución debe ir acompañada de la sustitución de la dirección —salvo en aquellos casos en que mantenerla se considere adecuado y necesario para el logro de los objetivos de resolución—, y de la consiguiente reestructuración de la ECC y de sus actividades de tal forma que se aborden los motivos de su inviabilidad. Dicha reestructuración debe conseguirse mediante la aplicación de un plan de reorganización de las actividades, que debe ser compatible con el plan de reestructuración que la ECC podría estar obligada a presentar de conformidad con el marco de ayudas de Estado.

(57)

Los instrumentos de asignación de posiciones y pérdidas deben utilizarse para volver a casar la cartera de la ECC, frenar nuevas pérdidas y obtener recursos adicionales para contribuir a recapitalizar la ECC y reconstituir sus recursos prefinanciados. A fin de asegurar que sean eficaces y alcancen su objetivo, estos instrumentos deben poder aplicarse a la mayor variedad posible de contratos que generen pasivos no garantizados o creen una cartera no casada para la ECC inviable. Han de ofrecer la posibilidad de subastar las posiciones de los incumplidores entre los demás miembros compensadores o de asignarlas forzosamente en la medida en que los mecanismos voluntarios establecidos en el marco del plan de recuperación no estén agotados al iniciarse la resolución, de rescindir total o parcialmente los contratos de los miembros compensadores en situación de incumplimiento, de la categoría de activos o del servicio de compensación afectados de la ECC, de aplicar nuevos recortes a los pagos pendientes por margen de variación a esos miembros y, en su caso, a sus clientes, de realizar los requerimientos pendientes de fondos de efectivo a efectos de recuperación previstas en los planes de recuperación y de realizar los requerimientos adicionales de fondos de efectivo a efectos de resolución y de amortizar los instrumentos de deuda y de capital emitidos por la ECC u otros pasivos no garantizados y proceder a la conversión en acciones de los instrumentos de deuda. Esto incluye la posibilidad de aplicar los instrumentos de asignación de pérdidas para contribuir a que se vuelva a casar una cartera proporcionando fondos a la ECC para aceptar una oferta de subasta, lo que permite a la ECC asignar las posiciones de los incumplidores o realizar pagos en relación con los contratos rescindidos.

(58)

Al aplicar el instrumento de asignación que permita la reducción del valor de las ganancias adeudadas por la ECC a los miembros compensadores no incumplidores, la autoridad de resolución debe basarse en el tratamiento de los márgenes de variación de conformidad con la estructura de cuentas de la ECC, la operación de la reducción del valor de las ganancias adeudadas por la ECC a los miembros compensadores no incumplidores en la recuperación, si procede, y el principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores.

(59)

Atendiendo debidamente a la repercusión en la estabilidad financiera y como último recurso, las autoridades de resolución deben poder excluir total o parcialmente algunos contratos de la asignación de posiciones y pérdidas en una serie de circunstancias. Cuando se apliquen dichas exclusiones, debe ser posible incrementar el nivel de exposición o pérdida aplicado a otros contratos al objeto de tener en cuenta las exclusiones, con sujeción al principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores.

(60)

Cuando se hayan aplicado los instrumentos de resolución para transmitir las funciones esenciales o las actividades viables de una ECC a una entidad saneada, como un comprador del sector privado o una ECC puente, la parte residual de la ECC debe liquidarse en un período de tiempo apropiado, teniendo en cuenta la necesidad de que la ECC inviable preste servicios o apoyo que permitan al comprador o a la ECC puente ejercer las actividades o prestar los servicios adquiridos en virtud de dicha transmisión.

(61)

El instrumento de venta del negocio debe permitir a las autoridades vender la ECC o partes de sus actividades a uno o varios compradores sin el consentimiento de los accionistas. Al aplicar este instrumento, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para poner a la venta la ECC o parte de sus actividades en el marco de un proceso abierto, transparente y no discriminatorio, intentando a la vez maximizar en lo posible el precio de venta.

(62)

Cualquier ingreso neto procedente de la transmisión de activos o pasivos de la ECC objeto de resolución al aplicar el instrumento de venta del negocio debe revertir en la entidad resultante del procedimiento de liquidación. Cualquier ingreso neto procedente de la transmisión de instrumentos de propiedad emitidos por la ECC objeto de resolución al aplicar el instrumento de venta del negocio debe revertir en los accionistas. Toda contraprestación abonada por el comprador también debe beneficiar a los miembros compensadores no incumplidores que hayan sufrido pérdidas. Dichos ingresos netos o beneficios deben estar sujetos a la completa recuperación de cualquier financiación pública aportada en el marco de la resolución. Los ingresos deben calcularse deduciendo los costes derivados de la inviabilidad de la ECC y del proceso de resolución.

(63)

Para llevar a cabo la venta del negocio en un momento oportuno y proteger la estabilidad financiera, la evaluación del comprador de una participación cualificada debe realizarse dentro de un plazo que no retrase la aplicación del instrumento de venta del negocio. La ECC, el comprador o ambos, en función de los efectos de la aplicación del instrumento de venta del negocio y la forma de la adquisición, deben poder ejercer o mantener los derechos existentes de pertenencia y acceso a los sistemas de pago y liquidación y a otras infraestructuras de los mercados financieros vinculadas y plataformas de negociación. Estos derechos no se pueden denegar por incumplimiento de los criterios aplicables a la participación o acceso, o por calificación crediticia insuficiente. El comprador que no cumpla esos criterios solo puede ejercer esos derechos durante el período especificado por la autoridad de resolución.

(64)

Es probable que la información relativa a la venta de una ECC inviable y a las negociaciones con los posibles compradores antes de aplicar el instrumento de venta del negocio sea de importancia sistémica. A fin de garantizar la estabilidad financiera, es importante que sea posible para la divulgación de esta información, requerida en virtud del Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), que pueda retrasarse durante el tiempo necesario para planificar y estructurar la resolución de la ECC conforme a los plazos permitidos en virtud del régimen de abuso de mercado.

(65)

La ECC puente, al pertenecer total o parcialmente a una o varias autoridades públicas o estar controlada por la autoridad de resolución, debe tener como principal objetivo garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos para los miembros compensadores y para los clientes de la ECC objeto de resolución y el mantenimiento de las actividades financieras esenciales. Las ECC puente deben ser gestionadas como empresas en funcionamiento viables y volver a ponerse en venta cuando las condiciones sean apropiadas, o ser liquidadas si dejan de ser viables.

(66)

Cuando ninguna de las demás opciones sea posible en la práctica o sea claramente insuficiente para salvaguardar la estabilidad financiera, debe ser posible la participación pública mediante ayudas en forma de capital o mediante la titularidad pública temporal, de conformidad con las normas aplicables sobre ayudas de Estado, incluida la reestructuración de las operaciones de la ECC. Con el fin de evitar el riesgo moral, dicha ayuda financiera pública extraordinaria solo se debe prestar como último recurso, debe tener carácter temporal y se debe recuperar en un plazo adecuado. Por tanto, si bien no es óbice para que se apliquen los instrumentos públicos de estabilización, los Estados miembros deben establecer disposiciones exhaustivas y creíbles en lo referente a la recuperación de los fondos. Sin perjuicio de la función de cualquier banco central de inyectar potencialmente liquidez en el sistema financiero, la aplicación de los instrumentos públicos de estabilización se entiende, a la exclusiva discreción del banco central, incluso en momentos de tensión.

(67)

Con el fin de garantizar la capacidad de una autoridad de resolución para aplicar los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones a los contratos con entidades establecidas en terceros países, el reconocimiento de tal posibilidad debe incluirse en las normas de funcionamiento de la ECC.

(68)

Las autoridades de resolución deben tener todas las competencias jurídicas necesarias que, en combinaciones diferentes, puedan ejercerse al aplicar los instrumentos de resolución. Entre ellas deben figurar la competencia para transmitir instrumentos de propiedad, activos, derechos, obligaciones o pasivos de una ECC inviable a otra entidad, por ejemplo otra ECC o una ECC puente; la competencia para amortizar instrumentos de propiedad o proceder a su cancelación, o para amortizar pasivos de una ECC inviable o proceder a su conversión; la competencia para reducir el valor del margen de variación; la competencia para exigir el cumplimiento de las obligaciones de terceros pendientes en relación con la ECC, incluidas los requerimientos de fondos de efectivo a efectos de resolución, tal como se establecen en las normas de funcionamiento de las ECC, y las asignaciones de posiciones; la competencia para realizar requerimientos de fondos de efectivo a efectos de resolución; la competencia para rescindir total o parcialmente contratos de la ECC; la competencia para sustituir a la dirección, y la competencia para imponer una moratoria temporal del pago de deudas. La ECC y los miembros de su consejo y su alta dirección deben estar sujetos, con arreglo al Derecho civil o penal nacional, a responsabilidad por la inviabilidad de la ECC.

(69)

El marco de resolución debe incluir requisitos procedimentales para asegurar que las medidas de resolución sean debidamente notificadas y publicadas. Sin embargo, dado que es probable que la información obtenida por las autoridades de resolución y sus asesores profesionales durante el proceso de resolución sea reservada, esta información debe estar sujeta a un régimen de confidencialidad eficaz hasta que se haga pública la decisión de resolución. Se ha de tener en cuenta que la información sobre los contenidos y detalles de los planes de recuperación y resolución y los resultados de cualquier evaluación de estos planes podría tener efectos de gran alcance, en particular para las empresas afectadas. Debe presumirse que cualquier información facilitada en relación con una decisión antes de la adopción de esta —ya se trate de información sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones de resolución, sobre la aplicación de un instrumento específico o sobre cualquier medida durante el procedimiento— repercute en los intereses públicos y privados a los que afecte la medida. La información de que la autoridad de resolución está examinando a una ECC específica puede ser suficiente para que se produzcan efectos negativos para dicha ECC. Por consiguiente, se ha de velar por que existan los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de este tipo de información (por ejemplo el contenido y los detalles de los planes de recuperación y resolución y los resultados de cualquier evaluación llevada a cabo en ese contexto).

(70)

Las autoridades de resolución deben disponer de competencias auxiliares para garantizar la eficacia de la transmisión de instrumentos de propiedad o de deuda y de activos, pasivos, derechos y obligaciones, en particular las posiciones y los márgenes correspondientes. Con sujeción a las salvaguardas especificadas en el presente Reglamento, estas competencias deben incluir la facultad de cancelar los derechos de terceros respecto de los instrumentos o activos transmitidos, de exigir el cumplimiento de contratos y de asegurar la continuidad de las disposiciones adoptadas respecto del destinatario de los activos e instrumentos de propiedad transmitidos. Sin embargo, no deben verse afectados los derechos de los empleados a rescindir un contrato de trabajo. Tampoco debe verse afectado el derecho de una parte a rescindir un contrato con una ECC objeto de resolución o con una entidad del grupo de esta por motivos distintos de la resolución de la ECC inviable. Las autoridades de resolución también deben tener la competencia auxiliar de exigir a la ECC residual que esté siendo objeto de liquidación conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios que preste los servicios necesarios para que pueda proseguir sus actividades la ECC a la que se han transmitido activos, contratos o instrumentos de propiedad en virtud de la aplicación del instrumento de venta del negocio o del instrumento de constitución de una ECC puente.

(71)

Habida cuenta de que puede ser necesario adoptar urgentemente medidas de gestión de crisis debido a la existencia de graves riesgos para la estabilidad financiera en los Estados miembros y la Unión, todo procedimiento de Derecho nacional relativo a la solicitud de aprobación judicial ex ante de una medida de gestión de crisis y al examen de la solicitud por el órgano jurisdiccional debe llevarse a cabo con rapidez. Teniendo en cuenta la urgencia con que se ha de adoptar una medida de gestión de crisis, el órgano jurisdiccional debe adoptar una decisión en un plazo de veinticuatro horas y el Estado miembro debe garantizar que la autoridad pertinente pueda adoptar una decisión inmediatamente después de que el órgano jurisdiccional haya adoptado la suya. Ello se debe entender sin perjuicio del derecho que tienen las partes interesadas de solicitar al órgano jurisdiccional que deje sin efecto la decisión durante un período limitado después de que la autoridad de resolución haya adoptado la medida de gestión de crisis.

(72)

De conformidad con el artículo 47 de la Carta, las partes afectadas tienen derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva respecto de las medidas que les afecten. Por lo tanto, debe caber recurso contra las decisiones adoptadas por las autoridades de resolución.

(73)

Las medidas de resolución adoptadas por las autoridades nacionales de resolución pueden requerir valoraciones económicas y entrañar un amplio margen de apreciación. Las autoridades nacionales de resolución disponen de los conocimientos técnicos específicos para realizar estas valoraciones y para determinar qué uso deben hacer de su margen de apreciación. Conviene, por lo tanto, que, a la hora de revisar las medidas de gestión de crisis de que se trate, los órganos jurisdiccionales nacionales se basen en las valoraciones económicas realizadas por dichas autoridades en este contexto. No obstante, la complejidad de estas evaluaciones no debe impedir que los órganos jurisdiccionales nacionales examinen si los datos en las que se basa la autoridad de resolución son precisos, fiables y coherentes en cuanto a los hechos, si contienen toda la información pertinente que se ha de tener en cuenta para evaluar una situación compleja y si sirven para justificar las conclusiones extraídas.

(74)

A fin de dar solución a las situaciones de máxima urgencia, y dado que la suspensión de cualquier decisión de las autoridades de resolución podría obstaculizar la continuidad de las funciones esenciales, es necesario disponer que la presentación de un recurso no debe conllevar la suspensión automática de los efectos de la decisión impugnada y que la decisión de la autoridad de resolución debe ser ejecutable de forma inmediata.

(75)

Además, cuando resulte necesario para proteger a terceros que, en el marco del ejercicio de las competencias de resolución por parte de las autoridades de resolución, hayan adquirido de buena fe activos, contratos, derechos y pasivos de la ECC objeto de resolución, y para asegurar la estabilidad de los mercados financieros, el derecho de recurso no debe afectar a los actos administrativos u operaciones posteriores realizados sobre la base de una decisión anulada. En tales casos, las medidas de corrección de una decisión incorrecta deben limitarse a una indemnización por el daño sufrido por las personas afectadas.

(76)

Para garantizar la eficiencia de la resolución, y con el fin de evitar conflictos de jurisdicción, no deben incoarse o proseguirse los procedimientos de insolvencia ordinarios en relación con la ECC inviable mientras la autoridad de resolución esté ejerciendo sus competencias de resolución o aplicando los instrumentos de resolución, salvo por iniciativa de la autoridad de resolución o con su consentimiento. Resulta útil y necesario que determinadas obligaciones contractuales puedan suspenderse durante un período limitado para que la autoridad de resolución tenga tiempo de aplicar los instrumentos de resolución. No obstante, esto no debe aplicarse a las obligaciones de una ECC inviable frente a los sistemas reconocidos en virtud de la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), incluidas otras ECC y los bancos centrales. La Directiva 98/26/CE reduce el riesgo asociado a la participación en sistemas de pagos y de liquidación de valores, en particular limitando la perturbación en caso de insolvencia de un participante en dicho sistema. A fin de garantizar que esas protecciones se apliquen adecuadamente en situaciones de crisis, manteniendo al mismo tiempo un grado adecuado de seguridad para los operadores de sistemas de pagos y de valores y otros participantes en el mercado, las medidas de prevención de crisis o las medidas de resolución no deben considerarse un procedimiento de insolvencia en el sentido de la Directiva 98/26/CE, siempre que sigan cumpliéndose las obligaciones sustantivas con arreglo al contrato. No obstante, no debe verse afectado el funcionamiento de un sistema reconocido de conformidad con la Directiva 98/26/CE o el derecho a una garantía garantizado por dicha Directiva.

(77)

A fin de que las autoridades de resolución, al transmitir activos y pasivos a un comprador del sector privado o a una ECC puente, tengan un período de tiempo suficiente para determinar los contratos que hay que transmitir, podría ser conveniente imponer restricciones proporcionadas de los derechos de las contrapartes a liquidar los contratos financieros por compensación anticipada, adelantar su vencimiento o rescindirlos de otro modo antes de que se realice la transmisión. Esa restricción sería necesaria para que las autoridades puedan hacerse una imagen fidedigna del balance de la ECC inviable, sin los cambios de valor y alcance que conllevaría el ejercicio masivo de derechos de rescisión. A fin de interferir lo menos posible en los derechos contractuales de las contrapartes, la restricción de los derechos de rescisión debe limitarse al período más breve posible y aplicarse únicamente en relación con la medida de prevención de crisis o la medida de resolución, incluido el acaecimiento de cualquier suceso directamente relacionado con la aplicación de dicha medida, y se deben mantener los derechos de rescisión derivados de cualquier otro incumplimiento, incluido el impago o la incapacidad de reponer un margen.

(78)

A fin de respetar los acuerdos legítimos alcanzados en los mercados de capitales, en caso de que se transmita una parte, pero no la totalidad, de los activos, los contratos, los derechos y los pasivos de una ECC inviable, conviene prever mecanismos de salvaguarda para evitar, cuando proceda, la división de los derechos, contratos y pasivos vinculados. Esta restricción de determinadas prácticas respecto de los contratos vinculados y las garantías reales correspondientes debe hacerse extensiva a los contratos con la misma contraparte cubiertos por acuerdos de garantía, acuerdos de garantía financiera con cambio de titularidad, acuerdos de compensación recíproca, acuerdos de liquidación por compensación por netting y acuerdos de financiación estructurada. Cuando se aplique el mecanismo de salvaguarda, las autoridades de resolución deben tratar de transmitir todos los contratos vinculados dentro de un acuerdo protegido, o mantenerlos todos en la ECC inviable residual. Estas salvaguardas deben garantizar que el tratamiento de las exposiciones cubiertas por un acuerdo de compensación por netting solo se vea afectado en un grado mínimo por lo que se refiere a los requisitos de capital reglamentario a efectos de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(79)

Las ECC de la Unión prestan servicios a miembros compensadores y a sus clientes radicados en terceros países, y las ECC de terceros países prestan servicios a miembros compensadores y a sus clientes radicados en la Unión. Para llevar a cabo una resolución eficaz de las ECC que operan a nivel internacional es necesaria la cooperación entre los Estados miembros y las autoridades de terceros países. A tal fin, la AEVM debe facilitar directrices sobre el contenido a estos efectos de los acuerdos de cooperación que hayan de celebrarse con las autoridades de terceros países. Estos acuerdos de cooperación deben garantizar una planificación, una toma de decisiones y una coordinación eficaces en relación con las ECC que operan a nivel internacional. Las autoridades nacionales de resolución deben reconocer y ejecutar los procedimientos de resolución de terceros países en determinadas circunstancias. La cooperación también es necesaria por lo que se refiere a las filiales de ECC de la Unión o de terceros países, así como a sus miembros compensadores y a sus clientes.

(80)

A fin de garantizar que, en caso de incumplimiento del presente Reglamento, las sanciones administrativas se apliquen de modo coherente en todos los Estados miembros, el presente Reglamento debe establecer una lista de las sanciones administrativas y otras medidas administrativas fundamentales que han de estar al alcance de las autoridades de resolución y las autoridades competentes; la facultad de imponer esas sanciones administrativas y otras medidas administrativas a cualquier persona, física o jurídica, responsable de una infracción; y una lista de los criterios fundamentales para determinar el nivel y el tipo de tales sanciones administrativas y otras medidas administrativas; y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas. Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas deben tener en cuenta factores tales como los beneficios financieros derivados de la infracción que, en su caso, se determinen, la gravedad y duración de la infracción, las posibles circunstancias agravantes o atenuantes y la necesidad de producir efectos disuasorios, y han de prever, cuando sea procedente, una reducción en los casos de cooperación con la autoridad de resolución o la autoridad competente. En la adopción y publicación de sanciones administrativas han de respetarse los derechos fundamentales consagrados en la Carta.

(81)

A fin de garantizar una armonización coherente y una protección adecuada de los participantes en el mercado en toda la Unión, debe facultarse a la Comisión para que adopte, mediante actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los proyectos de normas técnicas de regulación elaborados por la AEVM con arreglo a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 con el fin de especificar los siguientes elementos: a) el contenido de las disposiciones y los procedimientos escritos aplicables al funcionamiento de los colegios de autoridades de resolución; b) el método de cálculo y mantenimiento del importe de los recursos propios específicos prefinanciados adicionales que debe usar la ECC en la recuperación, así como los procedimientos que debe seguir la ECC, en caso de que dichos recursos propios no estén disponibles, para recurrir a medidas de recuperación a los miembros compensadores no incumplidores y reembolsar a dichos miembros; c) la metodología de evaluación de los planes de recuperación; d) los contenidos de los planes de resolución; e) el orden de asignación, el período máximo y la proporción máxima de los beneficios anuales de la ECC en virtud del mecanismo de recompensa durante la recuperación; f) elementos pertinentes para la realización de las valoraciones; g) el método de cálculo del colchón para pérdidas adicionales que se ha de incluir en las valoraciones provisionales; h) los elementos mínimos que deban incluirse en un plan de reorganización de actividades; i) los criterios que deba cumplir un plan de reorganización de actividades; j) la metodología de valoración final conforme el principio de «evitación de perjuicios superiores a los acreedores»; k) las condiciones para que los miembros compensadores repercutan a sus clientes la indemnización de conformidad con el principio de la simetría contractual, así como las condiciones en que se consideraría proporcionado hacerlo.

(82)

La Comisión debe poder suspender cualquier obligación de compensación establecida de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a raíz de una solicitud de la autoridad de resolución de una ECC objeto de resolución o de su autoridad competente, por iniciativa propia o a petición de la autoridad competente responsable de la supervisión de un miembro compensador de la ECC objeto de resolución, y tras un dictamen no vinculante de la AEVM, para un tipo específico de contraparte o para determinadas categorías de derivados extrabursátiles que se compensen a través de una ECC objeto de resolución. La decisión de suspensión de la obligación de compensación solo debe adoptarse si es necesaria para preservar la estabilidad financiera y la confianza de los mercados, en particular a fin de evitar efectos de contagio e impedir que los inversores y las contrapartes tengan exposiciones elevadas e inciertas frente a una ECC. Con vistas a la adopción de su decisión, la Comisión debe tomar en consideración los objetivos de resolución, los criterios establecidos en el Reglamento (UE) n.o 648/2012 para someter los derivados extrabursátiles a la obligación de compensación respecto de los derivados extrabursátiles para los que se solicite la suspensión de la obligación de compensación y si es necesaria la suspensión de la obligación de compensación para preservar la estabilidad financiera y el funcionamiento ordenado de los mercados financieros de la Unión . La AEVM debe poder solicitar a la Comisión que suspenda la obligación de negociación establecida en el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) cuando estime que la suspensión de la obligación de compensación supone un cambio significativo de los criterios que determinan la obligación de negociación. La suspensión debe ser temporal, con posibilidad de prórroga. Del mismo modo, conviene reforzar el papel del comité de riesgos de la ECC, establecido en el artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, para seguir alentando a la ECC a gestionar sus riesgos de forma prudente y mejorar su resiliencia.

Los miembros del comité de riesgos deben estar en condiciones de informar a la autoridad competente cuando la ECC no siga el asesoramiento del comité de riesgos, y los representantes de los miembros compensadores y clientes en el comité de riesgos deben poder utilizar la información facilitada para valorar sus exposiciones frente a la ECC, respetando las disposiciones de protección de la confidencialidad y sin perjuicio de las limitaciones al intercambio de dicha información establecidas en el Derecho de la competencia. Por último, las autoridades de resolución de las ECC también deben tener acceso a toda la información necesaria de los registros de operaciones. El Reglamento (UE) n.o 648/2012 y el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) deben, pues, modificarse en consecuencia.

(83)

Con el fin de asegurar la correcta aplicación de la reforma de los índices de referencia de tipos de interés del CEF, es necesario aclarar a los participantes en el mercado que las operaciones suscritas u objeto de novación antes de la entrada en vigor de los requisitos de compensación o de margen aplicables a las operaciones con derivados extrabursátiles que empleen un índice de referencia de tipos de interés (en lo sucesivo, «operaciones preexistentes») no estarán sujetas a los requisitos previstos en el Reglamento (UE) n.o 648/2012 cuando sean objeto de novación con el único fin de aplicar o preparar la aplicación de la reforma de los índices de referencia de tipos de interés. De este modo se evitaría también todo riesgo de falta de preparación de las contrapartes de la Unión de esas operaciones preexistentes en caso de que un índice de referencia determinado sufra un cambio importante o deje de aplicarse, despejándose así las inquietudes conexas en materia de estabilidad financiera. Este enfoque está en consonancia con las orientaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV).

(84)

A fin de realizar eficazmente la resolución de las ECC, las salvaguardas previstas en la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) no deben aplicarse a ninguna restricción de la ejecución de un acuerdo de garantía financiera o del efecto de un acuerdo de garantía financiera prendaria, a ninguna cláusula de compensación anticipada, por netting o recíproca, establecida en el presente Reglamento.

(85)

En las Directivas (UE) 2017/1132 (14), 2004/25/CE (15) y 2007/36/CE (16) del Parlamento Europeo y del Consejo se establecen normas sobre la protección de los accionistas y los acreedores de las ECC incluidas en el ámbito de aplicación de dichas Directivas. En una situación en la que las autoridades de resolución tengan que actuar con rapidez de conformidad con el presente Reglamento, esas normas pueden suponer un obstáculo para una medida de resolución efectiva y para la aplicación de los instrumentos y competencias de resolución por parte de las autoridades de resolución. Por tanto, las excepciones previstas en la Directiva 2014/59/UE deben hacerse extensivas a los actos que se adopten en virtud del presente Reglamento. A fin de garantizar la máxima seguridad jurídica para los interesados, las excepciones deben definirse de manera clara y precisa, y solo se deben aplicar en aras del interés público y cuando se cumplan las condiciones necesarias para poner en marcha un proceso de resolución.

(86)

Con el fin de evitar la duplicación de requisitos, se deben modificar la Directiva 2014/59/UE y el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) para excluir de su ámbito de aplicación a las ECC que también están autorizadas de conformidad con el Reglamento n.o 648/2012.

(87)

El artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 establece un período de transición durante el cual los artículos 35 o 36 de dicho Reglamento no se aplicarían a aquellas ECC o plataformas de negociación que solicitaran a su autoridad competente acogerse a las disposiciones transitorias, en lo que se refiere a derivados negociables en un mercado. El período de transición durante el cual la plataforma de negociación o la ECC pueden ser eximidos por su autoridad nacional competente, en lo que se refiere a derivados negociables en un mercado, de la aplicación de los artículos 35 y 36 de dicho Reglamento, expiró el 3 de julio de 2020. El entorno de mercado actual, que presenta una incertidumbre y volatilidad elevadas debido a la crisis de la COVID-19, repercute negativamente en las operaciones de las ECC y las plataformas de negociación, aumentando sus riesgos operativos. Ese aumento del riesgo, junto con una capacidad limitada para evaluar las solicitudes de acceso y gestionar la migración de los flujos de operaciones, puede afectar al funcionamiento ordenado de los mercados o a la estabilidad financiera. Además, dicho Reglamento establece un nuevo régimen de derivados negociables en un mercado regulado para el acceso a infraestructuras esenciales del mercado, que tiene por objetivo equilibrar mejor la competencia entre dichas infraestructuras con la necesidad de preservar su integridad operativa.

Por consiguiente, si bien dicho Reglamento pretende crear un mercado competitivo para las infraestructuras financieras, los operadores económicos no deberían esperar que se mantengan las normas y prioridades actuales cuando la situación económica cambie, en particular, debido a una crisis económica grave. En particular, este podría ser el caso de un ámbito en el que la interacción entre las infraestructuras esenciales del mercado, como las infraestructuras de negociación y compensación, requiera de una resiliencia operativa excepcional, ya que cualquier fallo en dichas infraestructuras supondría un riesgo elevado para la estabilidad financiera. Como consecuencia de la crisis de la COVID-19, se pospone, hasta el 3 de julio de 2021, la fecha de aplicación del nuevo régimen de acceso abierto aplicable a las plataformas de negociación y a las ECC que ofrecen servicios de negociación y compensación en relación con derivados negociables en un mercado.

(88)

Con el fin de garantizar que las autoridades de resolución de ECC estén representadas en todos los foros pertinentes, y que la AEVM disponga de todos los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo los cometidos relacionados con la recuperación y resolución de ECC, el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 debe modificarse para incluir a las autoridades nacionales de resolución de ECC en el concepto de «autoridades competentes» establecido por dicho Reglamento.

(89)

A fin de preparar las decisiones de la AEVM en relación con los cometidos que se le encomienden y que lleven aparejada la elaboración de proyectos de normas técnicas sobre las valoraciones ex ante y ex post, sobre los colegios de autoridades de resolución y sobre los planes de resolución, y de directrices sobre las condiciones de resolución y sobre la mediación vinculante, y a fin de garantizar la plena participación de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea( (ABE) y de sus miembros en la elaboración de estas decisiones, la AEVM debe crear un comité de resolución interno (en lo sucesivo, «Comité de resolución de la AEVM») en el que las autoridades de resolución participen en calidad de miembros. Cuando haya lugar, se debe invitar a que participen como observadoras a las autoridades competentes que se definen en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), incluido el Banco Central Europeo (BCE), y a las autoridades de resolución según se definen en la Directiva 2014/59/UE, incluida la Junta Única de Resolución (JUR) que se establece en el Reglamento (UE) n.o 806/2014.

(90)

Debe consultarse al Comité de resolución de la AEVM en la preparación del marco conceptual para la evaluación de la resiliencia de las ECC frente a acontecimientos adversos de los mercados, cuando en esta evaluación se incluya el efecto acumulado de los mecanismos de recuperación y resolución de las ECC sobre la estabilidad financiera de la Unión. En tales casos, también debe consultarse al Comité de resolución de la AEVM cuando se evalúen los resultados de las pruebas de resistencia.

(91)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los derechos, libertades y principios reconocidos en la Carta.

(92)

Al adoptar decisiones o medidas en virtud del presente Reglamento, las autoridades competentes y las autoridades de resolución han de tener siempre debidamente en cuenta la incidencia de sus decisiones y medidas en la estabilidad financiera y en la situación económica de los demás Estados miembros en los que las operaciones de la ECC sean esenciales o importantes para los mercados financieros locales, en particular aquellos en los que estén radicados los miembros compensadores y, cuando se disponga de información al respecto, los clientes de estos, y estén establecidas las plataformas de negociación y las infraestructuras de los mercados financieros vinculadas, incluidas las ECC interoperables, y deben tomar en consideración la importancia que reviste cualquier miembro compensador o, en la medida en que se disponga de información al respecto, cualquier cliente del miembro compensador, para el sector financiero y para la economía del Estado miembro en el que dicho miembro compensador o cliente esté establecido.

(93)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la armonización de las normas y los procesos para la recuperación y la resolución de ECC, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a los efectos de la inviabilidad de cualquier ECC en el conjunto de la Unión, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(94)

La aplicación del presente Reglamento debe aplazarse hasta el 12 de agosto de 2022 para que puedan establecerse todas las medidas de ejecución esenciales y para que las ECC y demás participantes en el mercado puedan tomar las disposiciones necesarias a efectos de cumplimiento. Sin embargo, la obligación de la ECC de utilizar recursos propios específicos en la recuperación y las disposiciones relativas a la indemnización de los miembros compensadores en el caso excepcional de que apliquen recortes de los beneficios de los márgenes de variación, se basan en las normas técnicas de regulación adecuadas que deberán establecerse. Procede, por tanto, prorrogar el plazo de la fecha de aplicación de dicha disposición hasta el 12 de febrero de 2023. Además, deben aplicarse, en una fecha anterior, algunas disposiciones aplicables a los planes de recuperación de las ECC y a la adopción y revisión de los planes de recuperación, incluida la obligación de presentar un plan de recuperación, ya que todas las ECC ya disponen de planes de recuperación, tal como exigen los principios aplicables a las infraestructuras del mercado financiero, publicados por el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado y la OICV. Las ECC que ya hayan sido autorizadas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 deben tomar las medidas oportunas para garantizar que pueden presentar sus planes de recuperación a sus autoridades competentes, a más tardar el 12 de febrero de 2022. Dichas disposiciones relativas a los planes de recuperación deben aplicarse a partir del 12 de febrero de 2022. Si no se hubiera consultado a la autoridad de resolución acerca del plan de recuperación de la ECC, la autoridad competente de la ECC debe, una vez sean de aplicación las demás disposiciones del presente Reglamento, consultar sin demora a la autoridad de resolución acerca del plan de recuperación de la ECC. A fin de garantizar la seguridad jurídica de las contrapartes, las modificaciones del Reglamento (UE) n.o 648/2012 encaminadas a garantizar la correcta aplicación de la reforma de los índices de referencia de tipos de interés del CEF deben ser de aplicación a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(95)

A fin de garantizar que el aumento de los riesgos operativos derivados de la aplicación del régimen de acceso abierto aplicable a los derivados negociables en un mercado no ponga en peligro el funcionamiento ordenado de los mercados y la estabilidad financiera, y con el fin de evitar cualquier discontinuidad, es preciso aplicar, con efectos retroactivos, la prórroga de dichos períodos de transición del 4 de julio de 2020 al 3 de julio de 2021.

(96)

El presente Reglamento debe garantizar que las ECC dispongan de una capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización suficiente para que la absorción de pérdidas y la recapitalización se produzcan de forma rápida y armoniosa, con mínimas repercusiones en la estabilidad financiera y procurando evitar que se vea afectado el erario público. En consonancia con los principios acordados a escala internacional para la eficacia de los regímenes de resolución de entidades financieras, elaborados por el CEF, el presente Reglamento debe asegurar que los tenedores de capital en una ECC absorban las pérdidas en primer lugar en el marco de la resolución de un modo que minimice el riesgo de que impugnen judicialmente la medida alegando que sus pérdidas en la resolución son superiores a las pérdidas que habrían sufrido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, de conformidad con el principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores. El 15 de noviembre de 2018, el CEF publicó un documento de consulta titulado «Financial resources to support CCP resolution and the treatment of CCP equity in resolution» (Recursos financieros para apoyar la resolución de ECC y el tratamiento de los recursos propios de las ECC objeto de resolución).

A partir de la información recibida a raíz de dicho documento y de evaluaciones posteriores, el CEF se ha fijado como objetivo emitir a finales de 2020 orientaciones sobre el modo en que deben emplearse los fondos propios en caso de resolución de una ECC a fin de que se reduzca al mínimo el riesgo de impugnación judicial por parte de los tenedores de capital como resultado de la aplicación del principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores. Tras la publicación de estas orientaciones, la Comisión, teniendo en cuenta esas normas acordadas a escala internacional, debe revisar la aplicación de las normas establecidas en el presente Reglamento en relación con la amortización de los instrumentos de capital en la resolución. Además de esta revisión específica, la Comisión debe revisar la aplicación del presente Reglamento cinco años a partir de su fecha de entrada en vigor, teniendo en cuenta, entre otros elementos, cualquier posible evolución de la normativa internacional. Dicha revisión general debe abarcar al menos determinados asuntos fundamentales relacionados con la recuperación y la resolución de las ECC, tales como los recursos financieros de que deben disponer las autoridades de resolución para cubrir pérdidas no debidas a incumplimientos y los recursos propios de las ECC que deben emplearse en la recuperación y la resolución.

1)

«ECC»: una ECC según se define en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

2)

«colegio de autoridades de resolución»: un colegio establecido de conformidad con el artículo 4;

3)

«autoridad de resolución»: una autoridad designada por un Estado miembro de conformidad con el artículo 3;

4)

«instrumento de resolución»: un instrumento de resolución tal como se especifica en el artículo 27, apartado 1;

5)

«competencia de resolución»: cualquier competencia establecida en los artículos 48 a 58;

6)

«objetivos de resolución»: los objetivos de resolución establecidos en el artículo 21;

7)

«autoridad competente»: una autoridad designada por un Estado miembro de conformidad con el artículo 22 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

8)

«caso de incumplimiento»: una situación en la que la ECC ha declarado el incumplimiento por parte de:

a) uno o varios miembros compensadores de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 48 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, o

b) una o varias ECC interoperables de conformidad con los acuerdos contractuales pertinentes o con el procedimiento establecido en el artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

9)

«caso de no incumplimiento»: una situación en que una ECC sufre pérdidas por cualquier motivo que no sea un caso de incumplimiento, como, por ejemplo, por causa de inviabilidad o fraude comerciales, jurídicos, operativos o en materia de depósitos o inversiones, incluidas las inviabilidades provocadas por ciberataques;

10)

«plan de resolución»: un plan de resolución para una ECC elaborado de conformidad con el artículo 12;

11)

«medida de resolución»: una decisión de proceder a la resolución de una ECC de conformidad con el artículo 22, la aplicación de un instrumento de resolución o el ejercicio de una o varias competencias de resolución;

12)

«miembro compensador»: un miembro compensador según se define en el artículo 2, punto 14, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

13)

«empresa matriz»: una empresa matriz según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 15, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

14)

«ECC de un tercer país»: una ECC cuya sede social está establecida en un tercer país;

15)

«acuerdo de compensación recíproca»: un acuerdo en virtud del cual dos o más derechos u obligaciones adeudados entre una ECC objeto de resolución y una contraparte pueden compensarse mutuamente;

16)

«infraestructura de los mercados financieros» o «IMF»: una ECC, un depositario central de valores, un registro de operaciones, un sistema de pago u otro sistema definido y designado por un Estado miembro en virtud del artículo 2, letra a), de la Directiva 98/26/CE;

17)

«plataforma de negociación»: una plataforma de negociación según se define en el artículo 2, punto 4, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

18)

«cliente»: un cliente según se define en el artículo 2, punto 15, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

19)

«OEIS»: otras entidades de importancia sistémica a las que se refiere el artículo 131, apartado 3, de la Directiva 2013/36/UE;

20)

«cliente indirecto»: una empresa que ha establecido acuerdos de compensación indirectos con un miembro compensador en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

21)

«ECC interoperable»: una ECC con la que se ha suscrito un acuerdo de interoperabilidad;

22)

«plan de recuperación»: un plan de recuperación elaborado y mantenido por una ECC de conformidad con el artículo 9;

23)

«consejo»: el consejo de administración o de supervisión, o ambos, establecidos con arreglo al Derecho de sociedades nacional y de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

24)

«colegio de supervisores»: el colegio a que se refiere el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

25)

«capital»: el capital según se define en el artículo 2, punto 25, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

26)

«prelación de las garantías en caso de incumplimiento»: la prelación de las garantías en caso de incumplimiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

27)

«funciones esenciales»: las actividades, los servicios o las operaciones realizados para terceros externos a la ECC cuyo cese podría dar lugar a una perturbación de servicios indispensables para la economía real o de la estabilidad financiera en uno o varios Estados miembros debido al tamaño, la cuota de mercado, las conexiones internas o externas, la complejidad o las actividades transfronterizas de una ECC, atendiendo especialmente a la sustituibilidad de dichas actividades, servicios u operaciones;

28)

«grupo»: un grupo según se define en el artículo 2, punto 16, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

29)

«IMF vinculada»: una IMF con la que la ECC ha celebrado acuerdos contractuales, por ejemplo, acuerdos de interoperabilidad;

30)

«ayuda financiera pública extraordinaria»: las ayudas otorgadas por los Estados en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), o cualquier otra ayuda financiera pública a escala supranacional que, de ser otorgada a nivel nacional, constituiría ayuda estatal, y que se proporcione con el fin de preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de una ECC;

31)

«contratos financieros»: los contratos y acuerdos definidos en el artículo 2, apartado 1, punto 100, de la Directiva 2014/59/UE;

32)

«procedimiento de insolvencia ordinario»: un procedimiento de insolvencia colectivo que conlleva el desapoderamiento total o parcial de un deudor y el nombramiento de un liquidador o un administrador; que es normalmente aplicable a las ECC en virtud del Derecho nacional, y que puede aplicarse ya sea específicamente a tales entidades o en general a cualquier persona física o jurídica;

33)

«instrumentos de propiedad»: acciones, otros instrumentos que confieren derechos de propiedad, instrumentos que son convertibles en acciones o en otros instrumentos de propiedad o que dan derecho a adquirir acciones u otros instrumentos de propiedad, e instrumentos que representan intereses en acciones u otros instrumentos de propiedad;

34)

«autoridad macroprudencial nacional designada»: la autoridad a la que se ha encomendado la dirección de la política macroprudencial, con arreglo a la Recomendación B1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), de 22 de diciembre de 2011, sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales (JERS/2011/3);

35)

«fondo de garantía frente a incumplimientos»: un fondo de garantía frente a incumplimientos mantenido por una ECC de conformidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

36)

«recursos prefinanciados»: los recursos en posesión de la persona jurídica de que se trate y de los que esta puede disponer libremente;

37)

«alta dirección»: la persona o personas que efectivamente dirigen las actividades de la ECC y el miembro o miembros ejecutivos del consejo;

38)

«registro de operaciones»: un registro de operaciones según se define en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 o en el artículo 3, punto 1, del Reglamento (UE) 2015/2365 2365 del Parlamento Europeo y del Consejo (19);

39)

«marco de ayudas de Estado de la Unión»: el marco establecido por los artículos 107, 108 y 109 del TFUE y los reglamentos y todos los actos de la Unión, con inclusión de las orientaciones, comunicaciones y anuncios, elaborados o adoptados conforme al artículo 108, apartado 4, o al artículo 109 del TFUE;

40)

«instrumentos de deuda»: las obligaciones y bonos y otras formas de deuda transferible no garantizada, los instrumentos que crean o reconocen una deuda y los instrumentos que dan derecho a adquirir instrumentos de deuda;

41)

«margen inicial»: el margen percibido por la ECC para cubrir una exposición futura potencial frente a los miembros compensadores que aportan ese margen y, en su caso, frente a ECC interoperables, en el intervalo que va desde la última percepción del margen y la liquidación de las posiciones a raíz del incumplimiento de un miembro compensador o de una ECC interoperable;

42)

«margen de variación»: los márgenes percibidos o abonados para reflejar las exposiciones corrientes resultantes de variaciones reales en el precio de mercado;

43)

«requerimientos de fondos de efectivo a efectos de resolución»: una solicitud de recursos dinerarios a los miembros compensadores para la ECC, adicionales a los recursos prefinanciados, basada en las competencias estatutarias otorgadas a una autoridad de resolución de conformidad con el artículo 31;

44)

«requerimiento de fondos de efectivo a efectos de recuperación»: un requerimiento de recursos dinerarios a los miembros compensadores a favor de la ECC, adicionales a los recursos prefinanciados, distinta de un requerimiento de fondos de efectivo a efectos de resolución y basada en los acuerdos contractuales establecidos en las normas de funcionamiento de la ECC;

45)

«competencias de transmisión»: las competencias especificadas en el artículo 48, apartado 1, letras c) y d), para transmitir acciones, otros instrumentos de propiedad, instrumentos de deuda, activos, derechos, obligaciones o pasivos, o cualquier combinación de estos, de una ECC objeto de resolución a un adquirente;

46)

«derivado»: un derivado según se define en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

47)

«acuerdo de compensación por netting»: un acuerdo en virtud del cual una serie de derechos u obligaciones pueden convertirse en una deuda única neta; quedan incluidos aquí los acuerdos de liquidación por compensación anticipada, en los cuales, si se produce un caso de ejecución (independientemente de cómo o dónde se defina), se adelanta el vencimiento de las obligaciones de las partes de modo que sean inmediatamente ejecutables o se extingan, convirtiéndose o quedando sustituidas las obligaciones en ambos casos por una única deuda neta, incluidas las «cláusulas de liquidación por compensación exigible anticipadamente» definidas en el artículo 2, apartado 1, letra n), inciso i), de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (20) y la «compensación» tal como se define en el artículo 2, letra k), de la Directiva 98/26/CE;

48)

«medida de prevención de crisis»: el ejercicio de competencias para exigir a una ECC que adopte medidas a fin de corregir las deficiencias de su plan de recuperación en virtud del artículo 10, apartados 8 y 9, el ejercicio de competencias para reducir o eliminar los obstáculos a la resolubilidad de conformidad con el artículo 16, o la aplicación de una medida de actuación temprana de conformidad con el artículo 18;

49)

«derecho de rescisión»: derecho a resolver o rescindir un contrato, derecho a adelantar el vencimiento de obligaciones o a liquidarlas por compensación anticipada, por compensación recíproca o por netting, o derecho a acogerse a cualquier otra disposición similar que suspenda, modifique o extinga una obligación de una parte en el contrato, o a una disposición que impida que se materialice una obligación derivada del contrato que, de otro modo, se habría materializado;

50)

«acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad»: un acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad según se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2002/47/CE;

51)

«bono garantizado»: un bono garantizado según se define en el artículo 3, punto 1, de la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del Consejo (21);

52)

«procedimiento de resolución de un tercer país»: una acción conforme a la normativa de un tercer país que está encaminada a gestionar la inviabilidad de una ECC de un tercer país y que es comparable, en cuanto a sus objetivos y resultados previstos, a las medidas de resolución en virtud del presente Reglamento;

53)

«autoridades nacionales pertinentes»: las autoridades de resolución, las autoridades competentes o los ministerios competentes designados de conformidad con el presente Reglamento o con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2014/59/UE u otras autoridades de los Estados miembros con competencias en relación con los activos, derechos, obligaciones o pasivos de las ECC de terceros países que presten servicios de compensación en su territorio;

54)

«autoridad pertinente de un tercer país»: la autoridad de un tercer país responsable de desempeñar funciones comparables a las de las autoridades de resolución o las autoridades competentes de conformidad con el presente Reglamento.

a)

intercambiar información pertinente para la elaboración de planes de resolución, en particular para tener en cuenta el impacto sistémico de la ejecución del plan de resolución, para la aplicación de medidas de preparación y prevención y para la resolución;

b)

elaborar planes de resolución con arreglo al artículo 12;

c)

evaluar la resolubilidad de las ECC con arreglo al artículo 15;

d)

determinar, abordar y eliminar los obstáculos a la resolubilidad de las ECC con arreglo al artículo 16, y

e)

coordinar la comunicación pública sobre los planes y estrategias de resolución.

a)

la autoridad de resolución de la ECC;

b)

la autoridad competente de la ECC;

c)

las autoridades competentes y las autoridades de resolución de los miembros compensadores a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 648/2012, con inclusión, cuando proceda, del Banco Central Europeo (BCE en el marco de las tareas que se le han conferido en relación con la supervisión prudencial de las entidades de crédito dentro del Mecanismo Único de Supervisión de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (22) y de la Junta Única de Resolución (JUR) en su cometido de autoridad de resolución de las entidades de crédito dentro del Mecanismo Único de Resolución que se le ha conferido en virtud del Reglamento (UE) n.o 806/2014;

d)

las autoridades competentes y las autoridades de resolución de los miembros compensadores distintas de las mencionadas en la letra c). Dichas autoridades competentes y autoridades de resolución informarán a la autoridad de resolución de la ECC y justificarán su participación en el colegio sobre la base de su evaluación del impacto que podría tener la resolución de la ECC en la estabilidad financiera de sus respectivos Estados miembros;

e)

las autoridades competentes o las autoridades de resolución de los clientes de los miembros compensadores, siempre que el colegio no tenga ya un miembro del propio Estado miembro de conformidad con las letras c), d), f), g) o h) del presente apartado. Dichas autoridades informarán a la autoridad de resolución de la ECC y justificarán su participación en el colegio sobre la base de su evaluación del impacto que podría tener la resolución de la ECC en la estabilidad financiera de sus respectivos Estados miembros;

f)

las autoridades competentes a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

g)

las autoridades competentes y las autoridades de resolución de las ECC a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

h)

las autoridades competentes a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

i)

los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

j)

los bancos centrales de emisión a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

k)

los bancos centrales de emisión de monedas de la Unión en que estén denominados los instrumentos financieros compensados por la ECC, distintos de los mencionados en la letra j). Dichos bancos centrales de emisión informarán a la autoridad de resolución de la ECC y justificarán su participación en el colegio sobre la base de su evaluación del impacto que podría tener la resolución de la ECC en sus respectivas monedas de emisión;

l)

la autoridad competente de la empresa matriz, cuando proceda;

m)

el ministerio competente, cuando la autoridad de resolución a que se refiere la letra a) no sea el ministerio competente;

n)

la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), y

o)

la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE) establecida mediante el Reglamento (UE) n.o 1093/2010.

a)

la ejecución efectiva y coordinada de las medidas de resolución, en particular de conformidad con los artículos 53 y 77;

b)

la identificación y la eliminación de los posibles obstáculos a una medida de resolución efectiva que pudieran derivar de divergencias entre las leyes en materia de acuerdos de garantía financiera, de compensación por netting y de compensación recíproca y las diferentes competencias o estrategias de recuperación y resolución;

c)

la determinación y la coordinación de la posible necesidad de establecer nuevos requisitos de licencia, autorización o reconocimiento, teniendo en cuenta la necesidad de que las acciones de resolución se lleven a cabo de forma oportuna;

d)

la posible suspensión de las obligaciones de compensación para las categorías de activos pertinentes afectadas por la resolución de la ECC de conformidad con el artículo 6 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012 o con cualquier disposición equivalente del Derecho nacional del tercer país de que se trate;

e)

la posible influencia de los diferentes husos horarios en las horas de cierre de los mercados aplicables en lo que respecta al fin de la negociación.

a)

establecer normas y procedimientos escritos para el buen funcionamiento del colegio de autoridades de resolución después de consultar a los demás miembros del mismo;

b)

coordinar todas las actividades del colegio de autoridades de resolución;

c)

convocar y presidir todas las reuniones del colegio de autoridades de resolución;

d)

mantener a todos los miembros del colegio de autoridades de resolución plenamente informados, por anticipado, de la organización de las reuniones, de las principales cuestiones que se vayan a tratar y de los elementos que hayan de tenerse en cuenta para dichos debates;

e)

decidir si se invita, de conformidad con el apartado 4, a las autoridades de terceros países a asistir a reuniones concretas del colegio de autoridades de resolución y, en caso afirmativo, a cuáles de ellas;

f)

facilitar, promover y coordinar el intercambio oportuno de toda la información pertinente entre los miembros del colegio de autoridades de resolución;

g)

mantener a todos los miembros del colegio de autoridades de resolución puntualmente informados de las decisiones y conclusiones de dichas reuniones.

a)

la eficacia y la proporcionalidad de cualquier decisión o medida en relación con una ECC concreta, teniendo en cuenta al menos los siguientes factores:

i) la forma jurídica, la propiedad y la estructura organizativa de la ECC, en particular, cuando proceda, cualquier interdependencia dentro del grupo al que pertenece la ECC,

ii) la naturaleza, el volumen y la complejidad de la actividad de la ECC, en particular el volumen, la estructura y la liquidez en condiciones de tensión de los mercados en los que presta servicios,

iii) la estructura, naturaleza y diversidad de los miembros compensadores de la ECC así como, en la medida en que se disponga de información al respecto, de la red de clientes y clientes indirectos de sus miembros compensadores,

iv) la sustituibilidad de las funciones esenciales de la ECC en los mercados en los que presta servicios,

v) la interconexión de la ECC con otras IMF, plataformas de negociación, entidades financieras y el sistema financiero en general,

vi) si la ECC compensa los contratos de derivados extrabursátiles pertenecientes a una categoría de tales derivados que haya sido declarada sujeta a la obligación de compensación de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, y

vii) las consecuencias reales o potenciales de las infracciones a que se refieren el artículo 18, apartado 1, y el artículo 22, apartado 2;

b)

los imperativos de la eficacia, la oportunidad y la debida urgencia de la toma de decisiones, cuando sea necesario, y del mantenimiento de los costes en el nivel más bajo posible cuando se tomen decisiones y medidas, garantizando al mismo tiempo que se mitiguen en la mayor medida posible las perturbaciones del mercado;

c)

se evite en la mayor medida posible la utilización de ayuda financiera pública extraordinaria y que dicha ayuda solo esté disponible y se utilice como último recurso y de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 45, y que no se genere una expectativa de ayuda financiera pública;

d)

las autoridades de resolución, las autoridades competentes y demás autoridades cooperen entre sí a fin de garantizar que las decisiones y las medidas se tomen de manera coordinada y eficiente;

e)

las funciones y responsabilidades de las autoridades pertinentes estén claramente definidas en cada Estado miembro;

f)

los intereses de los Estados miembros en los que preste servicios la ECC y en los que estén establecidos sus miembros compensadores y, en la medida en que se disponga de información al respecto, sus clientes y sus clientes indirectos, también en los casos en que los Estados miembros hayan designado a dichos clientes y clientes indirectos como OEIS, así como toda IMF vinculada, incluidas las ECC interoperables, y, en particular, que se tengan debidamente en cuenta los efectos de toda decisión, acción u omisión en la estabilidad financiera o los recursos presupuestarios de esos Estados miembros y de la Unión en su conjunto;

g)

las autoridades de resolución y los colegios de autoridades de resolución no puedan exigir a los Estados miembros que concedan una ayuda financiera pública extraordinaria ni vulnerar la soberanía ni las potestades presupuestarias de los Estados miembros;

h)

se tenga en cuenta la necesidad de lograr un equilibrio entre los intereses de los miembros compensadores afectados y, en la medida en que se disponga de información al respecto, de sus clientes y clientes indirectos, acreedores y otras partes interesadas de la ECC en los Estados miembros implicados evitando causar perjuicios injustos o proteger indebidamente los intereses de agentes particulares y evitando un reparto injusto de las cargas dentro de los Estados miembros y entre ellos;

i)

toda obligación, en virtud del presente Reglamento, de consultar a una autoridad antes de tomar una decisión o medida implique como mínimo la obligación de consultar sobre aquellos elementos de la decisión o medida propuesta que tengan o puedan tener un efecto sobre los miembros compensadores, los clientes, las IMF vinculadas o las plataformas de negociación o una repercusión en la estabilidad financiera del Estado miembro en que estén establecidos o situados los miembros compensadores, los clientes, las IMF vinculadas o las plataformas de negociación;

j)

cuando una autoridad plantee una cuestión relativa a la estabilidad financiera de su Estado miembro, la autoridad de resolución y el colegio de autoridades de resolución de la ECC la estudien a fondo y, si no tienen en cuenta las preocupaciones expresadas, expongan por escrito los motivos por los que no lo han hecho;

k)

se cumplan los planes de resolución a que se refiere el artículo 12 a no ser que, por las circunstancias del caso, sea necesario apartarse de dichos planes para alcanzar de manera más eficaz los objetivos de resolución;

l)

se garantice la transparencia para con las autoridades pertinentes siempre que sea posible, y en cualquier caso cuando una decisión o medida propuesta pueda tener implicaciones en la estabilidad financiera o los recursos presupuestarios de cualquier Estado miembro pertinente;

m)

las autoridades se coordinen entre sí y cooperen lo más estrechamente posible, también con el objetivo de reducir el coste general de la resolución, y

n)

se minimicen en la medida de lo posible los efectos económicos y sociales negativos, incluidas las repercusiones negativas en la estabilidad financiera, de cualquier decisión en todos los Estados miembros en los que la ECC preste servicios y en los que estén establecidos sus miembros compensadores y, en la medida en que se disponga de información al respecto, sus clientes y sus clientes indirectos, también en los casos en que los Estados miembros hayan designado a dichos clientes y clientes indirectos como OEIS, así como toda IMF vinculada, incluidas las ECC interoperables;

a)

un resumen de los elementos fundamentales del plan haciendo la distinción entre casos de incumplimiento, casos de no incumplimiento y una combinación de ambos;

b)

un resumen de los cambios importantes acaecidos en la ECC desde la última actualización del plan de resolución;

c)

una descripción del modo de separar jurídica y económicamente las funciones esenciales de la ECC de sus restantes funciones, en la medida en que sea necesario para garantizar la continuidad de sus funciones esenciales en el proceso de resolución de la ECC;

d)

una estimación del plazo para implementar cada aspecto importante del plan, incluida la reposición de los recursos financieros de la ECC;

e)

una descripción detallada de la evaluación de la resolubilidad realizada con arreglo al artículo 15;

f)

una descripción de las medidas necesarias, de conformidad con el artículo 16, para reducir o eliminar los obstáculos a la resolubilidad que se hayan detectado en la evaluación realizada con arreglo al artículo 15;

g)

una descripción de los procesos para determinar el valor y la posibilidad de comercialización de las funciones esenciales y los activos de la ECC;

h)

una descripción detallada de las disposiciones establecidas para garantizar que la información requerida con arreglo al artículo 13 esté actualizada y a disposición de las autoridades de resolución en cualquier momento;

i)

una explicación de la forma en que se podrían financiar las medidas de resolución sin presuponer los elementos mencionados en el apartado 4;

j)

una descripción detallada de las diferentes estrategias de resolución que podrían aplicarse en función de los diferentes calendarios posibles y de sus correspondientes plazos;

k)

una descripción de las interdependencias esenciales entre la ECC y otros participantes en el mercado y entre la ECC y los proveedores de servicios esenciales, y de los acuerdos de interoperabilidad y los vínculos con otras IMF, así como formas de abordar todas estas interdependencias;

l)

una descripción de las interdependencias esenciales dentro del grupo, así como las formas de abordarlas;

m)

una descripción de las distintas opciones disponibles para garantizar:

i) el acceso a los sistemas de pago y compensación y a otras infraestructuras,

ii) la liquidación oportuna de las obligaciones para con los miembros compensadores y, si ha lugar, los clientes de estos y las IMF vinculadas,

iii) el acceso en condiciones transparentes y no discriminatorias de los miembros compensadores y, si ha lugar, de sus clientes, a las cuentas de valores o efectivo facilitadas por la ECC y a las garantías en forma de efectivo o valores depositadas en la ECC y mantenidas por esta, adeudadas a dichos participantes,

iv) la continuidad del funcionamiento de los vínculos entre la ECC y otras IMF y entre la ECC y las plataformas de negociación,

v) la preservación de la portabilidad de las posiciones y los activos conexos de los clientes directos e indirectos, y

vi) el mantenimiento de las licencias, las autorizaciones, los reconocimientos y las designaciones legales de una ECC, cuando sea necesario para la continuidad del ejercicio de las funciones esenciales de la ECC, incluido su reconocimiento a efectos de la aplicación de las correspondientes normas sobre la firmeza de la liquidación y la participación en otras IMF o los vínculos con ellas o con plataformas de negociación;

n)

una descripción del modo en que la autoridad de resolución obtendrá la información necesaria para efectuar la valoración a que se refiere el artículo 24;

o)

un análisis de las repercusiones del plan en los empleados de la ECC, con una evaluación de los costes asociados y una descripción de los procedimientos de consulta al personal previstos durante el proceso de resolución, teniendo en cuenta las normas y los procedimientos nacionales para el diálogo con los interlocutores sociales;

p)

un plan de comunicación con los medios de comunicación y con el público para ofrecer la mayor transparencia posible;

q)

una descripción de las operaciones y sistemas esenciales para mantener el funcionamiento continuado de los procesos operativos de la ECC;

r)

una descripción de las disposiciones para la notificación al colegio de autoridades de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, apartado 1;

s)

una descripción de las medidas destinadas a facilitar la portabilidad de las posiciones y activos conexos de los miembros compensadores de la ECC inviable y sus clientes, de esta ECC a otra o a una ECC puente, sin afectar a las relaciones contractuales entre los miembros compensadores y sus clientes.

a)

exigir a la ECC que revise sus acuerdos de servicios (ya sea entre entidades dentro del grupo o con terceros), o elabore otros nuevos, para garantizar la prestación de las funciones esenciales;

b)

exigir a la ECC que limite el importe máximo, individual y agregado, de sus exposiciones no cubiertas;

c)

exigir a la ECC que realice cambios en su modo de cobrar y mantener márgenes en virtud del artículo 41 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

d)

exigir a la ECC que realice cambios en la composición y en el número de los fondos de garantía frente a incumplimientos que mantiene con arreglo al artículo 42 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

e)

imponer a la ECC obligaciones adicionales de información, concretas o periódicas;

f)

exigir a la ECC que se deshaga de determinados activos;

g)

exigir a la ECC que limite o que cese determinadas actividades existentes o propuestas;

h)

exigir a la ECC que realice cambios en su plan de recuperación, normas de funcionamiento y otros acuerdos contractuales;

i)

restringir o evitar el desarrollo de ramas de actividad nuevas o ya existentes o la prestación de servicios nuevos o existentes;

j)

exigir cambios en las estructuras jurídicas u operativas de la ECC o de cualquier entidad del grupo que esté directa o indirectamente bajo su control, a fin de garantizar que las funciones esenciales puedan separarse jurídica y operativamente de otras funciones mediante la aplicación de los instrumentos de resolución;

k)

exigir a la ECC que separe sus distintos servicios de compensación desde el punto de vista operativo y financiero, a fin de aislar determinadas categorías de activos de otras y, cuando se considere oportuno, que restrinja los conjuntos de operaciones compensables que abarquen distintas categorías de activos;

l)

exigir a la ECC que constituya una empresa matriz en la Unión;

m)

exigir a la ECC que emita pasivos que puedan amortizarse y convertirse, o que aparte otros recursos financieros a fin de incrementar la capacidad de absorción de pérdidas, recapitalización y reconstitución de recursos prefinanciados;

n)

exigir a la ECC la adopción de otras medidas que permitan la absorción de pérdidas con cargo al capital, los demás pasivos y los contratos, la recapitalización de la ECC o la reconstitución de recursos prefinanciados. Las medidas consideradas podrán incluir, en particular, intentar renegociar los pasivos que la ECC haya emitido o revisar las condiciones contractuales, con el fin de garantizar que las decisiones que pueda adoptar la autoridad de resolución para amortizar, convertir o reestructurar dichos pasivos, instrumentos o contratos se apliquen con arreglo a la legislación por la que se rija el pasivo o instrumento en cuestión;

o)

cuando la ECC sea una filial, coordinarse con las autoridades pertinentes a fin de exigir a la empresa matriz que constituya una sociedad de cartera separada para controlar la ECC, si dicha medida fuera necesaria para facilitar la resolución de la ECC y evitar los efectos adversos que la aplicación de los instrumentos de resolución y el ejercicio de las competencias de resolución podrían tener sobre otras entidades del grupo;

p)

restringir o prohibir los vínculos de interoperabilidad de la ECC cuando dicha restricción o prohibición sea necesaria al objeto de evitar efectos negativos en la consecución de los objetivos de la resolución.

a)

exigir a la ECC que actualice el plan de recuperación de conformidad con el artículo 9, apartado 6, del presente Reglamento, si las circunstancias que han hecho necesaria la actuación temprana son distintas de los supuestos contemplados en el plan de recuperación original;

b)

exigir a la ECC que aplique uno o varios de los mecanismos o medidas establecidos en el plan de recuperación en un plazo determinado. De haberse actualizado el plan con arreglo a la letra a), estos mecanismos o medidas incluirán las actualizaciones correspondientes;

c)

exigir a la ECC que determine las causas de la infracción o infracción probable mencionadas en el apartado 1 y elabore un programa de actuación que contemple medidas y plazos adecuados;

d)

exigir a la ECC que convoque una junta de accionistas, o convocarla directamente si la ECC no acata esta exigencia. En ambos casos, la autoridad competente fijará el orden del día, que incluirá las decisiones que deban someterse a los accionistas para su adopción;

e)

exigir a la ECC que destituya o sustituya a uno o varios miembros del consejo o de la alta dirección, si se determina que dichas personas no son aptas para cumplir sus obligaciones de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

f)

exigir cambios en la estrategia empresarial de la ECC;

g)

exigir cambios en las estructuras jurídicas u operativas de la ECC;

h)

facilitar a la autoridad de resolución toda la información necesaria para actualizar el plan de resolución de la ECC a fin de preparar la posible resolución de la entidad y la valoración de sus activos y pasivos, de conformidad con el artículo 24 del presente Reglamento, incluida la información obtenida mediante inspecciones in situ;

i)

exigir, cuando sea necesario y de conformidad con el apartado 4, la aplicación de las medidas de recuperación de la ECC;

j)

exigir a la ECC que se abstenga de aplicar determinadas medidas de recuperación si la autoridad competente ha determinado que la aplicación de dichas medidas puede tener efectos perjudiciales en la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros;

k)

exigir a la ECC que reconstituya sus recursos financieros de manera oportuna a fin de cumplir o seguir cumpliendo los requisitos prudenciales y de capital.

l)

exigir a la ECC que instruya a los miembros compensadores para que pidan a sus clientes que participen directamente en las subastas organizadas por la ECC, cuando la naturaleza de la subasta lo justifique de forma excepcional. Los miembros compensadores informarán a sus clientes de manera exhaustiva sobre la subasta siguiendo las instrucciones recibidas de la ECC. En particular, la ECC especificará el plazo después del cual no será posible participar en la subasta. Los clientes deberán informar directamente a la ECC antes de ese plazo de su voluntad de participar en la subasta. A continuación, la ECC facilitará el procedimiento de licitación para dichos clientes. Un cliente solo podrá ser autorizado a participar en la subasta si puede demostrar a la ECC que ha establecido la relación contractual apropiada con un miembro compensador para ejecutar y liquidar las transacciones que pueden resultar de la subasta;

m)

restringir o prohibir, en la mayor medida posible sin desencadenar un caso de incumplimiento, toda remuneración del capital y de los instrumentos considerados como capital, incluidos el pago de dividendos y la recompra de acciones por parte de la ECC, y podrá restringir, prohibir o suspender todo pago de remuneración variable según se defina en la política de remuneración de la ECC con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, de pensiones discrecionales o de indemnizaciones por despido a la alta dirección, tal como se define en el artículo 2, apartado 29, del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

a)

que la ECC haya infringido, o resulte probable que infrinja, los requisitos de autorización de un modo que pueda justificar la retirada de la autorización conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

b)

que la ECC sea o probablemente vaya a ser incapaz de desempeñar una función esencial;

c)

que la ECC sea o probablemente vaya a ser incapaz de restablecer su viabilidad mediante la aplicación de sus medidas de recuperación;

d)

que la ECC sea o probablemente vaya a ser incapaz de hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a su vencimiento;

e)

que la ECC necesite ayuda financiera pública extraordinaria.

a)

que adopte la forma de una garantía estatal para respaldar facilidades de liquidez concedidas por un banco central en las condiciones por él establecidas, o de una garantía estatal para pasivos de nueva emisión;

b)

que las garantías estatales a que hace referencia la letra a) del presente apartado sean necesarias para remediar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro y preservar la estabilidad financiera, y

c)

que las garantías estatales contempladas en la letra a) del presente apartado se limiten a ECC solventes, estén supeditadas a autorización final con arreglo al marco de ayudas de Estado de la Unión, tengan un carácter cautelar y temporal, resulten proporcionadas para remediar las consecuencias de la perturbación grave a que se hace referencia en la letra b) del presente apartado y no se utilicen para compensar pérdidas que la ECC haya sufrido o vaya a sufrir probablemente en el futuro;

a)

que se dé cumplimiento a todas las obligaciones contractuales y a las demás disposiciones del plan de recuperación de la ECC, en la medida en que no se hayan agotado antes del inicio de la resolución, salvo que la autoridad de resolución determine que, para alcanzar los objetivos de resolución de forma oportuna, resulta más adecuada una de las dos o las dos opciones siguientes:

i) abstenerse de exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales previstas en el plan de recuperación de la ECC o apartarse de otro modo de él,

ii) aplicar instrumentos de resolución o ejercer las competencias de resolución.

b)

que los accionistas de la ECC objeto de resolución asuman las primeras pérdidas tras el cumplimiento de todas las obligaciones y disposiciones a que se refiere la letra a), y de conformidad con dicha letra;

c)

que los acreedores de la ECC objeto de resolución asuman pérdidas después de los accionistas de acuerdo con el orden de prelación de sus créditos en virtud de los procedimientos de insolvencia ordinarios, salvo que el presente Reglamento establezca expresamente otra cosa;

d)

que los acreedores de la ECC de la misma categoría sean tratados de una forma justa y equitativa;

e)

que los accionistas, miembros compensadores y otros acreedores de la ECC no sufran pérdidas superiores a las que habrían sufrido en cualquiera de las circunstancias a que se refiere el artículo 60;

f)

que sean sustituidos el consejo y la alta dirección de la ECC objeto de resolución, salvo en aquellos casos en que la autoridad de resolución considere necesario para el logro de los objetivos de resolución mantener a la totalidad o a una parte de dichos directivos;

g)

que las autoridades de resolución informen y consulten a los representantes de los empleados de conformidad con el Derecho, los convenios colectivos o la práctica nacionales;

h)

que los instrumentos de resolución se apliquen y las competencias de resolución se ejerzan sin perjuicio de las disposiciones relativas a la representación de los trabajadores en los órganos de dirección de conformidad con la legislación, los convenios colectivos o la práctica nacionales, y

i)

en caso de que la ECC forme parte de un grupo, que las autoridades de resolución tengan en cuenta las repercusiones en otras entidades del grupo, en particular si dicho grupo incluye otras IMF, y en el grupo en su conjunto.

a)

fundamentar la decisión sobre la medida de resolución adecuada que se ha de adoptar;

b)

garantizar que cualquier pérdida que afecte a los activos y derechos de la ECC sea tenida en cuenta en su totalidad en el momento en que se apliquen los instrumentos de resolución;

c)

fundamentar la decisión sobre el alcance de la cancelación o dilución de los instrumentos de propiedad, así como la decisión sobre el valor y el número de instrumentos de propiedad que hayan de emitirse o transmitirse como resultado del ejercicio de las competencias de resolución;

d)

fundamentar la decisión sobre el alcance de la amortización o conversión de los pasivos no garantizados, incluidos los instrumentos de deuda;

e)

cuando se apliquen los instrumentos de asignación de pérdidas y posiciones, fundamentar la decisión sobre el volumen de pérdidas que debe detraerse de los créditos de los acreedores afectados, las obligaciones pendientes o posiciones frente a la ECC, así como sobre el alcance y la necesidad de un requerimiento de fondos de efectivo a efectos de resolución;

f)

cuando se aplique el instrumento de constitución de una ECC puente, fundamentar la decisión sobre los activos, pasivos, derechos y obligaciones o instrumentos de propiedad que pueden transmitirse a la ECC puente y la decisión sobre el valor de la contraprestación que se puede abonar a la ECC objeto de resolución o, en su caso, a los titulares de los instrumentos de propiedad,

g)

cuando se aplique el instrumento de venta del negocio, fundamentar la decisión sobre los activos, pasivos, derechos y obligaciones o instrumentos de propiedad que pueden transmitirse al tercero comprador, y fundamentar la interpretación de la autoridad de resolución acerca de lo que constituyen «condiciones de mercado» a efectos de lo dispuesto en el artículo 40.

a)

el importe por el cual deben amortizarse los instrumentos de propiedad y los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados, teniendo en cuenta las pérdidas que deban ser absorbidas mediante la ejecución de todas las obligaciones pendientes de los miembros compensadores o de terceros respecto de la ECC, y

b)

el importe por el cual los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados deben convertirse en instrumentos de propiedad a fin de restablecer el cumplimiento de los requisitos de capital de la ECC o ECC puente.

a)

pasivos contraídos con empleados en relación con salarios, pensiones u otras remuneraciones fijas devengados, exceptuados los componentes variables de la remuneración que no estén regulados por un convenio colectivo;

b)

pasivos contraídos con acreedores comerciales, por el suministro a la ECC de bienes o servicios que son esenciales para el desarrollo cotidiano de sus actividades, incluidos los servicios informáticos, los servicios de utilidad pública y el alquiler, mantenimiento y limpieza de locales;

c)

pasivos contraídos con la administración tributaria o de la seguridad social, siempre que tales pasivos tengan carácter preferente de acuerdo con la normativa de insolvencia aplicable;

d)

pasivos adeudados a sistemas u operadores de sistemas designados con arreglo a la Directiva 98/26/CE, a participantes en la medida en que los pasivos se deriven de su participación en dichos sistemas, a otras ECC y a bancos centrales;

e)

márgenes iniciales.

a)

dicha reducción tendrá carácter permanente;

b)

el titular del instrumento no podrá reclamar derecho alguno en relación con dicha reducción, excepto en lo que respecta a pasivos ya devengados, a indemnizaciones por daños y perjuicios que puedan derivarse de la interposición de un recurso por el que se impugne la legalidad de dicha reducción, a los derechos derivados de instrumentos de propiedad emitidos o transmitidos con arreglo al apartado 6 del presente artículo, o a los derechos de pago de conformidad con el artículo 62, y

c)

cuando la reducción sea solo parcial, el acuerdo que haya dado lugar al pasivo inicial seguirá siendo de aplicación con respecto al importe residual, a reserva de las modificaciones necesarias de los términos de dicho acuerdo como consecuencia de la reducción.

a)

que los instrumentos de propiedad sean emitidos con anterioridad a cualquier emisión de instrumentos de propiedad por parte de la ECC a efectos de aportación de fondos propios por parte del Estado o una entidad pública, y

b)

que el coeficiente de conversión represente una compensación adecuada a los titulares de deuda afectados por cualquier pérdida sufrida como consecuencia del ejercicio de las competencias de amortización y conversión, acorde con el trato que habrían recibido en el contexto de un procedimiento de insolvencia ordinario.

a)

la modificación de todos los registros pertinentes;

b)

la retirada de la cotización oficial o del mercado de los instrumentos de propiedad o instrumentos de deuda pertinentes;

c)

la admisión a cotización oficial o la admisión en el mercado de los nuevos instrumentos de propiedad, y

d)

la readmisión a cotización de cualquier instrumento de deuda que se haya amortizado, sin la exigencia de que se emita un folleto con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo (24).

a)

un análisis detallado de los factores y circunstancias que hayan provocado la inviabilidad o la probabilidad de inviabilidad de la ECC;

b)

una descripción de las medidas que vayan a adoptarse para restablecer la viabilidad a largo plazo de la ECC, y

c)

un calendario para la ejecución de tales medidas.

a)

la reorganización y reestructuración de las actividades de la ECC;

b)

modificaciones de los sistemas operativos y la infraestructura de la ECC;

c)

la venta de activos o de ramas de actividad;

d)

modificaciones de la gestión de riesgos de la ECC.

a)

instrumentos de propiedad emitidos por una ECC objeto de resolución;

b)

activos, derechos, obligaciones o pasivos de la ECC objeto de resolución.

a)

de los titulares de los instrumentos de propiedad, en caso de que la venta del negocio se haya efectuado transmitiendo instrumentos de propiedad emitidos por la ECC objeto de resolución de los titulares de dichos instrumentos al comprador;

b)

de la ECC objeto de resolución, en caso de que la venta del negocio se haya efectuado transmitiendo al comprador una parte o la totalidad del activo o del pasivo de la ECC, y

c)

de los miembros compensadores no incumplidores que hayan sufrido pérdidas a raíz de la aplicación de los instrumentos de resolución, de forma proporcional a sus pérdidas en el contexto de la resolución.

a)

cuando se produzca un hecho al que se aplique la prelación de las garantías en caso de incumplimiento de la ECC según lo dispuesto en los artículos 43 y 45 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, en el orden inverso al orden en que se hayan impuesto las pérdidas conforme a dicha prelación de garantías, o

b)

cuando se produzca un hecho al que no se aplique la prelación de las garantías en caso de incumplimiento de la ECC según lo dispuesto en los artículos 43 y 45 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, en el orden inverso al orden en que se hayan asignado las pérdidas de conformidad con las normas aplicables de la ECC.

a)

la transmisión de instrumentos de propiedad tendrá eficacia jurídica inmediata a partir de la fecha de la transmisión;

b)

durante el período de evaluación y durante todo período de desinversión previsto en la letra f) del presente apartado, los derechos de voto del comprador asociados a dichos instrumentos de propiedad se suspenderán y se conferirán únicamente a la autoridad de resolución, que no tendrá la obligación de ejercerlos ni, salvo que la acción u omisión suponga una negligencia o infracción graves, responsabilidad alguna por ejercerlos o abstenerse de ejercerlos;

c)

durante el período de evaluación y durante todo período de desinversión previsto en la letra f) del presente apartado, las sanciones a que se refiere el artículo 22, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 y las medidas por infracción de los requisitos aplicables a la adquisición o enajenación de participaciones cualificadas a que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 no se aplicarán a tales transmisiones;

d)

la autoridad competente, una vez realizada la evaluación de conformidad con el artículo 32 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, notificará su resultado a la autoridad de resolución y al comprador, sin demora y por escrito;

e)

si la autoridad competente no se opone a la transmisión, los derechos de voto asociados a dichos instrumentos de propiedad se considerarán plenamente conferidos al comprador a partir de la notificación a que se refiere la letra d) del presente apartado;

f)

si la autoridad competente se opone a la transmisión de los instrumentos de propiedad, la letra b) seguirá siendo de aplicación y la autoridad de resolución, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, podrá establecer un período de desinversión durante el cual el comprador deberá deshacerse de dichos instrumentos de propiedad.

a)

se hará con la máxima transparencia y que no se representen de forma engañosa los activos, derechos, obligaciones, pasivos o instrumentos de propiedad de la ECC, habida cuenta de las circunstancias y, en particular, de la necesidad de mantener la estabilidad financiera;

b)

no favorecerá ni discriminará indebidamente a ninguno de los posibles compradores;

c)

evitará todo conflicto de intereses;

d)

tendrá en cuenta la necesidad de aplicar rápidamente la medida de resolución, y

e)

se propondrá maximizar, en la medida de lo posible, el precio de venta de los instrumentos de propiedad, activos, derechos, obligaciones o pasivos de que se trate.

a)

los instrumentos de propiedad emitidos por una ECC objeto de resolución;

b)

los activos, derechos, obligaciones o pasivos de la ECC objeto de resolución.

a)

estará controlada por la autoridad de resolución y pertenecerá total o parcialmente a una o varias autoridades públicas, entre las que se puede encontrar la autoridad de resolución, y

b)

se constituirá o se utilizará con el propósito de recibir y mantener la totalidad o parte de los instrumentos de propiedad emitidos por la ECC objeto de resolución o la totalidad o parte de sus activos, derechos, obligaciones y pasivos, con miras a continuar las funciones esenciales de la ECC y proceder posteriormente a la venta de esta.

a)

los titulares de los instrumentos de propiedad, en caso de que la transmisión a la ECC puente se haya efectuado transmitiendo instrumentos de propiedad emitidos por la ECC objeto de resolución, de los titulares de dichos instrumentos a la ECC puente;

b)

la ECC objeto de resolución, en caso de que la transmisión a la ECC puente se haya efectuado transmitiendo a ésta una parte o la totalidad del activo o del pasivo de dicha ECC;

c)

los miembros compensadores no incumplidores que hayan sufrido pérdidas por la aplicación de los instrumentos de resolución de forma proporcional a sus pérdidas en la resolución.

a)

cuando se produzca un hecho al que se aplique la prelación de las garantías en caso de incumplimiento de la ECC según lo dispuesto en los artículos 43 y 45 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, en el orden inverso al orden en que se hayan impuesto las pérdidas conforme a la prelación de garantías, o

b)

cuando se produzca un hecho al que no se aplique la prelación de las garantías en caso de incumplimiento de la ECC según lo dispuesto en los artículos 43 y 45 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, en el orden inverso al orden en que se hayan asignado las pérdidas de conformidad con las normas aplicables de la ECC.

a)

la ECC puente solicitará la aprobación de la autoridad de resolución para todo lo siguiente:

a)

que se hayan cumplido los objetivos de resolución;

b)

que la ECC puente se fusione con otra entidad;

c)

que la ECC puente deje de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 42, apartado 2;

d)

que la ECC puente o la práctica totalidad de sus activos, derechos, obligaciones o pasivos hayan sido vendidos de conformidad con los apartados 2 y 4 del presente artículo;

e)

que haya vencido el plazo especificado en el apartado 5 del presente artículo o, si ha lugar, en el apartado 6 del presente artículo;

f)

que los contratos compensados por la ECC puente hayan expirado o hayan sido liquidados o que se hayan cancelado anticipadamente las correspondientes posiciones, y los derechos y obligaciones de la ECC relacionados con dichos contratos estén, por lo tanto, totalmente extintos.

a)

que la ayuda financiera sea necesaria para alcanzar los objetivos de resolución contemplados en el artículo 21;

b)

que la ayuda financiera se emplee únicamente como último recurso de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, una vez evaluados y aprovechados al máximo todos los instrumentos de resolución, al tiempo que se mantiene la estabilidad financiera;

c)

que la ayuda financiera esté limitada en el tiempo;

d)

que la ayuda financiera se ajuste al marco de ayudas de Estado de la Unión, y

e)

que el Estado miembro haya definido, de antemano, disposiciones exhaustivas y creíbles, de forma coherente con el marco de ayudas de Estado de la Unión, para recuperar, en un plazo apropiado, y de conformidad con el artículo 27, apartado 10, los fondos públicos empleados, en la medida en que no se recuperen íntegramente mediante la venta a compradores privados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3, o en el artículo 47, apartado 2.

a)

que el ministerio competente o el gobierno, junto con la autoridad de resolución, previa consulta al banco central y a la autoridad competente, determinen que la aplicación de los demás instrumentos de resolución no sería suficiente para evitar repercusiones negativas importantes sobre el sistema financiero;

b)

que el ministerio competente o el gobierno, junto con la autoridad de resolución, determinen que la aplicación los demás instrumentos de resolución no sería suficiente para proteger el interés público, en caso de que la ECC haya recibido previamente ayudas extraordinarias del banco central en forma de provisión de liquidez, y

c)

por lo que respecta al instrumento de titularidad pública temporal, que el ministerio competente o el gobierno, tras consultar con la autoridad competente y la autoridad de resolución, determine que la aplicación de los demás instrumentos de resolución no sería suficiente para proteger el interés público, en caso de que la ECC haya recibido previamente ayuda en forma de capital público a través del instrumento de apoyo al capital.

a)

un mandatario del Estado miembro, o

b)

una sociedad que sea propiedad enteramente del Estado miembro.

a)

exigir a cualquier persona que facilite a la autoridad de resolución toda la información que ésta precise para decidir sobre la adopción de una medida de resolución y para prepararla, incluidas actualizaciones y complementos de la información facilitada en los planes de resolución o exigida en las inspecciones in situ;

b)

adquirir el control de la ECC objeto de resolución y ejercer todos los derechos y competencias reconocidos a los titulares de los instrumentos de propiedad y al consejo de la ECC, incluidos los derechos y competencias que establezcan las normas de funcionamiento de la ECC;

c)

transmitir instrumentos de propiedad emitidos por una ECC objeto de resolución;

d)

transmitir a otra entidad, con su consentimiento, los derechos, activos, obligaciones o pasivos de la ECC;

e)

reducir, incluso a cero, el importe del principal o del saldo vivo adeudado de los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados de una ECC objeto de resolución;

f)

convertir los instrumentos de deuda u otros pasivos no garantizados de la ECC objeto de resolución en instrumentos de propiedad de dicha ECC o de la ECC puente a la que se hayan transmitido los activos, derechos, obligaciones o pasivos de la ECC objeto de resolución;

g)

cancelar instrumentos de deuda emitidos por la ECC objeto de resolución;

h)

reducir, incluso a cero, el importe nominal de los instrumentos de propiedad de la ECC objeto de resolución y cancelar dichos instrumentos de propiedad;

i)

exigir a la ECC objeto de resolución que emita nuevos instrumentos de propiedad, incluidas las acciones preferentes y los instrumentos convertibles contingentes;

j)

en lo que respecta a los instrumentos de deuda y otros pasivos de la ECC, modificar o alterar su vencimiento, modificar los intereses adeudados, o modificar la fecha de devengo de los intereses, también mediante la suspensión de su pago durante un período limitado;

k)

liquidar por compensación anticipada y rescindir contratos financieros;

l)

cesar o sustituir al consejo o a la alta dirección de una ECC objeto de resolución;

m)

exigir a la autoridad competente que evalúe al comprador de una participación cualificada de manera oportuna, como excepción respecto de los plazos establecidos en el artículo 31 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

n)

reducir, incluso a cero, el importe del margen de variación adeudado a un miembro compensador de la ECC objeto de resolución;

o)

transmitir posiciones abiertas y cualesquiera activos relacionados, incluidos los acuerdos de garantía financiera con cambio de titularidad, los acuerdos de garantía financiera prendaria, los acuerdos de compensación recíproca y los acuerdos de compensación por netting, de la cuenta de un miembro compensador incumplidor a un miembro compensador no incumplidor de un modo compatible con el artículo 48 del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

p)

exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes y pendientes de los miembros compensadores de la ECC objeto de resolución o, cuando sea necesario para alcanzar los objetivos de resolución, abstenerse de exigir el cumplimiento de dichas obligaciones o apartarse de otro modo de las normas de funcionamiento de la ECC;

q)

exigir el cumplimiento de las obligaciones vigentes y pendientes de la empresa matriz de la ECC objeto de resolución, incluso para prestar ayuda financiera a la ECC mediante garantías o líneas de crédito, y

r)

exigir a los miembros compensadores que realicen aportaciones adicionales en efectivo dentro de los límites contemplados en el artículo 31.

a)

el requisito de obtención de la aprobación o consentimiento de personas públicas o privadas;

b)

los requisitos relativos a la transmisión de los instrumentos financieros, derechos, obligaciones, activos o pasivos de una ECC objeto de resolución o una ECC puente;

c)

el requisito de notificación a personas públicas o privadas;

d)

el requisito de publicación de anuncios o folletos;

e)

el requisito de presentación o registro de documentos ante cualquier otra autoridad.

a)

a reserva del artículo 67, disponer que las transmisiones se efectúen libres de cualquier pasivo o gravamen que pese sobre los instrumentos financieros, derechos, obligaciones, activos o pasivos transmitidos;

b)

suprimir los derechos de adquisición de instrumentos de propiedad adicionales;

c)

exigir a la autoridad pertinente que interrumpa o suspenda la admisión a negociación en un mercado regulado o la admisión a cotización oficial de instrumentos financieros emitidos por la ECC en virtud de la Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25);

d)

disponer que el comprador o la ECC puente, con arreglo a los artículos 40 y 42, respectivamente, sean tratados como si fueran la ECC objeto de resolución, a efectos de cualesquiera derechos u obligaciones de la ECC objeto de resolución o de cualquier acción realizada por ésta, incluidos los derechos u obligaciones relacionados con la participación en una infraestructura de mercado;

e)

exigir a la ECC objeto de resolución, o al comprador o a la ECC puente, en su caso, que proporcione a la otra parte información y asistencia;

f)

disponer que los miembros compensadores a quienes se hayan asignado posiciones en virtud de las competencias a que se refiere el artículo 48, apartado 1, letras o) y p), asuman los derechos u obligaciones relativos a la participación en las ECC en relación con dichas posiciones;

g)

cancelar o modificar las condiciones de un contrato en el que la ECC objeto de resolución sea parte o sustituir como parte a la ECC objeto de resolución por el comprador o por la ECC puente;

h)

modificar las normas de funcionamiento de la ECC objeto de resolución, también en lo que se refiere a sus condiciones de acceso a la compensación para sus miembros compensadores y otros participantes;

i)

transferir la participación de un miembro compensador de la ECC objeto de resolución a un comprador de la ECC o a una ECC puente.

a)

la continuidad de los contratos celebrados por la ECC objeto de resolución, de forma que el comprador o la ECC puente asuma los derechos y las obligaciones de la ECC objeto de resolución derivados de cualquier instrumento financiero, derecho, obligación, activo o pasivo transmitido y sustituya a la ECC objeto de resolución de forma expresa o implícita en todos los documentos contractuales pertinentes;

b)

la sustitución de la ECC objeto de resolución por el comprador o la ECC puente en cualquier procedimiento judicial relativo a cualquier instrumento financiero, derecho, obligación, activo o pasivo transmitido.

a)

al derecho de los empleados de la ECC a rescindir su contrato de trabajo, ni

b)

a reserva de lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57, al ejercicio de los derechos contractuales de una parte en un contrato, incluido el derecho de rescisión, en los casos previstos en las condiciones del contrato, debido a una acción u omisión de la ECC anterior a la transmisión, o del comprador o de la ECC puente tras la transmisión.

a)

cuando el administrador especial no ejerza sus funciones de conformidad con las condiciones establecidas por la autoridad de resolución;

b)

cuando la destitución o sustitución del administrador especial contribuya a la mejor consecución de los objetivos de resolución, o

c)

cuando dejen de cumplirse las condiciones que motivaron el nombramiento.

a)

en las mismas condiciones comerciales en las que se hayan facilitado a la ECC inmediatamente antes de la adopción de la medida de resolución, cuando exista un acuerdo a los efectos de proporcionar dichos servicios e infraestructuras, o

b)

en condiciones comerciales razonables, cuando no exista acuerdo a los efectos de proporcionar dichos servicios e infraestructuras o cuando dicho acuerdo haya expirado.

a)

el derecho de accionistas, acreedores y terceros a recurrir, con arreglo al artículo 74, la transmisión de instrumentos de propiedad, activos, derechos, obligaciones o pasivos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo;

b)

el derecho de los acreedores afectados a recurrir, con arreglo al artículo 74, la reducción del importe principal o pendiente de pago o la conversión o reestructuración de un instrumento, pasivo o contrato de los contemplados en el apartado 4 del presente artículo, y

c)

las salvaguardas aplicables, según dispone el capítulo V, a las transmisiones parciales de los activos, derechos, obligaciones o pasivos a que se refiere el apartado 1.

a)

la ECC objeto de resolución y el destinatario de dichos activos, contratos, instrumentos de propiedad, derechos, obligaciones o pasivos tomen todas las disposiciones necesarias para asegurar que la medida de resolución surta efecto;

b)

la ECC objeto de resolución posea los instrumentos de propiedad, activos o derechos o haga frente a los pasivos u obligaciones en nombre del destinatario hasta que la medida de resolución surta efecto;

c)

los gastos razonables en que hubiera incurrido de forma debida el destinatario al tomar alguna de las medidas requeridas por las letras a) o b) del presente apartado se reembolsen de cualquiera de las maneras indicadas en el artículo 27, apartado 10.

a)

ejercer el derecho de rescisión, suspensión, modificación, compensación por netting o compensación recíproca, particularmente en relación con contratos suscritos por cualquier entidad del grupo al que pertenezca la ECC y que incluyan disposiciones en materia de incumplimiento cruzado u obligaciones garantizadas o avaladas de otro modo por cualquier entidad del grupo;

b)

tomar posesión, ejercer un control o ejecutar una garantía sobre cualquier bien de la ECC de que se trate o cualquier entidad del grupo en relación con un contrato que incluya disposiciones en materia de incumplimiento cruzado, o

c)

influir en los derechos contractuales de la ECC de que se trate o cualquier entidad del grupo en relación con un contrato que incluya disposiciones en materia de incumplimiento cruzado.

a)

transmitidos a otra entidad, o

b)

objeto de amortización, conversión o de aplicación un instrumento de resolución a fin de asignar pérdidas o posiciones.

a)

si los derechos y pasivos cubiertos por un contrato han sido transmitidos a otra entidad, una contraparte podrá ejercer los derechos de rescisión de conformidad con las condiciones de dicho contrato únicamente en caso de que la entidad destinataria dé lugar a que se produzca o persista un caso de ejecución;

b)

si los derechos y pasivos cubiertos por el contrato permanecen en la ECC, una contraparte podrá ejercer los derechos de rescisión de conformidad con las condiciones de rescisión enunciadas en el contrato entre la ECC y la contraparte correspondiente únicamente si el caso de ejecución se produce o persiste tras haber expirado un período de suspensión contemplado en el apartado 1 del presente artículo.

a)

gestionar las actividades y los servicios de la ECC, ejerciendo las competencias de sus accionistas y del consejo;

b)

consultar al comité de riesgos;

c)

administrar y enajenar los activos y bienes de la ECC objeto de resolución.

a)

el trato que los accionistas, los miembros compensadores y otros acreedores habrían recibido si, en lugar de haber adoptado la autoridad de resolución una medida de resolución en relación con la ECC en el momento en que consideró que se cumplían las condiciones de resolución establecidas en el artículo 22, apartado 1, la ECC hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, tras la plena ejecución de las obligaciones contractuales y otras disposiciones pertinentes de sus normas de funcionamiento;

b)

el trato que han recibido efectivamente los accionistas, miembros liquidadores y otros acreedores en la resolución de la ECC;

c)

la existencia o no de alguna diferencia entre el trato a que hace referencia la letra a) del presente apartado y el trato a que hace referencia la letra b) del presente apartado.

a)

no tendrá en cuenta ninguna ayuda concedida a la ECC objeto de resolución en forma de ayuda financiera pública extraordinaria, en forma de provisión urgente de liquidez del banco central ni en forma de provisión de liquidez del banco central en condiciones no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y tipos de interés.

b)

se basará en un cálculo realista de las pérdidas que habrían sufrido los miembros compensadores y otros acreedores si la ECC hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, tras la plena ejecución de las obligaciones contractuales y otras disposiciones aplicables de sus normas de funcionamiento;

c)

tendrá en cuenta una estimación razonable desde el punto de vista comercial de los costes directos de reposición, incluidos los posibles márgenes adicionales que habrían tenido que aportar los miembros compensadores para reabrir en el mercado, en un plazo apropiado, posiciones netas comparables, atendiendo a las condiciones efectivas del mercado, en particular la profundidad de este y su capacidad para efectuar operaciones con el volumen correspondiente de tales posiciones netas dentro de ese plazo, y

d)

se basará en el método de determinación de precios de la propia ECC, a menos que dicho método no refleje las condiciones reales del mercado.

a)

con cargo a la ECC objeto de resolución, en calidad de acreedor preferente;

b)

con cargo a toda contraprestación abonada por el comprador en caso de que se aplique el instrumento de venta del negocio;

c)

con cargo a los eventuales ingresos generados como consecuencia del cese de las actividades de la ECC puente, en calidad de acreedor preferente.

a)

cuando la autoridad de resolución transmita solamente una parte de los activos, derechos, obligaciones o pasivos de una ECC objeto de resolución a otra entidad o, en el contexto de la aplicación de un instrumento de resolución, de una ECC puente a un comprador, y

b)

cuando la autoridad de resolución ejerza las competencias contempladas en el artículo 49, apartado 1, letra g).

a)

la transmisión de los activos que constituyen la garantía de un pasivo, a no ser que se transmitan también dicho pasivo y el beneficio de la garantía;

b)

la transmisión de un pasivo garantizado, a no ser que se transmita también el beneficio de la garantía;

c)

la transmisión del beneficio de la garantía, a no ser que se transmita también el pasivo garantizado;

d)

la modificación o rescisión de un acuerdo de garantía merced al ejercicio de competencias auxiliares, si el efecto de dicha modificación o rescisión es que el pasivo deje de estar garantizado.

a)

la transmisión de una parte solamente de los activos, derechos y pasivos que constituyan la totalidad o una parte de un acuerdo de financiación estructurada en el que sea parte la ECC objeto de resolución;

b)

la extinción o modificación, merced al ejercicio de competencias auxiliares, de los activos, derechos y pasivos que constituyen la totalidad o una parte de un acuerdo de financiación estructurada en el que sea parte la ECC objeto de resolución.

a)

transmita solamente una parte de los activos, derechos, obligaciones o pasivos de una ECC objeto de resolución a un comprador;

b)

cancele o modifique las condiciones de un contrato en el que sea parte la ECC objeto de resolución, o sustituya a esta como parte por el comprador o la ECC puente.

a)

que revoque una orden de transferencia de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 98/26/CE;

b)

que afecte a la exigibilidad de las órdenes de transferencia y la compensación que se establece en los artículos 3 y 5 de la Directiva 98/26/CE;

c)

que afecte a la utilización de fondos, valores o instrumentos de crédito que se establece en el artículo 4 de la Directiva 98/26/CE;

d)

que afecte a la protección de la garantía constituida que se establece en el artículo 9 de la Directiva 98/26/CE.

a)

a la autoridad competente o la autoridad de resolución correspondiente a dicha ECC;

b)

a la autoridad competente correspondiente a la empresa matriz de la ECC;

c)

al banco central;

d)

al ministerio competente;

e)

a la JERS y a la autoridad macroprudencial nacional designada, y

f)

al colegio de supervisores y al colegio de autoridades de resolución correspondientes a dicha ECC.

a)

la evaluación de la autoridad de resolución sobre si la ECC cumple las condiciones de resolución, y

b)

las medidas que la autoridad de resolución tenga intención de adoptar, incluida la decisión de solicitar la liquidación, el nombramiento de un administrador o cualquier otra medida que se ajuste a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

a)

a la ECC objeto de resolución;

b)

al colegio de autoridades de resolución;

c)

a la autoridad macroprudencial nacional designada y a la JERS;

d)

a la Comisión, al BCE y a la AESPJ, y

e)

a los operadores de los sistemas cubiertos por la Directiva 98/26/CE en los que participe la ECC objeto de resolución.

a)

en el sitio web de la autoridad de resolución;

b)

en el sitio web de la autoridad competente, si es diferente de la autoridad de resolución, y en el de la AEVM;

c)

en el sitio web de la ECC objeto de resolución, y

d)

si los instrumentos de propiedad o instrumentos de deuda de la ECC objeto de resolución están admitidos a negociación en un mercado regulado, por los mismos medios utilizados para la divulgación de la información regulada referente a dicha ECC de conformidad con artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26).

a)

las autoridades de resolución;

b)

las autoridades competentes, la AEVM y la ABE;

c)

los ministerios competentes;

d)

los administradores especiales o provisionales nombrados en virtud del presente Reglamento;

e)

los posibles adquirentes con los que tomen contacto las autoridades competentes o a los que recurran las autoridades de resolución, con independencia de que tal contacto o recurso constituya o no un preparativo para la aplicación del instrumento de venta del negocio o de que dé lugar o no a una adquisición;

f)

los auditores, contables, asesores jurídicos y profesionales, valoradores y demás expertos que actúen, ya sea directa o indirectamente, por cuenta de las autoridades de resolución, de las autoridades competentes, de los ministerios competentes, o de los posibles adquirentes mencionados en la letra e);

g)

los bancos centrales y otras autoridades involucradas en el proceso de resolución;

h)

las ECC puente;

i)

la alta dirección y los miembros del consejo de la ECC y los empleados de los organismos o entidades a que se refieren las letras a) a j), durante su mandato, y antes y después de este;

j)

todos los demás miembros del colegio de autoridades de resolución no mencionados en las letras a), b), c) y g), y

k)

todas las demás personas que presten o hayan prestado servicios directa o indirectamente, de forma continuada o esporádica, a las personas contempladas en las letras a) a h) y j).

a)

con cualquier persona cuando sea necesario para la planificación y ejecución de una medida de resolución;

b)

con comisiones parlamentarias de investigación de su propio Estado miembro, tribunales de cuentas de su propio Estado miembro u otras entidades a cargo de investigaciones en su propio Estado miembro;

c)

con las autoridades nacionales responsables de la supervisión de los sistemas de pago, con las autoridades responsables de los procedimientos de insolvencia ordinarios, con las autoridades que tengan encomendada la función pública de supervisar a otras entidades del sector financiero, con las autoridades responsables de la supervisión de los mercados financieros y las empresas de seguros, así como con inspectores que actúen por cuenta de dichas autoridades, con las autoridades responsables de mantener la estabilidad del sistema financiero en los Estados miembros mediante el uso de normas macroprudenciales, con las autoridades responsables de la protección de la estabilidad del sistema financiero, y con las personas responsables de llevar a cabo auditorías reglamentarias.

a)

que los empleados y expertos de los organismos o entidades a que se refiere el apartado 1, letras a) a g) y j), intercambien información entre sí dentro de cada organismo o entidad;

b)

que las autoridades de resolución y las autoridades competentes, incluidos sus empleados y expertos, intercambien información entre sí y con otras autoridades de resolución de la Unión, otras autoridades competentes de la Unión, ministerios competentes, bancos centrales, las autoridades responsables de los procedimientos de insolvencia ordinarios, las autoridades responsables de mantener la estabilidad del sistema financiero en los Estados miembros mediante el uso de normas macroprudenciales, las personas encargadas de llevar a cabo auditorías reglamentarias de las cuentas, la ABE y la AEVM o, a reserva del artículo 80, las autoridades de terceros países que desempeñen funciones equivalentes a las de las autoridades de resolución, o, con sujeción a estrictos requisitos de confidencialidad, con un adquirente potencial, con el fin de planificar o ejecutar una medida de resolución.

a)

que la presentación de un recurso no dé lugar a la suspensión automática de los efectos de la decisión impugnada;

b)

que la decisión de la autoridad de resolución sea ejecutable de forma inmediata y dé lugar a una presunción iuris tantum de que la suspensión de su ejecución iría en contra del interés público, y

c)

que el procedimiento de recurso sea rápido.

a)

ECC de terceros países que presten servicios o tengan filiales en uno o varios Estados miembros;

b)

ECC establecidas en un Estado miembro que presten servicios o tengan una o varias filiales situadas en un tercer país.

a)

cuando una ECC del tercer país preste servicios o tenga filiales en uno o varios Estados miembros;

b)

cuando una ECC del tercer país posea activos, derechos, obligaciones o pasivos que estén situados en uno o varios Estados miembros o se rijan por el Derecho de esos Estados miembros.

a)

ejercer las competencias de resolución en relación con lo siguiente:

b)

ejecutar transmisiones de instrumentos de propiedad en una filial establecida en el Estado miembro de designación, o exigir a otra persona que tome medidas para ejecutarlas;

c)

ejercer las competencias contempladas en los artículos 55, 56 y 57 en relación con los derechos de cualquiera de las partes en un contrato con una entidad contemplada en el apartado 2 del presente artículo, cuando dichas competencias sean necesarias para ejecutar los procedimientos de resolución del tercer país, y

d)

respecto de las entidades contempladas en el apartado 2 y otras entidades de grupo, impedir la ejecución de todo derecho a rescindir o liquidar contratos o a adelantar su vencimiento, o modificar derechos contractuales, cuando tal derecho emane de una medida de resolución adoptada en relación con la ECC del tercer país, ya sea por la autoridad de resolución del tercer país o de otro modo, conforme a los requisitos legales o reglamentarios aplicables a los mecanismos de resolución en ese país, siempre que sigan cumpliéndose las obligaciones sustantivas con arreglo al contrato, en particular las obligaciones de pago y entrega y de aportación de garantías.

a)

cuando el procedimiento de resolución del tercer país vaya a tener efectos adversos para la estabilidad financiera en su Estado miembro;

b)

en caso de que, de aplicarse los procedimientos de resolución nacionales del tercer país, los acreedores, miembros compensadores y, cuando proceda, sus clientes situados en su Estado miembro no vayan a recibir el mismo trato que los acreedores, miembros compensadores y, cuando proceda, sus clientes del tercer país con derechos legales similares;

c)

cuando el reconocimiento o la ejecución de los procedimientos de resolución del tercer país tengan consecuencias presupuestarias significativas para su Estado miembro;

d)

cuando el reconocimiento o la ejecución sean contrarios al Derecho nacional.

a)

cuando una ECC de un tercer país preste servicios o tenga filiales en uno o varios Estados miembros, con las autoridades pertinentes del tercer país en el que esté establecida la ECC;

b)

cuando una ECC preste servicios o tenga una o varias filiales en terceros países, con las autoridades pertinentes de los terceros países en que se presten dichos servicios o estén establecidas dichas filiales.

a)

la elaboración de planes de resolución de conformidad con el artículo 12 y con requisitos similares previstos en la legislación de los terceros países de que se trate;

b)

la evaluación de la resolubilidad de tales entidades y grupos de conformidad con el artículo 15 y con requisitos similares previstos en la legislación de los terceros países de que se trate;

c)

el ejercicio de las competencias para reducir o eliminar obstáculos a la resolubilidad de conformidad con el artículo 16, y de cualesquiera competencias similares previstas en la legislación de los terceros países de que se trate;

d)

la aplicación de medidas de actuación temprana de acuerdo con el artículo 18, y de competencias similares previstas en la legislación de los terceros países de que se trate, y

e)

la aplicación de los instrumentos de resolución y el ejercicio de las competencias de resolución y de competencias similares atribuidas a las autoridades de los terceros países de que se trate.

a)

el intercambio de información necesario para la preparación y mantenimiento de los planes de resolución;

b)

la consulta y cooperación para la elaboración de planes de resolución, incluidos los principios aplicables al ejercicio de las competencias contempladas en el artículo 77 y de las competencias similares previstas en la legislación de los terceros países de que se trate;

c)

el intercambio de información necesario para la aplicación de los instrumentos de resolución y el ejercicio de las competencias de resolución y de las competencias similares previstas en la legislación de los terceros países de que se trate;

d)

la alerta temprana o la consulta a las partes en el acuerdo de cooperación antes de adoptar cualquier medida importante en virtud del presente Reglamento o de la legislación de los terceros países de que se trate que afecte a la ECC o al grupo al que se aplique el acuerdo;

e)

la coordinación de la comunicación pública, cuando se trate de medidas de resolución conjuntas, y

f)

los procedimientos y disposiciones de intercambio de información y cooperación respecto a lo contemplado en las letras a) a e) del presente apartado, incluido, si procede, el establecimiento y funcionamiento de grupos de gestión de crisis.

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 6 ter

Suspensión de la obligación de compensación en caso de resolución

1.   En caso de que una ECC cumpla los requisitos establecidos en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), la autoridad de resolución de la ECC designada con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento o la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 22, apartado 1, del presente Reglamento, por propia iniciativa o a petición de una autoridad competente responsable de la supervisión de un miembro compensador de la ECC objeto de resolución, podrán solicitar que la Comisión suspenda la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento, para categorías específicas de derivados extrabursátiles o para un tipo específico de contraparte cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) que la ECC objeto de resolución haya sido autorizada a compensar las categorías específicas de derivados extrabursátiles sujetos a la obligación de compensación respecto de las cuales se solicita la suspensión, y

b) que la suspensión de la obligación de compensación para dichas categorías específicas de derivados extrabursátiles o para un tipo específico de contraparte sea necesaria a fin de evitar o afrontar una amenaza grave para la estabilidad financiera o el funcionamiento ordenado de los mercados financieros de la Unión en relación con la resolución de la ECC, y que la suspensión sea proporcionada en relación con esos objetivos.

La solicitud a que se refiere el párrafo primero deberá ir acompañada de pruebas que acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas en las letras a) y b) de dicho párrafo.

La autoridad a que se refiere el párrafo primero presentará su solicitud motivada a la AEVM y a la JERS al mismo tiempo que a la Comisión.

2.   La AEVM, en un plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación de la solicitud de la autoridad a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, del presente artículo, y, en la medida de lo posible, previa consulta a la JERS, emitirá un dictamen sobre la suspensión solicitada, teniendo en cuenta la necesidad de evitar o afrontar una amenaza grave para la estabilidad financiera o el funcionamiento ordenado de los mercados financieros de la Unión, los objetivos de resolución previstos en el artículo 21 del Reglamento (UE) 2021/23 y los criterios establecidos en el artículo 5, apartados 4 y 5, del presente Reglamento.

3.   Cuando la AEVM considere que la suspensión de la obligación de compensación constituye un cambio significativo en los criterios para que la obligación de negociación produzca sus efectos de conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, podrá solicitar a la Comisión que suspenda la obligación de negociación establecida en el artículo 28, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento para las mismas categorías específicas de derivados extrabursátiles objeto de la solicitud de suspender la obligación de compensación.

La AEVM presentará su solicitud motivada a la autoridad a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, y a la JERS al mismo tiempo que a la Comisión.

4.   Las solicitudes a que se refieren los apartados 1 y 3 y el dictamen a que se refiere el apartado 2 no se harán públicos.

5.   Sin demoras indebidas tras la recepción de la solicitud a que se refiere el apartado 1, basándose en las razones y pruebas aportadas por la autoridad a que se refiere ese mismo apartado, la Comisión deberá, bien suspender la obligación de compensación para las categorías específicas de derivados extrabursátiles mediante un acto de ejecución, o bien rechazar la solicitud de suspensión.

Al adoptar el acto de ejecución a que se refiere el párrafo primero, la Comisión tendrá en cuenta el dictamen de la AEVM a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, los objetivos de resolución a que se refiere el artículo 21 del Reglamento (UE) 2021/23, los criterios establecidos en el artículo 5, apartados 4 y 5, del presente Reglamento relativos a las categorías de derivados extrabursátiles de que se trate y la necesidad de la suspensión para evitar o abordar una amenaza grave para la estabilidad financiera o el funcionamiento ordenado de los mercados financieros de la Unión.

Cuando la Comisión rechace la suspensión solicitada, deberá motivar su decisión por escrito a la autoridad solicitante a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, y a la AEVM. La Comisión informará inmediatamente de ello al Parlamento Europeo y al Consejo y les transmitirá las razones aportadas a la autoridad solicitante a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, y a la AEVM. Esta información no se hará pública.

El acto de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado se adoptará de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 86, apartado 3.

6.   Cuando así lo solicite la AEVM con arreglo al apartado 3 del presente artículo, el acto de ejecución por el que se suspenda la obligación de compensación podrá dar lugar también a la suspensión de la obligación de negociación establecida en el artículo 28, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 para las mismas categorías específicas de derivados extrabursátiles objeto de la suspensión de la obligación de compensación.

7.   La suspensión de la obligación de compensación y, en su caso, de negociación deberá comunicarse a la autoridad solicitante a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, del presente artículo, y a la AEVM y publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el sitio web de la Comisión y en el registro público a que se refiere el artículo 6.

8.   La suspensión de la obligación de compensación con arreglo al apartado 5 será válida por un período inicial que no exceda de tres meses, a contar desde la fecha de aplicación de la citada suspensión.

La suspensión de la obligación de negociación mencionada en el apartado 6 será válida por el mismo período inicial.

9.   Cuando los motivos de la suspensión sigan siendo de aplicación, la Comisión podrá, mediante un acto de ejecución, prorrogar la suspensión a que se refiere el apartado 5 por períodos adicionales de no más de tres meses, siempre que la duración total de la suspensión no exceda de doce meses. Las prórrogas de la suspensión deberán publicarse de conformidad con el apartado 7.

El acto de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado se adoptará de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 86, apartado 3.

10.   Cualquiera de las autoridades a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, podrá dirigir a la Comisión, con tiempo suficiente antes de que finalice el período inicial de suspensión a que se refiere el apartado 5 o uno de los períodos de prórroga a que se refiere el apartado 9, una solicitud de prórroga de la suspensión de la obligación de compensación.

La solicitud deberá ir acompañada de pruebas que acrediten que se siguen cumpliendo las condiciones establecidas en el apartado 1, párrafo primero, letras a) y b).

La autoridad a que se refiere el párrafo primero notificará su solicitud motivada a la AEVM y a la JERS al mismo tiempo que a la Comisión.

La solicitud a que se refiere el párrafo primero no se hará pública.

Sin demoras indebidas tras la recepción de la notificación de la solicitud y, si lo considera necesario, previa consulta a la JERS, la AEVM dirigirá a la Comisión un dictamen en el que determine si siguen siendo de aplicación o no las razones por las que decidió la suspensión, teniendo en cuenta la necesidad de evitar o afrontar una amenaza grave para la estabilidad financiera o el funcionamiento ordenado de los mercados financieros de la Unión, los objetivos de resolución previstos en el artículo 21 del Reglamento (UE) 2021/23 y los criterios establecidos en el artículo 5, apartados 4 y 5, del presente Reglamento. La AEVM remitirá una copia de dicho dictamen al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho dictamen no se hará público.

El acto de ejecución por el que se prorrogue la suspensión de la obligación de compensación podrá prorrogar también el período de suspensión de la obligación de negociación a que se refiere el apartado 6.

La prórroga de la suspensión de la obligación de negociación será válida durante el mismo período que la prórroga de la suspensión de la obligación de compensación.

(*)  Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1095/2010, (UE) n.o 648/2012, (UE) n.o 600/2014, (UE) n.o 806/2014 y (UE) 2015/2365 y las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE y (UE) 2017/1132 (DO L 022 de 22.1.2021, p. 1).»."

2)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 13 bis

Sustitución de los índices de referencia de tipos de interés en las operaciones preexistentes

1.   Las contrapartes a que se refiere el artículo 11, apartado 3, podrán seguir aplicando los procedimientos de gestión del riesgo de los que dispongan en la fecha de aplicación del presente Reglamento respecto de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada que hayan sido suscritos u objeto de novación antes de la fecha en que surte efecto la obligación de dotarse de procedimientos de gestión del riesgo con arreglo al artículo 11, apartado 3, en caso de que, tras el 11 de febrero de 2021, dichos contratos sean objeto de novación con el único fin de sustituir el índice de referencia de tipos de interés a que se remiten o de introducir disposiciones alternativas en relación con esa referencia.

2.   Las operaciones que hayan sido suscritas u objeto de novación antes de la fecha en que surte efecto la obligación de compensación con arreglo al artículo 4 y que, tras el 11 de febrero de 2021, sean posteriormente objeto de novación con el único fin de sustituir el índice de referencia de tipos de interés al que se remiten o de introducir disposiciones alternativas en relación con esa referencia, no quedarán, por esa razón, sujetas a la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4.».

3)

En el artículo 24 bis, apartado 7, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) iniciará y coordinará, como mínimo una vez al año, evaluaciones a escala de la UE de la resiliencia de las ECC frente a evoluciones adversas de los mercados, de conformidad con el artículo 32, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, teniendo en cuenta, cuando sea posible, el efecto acumulado de los mecanismos de recuperación y resolución de las ECC en la estabilidad financiera de la Unión;».

4)

En el artículo 28, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   El comité de riesgos asesorará al consejo sobre todas las medidas que puedan afectar a la gestión de riesgos de la ECC, por ejemplo cambios importantes de su modelo de riesgo, los procedimientos en caso de incumplimiento, los criterios de aceptación de miembros compensadores, la compensación de nuevas categorías de instrumentos o la externalización de funciones. El comité de riesgos informará al consejo de forma oportuna de cualquier nuevo riesgo que pueda afectar a la resiliencia de la ECC. No será obligatorio recabar el asesoramiento del comité de riesgos en las operaciones diarias de la ECC. Se hará todo lo razonablemente posible para consultar al comité de riesgos sobre los acontecimientos que repercutan en la gestión del riesgo de la ECC en situaciones de emergencia, incluidos los acontecimientos relevantes para las exposiciones de los miembros compensadores a la ECC y las interdependencias con otras ECC.».

5)

En el artículo 28, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.   La ECC informará sin demora a la autoridad competente y al comité de riesgos de toda decisión en la que el consejo decida no atenerse el asesoramiento del comité de riesgos, y explicará dicha decisión. El comité de riesgos o cualquiera de sus miembros podrán informar a la autoridad competente de todo ámbito en el que considere que no se ha seguido el asesoramiento del comité de riesgos.».

6)

En el artículo 37, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«La ECC informará a la autoridad competente de cualquier acontecimiento negativo importante relacionado con el perfil de riesgo de alguno de sus miembros compensadores, determinado en el contexto de la evaluación de la ECC a que se refiere el párrafo primero, o de cualquier otra evaluación con resultados análogos, comunicándole en particular todo aumento del riesgo que cualquiera de sus miembros compensadores represente para la ECC y que, a juicio de esta, pudiera desencadenar un procedimiento por incumplimiento.».

7)

En el artículo 38 se añade el apartado siguiente:

«8.   Los miembros compensadores de la ECC informarán claramente a sus clientes, actuales o potenciales, de las posibles pérdidas u otros gastos a los que puedan tener que hacer frente como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de gestión del incumplimiento y los mecanismos de asignación de pérdidas y posiciones con arreglo a las normas de funcionamiento de la ECC, incluidos los tipos de indemnización que pueden recibir, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48, apartado 7. Deberá facilitarse a los clientes suficiente información para garantizar que comprenden las pérdidas u otros gastos que podrían experimentar en el caso más desfavorable si la ECC adoptase medidas de recuperación.».

8)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 45 bis

Restricciones temporales en caso de caso de no incumplimiento importante

1.   En caso de producirse un caso de no incumplimiento importante según se define en el artículo 2, apartado 9), del Reglamento (UE) 2021/23, la autoridad competente podrá exigir a la ECC que se abstenga de realizar cualquiera de las acciones siguientes durante un período especificado por la autoridad competente, que no podrá ser superior a cinco años:

 a) proceder a una distribución de dividendos o contraer un compromiso irrevocable de distribución de dividendos, con excepción de los derechos a dividendos a que se hace referencia específicamente en el Reglamento (UE) 2021/23 como forma de indemnización;

 b) recomprar acciones ordinarias;

 c) crear una obligación de pago de remuneración variable según se defina en la política de remuneración de la ECC con arreglo al artículo 26, apartado 5, del presente Reglamento, de pensiones discrecionales o de indemnizaciones por despido a la alta dirección, tal como se define en el artículo 2, punto 29, del presente Reglamento.

La autoridad competente no impedirá a la ECC que emprenda alguna de las acciones previstas en el párrafo primero en caso de que la ECC tenga la obligación legal de hacerlo y la obligación sea anterior a los supuestos contemplados en el párrafo primero.

2.   La autoridad competente podrá decidir suspender las restricciones establecidas en el apartado 1 cuando considere que ello no reducirá la cantidad o la disponibilidad de los recursos propios de la ECC, en particular de los disponibles para ser utilizados como medida de recuperación.

3.   La AEVM, a más tardar el 12 de febrero de 2022, emitirá directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, que especifiquen con mayor detalle las circunstancias en las cuales la autoridad competente podrá exigir a la ECC que se abstenga de emprender alguna de las acciones previstas en el apartado 1 del presente artículo.»

9)

En el artículo 81, apartado 3, párrafo primero, se añade la letra siguiente:

«r) las autoridades de resolución designadas con arreglo al artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/23».

1)

En el artículo 84, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Los Estados miembros velarán por que el artículo 49, el artículo 58, apartado 1, el artículo 68, apartados 1, 2 y 3, el artículo 70, apartado 2, párrafo primero, los artículos 72 a 75, y 79, 80 y 81 de la presente Directiva no se apliquen en caso de aplicación de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución que establece el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*) o el título V del Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo (**)

(*)  Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190)."

(**)  Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1095/2010, (UE) n.o 648/2012, (UE) n.o 600/2014, (UE) n.o 806/2014 y (UE) 2015/2365 y las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE y (UE) 2017/1132 (DO L 022 de 22.1.2021, p. 1).»."

2)

El artículo 86 bis se modifica como sigue:

a) en el apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) la sociedad es objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución establecidos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE o en el título V del Reglamento (UE) 2021/23.»;

b) en el apartado 4, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) medidas de prevención de crisis tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 101, de la Directiva 2014/59/UE, o en el artículo 2, punto 48 del Reglamento (UE) 2021/23.».

3)

En el artículo 87, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   Los Estados miembros velarán por que el presente capítulo no se aplique a las sociedades a las que se estén aplicando los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución que establece el título IV de la Directiva 2014/59/UE o el título V del Reglamento (UE) 2021/23.».

4)

En artículo 120 se modifica como sigue:

a) en el apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) la sociedad es objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución establecidos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE o en el título V del Reglamento (UE) 2021/23.»;

b) en el apartado 5, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) medidas de prevención de crisis tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 101, de la Directiva 2014/59/UE, o en el artículo 2, punto 48 del Reglamento (UE) 2021/23.».

5)

El artículo 160 bis se modifica como sigue:

a) en el apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) la sociedad es objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución establecidos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE o en el título V del Reglamento (UE) 2021/23.»;

b) en el apartado 5, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) medidas de prevención de crisis tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 101, de la Directiva 2014/59/UE, o en el artículo 2, punto 48 del Reglamento (UE) 2021/23.».

1)

un resumen de los elementos fundamentales del plan y un resumen de la capacidad total de recuperación;

2)

un resumen de los cambios significativos que haya registrado la ECC desde el último plan de recuperación presentado;

3)

un plan de comunicación y divulgación que describa cómo se propone la ECC mantener informada a su autoridad competente acerca del estado de la recuperación y gestionar cualquier posible reacción negativa de los mercados, actuando del modo más transparente posible;

4)

un conjunto completo de medidas —en materia de capital, asignación de pérdidas, asignación de posiciones y liquidez— necesarias para mantener o restablecer la viabilidad y la solidez financiera de la ECC, en particular volviendo a casar la cartera y reconstituyendo el capital, reponiendo los recursos prefinanciados de la ECC y manteniendo el acceso a suficientes fuentes de liquidez para que la ECC pueda mantener su viabilidad como empresa en funcionamiento y seguir prestando sus servicios esenciales de conformidad con los actos delegados adoptados sobre la base de los artículos 16, apartado 3, y 44, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Las medidas de asignación de pérdidas podrán incluir requerimientos de fondos de efectivo a efectos de recuperación y la reducción del valor de las ganancias que la ECC deba pagar a los miembros compensadores no incumplidores, cuando esté definido en las normas de funcionamiento de la ECC, y no preverán la utilización de los márgenes iniciales aportados por los miembros compensadores no incumplidores para la asignación de pérdidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

5)

una evaluación de las opciones de recuperación con respecto a:

i) el efecto de su aplicación en la solvencia, la liquidez, las posiciones de financiación, la rentabilidad y las operaciones de la ECC,

ii) el efecto externo y las consecuencias sistémicas de su aplicación en las funciones esenciales, los accionistas, los miembros compensadores, los acreedores y otras partes interesadas de la ECC y, cuando proceda, el resto del grupo y, en la medida en que se disponga de información al respecto, los clientes y los clientes indirectos de la ECC,

iii) la viabilidad de su aplicación a partir de un análisis detallado de los riesgos y los obstáculos y de las soluciones a estos obstáculos, y

iv) el efecto de su aplicación en la continuidad de las operaciones, en particular en los recursos informáticos y humanos, y el acceso a otras infraestructuras financieras.

6)

las condiciones y procedimientos apropiados para garantizar la aplicación oportuna de las medidas de recuperación, incluida una estimación del plazo de ejecución de cada aspecto significativo del plan;

7)

una descripción detallada de cualquier obstáculo significativo a la ejecución eficaz y oportuna del plan, con un análisis de su repercusión en los miembros compensadores y los clientes, en particular en los casos en que sea probable que los miembros compensadores adopten medidas de conformidad con sus propios planes de recuperación con arreglo a los artículos 5 y 7 de la Directiva 2014/59/UE, y, si ha lugar, su repercusión en el resto del grupo;

8)

una evaluación de la idoneidad de las opciones de recuperación para cada uno de los supuestos del plan de recuperación, basada en si dichas opciones:

i) garantizan la transparencia y permiten que quienes estén expuestos a pérdidas o déficits de liquidez puedan medir, gestionar y controlar sus posibles pérdidas o déficits de liquidez,

ii) proporcionan incentivos para los accionistas, los miembros compensadores y sus clientes y el sistema financiero, y

iii) reducen al mínimo los efectos negativos en los miembros compensadores y sus clientes y en el sistema financiero;

9)

la determinación de las funciones esenciales;

10)

una descripción detallada de los procesos para determinar el valor y la posibilidad de comercialización de los activos, operaciones y ramas de actividad principales de la ECC;

11)

una descripción detallada de cómo se integra la planificación de la recuperación en la estructura de gobernanza de la ECC y en las normas de funcionamiento de la ECC suscritas por los miembros compensadores, y una descripción detallada de las políticas y procedimientos que rigen la aprobación del plan de recuperación y la identificación de las personas de la organización responsables de elaborar y aplicar el plan;

12)

disposiciones y medidas que incentiven a los miembros compensadores no incumplidores para pujar de forma competitiva en las subastas de las posiciones de los miembros en situación de incumplimiento;

13)

disposiciones y medidas para garantizar que la ECC cuente con un acceso adecuado a fuentes de financiación de contingencia, incluidas fuentes de liquidez potenciales, de modo que pueda proseguir sus actividades y cumplir sus obligaciones en la fecha de vencimiento;

14)

una evaluación de las garantías disponibles y una evaluación de la posibilidad de transmitir recursos o liquidez entre las ramas de actividad,

15)

disposiciones y medidas:

i) para reducir el riesgo,

ii) para reestructurar los contratos, derechos, activos y pasivos,

iii) para reestructurar las ramas de actividad,

iv) necesarias para mantener la continuidad del acceso a las IMF y las plataformas de negociación,

v) necesarias para mantener la continuidad del funcionamiento de los procesos operativos de la ECC, incluidas las infraestructuras y los servicios informáticos,

vi) para la rescisión total o parcial de los contratos,

vii) para reducir el valor de las ganancias adeudadas por la ECC a los miembros compensadores no incumplidores, si procede, dependiendo del tipo de instrumentos que compensen las ECC, y

viii) la obligación de los miembros compensadores no incumplidores de realizar una contribución en efectivo a la ECC hasta una cuantía equivalente como mínimo a la contribución de cada miembro compensador al fondo de garantía frente a incumplimientos. Dicha obligación de realizar una contribución en efectivo deberá constar también en las normas y demás acuerdos contractuales de la ECC.

16)

disposiciones preparatorias para facilitar la venta de activos o ramas de actividad en un plazo que permita restablecer la solidez financiera, en particular una evaluación del efecto potencial de dicha venta en las operaciones de la ECC;

17)

en caso de que se prevean otras medidas o estrategias de gestión para restablecer la solidez financiera, una descripción de dichas medidas o estrategias y su efecto financiero previsto;

18)

medidas preparatorias que la ECC haya adoptado o proyecte adoptar para facilitar la aplicación del plan de recuperación —incluidas las necesarias para permitir la recapitalización oportuna de la ECC, volver a casar su cartera y reconstituir sus recursos prefinanciados— y su aplicabilidad transfronteriza;

19)

un marco de indicadores cuantitativos y cualitativos que determine las circunstancias en las que se podrán tomar las medidas pertinentes contempladas en el plan;

20)

en su caso, un análisis de cómo y cuándo podría la ECC solicitar, en las condiciones contempladas en el plan, el recurso a las facilidades del banco central, y la determinación de los activos que previsiblemente tendrían la consideración de garantías de conformidad con los criterios aplicables a dichas facilidades;

21)

teniendo en cuenta el artículo 49, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, una serie de supuestos que afectarían gravemente a la solidez financiera o a la viabilidad operativa de la ECC y que sean pertinentes para las condiciones específicas de la ECC, como su gama de productos, el modelo de negocio y el marco de gobernanza para la liquidez y el riesgo, con inclusión de acontecimientos sistémicos, acontecimientos específicamente relacionados con la entidad jurídica y con los grupos a los que pertenezca, así como tensiones que afecten de manera específica a miembros compensadores concretos de la ECC o, en su caso, a una IMF vinculada, y

22)

teniendo en cuenta el artículo 34 y del artículo 49, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, una serie de supuestos que afectarían gravemente a la solidez financiera o a la viabilidad operativa de la ECC, causados por situaciones de tensión o incumplimiento de uno o varios de los miembros de la ECC —incluyendo supuestos que vayan más allá de la tensión o incumplimiento de al menos los dos miembros compensadores con respecto a los cuales la ECC esté más expuesta en condiciones de mercado extremas pero verosímiles— y por otras razones, entre ellas las pérdidas derivadas de las actividades de inversión o de problemas operativos de la ECC (por ejemplo graves amenazas externas para las operaciones de la ECC debido a incidentes cibernéticos o perturbaciones o choques externos).

1)

una descripción detallada de la estructura organizativa de la ECC, que incluya una lista de todas las personas jurídicas;

2)

la identificación de los titulares directos y del porcentaje de derechos de voto y de derechos de otro tipo de cada persona jurídica;

3)

la ubicación, el territorio de constitución, las autorizaciones y los principales directivos de cada persona jurídica;

4)

un desglose de las funciones esenciales y las ramas de actividad principales de la ECC, incluidos los datos del balance relativos a estas funciones y ramas de actividad, con referencia a las personas jurídicas;

5)

una descripción detallada de los componentes de las actividades empresariales de la ECC y de todas sus personas jurídicas, desglosados, como mínimo, por tipos de servicios, con sus respectivos importes de volúmenes compensados, intereses abiertos, márgenes iniciales, flujos de márgenes de variación, fondos de garantía frente a incumplimientos y cualesquiera derechos de evaluación asociados u otras medidas de recuperación correspondientes a estas ramas de actividad;

6)

información pormenorizada sobre los instrumentos de capital y de deuda emitidos por la ECC y sus personas jurídicas;

7)

la identidad de quienes hayan aportado garantías reales a la ECC, con indicación de la forma de tales garantías (cambio de titularidad o reserva de dominio), y la identidad de las personas en favor de las cuales la ECC ha constituido garantías reales, la forma de tales garantías y la identidad de quienes las mantienen, y, en ambos casos, el territorio en el que están situadas las garantías reales;

8)

una descripción de las exposiciones no contabilizadas en el balance de la ECC y sus personas jurídicas, y su vinculación con las correspondientes operaciones esenciales y ramas de actividad principales de la ECC;

9)

las coberturas esenciales de la ECC, y su vinculación con las correspondientes personas jurídicas;

10)

la indicación de las exposiciones y la importancia relativas de los miembros compensadores de la ECC, así como un análisis de la repercusión en la ECC de la inviabilidad de los principales miembros compensadores;

11)

cada uno de los sistemas en los que la ECC realice transacciones importantes en número o en valor, y su vinculación con las correspondientes personas jurídicas, operaciones esenciales y ramas de actividad principales de la ECC;

12)

cada uno de los sistemas de pago, compensación o liquidación de los que la ECC sea miembro, directa o indirectamente, y su vinculación con las correspondientes personas jurídicas, operaciones esenciales y ramas de actividad principales de la ECC;

13)

un inventario y una descripción pormenorizados de los principales sistemas de información de gestión —incluidos los destinados a la gestión de riesgos, la contabilidad y la presentación de informes financieros y reglamentarios— empleados por la ECC, y su vinculación con las correspondientes personas jurídicas, operaciones esenciales y ramas de actividad principales de la ECC;

14)

la identificación de los propietarios de los sistemas a que hace referencia el punto 13, de los correspondientes acuerdos de nivel de servicio, programas informáticos, sistemas o licencias, y su vinculación con las correspondientes personas jurídicas, operaciones esenciales y ramas de actividad principales de los mismos;

15)

la identificación de las personas jurídicas y un inventario de las interconexiones e interdependencias entre ellas, particularmente en materia de:

i) personal, instalaciones y sistemas comunes o compartidos,

ii) acuerdos en materia de capital, financiación o liquidez,

iii) exposiciones crediticias existentes o potenciales,

iv) acuerdos de garantía cruzada, acuerdos de garantía recíproca, disposiciones en materia de incumplimiento cruzado y acuerdos de compensación por netting entre filiales,

v) transferencias de riesgos y acuerdos sobre transacciones concatenadas;

vi) acuerdos de nivel de servicio;

16)

la autoridad competente y la autoridad de resolución de cada persona jurídica, si son distintas de las designadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 y en el artículo 3 del presente Reglamento;

17)

el miembro del consejo responsable de facilitar la información necesaria para elaborar el plan de resolución de la ECC, y, si fueran diferentes, los responsables de las distintas personas jurídicas, las operaciones esenciales y las ramas de actividad principales;

18)

una descripción de los mecanismos con los que cuenta la ECC para garantizar que, en caso de resolución, la autoridad de resolución tenga toda la información que considere necesaria para aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución;

19)

todos los acuerdos suscritos por la ECC y sus personas jurídicas con terceros cuya rescisión pueda producirse como consecuencia de la decisión de las autoridades de aplicar un instrumento de resolución, con indicación de si las consecuencias de dicha rescisión pueden afectar o no a la aplicación del instrumento de resolución;

20)

una descripción de las posibles fuentes de liquidez para respaldar la resolución;

21)

información sobre las cargas de los activos, los activos líquidos, las actividades no contabilizadas en el balance, las estrategias de cobertura y las prácticas de contabilización.

1)

la capacidad de la ECC para establecer una vinculación entre las ramas de actividad principales y las operaciones esenciales, por una parte, y las personas jurídicas, por otra;

2)

la adecuación existente entre las estructuras jurídicas y empresariales, por una parte, y las ramas de actividad principales y las operaciones esenciales, por otra;

3)

la medida en que la estructura jurídica de la ECC impide la aplicación de los instrumentos de resolución como consecuencia del número de personas jurídicas, la complejidad de la estructura del grupo o la dificultad para establecer una vinculación entre las ramas de actividad y las entidades del grupo;

4)

la medida en que la ECC dispone de mecanismos que le permitan asignar el personal, la infraestructura, la financiación, la liquidez y el capital indispensables a las ramas de actividad principales y las operaciones esenciales para apoyarlas y mantenerlas;

5)

la existencia de acuerdos de nivel de servicio y su solidez;

6)

la medida en que los acuerdos de servicio que la ECC mantiene son plenamente ejecutables en caso de resolución de la entidad;

7)

la idoneidad de la estructura de gobernanza de la ECC para gestionar y garantizar el cumplimiento de sus políticas internas con respecto a sus acuerdos de nivel de servicio;

8)

la medida en que la ECC cuenta con un procedimiento para transmitir a terceros los servicios prestados en virtud de acuerdos de nivel de servicio, en caso de segregación de las funciones esenciales o de las ramas de actividad principales;

9)

la existencia de planes y medidas de contingencia para garantizar la continuidad del acceso a los sistemas de pago y de liquidación;

10)

la adecuación de los sistemas de información de gestión para garantizar que las autoridades de resolución puedan recopilar información precisa y completa sobre las ramas de actividad principales y las operaciones esenciales a fin de agilizar la toma de decisiones;

11)

la capacidad de los sistemas de información de gestión para proporcionar la información esencial para una resolución eficaz de la ECC en cualquier momento, incluso en situaciones que cambien rápidamente;

12)

la medida en que la ECC ha probado sus sistemas de información de gestión en situaciones de tensión definidas por la autoridad de resolución;

13)

la capacidad de la ECC para garantizar la continuidad de sus sistemas de información de gestión, tanto para la ECC afectada como para la nueva ECC, en caso de que las operaciones esenciales y las ramas de actividad principales sean separadas del resto de las operaciones y ramas de actividad;

14)

la medida en que las garantías dentro del grupo se ofrecen en condiciones de mercado y el grado de solidez de los sistemas de gestión de riesgos relativos a dichas garantías, cuando la ECC se beneficia de ellas o está expuesta a ellas;

15)

la medida en que las operaciones intragrupo se realizan en condiciones de mercado y el grado de solidez de los sistemas de gestión de riesgos relativos a dichas operaciones, cuando la ECC las lleva a cabo;

16)

la medida en que el uso de garantías u operaciones dentro del grupo aumenta el contagio dentro del grupo;

17)

la medida en que la resolución de la ECC podría repercutir negativamente en otra parte de su grupo, en particular cuando dicho grupo incluye a otras IMF, si ha lugar;

18)

la medida en que las autoridades de terceros países cuentan con los instrumentos de resolución necesarios para respaldar las medidas de resolución adoptadas por las autoridades de resolución de la Unión, y las posibilidades de una acción coordinada entre las autoridades de la Unión y las de terceros países;

19)

la viabilidad de aplicar instrumentos de resolución de forma que se cumplan los objetivos de resolución, dados los instrumentos disponibles y la estructura de la ECC;

20)

los requisitos específicos necesarios para emitir nuevos instrumentos de propiedad con arreglo al artículo 33, apartado 1;

21)

los medios y disposiciones que podrían dificultar la resolución en el caso de ECC que tengan miembros compensadores o acuerdos de garantía establecidos en diferentes territorios;

22)

el crédito que merece la posibilidad de aplicar los instrumentos de resolución de manera que se cumplan los objetivos de resolución, teniendo en cuenta las posibles repercusiones en los miembros compensadores y, cuando proceda, sus clientes, otras contrapartes y el personal, así como las medidas que pudieran adoptar las autoridades de terceros países;

23)

la medida en que puede evaluarse debidamente el impacto de la resolución de la ECC en el sistema financiero y en la confianza de los mercados financieros;

24)

la medida en que la resolución de la ECC podría tener repercusiones negativas significativas, directas o indirectas, en el sistema financiero, la confianza de los mercados o la economía;

25)

la medida en que podría contenerse el contagio a otras ECC o a los mercados financieros a través de la aplicación de los instrumentos de resolución y el ejercicio de las competencias de resolución, y

26)

la medida en que la resolución, de la ECC podría tener un efecto significativo en el funcionamiento de los sistemas de pago y liquidación.