Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

El objetivo general del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global (en lo sucesivo, «Instrumento»), que es un programa a los efectos del marco financiero plurianual, debe ser defender y promover los valores, los principios y los intereses fundamentales de la Unión en todo el mundo con el fin de perseguir los objetivos y principios de la acción exterior de la Unión, establecidos en el artículo 3, apartado 5 y los artículos 8 y 21 del Tratado de la Unión Europea («TUE»).

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De conformidad con el artículo 21 del TUE, la Unión ha de velar por la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior y entre estos y sus demás políticas, y tratar de lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales. Los diversos tipos de acciones a las que se presta apoyo en virtud del Instrumento deben contribuir a los objetivos expuestos en el artículo 21, apartados 1 y 2, del TUE.

(3)

La acción de la Unión debe promover el respeto y derivarse del Derecho internacional en materia de derechos humanos, en particular de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y del Derecho internacional humanitario, y guiarse por la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos.

(4)

De conformidad con el artículo 8, apartado 1, del TUE, la Unión ha de desarrollar con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. El Instrumento debe contribuir a la consecución de ese objetivo.

(5)

El objetivo principal de la política de cooperación al desarrollo de la Unión, establecido en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), es la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza. La política de cooperación al desarrollo de la Unión también contribuye a los objetivos de la acción exterior de la Unión, en particular a apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza, como se establece en el artículo 21, apartado 2, letra d), del TUE.

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La Unión ha de velar por la coherencia de las políticas para el desarrollo, como exige el artículo 208 del TFUE. La Unión debe tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo en las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo, lo que será un elemento crucial de la estrategia para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, «Agenda 2030»), aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Garantizar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, integrada en la Agenda 2030, exige tener en cuenta la repercusión de todas las políticas en el desarrollo sostenible en todos los niveles: nacional, dentro de la Unión, en otros países y a escala mundial.

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(8)

El Instrumento debe contribuir a mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, tal como se establece en el artículo 21, apartado 2, letra c), del TUE.

El Instrumento debe establecerse por un período de siete años para ajustar su duración a la del marco financiero plurianual 2021-2027 establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (5) (en lo sucesivo, «marco financiero plurianual 2021-2027»).

(9)

El Instrumento debe establecer acciones en apoyo de esos objetivos de la Unión y de las políticas de acción exterior, y se basa en las acciones que han recibido apoyo previamente en virtud de los Reglamentos (UE) n.o 230/2014 (6), (UE) n.o 232/2014 (7), (UE) n.o 233/2014 (8), (UE) n.o 234/2014 (9), (UE) n.o 235/2014 (10), (UE) n.o 236/2014 (11) y (UE) 2017/1601 (12) del Parlamento Europeo y del Consejo, la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 480/2009 (14), (Euratom) n.o 237/2014 (15) y (UE) 2015/322 (16) del Consejo, así como el Acuerdo interno del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo (FED) (17).

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El contexto global de actuación es la consecución de un orden mundial basado en normas y en valores en el que el multilateralismo sea su principio clave y las Naciones Unidas su eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo de París adoptado en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (18) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París») y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (en lo sucesivo, «Agenda de Acción de Addis Abeba»), es la respuesta de la comunidad internacional a los desafíos y tendencias mundiales en relación con el desarrollo sostenible. Articulada en torno a los ODS, la Agenda 2030 constituye un marco transformador para erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible en el ámbito mundial. Su alcance es universal, y establece un amplio marco compartido de actuación que se aplica a la Unión, a sus Estados miembros y a sus socios. La Agenda equilibra las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible, al reconocer la interrelación esencial entre sus objetivos y metas. La Agenda 2030 tiene como objetivo que nadie se quede atrás y pretende llegar en primer lugar a los más rezagados. La aplicación de la Agenda 2030 estaría estrechamente coordinada con otros compromisos internacionales de la Unión pertinentes. Las medidas a las que se presta apoyo en virtud del Instrumento deben inspirarse en los principios y objetivos recogidos en la Agenda 2030, el Acuerdo de París y la Agenda de Acción de Addis Abeba y deben contribuir a alcanzar los ODS. Debe prestarse especial atención a la interrelación entre estos y a las acciones integradas que puedan generar otros beneficios paralelos y alcanzar múltiples objetivos de una manera coherente sin ir en detrimento de otros objetivos.

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La ejecución del Instrumento debe guiarse por las cinco prioridades establecidas en la estrategia global de la Unión sobre Política Exterior y de Seguridad de junio de 2016 (en lo sucesivo, «Estrategia Global»), refrendada por el Consejo en sus Conclusiones de 17 de octubre de 2016, que representa la perspectiva de la Unión y el marco para una intervención exterior unida y responsable, en colaboración con otros, para defender sus valores e intereses. La Unión debe intensificar las colaboraciones, promover el diálogo estratégico y las respuestas colectivas a los desafíos de alcance mundial. Su acción debe respaldar los intereses, los principios y los valores fundamentales de la Unión en todos sus aspectos. Para ello, la Unión debe aplicar un planteamiento integrado y debe respetar y fomentar los principios del respeto de normas sociales, laborales y ambientales elevadas, también en lo que se refiere al cambio climático, el Estado de Derecho, el Derecho internacional, incluidos Derecho humanitario y al Derecho internacional de los derechos humanos.

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La ejecución del Instrumento también debe basarse en el Consenso Europeo en materia de Desarrollo, de 8 de junio de 2017, (en lo sucesivo, «Consenso») que establece el marco para un enfoque común en el ámbito de la cooperación para el desarrollo de la Unión y de sus Estados miembros para la aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba. Erradicar la pobreza, combatir la discriminación y las desigualdades, no dejar a nadie atrás, proteger el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y reforzar la resiliencia son la esencia de la política de cooperación para el desarrollo y deben respaldar la ejecución del Instrumento.

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El Instrumento tendrá en cuenta documentos estratégicos pertinentes, así como sus futuras revisiones, tales como: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Pekín, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Concepto de la UE de Apoyo al Desarme, la Desmovilización y la Reintegración, el Planteamiento Global para la aplicación por la UE de las Resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, el Concepto sobre el Fortalecimiento de las Capacidades de Mediación y Diálogo de la UE, las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2011, sobre la prevención de conflictos, el Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia y los planes de acción basados en él, las Conclusiones del Consejo, de 14 de noviembre de 2016, sobre un marco estratégico a escala de la UE para apoyar la reforma del sector de la seguridad que refrendan la Comunicación conjunta titulada «Elementos para un marco estratégico a escala de la UE para apoyar la reforma del sector de la seguridad», la Estrategia de la UE contra las Armas de Fuego, Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas y su Munición, las Directrices de la Unión en materia de derechos humanos, otras convenciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Convención sobre Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica.

(14)

El Instrumento debe aspirar a aumentar la coherencia y garantizar la eficacia de la acción exterior de la Unión, mejorando así la aplicación de las distintas políticas de acción exterior.

(15)

De conformidad con la Estrategia Global, el Consenso y el Marco de Sendai, aprobado el 18 de marzo de 2015, para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, debe reconocerse la necesidad de pasar de la contención y la respuesta a las crisis a un planteamiento más estructural y a largo plazo que aborde de manera más efectiva las situaciones de vulnerabilidad, las catástrofes naturales o causadas por el ser humano y las crisis prolongadas. Debe hacerse mayor hincapié en la reducción de riesgos, la prevención, la atenuación y la preparación, y se requieren planteamientos colectivos al respecto, y deben hacerse mayores esfuerzos para potenciar la respuesta rápida y la recuperación duradera. Por tanto, el Instrumento debe contribuir a reforzar la resiliencia y a vincular la ayuda humanitaria a las acciones para el desarrollo, especialmente a través de acciones de respuesta rápida, así como de programas pertinentes, geográficos y temáticos, garantizando al mismo tiempo la observancia de los principios humanitarios.

(16)

De conformidad con los compromisos internacionales de la Unión en relación con la Alianza de Busán para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, reafirmados en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 2016 y reiterados en el Consenso, la Unión debe aplicar, en el contexto de su asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y en todas las modalidades de ayuda, los principios de eficacia del desarrollo, en concreto los de apropiación de las prioridades de desarrollo por los países en desarrollo, atención centrada en los resultados, colaboraciones para el desarrollo incluyente, transparencia y responsabilidad mutua, además de los principios de aproximación y armonización. A este respecto, es importante que las estrategias nacionales de desarrollo incluyan procesos consultivos amplios en consonancia con los principios de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, en particular cuando sirvan de base para la programación.

(17)

Con arreglo a los ODS, el Instrumento debe contribuir a reforzar el seguimiento y la presentación de informes centrados en los resultados respecto de rendimientos, consecuencias y efectos en los países socios que se beneficien de la ayuda financiera exterior de la Unión.

(18)

La Comisión debe velar por que existan mecanismos claros de seguimiento y evaluación para establecer la rendición de cuentas y la transparencia reales en la ejecución del presupuesto de la Unión y para garantizar una evaluación eficaz de los avances en la consecución de los objetivos del Instrumento. Cuando sea posible y proceda, los resultados de la acción exterior de la Unión deben ser objeto de un seguimiento y una evaluación basados en indicadores preestablecidos, transparentes, específicos para cada país y mensurables, adaptados a las especificidades y objetivos del Instrumento y, preferiblemente, sobre la base del marco de resultados del país socio.

(19)

La Comisión debe hacer un seguimiento periódico de las acciones financiadas en el marco del Instrumento y analizar los progresos hacia los resultados esperados respecto de rendimientos y efectos. En la medida de lo posible, deben utilizarse los marcos de resultados existentes. Los indicadores utilizados para medir los avances deben estar en consonancia con los ODS, ser claros, pertinentes y contar con metodologías sólidas. Los datos de los indicadores deben ser de fácil acceso y de buena calidad. Los valores de los indicadores a 1 de enero de 2021 deben utilizarse como base para evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos del Instrumento y se tendrán en cuenta en los informes anuales y en las evaluaciones intermedias y finales del Instrumento. La Comisión debe hacer además un uso adecuado de las evaluaciones externas independientes. A ese respecto, la Comisión debe garantizar, cuando proceda, la adecuada participación del Parlamento Europeo, el Consejo y otras partes interesadas, entre ellas las organizaciones de la sociedad civil.

(20)

La Comisión debe enviar sus informes de evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros. Las evaluaciones podrán debatirse a petición de los Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento.

(21)

El Instrumento debe contribuir al objetivo colectivo de la Unión de dedicar el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) a AOD en el plazo previsto en la Agenda 2030, mediante la financiación de acciones realistas y verificables que permitan cumplir este compromiso, cuyos avances deben seguir siendo objeto de seguimiento y notificación. A este respecto, al menos el 93 % de la financiación en virtud del Instrumento debe contribuir a acciones diseñadas de forma tal que cumplan los criterios de la AOD establecidos por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

(22)

A fin de garantizar que se proporcionen recursos allí donde más se necesiten, especialmente a los países menos adelantados y a los países en situación de fragilidad y conflicto, el Instrumento debe contribuir al objetivo colectivo de la Unión de lograr que entre el 0,15 y el 0,20 % de la RNB de la Unión se destine a AOD a corto plazo para los países menos adelantados, y que el 0,20 % de la RNB se destine a AOD en el plazo previsto en la Agenda 2030, mediante la financiación de acciones realistas y verificables que permitan cumplir este compromiso, cuyos avances deben seguir siendo objeto de seguimiento y notificación. Tal como se acordó en el Consenso, se espera que las acciones inscritas en el marco del Instrumento aporten al menos el 20 % de la AOD financiada en virtud de este a la inclusión social y el desarrollo humano, en particular a servicios sociales básicos como la sanidad, la educación, la nutrición, el agua, el saneamiento y la higiene y la protección social, especialmente a los colectivos más marginados.

(23)

(24)

El Instrumento debe apoyar a los niños y a los jóvenes, en cuanto que agentes clave del cambio que contribuyen a la realización de la Agenda 2030, prestando especial atención a sus necesidades y empoderamiento.

El Instrumento debe reflejar la necesidad de centrarse en prioridades estratégicas tanto desde el punto de vista geográfico (la vecindad europea y África, así como los países en situación de fragilidad y muy necesitados) como desde el punto de vista temático (seguridad, migración, cambio climático y medio ambiente, derechos humanos y democracia).

(25)

(26)

El Instrumento debe contribuir a crear resiliencia estatal y social en el ámbito de la salud pública mundial atendiendo a las amenazas para este ámbito, reforzando los sistemas sanitarios, logrando la cobertura sanitaria universal, previniendo y combatiendo las enfermedades contagiosas y ayudando a garantizar medicamentos y vacunas asequibles para todo el mundo.

Las dotaciones financieras previstas para los programas geográficos de Vecindad y del África subsahariana solo deben incrementarse, habida cuenta de la especial prioridad que la Unión concede a estas regiones.

(27)

El Instrumento debe apoyar la ejecución de la política europea de vecindad, revisada en 2015 y refrendada por el Consejo en sus Conclusiones de 14 de diciembre de 2015, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio geográfico adecuado, y la ejecución de marcos de cooperación regional, como la cooperación transfronteriza, transnacional y marítima, así como los aspectos externos de las estrategias y políticas pertinentes a escala macrorregional y de las cuencas oceánicas en los países vecinos orientales y meridionales, en particular la dimensión septentrional y la cooperación regional en el mar Negro, además de la política integrada de la Unión para el Ártico. Dichas iniciativas constituyen marcos estratégicos complementarios para profundizar las relaciones con los países socios y entre estos, con arreglo a los principios de responsabilidad mutua, apropiación y responsabilidad compartida.

(28)

La política europea de vecindad tiene como objetivo la consolidación de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la defensa del Estado de Derecho, la estabilización de los países vecinos y el refuerzo de la resiliencia de estos, en particular fomentando las reformas políticas, económicas y sociales, en tanto que principales prioridades políticas de la Unión. Con miras a lograr su objetivo, la política europea de vecindad, que ha sido revisada en 2015, se centra en los ámbitos prioritarios siguientes: el buena gobernanza, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, prestando especial atención a fomentar la participación de la sociedad civil; el desarrollo socioeconómico, en particular la lucha contra el desempleo juvenil, así como la educación, la sostenibilidad medioambiental y la mejora de la conectividad; la seguridad; y la migración y la movilidad, incluida la lucha contra las causas profundas de la migración irregular y los desplazamientos forzosos. La diferenciación y una mayor asunción común, en especial aplicando un enfoque basado en incentivos que respondan al rendimiento en ámbitos clave, son el sello distintivo de la política europea de vecindad, que reconoce diferentes niveles de compromiso y refleja los intereses de cada país sobre la naturaleza y enfoque de su colaboración con la Unión. El Instrumento debe apoyar la aplicación de los acuerdos de asociación, colaboración y cooperación, de los programas y prioridades de asociación acordados conjuntamente, y de otros documentos pertinentes, actuales y futuros, acordados conjuntamente con los países en el ámbito de la vecindad. Debe aumentarse la visibilidad de la ayuda de la Unión en el ámbito de la vecindad.

(29)

El Instrumento debe apoyar la puesta en práctica del Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (19) (en lo sucesivo, «Acuerdo de asociación ACP-UE») firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y que entró en vigor el 1 de abril de 2003, y los acuerdos posteriores con países del grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP) y permitir que la Unión y sus socios ACP sigan desarrollando alianzas fuertes sobre los principales retos mundiales. En particular, el Instrumento debe apoyar la continuación de la cooperación establecida entre la Unión y la Unión Africana, en consonancia con la Estrategia Conjunta África-UE y sobre la base del Acuerdo de asociación ACP-UE, especialmente mediante un enfoque continental para África y una asociación de iguales mutuamente beneficiosa entre la Unión y África.

(30)

La Unión debe procurar también seguir desarrollando relaciones y creando colaboraciones con terceros países en Asia y en el continente americano. Los programas geográficos deben apoyar a las regiones del Pacífico y las del Caribe con una cantidad indicativa de al menos 500 000 000 EUR y 800 000 000 EUR, respectivamente.

(31)

El Instrumento también debe contribuir a los aspectos de las relaciones exteriores de la Unión vinculados al comercio, como la diligencia debida de la cadena de suministro, a fin de velar por la coherencia y el apoyo mutuo entre la política comercial de la Unión y las acciones y objetivos en materia de desarrollo.

(32)

La Unión debe tratar de hacer el uso más eficiente posible de los recursos disponibles para optimizar el efecto de su acción exterior. Ello debe lograrse a través de la coherencia, la consistencia y la complementariedad entre los instrumentos de financiación exterior de la Unión, en particular el Instrumento de Ayuda Preadhesión establecido por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) (en lo sucesivo, «Reglamento IAP III»); el Instrumento de Ayuda Humanitaria establecido por el Reglamento (CE) n.o 1257/96 del Consejo (20); la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión que se establezca por una Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar, incluida Groenlandia»); el Instrumento Europeo de Cooperación Internacional en materia de Seguridad Nuclear que complementa el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional sobre la base del Tratado Euratom, establecido por el Reglamento (Euratom) 2021/948 del Consejo (21); la política exterior y de seguridad, incluyendo, cuando proceda, la política común de seguridad y defensa y el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz establecido por la Decisión (PESC) 2021/509 del Consejo (22), que se financia al margen del presupuesto de la Unión, así como de la creación de sinergias con otras políticas y programas de la Unión.

Esto incluye la coherencia y complementariedad con la ayuda macrofinanciera, cuando proceda. Para maximizar el efecto de las intervenciones combinadas con el fin de lograr un objetivo común, el Instrumento debe permitir la combinación de financiación con otros programas de la Unión, siempre y cuando las contribuciones no cubran los mismos costes.

(33)

Sobre la base de sus buenos resultados, el Instrumento debe propiciar que la Unión siga reforzando la dimensión exterior del programa Erasmus+. Debe utilizarse un importe indicativo de 1 800 000 000 EUR procedente de los programas geográficos previstos en el Instrumento para financiar acciones inscritas en la dimensión internacional del programa Erasmus+ ejecutado de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) y con el documento de programación adoptado con arreglo a lo dispuesto en el Instrumento. La programación prevista en el Instrumento debe desarrollar plenamente el potencial del programa Erasmus+.

(34)

Los fondos de la Unión previstos en el Instrumento deben utilizarse para financiar acciones inscritas en la dimensión internacional del programa Europa Creativa establecido por el Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento Europeo y del Consejo (24) a fin de contribuir a fomentar las relaciones culturales internacionales y reconocer el papel de la cultura en el fomento de los valores europeos.

(35)

El planteamiento principal para las acciones financiadas en el marco del Instrumento debe ser la ejecución por medio de programas geográficos, con el fin de maximizar la incidencia de la ayuda de la Unión y acercar la acción de la Unión a poblaciones y países socios. Ese planteamiento principal debe complementarse, cuando proceda, con programas temáticos y acciones de respuesta rápida garantizando al mismo tiempo la consistencia y coherencia de todos los programas y acciones.

(36)

El término «autoridades locales» abarca gran variedad de niveles y ramas subnacionales del gobierno, en particular municipios, comunidades, distritos, condados, provincias y regiones, y las asociaciones entre estos. En consonancia con el Consenso, la Unión debe fomentar que se colabore estrechamente con las autoridades locales y se les consulte, así como que participen en la contribución al desarrollo sostenible y en la aplicación de los ODS a escala local, en particular en lo que se refiere a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la justicia social, y en tanto que proveedores de servicios sociales básicos. La Unión debe reconocer las múltiples funciones que desempeñan las autoridades locales como promotoras de un enfoque territorial del desarrollo local, que incluye procesos de descentralización, participación y rendición de cuentas. La Unión debe seguir mejorando su apoyo al desarrollo de capacidades de las autoridades locales con el fin de reforzar la voz de estas en el proceso de desarrollo sostenible y de promover el diálogo político, social y económico, así como para fomentar la cooperación descentralizada. El apoyo a las autoridades locales en el marco de los programas geográficos debería ascender a un importe indicativo de al menos 500 000 000 EUR.

(37)

Las políticas de cooperación al desarrollo de la Unión y los Estados miembros deben complementarse y reforzarse mutuamente. La Unión y sus Estados miembros deben mantenerse unidos en la diversidad y mejorar su forma de trabajar en común a través de sus múltiples experiencias y enfoques y teniendo en cuenta sus ventajas comparativas respectivas. Por consiguiente, la Unión debe fomentar la inclusión y la colaboración con los Estados miembros tratando de sacar el máximo provecho del valor añadido y teniendo en cuenta la experiencia y las capacidades, reforzando así los intereses y valores compartidos y los objetivos comunes. A este respecto, la Unión y sus Estados miembros también deben tratar de promover entre ellos el intercambio de mejores prácticas, la puesta en común de conocimientos y el desarrollo de capacidades. En los casos de formas de financiación de la Unión en las que participen las administraciones públicas de los Estados miembros, como el hermanamiento, las disposiciones de ejecución simplificadas y las disposiciones contractuales deben debatirse con los Estados miembros y aplicarse de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (25) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»).

(38)

En consonancia con el Consenso, la Unión y sus Estados miembros deben mejorar la programación conjunta con el fin de aumentar su repercusión colectiva agrupando recursos y capacidades. Se debe promover y reforzar la programación conjunta, pero manteniendo su carácter voluntario, flexible, integrador y adaptado al contexto del país, y se debe permitir la sustitución de documentos de programación de la Unión y los Estados miembros por documentos de programación conjunta de la Unión. La programación conjunta debe basarse en la implicación, la apropiación y la responsabilización de los países socios. La Unión y sus Estados miembros deben tratar de ayudar a los países socios mediante la ejecución conjunta cuando proceda. La ejecución conjunta debe ser inclusiva y estar abierta a todos los socios de la Unión que compartan una visión común y puedan contribuir a ella, además de a las agencias de los Estados miembros y sus instituciones de financiación del desarrollo, las autoridades locales, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico.

(39)

(40)

Los criterios utilizados para determinar las necesidades de los socios en el planteamiento de programación deben ser coherentes con los principios de transparencia establecidos en el presente Reglamento.

Dado que el respeto de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho es esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la Unión a que se refiere el Reglamento Financiero, se podría suspender la ayuda en caso de degradación de la democracia, los derechos humanos o el Estado de Derecho en terceros países.

(41)

La Unión se ha comprometido a facilitar los objetivos de cooperación en materia de seguridad nuclear especificados en el Reglamento (Euratom) 2021/948. Por consiguiente, el historial de los países socios en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de seguridad nuclear debe tenerse en cuenta y debe abordarse en el marco del diálogo estratégico periódico con dichos países. Cuando un país socio incumpla de manera persistente las normas básicas de seguridad nuclear y las disposiciones de los convenios internacionales pertinentes, la Unión debe adoptar las medidas adecuadas.

(42)

Con arreglo al Instrumento, la Unión debe atender a las cuestiones de derechos humanos y democratización en todos los niveles. Aunque la democracia y los derechos humanos, incluidos la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, deben reflejarse e integrarse en toda la ejecución del Instrumento, la ayuda de la Unión en el marco del programa temático «Derechos Humanos y Democracia» y del programa temático «Organizaciones de la Sociedad Civil» deben tener un papel complementario y adicional específico en virtud de su naturaleza global y de su independencia de acción frente a los gobiernos y autoridades públicas de los terceros países en cuestión. Ese papel debe propiciar la cooperación y la colaboración con la sociedad civil, especialmente en lo que respecta a las cuestiones sensibles de derechos humanos y democracia. La Unión debe prestar especial atención, de forma flexible, a los países y situaciones de emergencia en los que estén más amenazados los derechos humanos y las libertades fundamentales y en los que sea especialmente grave y sistemática la vulneración de dichos derechos y libertades.

(43)

Las misiones de observación electoral de la UE deben contribuir a mejorar la transparencia de los procesos electorales y a aumentar la confianza en ellos y facilitar una evaluación fundamentada de las elecciones, así como recomendaciones para su mejora, en el marco del diálogo estratégico y de la cooperación de la Unión con los países socios. Un importe indicativo que no supere el 25 % de los recursos inicialmente asignados al programa temático «Derechos Humanos y Democracia» debe destinarse a la financiación de misiones de observación electoral de la UE.

(44)

La ejecución del Instrumento debe guiarse por los principios de igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y las niñas y de prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y lucha contra ese fenómeno, y debe tratar de proteger y promover los derechos de las mujeres en consonancia con los planes de acción de la UE en materia de género y las Conclusiones del Consejo y los convenios internacionales pertinentes, incluidas las Conclusiones del Consejo sobre mujeres, paz y seguridad de 10 de diciembre de 2018. El refuerzo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la acción exterior de la Unión, así como el aumento de los esfuerzos para alcanzar las normas mínimas de actuación que se indican en los Planes de Acción de la UE en materia de Género, deben permitir dotar de un enfoque transformador y que tenga en cuenta la perspectiva de género a toda la acción exterior y la cooperación internacional de la Unión. Al menos el 85 % de las nuevas acciones ejecutadas en el marco del Instrumento deben tener la igualdad de género como objetivo principal o significativo, tal como se define en el marcador de políticas de igualdad de género del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE. Al menos un 5 % de dichas acciones deben tener como objetivo principal la igualdad de género y los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

(45)

El Instrumento reconoce que el crecimiento demográfico y los cambios demográficos pueden tener una repercusión significativa en los beneficios en términos de desarrollo y de progreso económico. A fin de garantizar que las generaciones actuales y futuras puedan desarrollar todo su potencial de manera sostenible, el Instrumento debe respaldar los esfuerzos de los socios por aplicar un planteamiento integrado que minimice los retos relacionados con el crecimiento de la población y maximice los beneficios del dividendo demográfico, respetando al mismo tiempo el derecho de cada país a decidir su política demográfica y acatando, protegiendo y aplicando los derechos humanos y la igualdad de género.

(46)

Las organizaciones de la sociedad civil engloban diversos tipos de agentes con múltiples cometidos y mandatos entre los que se incluyen todas las estructuras no estatales, sin ánimo de lucro, independientes y no violentas a través de las cuales las personas organicen la consecución de objetivos e ideales comunes, ya sean políticos, culturales, religiosos, medioambientales, sociales o económicos. Las organizaciones de la sociedad civil actúan en el ámbito local, nacional, regional e internacional, e incluyen organizaciones tanto urbanas como rurales, tanto formales como informales. La Unión valora la diversidad y las especificidades que las caracterizan y colabora con organizaciones de la sociedad civil responsables y transparentes que comparten su compromiso con el desarrollo sostenible y con los valores fundamentales de paz, libertad, igualdad de derechos y dignidad humana.

El Instrumento debe proporcionar apoyo de la Unión a las organizaciones de la sociedad civil para promover así los valores, intereses y objetivos de la Unión. Las organizaciones de la sociedad civil deben ser debidamente consultadas y tener acceso en tiempo oportuno a la información pertinente que les permita participar adecuadamente y desempeñar un papel significativo en el diseño, la ejecución y los procesos conexos de seguimiento de los programas. En el marco del Instrumento debe apoyarse el papel de las organizaciones que respaldan la democracia, las elecciones libres, la sociedad civil, los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el mundo, como la Dotación Europea para la Democracia, así como el de las organizaciones ciudadanas de observación electoral y sus plataformas europeas y el de otras plataformas regionales y mundiales.

(47)

El Instrumento debe fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la contribución al desarrollo sostenible y a la aplicación de los ODS, entre otros en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la justicia social y los servicios sociales básicos.

(48)

El presente Reglamento establece para el Instrumento una dotación financiera que, con arreglo al apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (26), ha de constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(49)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y de alcanzar los ODS, el Instrumento debe contribuir a integrar la acción por el clima en las políticas de la Unión y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a respaldar objetivos climáticos. Se espera que las acciones contempladas en el Instrumento contribuyan a la consecución de objetivos climáticos con el 30 % de la dotación financiera total del Reglamento. Durante la ejecución del presente Reglamento se determinarán las acciones pertinentes, y la contribución general del Instrumento debe formar parte de los procesos de seguimiento, evaluación y revisión correspondientes. Con el fin de contribuir a detener e invertir el declive de la biodiversidad, el Instrumento debe contribuir a la ambición de destinar el 7,5 % del gasto anual con cargo al marco financiero plurianual a los objetivos de biodiversidad en el año 2024 y el 10 % en 2026 y 2027, teniendo en cuenta también los solapamientos existentes entre los objetivos en materia de clima y de biodiversidad. La acción de la Unión en este ámbito debe favorecer la adhesión al Acuerdo de París y a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y no contribuir a la degradación del medio ambiente ni perjudicar al medio ambiente ni al clima. En particular, la financiación asignada en el contexto del Instrumento debe ser coherente con el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2o°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5o°C. También debe ser coherente con el objetivo de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y fomentar la resiliencia frente a este. Debe prestarse especial atención a las acciones que generen beneficios paralelos y cumplan múltiples objetivos, como los relativos al clima, la biodiversidad y el medio ambiente.

(50)

La Unión debe favorecer un compromiso constructivo con la movilidad y todos los aspectos de la migración y velar por que esta última se realice de manera segura y bien regulada. Es esencial intensificar aún más la cooperación sobre migración con los países socios, respetando las competencias de los Estados miembros, aprovechando las ventajas de la migración ordenada, segura, regular y responsable, y dando una respuesta eficaz a la migración irregular y el desplazamiento forzoso. Tal cooperación debe contribuir a garantizar el acceso a la protección internacional. Para ello es necesario abordar las causas profundas de la migración irregular y el desplazamiento forzoso, mejorar la gestión de las fronteras y proseguir los esfuerzos para prevenir la migración irregular y el desplazamiento forzoso, luchar contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes y trabajar, cuando proceda, en los retornos, la readmisión y la reintegración dignos y sostenibles, sobre la base de la responsabilidad mutua y el pleno respeto de las obligaciones humanitarias y en materia de derechos humanos en virtud del Derecho internacional y de la Unión, así como colaborar con las diásporas y apoyar las vías de migración legal. Por consiguiente, la cooperación efectiva de terceros países con la Unión en este ámbito debe ser un elemento esencial del Instrumento. Es importante que exista una mayor coherencia entre las políticas migratorias y de cooperación al desarrollo y otras políticas exteriores, para garantizar que la asistencia exterior de la Unión apoye a los países socios a gestionar la migración de manera más efectiva en la perspectiva del desarrollo sostenible. El Instrumento debe contribuir a un enfoque coordinado, global y estructurado de la migración, que maximice las sinergias y aplique el necesario efecto de palanca.

(51)

El Instrumento debe permitir que la Unión, en cooperación con los Estados miembros, responda globalmente a las necesidades, las oportunidades y los retos relacionados con la migración y el desplazamiento forzoso, de una forma que sea coherente con la política migratoria de la Unión y la complemente. Para contribuir a tal fin, y sin perjuicio de circunstancias imprevistas, a título Indicativo el 10 % de la dotación financiera del Instrumento debe dedicarse, en particular, a acciones de apoyo a la gestión y la gobernanza de la migración y el desplazamiento forzoso, dentro de los objetivos del Instrumento. Además, ese objetivo también debe incluir acciones para abordar las causas profundas de la migración irregular y el desplazamiento forzoso cuando dichas acciones estén directamente dirigidas a retos específicos de la migración y el desplazamiento forzoso. Las acciones relacionadas con la migración en el marco del Instrumento, ya sea a través de sus programas geográficos y temáticos o de las acciones de respuesta rápida, deben basarse en la experiencia adquirida durante la ejecución de la Agenda Europea de Migración y el marco financiero plurianual 2014-2020, a fin de crear asociaciones globales. El apoyo de la Unión debe tener en cuenta los beneficios que tiene la migración regular para el desarrollo. Las acciones relacionadas con la migración en el marco del Instrumento deben contribuir a la aplicación efectiva de los acuerdos y diálogos de la UE sobre migración con terceros países, fomentando la cooperación basada en un enfoque incitador flexible y respaldada por un mecanismo de coordinación en el marco del Instrumento. El mecanismo de coordinación debe permitir hacer frente a los retos migratorios actuales e incipientes en el marco del presente Reglamento, haciendo uso de todos los componentes adecuados a través de una financiación flexible, respetando al mismo tiempo sus dotaciones financieras y confiando en su ejecución flexible. Esas acciones deben ejecutarse con pleno respeto del Derecho internacional, en particular del Derecho internacional de los derechos humanos y sobre refugiados, y de las competencias nacionales y de la Unión. La Comisión debe desarrollar y utilizar un sistema de seguimiento sólido y transparente para medir dichos gastos e informar al respecto.

(52)

El Instrumento debe considerar las soluciones digitales y las tecnologías de la información y la comunicación poderosos facilitadores del desarrollo sostenible y del crecimiento integrador y debe contribuir a promover en mayor medida la digitalización.

(53)

Las acciones adoptadas en el marco del Instrumento en relación con la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la ciberseguridad y la lucha contra la ciberdelincuencia, y con el desarrollo de las capacidades de los actores militares en apoyo del desarrollo y de la seguridad para el desarrollo, deben aspirar a generar unos beneficios directos para la población por lo que se refiere a su seguridad, seguir las buenas prácticas pertinentes para garantizar la sostenibilidad y la rendición de cuentas a medio y largo plazo, entre ellas una supervisión democrática efectiva, y promover el Estado de Derecho, la transparencia y los principios del Derecho internacional establecidos.

(54)

La Agenda 2030 subraya la importancia de promover unas sociedades pacíficas e inclusivas, tanto por ser este un objetivo de desarrollo sostenible (ODS 16) como para alcanzar otros resultados en materia de política de desarrollo. El ODS 16.a insta expresamente a «fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear en todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia».

(55)

En el Comunicado de la Reunión de Alto Nivel de 19 de febrero de 2016, el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE actualizó las directrices de información sobre la AOD en el ámbito de la paz y la seguridad. La financiación de las acciones realizadas en el marco del Instrumento constituye AOD cuando satisface los criterios establecidos en dichas directrices de información o en cualesquiera otras directrices ulteriores de información que pueda aprobar el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE.

(56)

Solo debe emplearse el desarrollo de capacidades en apoyo del desarrollo y de la seguridad para el desarrollo en circunstancias excepcionales, cuando los objetivos del Instrumento no puedan alcanzarse recurriendo a actores no militares.

(57)

(58)

El Instrumento debe basarse en la experiencia adquirida y las enseñanzas extraídas de acciones de desarrollo de capacidades para el desarrollo y de seguridad para el desarrollo, en particular a partir de las consultas y evaluaciones pertinentes efectuadas en el marco del Reglamento (UE) 2017/2306 del Parlamento Europeo y del Consejo (27). En ese contexto, la Comisión también debe tener en cuenta, cuando proceda, las evaluaciones conjuntas con los Estados miembros.

La Unión ha de fomentar también un enfoque sensible a los conflictos y con perspectiva de género en todas las acciones y programas contemplados en el Instrumento.

(59)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(60)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución con arreglo al presente Reglamento deben elegirse con arreglo a su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y los riesgos probables de incumplimiento. Debe tomarse en consideración la utilización de sumas a tanto alzado, financiación a tipo fijo y costes unitarios, así como una financiación no vinculada a los costes de las correspondientes operaciones, tal como se recoge en el artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero.

(61)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas si el solicitante puede demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no se consideran subvencionables, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudieran perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible, por un tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, y únicamente en casos debidamente justificados, considerar subvencionables acciones y gastos a partir del 1 de enero de 2021, aun cuando dichas acciones se hubieran ejecutado y se hubiera incurrido en dichos gastos antes de la presentación de la solicitud de subvención.

(62)

El nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+), instituido sobre la base del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) establecido por el Reglamento (UE) 2017/1601, debe constituir un dispositivo financiero integrado que aporte capacidad financiera en forma de subvenciones, asistencia técnica, instrumentos financieros, garantías presupuestarias y operaciones de financiación mixta en todo el mundo. El FEDS+, complementado por esfuerzos para mejorar el contexto de inversiones de los socios, debe integrarse en el Plan Europeo de Inversiones Exteriores y combinar operaciones de financiación mixta y garantías presupuestarias cubiertas por la Garantía de Acción Exterior, incluidas las garantías que cubren los riesgos soberanos asociados con operaciones de préstamo, anteriormente realizadas en virtud del mandato de préstamo en el exterior del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La asignación de fondos para operaciones del FEDS+ debe basarse en los documentos de programación pertinentes, en particular las prioridades determinadas en ellos, y debe tener en cuenta, entre otras cosas, las realidades y necesidades específicas de cada país o región socios y el peso relativo de la asignación de fondos por ámbito geográfico establecida en el presente Reglamento. La programación debe conducir a un equilibrio adecuado entre las operaciones de financiación mixta y las operaciones de garantía presupuestaria inscritas en el FEDS+, así como otras formas de financiación de la Unión previstas en el presente Reglamento. El FEDS+ debe ejecutarse mediante una arquitectura de inversión abierta y colaborativa para garantizar un uso óptimo de los conocimientos sectoriales y geográficos de las contrapartes admisibles y aumentar al máximo su efecto en el desarrollo. El FEDS+ debe estar compuesto por plataformas regionales de inversión dentro de los ámbitos regionales abarcados por el presente Reglamento y, cuando proceda, por el Reglamento IAP III.

A fin de garantizar que la gestión de riesgos del FEDS+ es independiente, imparcial, inclusiva y transparente, debe crearse un grupo técnico de evaluación de riesgos organizado y dirigido por la Comisión que esté abierto a expertos del BEI, otras contrapartes admisibles y Estados miembros interesados. La Comisión debe velar por que la información y los análisis se difundan de manera oportuna, transparente e integradora a todos los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta las cuestiones de confidencialidad. La Comisión debe celebrar acuerdos de Garantía de Acción Exterior con todas las contrapartes admisibles seleccionadas, incluido el BEI, previa consulta y teniendo en cuenta el asesoramiento del grupo técnico de evaluación de riesgos, y debe presentar los elementos clave de esos acuerdos al consejo estratégico de que se trate.

(63)

Habida cuenta de su papel en virtud de los Tratados y de su experiencia en las últimas décadas a la hora de apoyar las políticas de la Unión, el BEI debe seguir siendo un socio natural de la Comisión en la ejecución de las operaciones en el marco de la Garantía de Acción Exterior. El BEI y la Comisión deben reforzar su cooperación y coordinación durante toda la ejecución de la Garantía de Acción Exterior en el marco del FEDS+, en particular durante el proceso de programación y sobre el terreno. Debe encomendarse al BEI la ejecución de un área de inversión específica con una cobertura global de los riesgos para las operaciones con contrapartes soberanas y contrapartes no comerciales subsoberanas que debe ser exclusiva, excepto en el caso de las operaciones que el BEI no pueda llevar a cabo o decida no llevar a cabo. Cuando proceda, deben establecerse para el BEI otras áreas de inversión específicas no exclusivas para establecer una cobertura global de riesgos para las operaciones con contrapartes comerciales subsoberanas y las operaciones para la promoción de la inversión extranjera directa, el comercio y la internacionalización de las economías de los países socios, en particular mediante inversiones extranjeras directas recibidas, así como otras prioridades temáticas de la Unión en apoyo de los objetivos del Instrumento y en consonancia con los ODS, incluidas las entidades financieras de desarrollo europeas y las entidades del sector privado de la Unión, entre otras. La garantía de la UE solo debe ofrecer una cobertura de riesgo político para las operaciones del sector privado, que debe ser coherente con las de los organismos de crédito a la exportación de los Estados miembros.

Dichas áreas de inversión, que deben constituir los mandatos específicos requeridos por el BEI para operar fuera de la Unión, deben aplicar las mismas normas y condiciones que cualquier otra área de inversión en el marco del FEDS+, también las mismas normas de gobernanza, y, con excepción del área exclusiva, deben establecerse de conformidad con el procedimiento de admisibilidad y selección de operaciones y contrapartes para la Garantía de Acción Exterior en el marco del FEDS+ establecido en el presente Reglamento. Para esas tres áreas de inversión específicas del BEI, el importe indicativo global debe ser de 26 725 000 000 EUR. Los importes de cada una de las áreas de inversión deben justificarse y confirmarse como resultado del proceso de programación al principio del marco financiero plurianual y durante las revisiones de la programación. Los objetivos, prioridades e importes de cada una de las áreas de inversión y su ejecución deben garantizar la plena armonización de las políticas con las prioridades de la Unión y cumplir el presente Reglamento y los programas indicativos plurianuales pertinentes, en particular sus prioridades geográficas y temáticas. La metodología de evaluación de riesgos y remuneración de acuerdo con el FEDS+ debe aplicarse de manera homogénea a todas las áreas de inversión, incluidas las específicas del BEI, para garantizar condiciones de igualdad. Las áreas de inversión ejecutadas por el BEI deben poder referirse a cualquiera de los países admisibles para la Garantía de Acción Exterior, en particular cuando sea más necesario y de conformidad con las prioridades geográficas del Instrumento y, cuando proceda, del Reglamento IAP III. Las garantías del FEDS+ para operaciones del BEI con contrapartes comerciales subsoberanas y operaciones del sector privado deben realizarse en condiciones similares a las garantías ofrecidas a otras contrapartes admisibles.

Las garantías del FEDS+ para operaciones con contrapartes soberanas, y contrapartes no comerciales subsoberanas y operaciones con contrapartes comerciales subsoberanas que no generen ingresos sustanciales, efectuadas por el BEI u otras contrapartes admisibles, deben poder ser no remuneradas, para así contribuir a reducir el coste de la financiación de las inversiones del sector público realizadas por los países socios. En cumplimiento de los objetivos y principios generales del Instrumento, de los documentos de programación indicativos pertinentes y, cuando proceda, del Reglamento IAP III, la Comisión y el BEI deben celebrar acuerdos de Garantía de Acción Exterior específicos para las áreas de inversión específicas del BEI.

(64)

El objetivo del FEDS+ debe ser apoyar la inversión como medio para contribuir a la consecución de los ODS fomentando el desarrollo económico, medioambiental y social sostenible e integrador y la transición a una economía de valor añadido sostenible y un entorno de inversión estable, así como promoviendo la resiliencia socioeconómica y medioambiental en los países socios con especial atención en la erradicación de la pobreza, contribuyendo a la reducción de las desigualdades socioeconómicas, al crecimiento sostenible e inclusivo, a la lucha contra el cambio climático de conformidad con el Acuerdo de París, a la adaptación al cambio climático y la mitigación de este, a la protección y gestión del medio ambiente, a la creación de puestos de trabajo dignos que respeten las normas laborales esenciales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de oportunidades económicas, capacidades e iniciativa empresarial, a los sectores socioeconómicos, incluidas las empresas sociales y las cooperativas, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), a la conectividad sostenible, al apoyo a los grupos vulnerables y al respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y jóvenes, además de atajando las causas socioeconómicas específicas que provocan la migración irregular y las causas que provocan los desplazamientos forzosos, de conformidad con los documentos indicativos de programación pertinentes.

La ejecución del FEDS + debe ajustarse a los objetivos, los principios generales y el marco estratégico del Instrumento y, cuando proceda, del Reglamento IAP III, en particular a las directrices, principios y convenciones sobre inversión acordados en el ámbito internacional, entre ellos los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas, los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los convenios de la OIT, el Derecho internacional de los derechos humanos y los principios de eficacia del desarrollo establecidos en la Alianza de Busán para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y reafirmados en el Foro de Alto Nivel en Nairobi en 2016, en particular los principios de apropiación, adaptación, atención centrada en los resultados, transparencia y responsabilidad mutua, así como el objetivo de no condicionar la ayuda. Debe prestarse especial atención a los países considerados en situación de fragilidad o afectados por conflictos, los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países pobres altamente endeudados.

(65)

El FEDS+ debe maximizar la adicionalidad de la financiación, subsanar las deficiencias del mercado y las situaciones de inversión perfectibles, ayudar a las entidades públicas a aumentar la inversión y a financiarla de manera autónoma, crear productos innovadores y atraer fondos del sector privado. La adicionalidad debe aplicarse de conformidad con los objetivos y principios del Instrumento y con las demás políticas pertinentes de la Unión. La participación del sector privado, incluidas las pymes, en la cooperación de la Unión con los países socios a través del FEDS + debe producir un impacto cuantificable y adicional en el desarrollo sin distorsionar el mercado local ni competir injustamente con los agentes económicos locales. Debe ser eficaz en términos de costes y transparente y estar basada en la responsabilidad mutua y en el reparto de riesgos y costes. El FEDS+ debe actuar como «ventanilla única» para recibir las propuestas de financiación de las entidades financieras y de los inversores públicos o privados y proporcionar diversos tipos de apoyo financiero a las inversiones admisibles. El efecto multiplicador del FEDS + debe evaluarse midiendo la financiación adicional para el desarrollo sostenible movilizada a través de la utilización de su apoyo financiero. El efecto multiplicador debe medirse con arreglo a la definición establecida en el artículo 2, punto 38, del Reglamento Financiero y a las normas y prácticas internacionales para medir los importes movilizados por el sector privado mediante intervenciones oficiales de financiación del desarrollo, como las metodologías del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE. El Parlamento Europeo y el Consejo deben poder invitar a las contrapartes admisibles a un cambio de impresiones sobre las operaciones de financiación e inversión reguladas por el presente Reglamento.

(66)

Debe establecerse una Garantía de Acción Exterior sobre la base de la Garantía del FEDS ya existente, establecida por el Reglamento (UE) 2017/1601, y de las garantías respaldadas por el Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores, establecido por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009. La Garantía de Acción Exterior debe respaldar las operaciones del FEDS+ cubiertas por garantías presupuestarias, la ayuda macrofinanciera y los préstamos a terceros países en virtud de la Decisión 77/270/Euratom del Consejo (28). Esas operaciones deben estar respaldadas por créditos en virtud del Instrumento, junto con los regulados por el Reglamento IAP III y el Reglamento (UE) 2021/948, que también deben cubrir, respectivamente, la provisión y las obligaciones derivadas de los préstamos de asistencia macrofinanciera y los préstamos a terceros países a que se refiere el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/948. Al financiar operaciones del FEDS + debe darse prioridad a aquellas que maximicen la adicionalidad y el impacto en el desarrollo, en particular a las que tengan gran impacto en la creación de empleo digno y cuya relación coste-beneficio mejore la sostenibilidad de la inversión y a las que repercutan en la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo. Las operaciones respaldadas con la Garantía de Acción Exterior deben ir acompañadas de una exhaustiva evaluación ex ante de los aspectos medioambientales, financieros y sociales, según proceda y en consonancia con los requisitos relativos a la mejora de la legislación.

Las garantías presupuestarias y los instrumentos financieros deben conformarse a la política de la Unión sobre países y territorios no cooperadores a efectos fiscales y a sus actualizaciones, tal como se establece en los actos jurídicos pertinentes de la Unión y en las Conclusiones del Consejo, en particular en las Conclusiones del Consejo del 8 de noviembre de 2016 y su anexo, así como a los principios establecidos en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (29). Son aplicables todas las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero, en particular las relativas a la gestión indirecta establecidas en el título VI del Reglamento Financiero. La prestación de servicios públicos esenciales debe seguir siendo responsabilidad del Gobierno.

(67)

Para aportar flexibilidad, aumentar su atractivo para el sector privado y maximizar el impacto de las inversiones, debe preverse una excepción a las reglas relativas a los métodos de ejecución del presupuesto de la Unión establecidas en el Reglamento Financiero, por lo que se refiere a las contrapartes admisibles. Las contrapartes admisibles pueden ser también organismos a los que no se les haya encargado la aplicación de una asociación público-privada u organismos sujetos al derecho privado de un país socio.

(68)

Con objeto de aumentar el impacto de la Garantía de Acción Exterior, los Estados miembros y las partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (30) deben poder proporcionar contribuciones en forma de garantía o en efectivo. La contribución en forma de garantía no debe superar el 50 % del importe de las operaciones garantizadas por la Unión. No debe constituirse una provisión para las obligaciones financieras derivadas de dicha garantía, y la reserva de liquidez debe aportarla el fondo de provisión común establecido por el artículo 212 del Reglamento Financiero.

(69)

Las acciones exteriores a menudo se ejecutan en un entorno muy volátil que requiere una adaptación rápida y continua a la evolución de las necesidades de los socios de la Unión, a los retos mundiales relativos a los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza, la seguridad y la estabilidad, el cambio climático, el medio ambiente y los océanos, así como a los retos relacionados con la migración y los desplazamientos forzosos y sus causas profundas. Por tanto, conciliar el principio de previsibilidad con la necesidad de reaccionar rápidamente ante nuevas necesidades conlleva adaptar la ejecución financiera de los programas. Para aumentar la capacidad de la Unión de responder a necesidades imprevistas, sobre la base de la fructífera experiencia del Fondo Europeo de Desarrollo, debe dejarse un importe sin asignar como reserva para nuevos retos y prioridades. Dicha reserva debe movilizarse de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento.

(70)

La reserva para nuevos retos y prioridades debe garantizar los siguientes recursos adicionales: 200 000 000 EUR para el programa temático «Derechos Humanos y Democracia», 200 000 000 EUR para el programa temático «Organizaciones de la Sociedad Civil» y 600 000 000 EUR para el programa temático «Retos Mundiales».

(71)

La Comisión debe informar detalladamente al Parlamento Europeo antes de que movilice los fondos de la reserva para nuevos retos y prioridades, y ha de tener plenamente en cuenta las observaciones formuladas por este sobre la naturaleza, los objetivos y los importes financieros previstos.

(72)

Por lo tanto, toda vez que respetando el principio según el cual el presupuesto de la Unión se fija anualmente, el presente Reglamento debe mantener la posibilidad de aplicar a otras políticas los mecanismos de flexibilidad ya autorizados por el Reglamento Financiero, a saber, prórrogas y nuevos compromisos de los fondos, para garantizar el uso eficiente de los fondos de la Unión, tanto para sus ciudadanos como para los países socios, maximizando de este modo los fondos de la Unión disponibles para las intervenciones exteriores de la Unión.

(73)

El desarrollo de capacidades de los actores militares en terceros países debe realizarse como parte de la política de cooperación para el desarrollo de la Unión cuando persiga principalmente objetivos en materia de desarrollo, y como parte de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión cuando persiga principalmente objetivos en materia de paz y seguridad, en cumplimiento del artículo 40 del TUE. El presente Reglamento respeta la aplicación de los procedimientos y el alcance de las competencias de las instituciones en el marco de la política de cooperación al desarrollo de la Unión y de la PESC de la Unión.

(74)

Las acciones contempladas en el Instrumento que impliquen el suministro, la prestación o la financiación de equipos, servicios o tecnología deben estar en consonancia con las disposiciones pertinentes de la Unión, nacionales e internacionales, en particular con las normas establecidas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (31), con las medidas restrictivas de la Unión, así como con el Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo (32). Las evaluaciones de riesgos realizadas por la Comisión en el marco del Instrumento se entienden sin perjuicio de la evaluación por los Estados miembros de las solicitudes de licencia de exportación. Cada Estado miembro debe evaluar las solicitudes de licencia de exportación, incluidas las relativas a transferencias de gobierno a gobierno, recibidas con respecto a artículos que figuren en la Lista Común Militar de la UE con arreglo a los criterios establecidos en la Posición Común 2008/944/PESC. De conformidad con el Reglamento (UE) 2019/125 del Parlamento Europeo y del Consejo (33), tales acciones no deben financiar el suministro de ningún tipo de equipo que pueda utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(75)

La Decisión de Asociación Ultramar, incluida Groenlandia establece la dotación financiera para la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión. Dicha dotación financiera es la principal fuente de financiación de los países y territorios de ultramar. Al amparo de la Decisión de Asociación Ultramar, incluida Groenlandia, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación en virtud de dicha Decisión, conforme a sus normas y objetivos y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate. Por otra parte, debe alentarse la cooperación entre los países socios y los países y territorios de ultramar, así como con las regiones ultraperiféricas de la Unión en virtud del artículo 349 del TFUE, en ámbitos de interés común.

(76)

Con objeto de reforzar el protagonismo de los países socios en sus procesos de desarrollo y la sostenibilidad de la ayuda exterior, la Unión debe favorecer, cuando proceda, el recurso a las instituciones, las capacidades y la experiencia, los sistemas y los procedimientos propios de los países socios en todos los aspectos relacionados con el ciclo del proyecto de cooperación, garantizando al mismo tiempo la plena participación de los gobiernos locales y de la sociedad civil. La Unión debe facilitar a los beneficiarios potenciales de la financiación de la Unión información y formación sobre el modo de solicitar dicha financiación.

(77)

La comunicación fomenta el debate democrático, refuerza el control y la supervisión institucional de la financiación de la Unión y contribuye a aumentar la credibilidad de esta. La Unión y los beneficiarios de la financiación de esta deben mejorar la visibilidad de la acción de la Unión y comunicar adecuadamente el valor añadido que aporta su apoyo. A este respecto, y de conformidad con el Reglamento Financiero, los acuerdos celebrados con perceptores de financiación de la Unión deben contener obligaciones que garanticen una visibilidad adecuada, y la Comisión debe actuar de manera adecuada y en tiempo oportuno cuando no se cumplan dichas obligaciones.

(78)

Los planes de acción anuales o plurianuales y las medidas a que se refiere el presente Reglamento deben constituir programas de trabajo de conformidad con el Reglamento Financiero. Los planes de acción anuales o plurianuales deben consistir en un conjunto de medidas, agrupadas en un mismo documento.

(79)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (34) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (35), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (36) y (UE) 2017/1939 (37) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (38).

De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Por esta razón, los acuerdos con terceros países y territorios y con organizaciones internacionales, así como cualquier contrato o acuerdo derivado de la aplicación del Instrumento, deben contener disposiciones que faculten expresamente a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo y a la OLAF para realizar tales auditorías y controles y verificaciones in situ, de conformidad con sus respectivas competencias, y que garanticen que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(80)

El Instrumento debe contribuir a la lucha internacional contra el fraude fiscal, la evasión fiscal, el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales.

(81)

A fin de completar o modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación del importe de acciones para el desarrollo de capacidades de los actores militares en apoyo del desarrollo y de la seguridad para el desarrollo, el importe máximo para la Garantía de Acción Exterior, las tasas de provisión y el importe máximo de provisión para la Garantía de Acción Exterior, los ámbitos de cooperación e intervención enumerados en los anexos II, III y IV, los ámbitos prioritarios de las operaciones FEDS + enumeradas en el anexo V, los indicadores que figuran en el anexo VI, así como en lo relativo al hecho de completar el presente Reglamento con objetivos específicos, ámbitos prioritarios de cooperación derivados de los ámbitos de cooperación para los programas geográficos establecidos en el anexo II, incluidos el establecimiento de prioridades por subregiones, los objetivos temáticos y las asignaciones financieras indicativas para ciertas subregiones, y para completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con partes interesadas pertinentes como expertos y la sociedad civil, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (39). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(82)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de las disposiciones correspondientes del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (40).

(83)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación, el Instrumento debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Instrumento en la práctica.

(84)

Las referencias a los instrumentos de ayuda exterior de la Unión previstos en el artículo 9 de la Decisión 2010/427/UE (41) del Consejo, que se sustituyen por el presente Reglamento, deben entenderse como referencias al presente Reglamento. La Comisión debe velar por que el presente Reglamento se ejecute de conformidad con las funciones del Servicio Europeo de Acción Exterior, tal y como se dispone en la citada Decisión.

(85)

La acciones y medidas que se adopten en virtud del presente Reglamento deben ser complementarias y coherentes, cuando proceda, con las medidas adoptadas por la Unión para lograr los objetivos de la PESC en el marco del capítulo 2 del título V del TUE, así como con las medidas adoptadas en el marco del título IV de la quinta parte del TFUE, y deben respetar dichas medidas.

(86)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(87)

(88)

Procede modificar y derogar la Decisión n.o 466/2014/UE, así como derogar el Reglamento (UE) 2017/1601 y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009.

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y debe ser aplicable con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.

a)

el asesoramiento de los consejos estratégicos y de los comités operativos regionales;

b)

los objetivos del área de inversión;

c)

la experiencia y capacidad de gestión de riesgos de la contraparte admisible;

d)

el importe de recursos propios y recursos adicionales, así como de la cofinanciación del sector privado, que la contraparte admisible está dispuesta a movilizar para el área de inversión, teniendo debidamente en cuenta la magnitud de la inversión;

e)

los conocimientos sectoriales o geográficos de las contrapartes admisibles;

f)

las ventajas que conlleve el hecho de promover la colaboración entre las contrapartes admisibles.

a)

Reforzar y promover la democracia y los procesos democráticos integradores, el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, la gobernanza y la supervisión, incluidos unos procesos electorales transparentes, integradores y creíbles, además de unas instituciones, incluidos unos cuerpos legislativos, transparentes, sujetos a rendición de cuentas, eficaces e integradores en todos los niveles y una judicatura independiente que refuerce una verdadera participación y representación políticas.

b)

Reforzar la promoción, la protección y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con el Derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos; respaldar y proteger a los defensores de los derechos humanos; apoyar y supervisar los mecanismos de reclamación y de recurso en relación con violaciones y abusos de los derechos humanos a escala nacional y local; contribuir a la implantación de instrumentos y marcos mundiales y regionales y aumentar las capacidades de la sociedad civil para ejecutarlos y supervisarlos.

c)

Luchar contra la discriminación en todas sus formas y promover el principio de igualdad y de no discriminación, en particular la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, los derechos del niño, de las personas con discapacidades, de las personas pertenecientes a minorías y de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), además de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI).

d)

Apoyar, reforzar y empoderar una sociedad civil próspera que tenga un papel independiente, activo y múltiple en las transiciones políticas, los procesos de reformas y las transformaciones democráticas, promover un espacio abierto y propicio a la participación de los ciudadanos y la sociedad civil en la vida política y en el control de la toma de decisiones y contrarrestar la pérdida de espacio democrático; respaldar y promover la participación de todos los ciudadanos en los procesos políticos y en la vida pública.

e)

Mejorar el pluralismo, la independencia y la profesionalidad de unos medios de comunicación libres e independientes, aumentar la alfabetización mediática y luchar contra la desinformación; reforzar los derechos digitales, en particular los derechos de acceso a la información; reforzar el derecho a la intimidad y la protección de datos.

f)

Desarrollar la resiliencia de los Estados, las sociedades, las comunidades y las personas ante las presiones y conmociones políticas, económicas, medioambientales, alimentarias, demográficas y sociales, las catástrofes naturales y causadas por el ser humano y las crisis sanitarias, en particular las pandemias.

g)

Reforzar el desarrollo de unas instituciones públicas democráticas e integradoras en los niveles internacional, nacional y subnacional, especialmente en el ámbito de las autoridades locales; reforzar la capacidad de presupuestar y planificar con perspectiva de género, así como un sistema judicial independiente, eficaz, eficiente y sujeto a la rendición de cuentas, y reforzar la promoción del Estado de Derecho, la justicia internacional, la rendición de cuentas y el acceso asequible a la justicia para todos.

h)

Apoyar el proceso de reformas de la administración pública a escala nacional y subnacional, utilizando en particular sistemas de administración electrónica centrados en el ciudadano y recurriendo a otras soluciones digitales para crear sistemas de administración pública y prestación de servicios sólidos, sujetos a la rendición de cuentas y transparentes, reforzar los marcos jurídicos y la configuración institucional, los sistemas y capacidades nacionales de estadística en particular respecto del desglose de datos por ingresos, sexo, edad y otros factores, la gestión racional de las finanzas públicas incluyendo auditorías externas, y contribuir a la lucha contra la corrupción, la elusión fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal abusiva.

i)

Ayudar a los gobiernos y administraciones nacionales y locales a crear la infraestructura necesaria para que todas las inscripciones en los registros civiles (desde el nacimiento hasta la muerte) puedan registrarse con precisión y ser reconocidas oficialmente y puedan publicarse documentos duplicados cuando sea necesario, a fin de garantizar que todos los ciudadanos existan oficialmente y puedan ejercer sus derechos fundamentales.

j)

Promover un desarrollo y unas políticas territoriales, rurales y urbanos inclusivos, equilibrados e integrados a través de organismos e instituciones públicos reforzados a escala nacional y subnacional y apoyar el desarrollo de capacidades de las autoridades locales y movilizar sus conocimientos especializados para fomentar un enfoque territorial del desarrollo local que incluya una descentralización eficiente, la descentralización fiscal y los procesos de reestructuración estatal.

k)

Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas a escala nacional y subnacional y de las empresas públicas y mejorar el acceso de todos los ciudadanos a información sobre los asuntos públicos, reforzar la gestión de la contratación pública, entre otros modos alentando el desarrollo de criterios y objetivos de sostenibilidad medioambiental, social y económica y la gestión de la hacienda pública a escala regional, nacional y local, apoyar el desarrollo y el despliegue de sistemas de gobernanza electrónica y reforzar la prestación de servicios.

l)

Apoyar la gestión sostenible, responsable, sensible a los conflictos y transparente del sector de los recursos naturales y los ingresos relacionados con estos, así como las reformas para garantizar unas políticas fiscales justas, equitativas, eficientes y sostenibles.

a)

Erradicar la pobreza en todas sus vertientes, concretamente por medio de servicios públicos de salud, nutrición, educación y protección social, atajar la discriminación y las desigualdades y no dejar a nadie atrás.

b)

Apoyar la agricultura, la silvicultura y la pesca sostenibles para aumentar la seguridad alimentaria y crear oportunidades económicas y empleo.

c)

Aumentar el esfuerzo para la adopción de políticas e inversiones adecuadas que fomenten, protejan y respeten los derechos de las mujeres y las niñas, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad, faciliten su compromiso y participación significativa en la vida social, cívica y económica y garanticen su plena contribución al crecimiento integrador y el desarrollo sostenible.

d)

Promover el respeto, la protección y la observancia de los derechos de las mujeres y las niñas, así como su empoderamiento, incluidos los derechos económicos, laborales y sociales, los derechos a la tenencia de la tierra y los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, y eliminar la violencia sexual y de género en todas sus formas, en particular las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

e)

Atender a los vínculos del crecimiento demográfico mundial y los cambios demográficos con el desarrollo sostenible en todas las dimensiones pertinentes, especialmente la igualdad de género, la salud, la protección social, la cohesión social, la educación y el empleo.

f)

Prestar especial atención a las personas desfavorecidas, vulnerables o marginadas, en particular a los niños y los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidades, las personas LGBTI, las personas pertenecientes a minorías y los pueblos indígenas, los refugiados, los desplazados internos, las personas afectadas por conflictos armados y los apátridas.

g)

Promover un planteamiento integrado para ayudar a las comunidades, especialmente a las personas más marginadas, más vulnerables, más pobres y aquellas a las que más difícil resulta llegar, en particular mejorando el acceso universal a las necesidades y servicios básicos, principalmente en los ámbitos de la sanidad, la educación, la nutrición y la protección social.

h)

Ayudar a crear un entorno seguro y favorable para los niños como elemento fundamental para fomentar una población juvenil sana y en condiciones de alcanzar la plenitud de su potencial. Esto incluye fomentar a transición desde la asistencia infantil institucional a la comunitaria. Incluye asimismo dar a los niños, especialmente a los más marginados, el mejor comienzo posible en la vida invirtiendo en el desarrollo en la primera infancia y garantizar que los niños en situación de pobreza o desigualdad tengan acceso a servicios básicos como la sanidad, la nutrición, la educación y la protección social.

i)

Apoyar el acceso universal a unos alimentos suficientes, asequibles, seguros y nutritivos y a dietas saludables, especialmente para los que se encuentran en situaciones más vulnerables como los menores de cinco años, los adolescentes (tanto varones como mujeres), y las mujeres, especialmente durante el embarazo y la lactancia materna, y reforzar la resiliencia alimentaria y nutricional y la continuidad de la asistencia, en particular en los países que se enfrentan a crisis largas y recurrentes; prevenir el retraso del crecimiento, la emaciación y otras formas de malnutrición; fomentar enfoques multisectoriales de la agricultura que tengan en cuenta las cuestiones relativas a la nutrición.

j)

Apoyar el acceso universal al agua potable suficiente y segura, al saneamiento y a la higiene, y a la gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos, especialmente a escala local.

k)

Lograr la cobertura sanitaria universal, con un acceso equitativo de todas las personas y todas las comunidades a unos servicios sanitarios asequibles y de calidad, en particular a servicios de salud sexual y reproductiva, en el contexto de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los resultados de sus respectivas conferencias de revisión, también apoyando la creación de sistemas de salud integradores, sólidos, resilientes y de calidad accesibles a todos, e incrementar la capacidad de alerta rápida, reducción del riesgo, gestión y recuperación; complementar la acción a través del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión para hacer frente a amenazas para la salud mundial, desarrollar vacunas y medicamentos seguros, eficaces y asequibles y tratamientos contra enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza y mejorar la respuesta a los retos para la salud, incluidas las enfermedades contagiosas, la resistencia antimicrobiana y las enfermedades emergentes y las epidemias.

l)

Apoyar la protección social universal y equitativa y reforzar las redes de seguridad social, apoyar redes y sistemas para garantizar una renta básica, evitar las situaciones de extrema pobreza y reforzar la resiliencia.

m)

Promover un desarrollo urbano sostenible e inclusivo para responder a la desigualdad urbana, que se centrará en los más necesitados.

n)

Apoyar a las autoridades locales, en particular mediante la cooperación descentralizada, el desarrollo de capacidades y la movilización de recursos, a fin de mejorar la localización de los ODS en zonas urbanas y rurales mediante la prestación y la capacidad de respuesta de los servicios básicos y el acceso equitativo a la seguridad alimentaria y nutricional, a una vivienda digna y asequible y calidad de vida, especialmente para los habitantes de asentamientos informales y barrios de chabolas, reforzando y fomentando la participación y unos mecanismos de denuncia accesibles, en especial para las personas y los grupos desfavorecidos y excluidos.

o)

Promover la consecución de objetivos acordados a escala internacional en materia de educación, prestando especial atención a reforzar los sistemas gratuitos de educación, a través de una educación integradora, equitativa y de calidad, formal, informal y no formal, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos y en todos los niveles, principalmente en la enseñanza preescolar y primaria, la formación técnica y profesional, también en situaciones de emergencia y de crisis, y con especial atención a las mujeres y las niñas; y en particular mediante la formación y el desarrollo profesional de los maestros y el uso de tecnologías digitales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

p)

Apoyar acciones de desarrollo de capacidades, la movilidad para el aprendizaje entre los países de la Unión y países socios, o entre los propios países socios, así como de cooperación y diálogo estratégico con instituciones, organizaciones, autoridades y organismos ejecutivos locales de esos países.

q)

Fomentar la cooperación en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la investigación, concretamente atendiendo a los cambios sociales y relacionados con la pobreza, los datos abiertos, los macrodatos, la inteligencia artificial y la innovación, evitando al mismo tiempo el fenómeno de la fuga de cerebros.

r)

Intensificar la coordinación entre todos los agentes pertinentes en todos los niveles con el fin de ayudarlos en la transición de una situación de emergencia natural o provocada por el hombre a la fase de desarrollo; garantizar una planificación y programación coordinadas de las intervenciones de cooperación que sean coherentes con la ayuda humanitaria y, cuando proceda, con las medidas de consolidación de la paz, a partir de análisis conjuntos.

s)

Apoyar la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencia, entre otras cosas mediante medidas para eliminar todas las formas de odio, intolerancia y discriminación por motivos de religión o creencias, y fomentando la tolerancia y el respeto de la diversidad religiosa y cultural, dentro de cada sociedad y entre unas sociedades y otras.

t)

Fomentar el diálogo intercultural y la diversidad cultural en todas sus formas, y preservar y fomentar el patrimonio cultural, desbloqueando el potencial del sector creativo para el desarrollo sostenible, social y económico.

u)

Apoyar medidas y promover la cooperación en el ámbito del deporte para contribuir al empoderamiento de las mujeres, los jóvenes, las personas y las comunidades, así como a los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social de la Agenda 2030.

v)

Promover la dignidad y la resiliencia de los desplazados forzosos de larga duración y su integración en la vida económica y social de los países y comunidades de acogida, en especial a escala local.

a)

Reforzar las asociaciones bilaterales, regionales e internacionales en materia de migración, desplazamiento forzoso y movilidad a partir de un planteamiento integrado y equilibrado que abarque todos los aspectos de la migración, en particular la asistencia en la aplicación de los acuerdos, diálogos y arreglos bilaterales o regionales de la Unión, incluidos los relativos al retorno y la readmisión, las vías legales y las asociaciones de movilidad, respetando plenamente el Derecho internacional y las obligaciones en materia de derechos humanos.

b)

Apoyar la reintegración sostenible de los migrantes retornados y de sus familias, así como los retornos seguros y dignos entre países socios, respetando plenamente las obligaciones humanitarias y de derechos humanos previstas en el derecho internacional y el derecho de la Unión.

c)

Abordar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento forzoso.

d)

Hacer frente a la migración irregular y al desplazamiento forzoso; reducir las vulnerabilidades en el contexto de la migración, incluidas las causadas por la trata y el tráfico ilícito de personas, e incluir medidas de apoyo para proteger a las víctimas de explotación y abusos; e intensificar la cooperación en materia de gestión integrada de las fronteras en consonancia con el Derecho internacional y de la Unión, la legislación en materia de derechos humanos, el derecho humanitario y las normas de protección de datos.

e)

Reforzar la capacidad científica, técnica, humana e institucional para la gestión de la migración, en particular la formación en materia de derechos humanos, y apoyar los procedimientos de acogida, tramitación, asilo y retorno de los países socios; reforzar la cooperación transfronteriza en lo relativo al intercambio de información de conformidad con las normas y obligaciones de protección de datos relacionadas con el derecho a la privacidad en virtud del Derecho internacional de los derechos humanos; y apoyar la recopilación y el uso de datos precisos y desglosados como base para políticas fundamentadas en datos contrastados, con el fin de facilitar la migración y la movilidad legales, seguras, regulares y responsables.

f)

Apoyar políticas migratorias eficaces y basadas en los derechos humanos, en todos los niveles, en particular programas de protección.

g)

Fomentar las condiciones para facilitar, según proceda, la migración legal y una movilidad bien gestionada, respetando al mismo tiempo las competencias de los Estados miembros, así como los contactos interpersonales, en particular en los ámbitos de la educación, la investigación y la innovación, y el intercambio y el diálogo interculturales, especialmente facilitando información precisa y en tiempo oportuno y maximizando el efecto de la migración legal en el desarrollo.

h)

Mejorar un entendimiento común del nexo entre migración y desarrollo, reconocer que la migración y la movilidad legales, seguras, regulares y responsables, la paz, la buena gobernanza, la estabilidad, el crecimiento integrador y el desarrollo sostenible están estrechamente interrelacionadas, y buscar sinergias en estos distintos ámbitos.

i)

Garantizar la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, desplazadas de forma forzosa y desplazadas internas, en especial las personas desplazadas debido al cambio climático, prestando especial atención a los grupos vulnerables.

j)

Apoyar soluciones orientadas al desarrollo para las personas desplazadas de forma forzosa, las personas desplazadas internas y sus comunidades de acogida, en particular mediante la inclusión socioeconómica con acceso al mercado laboral, empleos dignos, educación y servicios, para promover la dignidad, la resiliencia y la autonomía de las personas desplazadas.

k)

Apoyar la implicación de la diáspora en los países de origen para contribuir al desarrollo sostenible, en particular con la participación de las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta su potencial de inversión, apoyando su solidaridad y sus iniciativas empresariales.

l)

Promover unas transferencias de las remesas más rápidas, baratas y seguras, tanto en los países de origen como en los receptores, aprovechando de esta manera su potencial para el desarrollo.

a)

Reforzar la capacidad científica, técnica, humana e institucional para la gestión, integración y supervisión del clima y el medio ambiente; reforzar la gobernanza regional, nacional y local en materia de clima y de medio ambiente y facilitar el acceso a fuentes públicas y privadas para la reducción del riesgo de catástrofes, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la financiación de la lucha contra el cambio climático y los seguros.

b)

Apoyar la adaptación al cambio climático, con especial hincapié en los Estados y poblaciones particularmente vulnerables; contribuir al esfuerzo de los socios para respetar sus compromisos en materia de cambio climático y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, en particular a escala local, en consonancia con el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Dicho esfuerzo incluye la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional y los planes de acción de mitigación y adaptación, incluidas las sinergias entre la adaptación y la mitigación, mediante iniciativas como la Asociación de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, así como los compromisos contraídos en virtud de otros acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente, por ejemplo el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

c)

Impulsar o reforzar un crecimiento azul y ecológico y una economía circular en todos los sectores económicos.

d)

Fomentar el acceso a la energía sostenible en los países en desarrollo; reforzar la cooperación sostenible en materia de energías renovables en pleno cumplimiento de las normas internacionales más rigurosas, especialmente en lo que se refiere a la evaluación del impacto sobre la seguridad y el medio ambiente tanto en el plano nacional como transfronterizo; promover e incrementar la cooperación sobre eficiencia energética y la producción y el uso de fuentes de energía renovables; promover el acceso a unos servicios energéticos fiables, seguros, asequibles, limpios y sostenibles; apoyar en particular las soluciones a pequeña escala, a través de minirredes y sin conexión a red con elevado valor medioambiental y de desarrollo, así como aquellas soluciones locales y descentralizadas que garanticen el acceso a la energía a personas que vivan en la pobreza y en zonas remotas.

e)

Desarrollar la capacidad para integrar la sostenibilidad medioambiental, los objetivos en materia de cambio climático y la consecución del crecimiento verde en las estrategias nacionales y locales de desarrollo, incluso apoyando los criterios de sostenibilidad en la contratación pública.

f)

Fomentar la retirada progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles nocivos para el medio ambiente, unos mercados de la energía estables y transparentes, el despliegue de redes energéticas inteligentes y la utilización de las tecnologías digitales para una gestión sostenible de la energía.

g)

Promover la responsabilidad social de las empresas, la diligencia debida en las cadenas de suministro y la aplicación coherente del criterio de precaución y del principio de «quien contamina paga».

h)

Promover prácticas agrícolas sostenibles desde el punto de vista ambiental, especialmente la agroecología y la biodiversidad, tanto para mejorar la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos como para promover la resiliencia medioambiental y social y unos ecosistemas sanos.

i)

Mejorar las redes de transporte multimodal y los servicios locales, nacionales, regionales y continentales para reforzar las oportunidades de desarrollo económico sostenible y resistente al cambio climático y la creación de empleo, con vistas a un desarrollo bajo en emisiones y resistente al cambio climático. Reforzar la facilitación y liberalización del transporte, mejorar la sostenibilidad, la seguridad viaria y la resiliencia en los ámbitos del transporte.

j)

Reforzar la participación de las autoridades y comunidades locales y de los pueblos indígenas en las respuestas al cambio climático, en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y los delitos contra la vida silvestre, en la conservación de ecosistemas y en una gobernanza de los recursos naturales que sea sensible a los conflictos, en particular mejorando la gestión de los recursos hídricos y de la tenencia de la tierra; promover el desarrollo urbano sostenible y la resiliencia en las zonas urbanas; reforzar y promover la participación y el acceso a los mecanismos de reclamación y recurso en los niveles nacional y local, especialmente para los pueblos indígenas, tal como se establece en la DNUDPI.

k)

Promover la educación para el desarrollo sostenible con objeto de empoderar a las personas para que transformen la sociedad y construyan un futuro sostenible.

l)

Promover la conservación, la gestión y el uso sostenibles y sensibles a los conflictos y la regeneración de los recursos naturales, así como unos ecosistemas terrestres y no terrestres sanos, frenar la pérdida de biodiversidad y proteger la vida silvestre, en particular combatiendo la caza furtiva y el tráfico de especies silvestres; reforzar la consulta y fomentar la cooperación regional transfronteriza y garantizar el consentimiento libre, previo e informado y la participación efectiva de los pueblos indígenas, tal como se establece en la DNUDPI.

m)

Promover la gestión integrada, sostenible, participativa y sensible a los conflictos de los recursos hídricos y la cooperación en materia de aguas transfronterizas de conformidad con el Derecho internacional contando, cuando sea pertinente, con las autoridades locales.

n)

Promover la conservación y mejora de las reservas de carbono mediante una gestión sostenible del uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura y combatir la degradación del medio ambiente, la desertificación, la degradación forestal y del suelo y la sequía contando, cuando sea pertinente, con las autoridades locales.

o)

Promover la forestación y la protección de los bosques naturales; reducir la deforestación y promover la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales y luchar contra la tala ilegal y el comercio ilegal de madera y productos de la madera.

Apoyar la mejora de la gobernanza y el desarrollo de capacidades para la gestión sostenible de los recursos naturales, en particular a través de los gobiernos subnacionales; apoyar la negociación y la ejecución de acuerdos de colaboración voluntaria.

p)

Apoyar la gobernanza de los océanos, incluida la protección, regeneración y preservación de las zonas costeras y marinas en todas sus formas, también los ecosistemas, la lucha contra la basura en el medio marino y contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y la protección de la biodiversidad marítima de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

q)

Reforzar la reducción del riesgo de catástrofes, la preparación y la resiliencia regionales, en particular mediante la inversión y promoviendo un enfoque basado en la comunidad y centrado en las personas, en sinergia con las políticas y acciones de adaptación al cambio climático.

r)

Promover la eficiencia de los recursos y el consumo y la producción sostenibles, en particular a lo largo de toda la cadena de suministro, para la transición a una economía circular, en particular frenando el uso de recursos naturales para financiar conflictos y ayudando a que las partes interesadas se adhieran a las iniciativas pertinentes; luchar contra la contaminación, reducir los contaminantes atmosféricos, en particular el carbono negro, y promover una gestión racional de los productos químicos y los residuos.

s)

Apoyar el esfuerzo por mejorar la diversificación económica sostenible, el valor añadido en las cadenas de suministro y el comercio sostenible, la competitividad, el desarrollo del sector privado prestando especial atención al crecimiento ecológico con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio climático, las pymes y cooperativas, aprovechando los beneficios en términos de desarrollo sostenible de los actuales acuerdos comerciales con la Unión.

t)

Promover el cumplimiento de los compromisos relativos a la conservación de la biodiversidad derivados de acuerdos internacionales.

u)

Aumentar la integración y la incorporación transversal de los objetivos relativos al cambio climático y el medio ambiente apoyando el trabajo metodológico y de investigación.

v)

Abordar los efectos universales y transregionales del cambio climático que tengan un impacto potencialmente desestabilizador sobre el desarrollo, la paz y la seguridad.

a)

Respaldar la iniciativa empresarial, en particular por medio de microfinanciación, el empleo digno y la empleabilidad mediante el desarrollo de capacidades y competencias, la educación y la formación profesional, la mejora de la plena aplicación de las normas laborales internacionales con inclusión del diálogo social y la lucha contra el trabajo infantil, las condiciones de trabajo en un entorno saludable, la igualdad de género, el salario digno y la creación de oportunidades, especialmente para los jóvenes y para las mujeres.

b)

Respaldar las trayectorias nacionales y locales de desarrollo con un máximo de resultados y efectos positivos en el plano social, reducir el riesgo de exclusión y marginación de determinados grupos, promover una fiscalidad y políticas públicas redistributivas justas, eficientes y sostenibles, y establecer y potenciar unos sistemas de protección social y de seguros sociales sostenibles; respaldar los esfuerzos realizados a escala nacional e internacional en la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales.

c)

Mejorar el entorno empresarial y de inversiones en el plano local y nacional, crear un entorno regulador propicio al desarrollo económico, apoyar a las empresas, en particular a las pymes y también a las empresas emergentes, las cooperativas, las empresas sociales y las mujeres empresarias a ampliar su negocio y crear empleo, respaldar el desarrollo de una economía solidaria y mejorar la conducta empresarial responsable y la rendición de cuentas del sector privado.

d)

Promover la responsabilidad corporativa y mecanismos de recurso para las violaciones de derechos humanos relacionadas con las actividades del sector privado; apoyar los esfuerzos realizados a escala local, regional y mundial orientados a velar por el cumplimiento empresarial de las normas de derechos humanos y los cambios normativos, entre ellos los relacionados con la diligencia debida obligatoria y con los compromisos internacionales relativos a las empresas y los derechos humanos.

e)

Reforzar la sostenibilidad medioambiental y social, la inclusión, la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable y respetar y promover las normas y principios de los derechos humanos en toda la cadena de valor, apoyando el valor añadido común y unas condiciones comerciales equitativas.

f)

Aumentar la pertinencia, la efectividad y la sostenibilidad del gasto público, también mediante la promoción de una contratación pública sostenible; y promover un uso más estratégico de las finanzas públicas, a través principalmente de instrumentos de financiación mixta para atraer más inversiones públicas y privadas.

g)

Impulsar el potencial de las ciudades como focos de crecimiento sostenible e integrador y de innovación.

h)

Fomentar la cohesión interna territorial, social y económica, forjando vínculos más sólidos entre las zonas urbanas y rurales y facilitando el desarrollo tanto de los sectores creativos como de un sector turístico sostenible, como palanca para el desarrollo sostenible.

i)

Impulsar y diversificar unas cadenas de valor alimentaria y agrícola sostenibles e inclusivas, promoviendo la seguridad alimentaria y la diversificación económica, el valor añadido, la integración regional, la competitividad y el comercio justo, y reforzar la innovación sostenible con bajas emisiones y resistente al cambio climático.

j)

Centrarse en la intensificación agrícola ecoeficiente de los agricultores minifundistas y, en particular, de las mujeres, prestando apoyo a políticas, estrategias y marcos jurídicos nacionales eficaces y sostenibles y al acceso equitativo y sostenible a (micro)créditos y a los recursos, especialmente a recursos como la tierra y los derechos de tenencia de la tierra, el agua y otros insumos agrícolas, y a la gestión de estos.

k)

Apoyar una mayor participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de agricultores y especialmente a escala regional, en los programas de adopción de políticas y de investigación y aumentar su implicación en la ejecución y evaluación de los programas gubernamentales.

l)

Apoyar y promover una gestión sostenible de la pesca y la acuicultura.

m)

Fomentar el acceso universal a la energía sostenible, asequible y fiable, promover una economía circular con bajas emisiones, resistente al cambio climático y eficiente en el uso de los recursos en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París y de la Agenda 2030.

n)

Promover una movilidad inteligente, sostenible, integradora y segura, así como mejorar la conectividad del transporte con la Unión.

o)

Promover una conectividad digital accesible, asequible, integradora, fiable y segura y reforzar la economía digital; promover la alfabetización y la capacitación digitales; fomentar el emprendimiento y la creación de empleo digitales; promover el uso de tecnologías digitales como elemento potenciador del desarrollo sostenible; abordar la ciberseguridad, la protección de datos y otras cuestiones normativas vinculadas a la digitalización.

p)

Desarrollar y reforzar los mercados y sectores de forma que impulsen el crecimiento integrador, sostenible y resistente al cambio climático y el comercio justo, y reducir además la marginación socioeconómica de los grupos vulnerables.

q)

Apoyar el programa de integración regional y unas políticas de comercio óptimo en favor del desarrollo inclusivo y sostenible, reforzar la capacidad comercial de los países y respaldar la consolidación y la aplicación de acuerdos comerciales entre la Unión y sus socios, incluidos acuerdos globales y asimétricos con países socios en desarrollo, con arreglo a las normas en materia de derechos humanos; promover y reforzar el multilateralismo, la cooperación económica sostenible y las medidas orientadas a promover y reforzar las normas de la Organización Mundial del Comercio.

r)

Fomentar la cooperación en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la investigación, la digitalización, los datos abiertos, los macrodatos y la inteligencia artificial y la innovación, incluido el desarrollo de una diplomacia científica.

s)

Fomentar el diálogo intercultural y la diversidad cultural en todas sus formas, desarrollar la artesanía local así como las artes contemporáneas y las expresiones culturales, preservar y fomentar el patrimonio cultural, desbloquear el potencial del sector creativo para el desarrollo sostenible, social y económico y garantizar, además de reforzar, los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la DNUDPI así como de las comunidades locales, y su participación y empoderamiento efectivos.

t)

Empoderar a las mujeres para que asuman un papel más importante en el ámbito económico y en la toma de decisiones, en particular a escala local.

u)

Mejorar el acceso al empleo digno para todos en un entorno saludable y crear mercados de trabajo más integradores y que funcionen correctamente y políticas de empleo dirigidas a lograr un trabajo digno, el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales, incluidos unos salarios dignos para todos, especialmente para las mujeres y los jóvenes.

v)

Promover un acceso al sector extractivo equitativo, sostenible, sin distorsiones, sensible a los conflictos y no corrupto, que respete los derechos humanos; aumentar la transparencia, la diligencia debida y la responsabilidad de los inversores, promoviendo al mismo tiempo la rendición de cuentas del sector privado; aplicar medidas de acompañamiento del Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

a)

Contribuir a la paz, la prevención de conflictos y, por ende, a la estabilidad desarrollando la resiliencia de los Estados, de los gobiernos subnacionales, las sociedades, las comunidades y las personas ante las presiones y conmociones políticas, económicas, medioambientales, alimentarias, demográficas, de seguridad y sociales, en particular luchando contra las amenazas híbridas y apoyando las evaluaciones de resiliencia concebidas para identificar las capacidades locales dentro de las sociedades que les permiten resistir y adaptarse a estas presiones y conmociones, así como recuperarse rápidamente de ellas; abordar la exclusión política y económica y otras causas estructurales y subyacentes, a largo plazo, de los conflictos, la inseguridad y la inestabilidad.

b)

Promover una cultura de la no violencia, en particular mediante el apoyo a la educación formal, informal y no formal para la paz.

c)

Apoyar la prevención de conflictos, la alerta rápida y la consolidación de la paz mediante la mediación y el diálogo, la gestión de crisis, la estabilización y la reconstrucción tras un conflicto, incluido un papel reforzado para las mujeres en todas estas fases; promover, facilitar y fortalecer el desarrollo de la confianza, la mediación, el diálogo y la reconciliación, las relaciones de buena vecindad y otras medidas que contribuyan a la prevención y resolución de conflictos, con especial atención a las tensiones emergentes entre comunidades, así como a las medidas de conciliación entre segmentos de la sociedad y a los conflictos y crisis prolongados.

d)

Apoyar la rehabilitación y la reinserción de las víctimas de conflictos armados, apoyar el desarme, la desmovilización y la reinserción social de los antiguos combatientes y sus familias y abordar los efectos sociales de la reestructuración de las fuerzas armadas, en especial las necesidades específicas de las mujeres.

e)

Aumentar la participación sistemática de las mujeres y los jóvenes, en especial en la toma y ejecución de decisiones, en las negociaciones de paz, los procesos de reconciliación, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz, así como su integración, una participación civil y política y un reconocimiento social significativos, en consonancia con la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular en países y situaciones de fragilidad, de conflicto y después de un conflicto, también para atender los efectos desproporcionados que tienen los conflictos violentos sobre ellos y tener más en cuenta sus necesidades especiales en esas situaciones.

f)

Prevenir todas las formas de violencia sexual y de género, en particular el uso de la violencia sexual como arma de guerra.

g)

Apoyar una reforma del sector de la seguridad con perspectiva de género y sensibilidad ante los conflictos que garantice el respeto, la promoción y la observancia de los valores fundamentales y los principios de buena gobernanza de la Unión y gradualmente vaya ofreciendo a los ciudadanos, a la sociedad civil y al Estado instrumentos y capacidades que procuren una seguridad más efectiva, democrática y responsable para el desarrollo sostenible y la paz.

h)

Respaldar el desarrollo de las capacidades de los actores militares en apoyo del desarrollo y de la seguridad para el desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.

i)

Apoyar iniciativas de desarme en los niveles regional e internacional y programas y mecanismos de control de la exportación de armas.

j)

Apoyar las iniciativas locales, nacionales, regionales e internacionales que contribuyan a la seguridad, la estabilidad y la paz, entre otras las iniciativas de desarme y los programas y mecanismos de control de la exportación de armas, de remoción de minas y desminado con fines humanitarios, además de establecer vínculos entre las distintas iniciativas y estudiar las consecuencias socioeconómicas para la población civil, en especial para las necesidades de las mujeres, que tienen las minas terrestres antipersonas, la munición sin estallar y los restos explosivos de guerra.

k)

Prevenir y contrarrestar la radicalización que da lugar al extremismo violento y al terrorismo y proteger a las personas de esta amenaza por medio de programas y medidas específicos según el contexto, sensibles a los conflictos y con perspectiva de género.

l)

Apoyar tribunales locales nacionales, regionales e internacionales especiales y mecanismos y comisiones de la verdad y la reconciliación.

m)

Luchar contra cualquier forma de violencia, corrupción y delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

n)

Promover la cooperación transfronteriza para una gestión sostenible, sensible a los conflictos y participativa de los recursos naturales compartidos, de conformidad con el Derecho internacional y de la Unión y respetar y promover los derechos humanos de las personas y grupos afectados, en especial de los pueblos indígenas como se establece en la DNUDPI y de las comunidades locales.

o)

Cooperar con terceros países en el uso pacífico de la energía nuclear en el ámbito de la salud, la agricultura y la seguridad alimentaria, garantizando el pleno cumplimiento de las normas internacionales más rigurosas; así como apoyar las acciones sociales que aborden las consecuencias para la población en países expuestos a cualquier accidente radiológico y estén destinadas a mejorar sus condiciones de vida; fomentar la gestión del conocimiento, la formación y la educación en los ámbitos relativos a la energía nuclear. En su caso, estas actividades deberán estar en consonancia con las del Instrumento Europeo de Cooperación Internacional en materia de Seguridad Nuclear.

p)

Mejorar la seguridad y la protección marítimas para hacer posibles unos océanos seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.

q)

Apoyar el desarrollo de capacidades en ciberseguridad, redes digitales resilientes, protección de datos y privacidad, en consonancia con las normas y principios en materia de derechos humanos.

a)

Aumentar la apropiación nacional, la asociación y el diálogo constructivo, también con la sociedad civil, con el fin de contribuir a una gestión más eficaz de la cooperación para el desarrollo en todas sus dimensiones (prestando especial atención a los retos específicos de los países menos adelantados y los países afectados por conflictos y en situación de fragilidad, así como a los retos específicos de la transición de los países de renta media y los países en desarrollo más avanzados), aplicar a la cooperación para el desarrollo un planteamiento basado en los derechos que abarque todos los derechos humanos y garantice que no se deje a nadie atrás.

b)

Profundizar en un diálogo estratégico, económico, social, medioambiental y cultural entre la Unión y terceros países y organizaciones regionales e internacionales y apoyar el cumplimiento de compromisos internacionales y bilaterales.

c)

Fomentar una mayor inclusión y colaboración de todos los agentes en la ejecución de las políticas de cooperación para el desarrollo y de acción exterior, con el fin de compartir las lecciones extraídas y sacar el máximo partido de las capacidades, el valor añadido, la excelencia y la experiencia, reforzando así los objetivos, valores e intereses comunes y el empeño de trabajar mejor juntos.

d)

Fomentar las buenas relaciones de vecindad, la integración regional, la mejora de la conectividad, la cooperación y un diálogo inclusivo y constructivo que incluya, entre otras cosas, una mayor cooperación regional en el marco de la Estrategia de la UE de conexión entre Europa y Asia, la Estrategia de la UE para Asia Central, la Asociación África-UE, la cooperación regional del mar Negro, la cooperación en el Ártico y la dimensión septentrional.

e)

Apoyar y reforzar la cooperación de los países y regiones socios con las regiones ultraperiféricas de la Unión que estén en su vecindad y con los países y territorios de ultramar.

f)

Promover un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones, que mejore su participación genuina, continuada y estructurada en políticas nacionales e internacionales y su capacidad de desempeñar su papel como actores independientes de desarrollo y gobernanza; y reforzar los enfoques multilaterales y nuevas formas de asociación con los agentes de la sociedad civil, en especial con las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer; apoyar la democracia y ampliar el espacio cívico; fomentar un diálogo sustantivo y estructurado con la Unión y el uso y ejecución efectivos de hojas de ruta por país para el compromiso de la Unión con la sociedad civil.

g)

Colaborar con las autoridades locales y respaldar su papel en la toma de decisiones y adopción de políticas para impulsar el desarrollo local, en particular el entorno empresarial, y mejorar la gobernanza, así como con los agentes del desarrollo y la gobernanza; promover un marco regulador e institucional propicio que permita a las autoridades locales ejercer su mandato, mejorando su participación significativa, continua y estructurada en las políticas nacionales e internacionales; y reforzar las estrategias de gobernanza multilaterales y en distintos niveles y nuevas formas de asociación con las autoridades locales.

h)

Colaborar de forma más efectiva con la población de terceros países, en especial con los defensores de derechos humanos, recurriendo al máximo a la diplomacia económica, cultural y pública.

i)

Implicar a los países industrializados y a los países en vías de desarrollo más avanzados en la aplicación de la Agenda 2030 y del programa sobre retos y bienes públicos mundiales, incluido en el ámbito de la cooperación sur-sur y de la cooperación triangular.

j)

Favorecer la integración y cooperación regionales orientadas a los resultados, mediante el apoyo a la integración regional y el diálogo.

k)

Establecer asociaciones con el sector privado para crear empleo y mejorar los medios de subsistencia en los países socios.

1.

Defender los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, lo que contribuirá a crear sociedades en las que imperen la participación, la tolerancia, la no discriminación, la dignidad humana, la igualdad, la justicia social, la justicia internacional y la rendición de cuentas. Esto se articula en dos ejes principales:

2.

Desarrollar, apoyar, consolidar y proteger la democracia, abordando todos los aspectos de la gobernanza democrática, en particular reforzando el pluralismo político, la representación y la rendición de cuentas, reforzando la democracia en todos los niveles, mejorando la participación ciudadana y de la sociedad civil y apoyando procesos electorales creíbles, integradores y transparentes, así como fomentando la capacidad de la ciudadanía para supervisar los sistemas democráticos y electorales, mediante el apoyo a las organizaciones nacionales ciudadanas de observación electoral y sus redes nacionales. Se reforzará la democracia, defendiendo los principales pilares de los sistemas democráticos, las normas y principios democráticos, los medios de comunicación libres, independientes y plurales, tanto en línea como tradicionales, la libertad en internet, la lucha contra la censura, las instituciones integradoras que rinden cuentas, también los partidos políticos y parlamentos, y la lucha contra la corrupción. La ayuda de la Unión respaldará las acciones de la sociedad civil encaminadas a reforzar el Estado de Derecho, fomentando la independencia del poder judicial y el legislativo, apoyando y evaluando las reformas jurídicas e institucionales y su ejecución, supervisando los sistemas democráticos y electorales y promoviendo el acceso a una justicia asequible para todos, en particular en lo relativo a mecanismos de denuncia y recurso eficaces y accesibles a escala nacional y local.

La observación de elecciones será una parte integrante de un apoyo más amplio al proceso democrático. A este respecto, la observación de elecciones de la UE seguirá siendo un componente importante del programa, así como el seguimiento de las recomendaciones de las misiones de observación de elecciones de la UE.

Los ámbitos de intervención 1 y 2 contribuirán a reforzar la cooperación y la asociación con la sociedad civil que trabaja en el ámbito de los derechos humanos y la democracia, en particular en situaciones delicadas, y a fomentar nuevas sinergias regionales y transregionales, mediante el intercambio de conocimientos, especialmente la puesta en común de las prácticas idóneas y la creación de redes entre la sociedad civil local y entre la sociedad civil y otros organismos y mecanismos pertinentes en materia de derechos humanos, a fin de mejorar sus capacidades, como la resiliencia, y de formular un discurso convincente sobre los derechos humanos y la democracia que tenga un efecto multiplicador.

3.

Fomentar el multilateralismo efectivo y la colaboración estratégica, lo que contribuirá a reforzar las capacidades de los instrumentos y mecanismos internacionales, regionales y nacionales para promover y proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Se impulsarán las asociaciones estratégicas, con especial atención a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y otros mecanismos relevantes internacionales, regionales y nacionales en materia de derechos humanos. Por otra parte, el programa fomentará la educación y la investigación sobre los derechos humanos y la democracia, también a través del Campus Global de Derechos Humanos y Democracia.

a)

Crear un entorno propicio y accesible para la participación de los ciudadanos y la acción de la sociedad civil, incluidas las fundaciones, apoyando la participación activa de la sociedad civil en el diálogo de orientación y la consolidación de plataformas de diálogo para agentes no estatales.

b)

Apoyar y desarrollar la capacidad de las organizaciones y fundaciones de la sociedad civil para actuar como agentes tanto del desarrollo como de la buena gobernanza por derecho propio.

c)

Crear capacidades para las organizaciones de la sociedad civil a fin de apoyar a los colectivos vulnerables y marginados mediante la prestación de servicios sociales básicos como la sanidad, en particular la nutrición, la educación, la protección social y el acceso a agua potable, saneamiento e higiene.

d)

Apoyar y empoderar a las organizaciones de mujeres y a otras organizaciones pertinentes que trabajan en favor de la igualdad de género, así como a las mujeres defensoras de los derechos humanos, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer su labor y estar protegidas contra las amenazas y la violencia.

e)

Incrementar la capacidad de las redes, plataformas y alianzas de la sociedad civil de los países socios.

f)

Habilitar a la sociedad civil para que lleve a cabo su labor, mediante, entre otras cosas, el desarrollo de las capacidades, la coordinación y el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta la importancia de dar un espacio a sus actividades y proporcionar acceso a la financiación, en particular para que participe en sus propias organizaciones y con otros tipos de partes interesadas. Fomentar el diálogo de las organizaciones de la sociedad civil con los gobiernos en materia de políticas públicas.

a)

Promover foros de diálogo integradores multilaterales, incluida la interacción y la coordinación entre ciudadanos, la sociedad civil, las autoridades locales, los Estados miembros, los países socios, el sector privado y otras partes interesadas clave para el desarrollo.

b)

Propiciar la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias entre agentes de la sociedad civil nacionales e internacionales y con estos.

c)

Fomentar la cooperación y la asociación de organizaciones de la sociedad civil con organizaciones intergubernamentales internacionales, en particular el desarrollo de capacidades destinadas a promover y supervisar la aplicación de los instrumentos internacionales y regionales, como los relativos a los derechos humanos, la justicia, el Estado de Derecho y la democracia.

d)

Garantizar asociaciones y un diálogo estructurado sustantivos y continuados con la Unión.

a)

Empoderar a los ciudadanos para incrementar su participación en cuestiones de desarrollo y relativas a los ODS, en particular sensibilizando a la población, promoviendo la educación para el desarrollo tanto formal como informal y no formal, especialmente entre la juventud, y también fomentando el intercambio de conocimientos entre los agentes pertinentes, centrándose en los Estados miembros de la Unión, los países candidatos y los países candidatos potenciales.

b)

Movilizar el apoyo público en la Unión, en los países candidatos y en los países candidatos potenciales, para elaborar estrategias de desarrollo sostenible e integrador, especialmente de reducción de la pobreza, en los países socios.

a)

Alerta rápida y análisis de riesgos sensible al conflicto en la formulación y ejecución de políticas.

b)

Facilitación y desarrollo de capacidades de consolidación de la confianza, mediación, diálogo y medidas de reconciliación, en especial en el plano de la comunidad, haciendo especial hincapié en las tensiones emergentes entre comunidades, en particular con vistas a la prevención del genocidio y de los crímenes contra la humanidad.

c)

Prevención de conflictos.

d)

Refuerzo de las capacidades para la participación y el despliegue en misiones civiles de estabilización y consolidación y mantenimiento de la paz.

e)

Mejora de la recuperación tras los conflictos y las catástrofes, con hincapié en la situación política y de seguridad.

f)

Apoyo a las medidas de estabilización, de seguridad de las personas y de restauración de la protección humana, en particular la lucha contra las minas, la retirada de minas y la justicia transicional, en consonancia con los acuerdos multilaterales pertinentes.

g)

Apoyo a las medidas de consolidación de la paz y consolidación del Estado que incluyan, cuando proceda, a organizaciones de la sociedad civil, Estados y organizaciones internacionales, así como refuerzo de las relaciones entre Estado y sociedad.

h)

Contribución al impulso del desarrollo de diálogos estructurales sobre cuestiones de consolidación de la paz en distintos niveles, entre la sociedad civil y los países socios, y con la Unión.

i)

Respuesta a las crisis y preparación ante ellas.

j)

Límite al uso de los recursos naturales para financiar conflictos, y apoyo al cumplimiento por parte de las partes interesadas de iniciativas como el sistema de certificación del proceso de Kimberley y, en particular, de actos jurídicos como el Reglamento (UE) 2017/821, especialmente por lo que respecta a la ejecución de controles internos eficaces sobre la producción y el comercio de recursos naturales.

k)

Desarrollo de capacidades de los actores militares en apoyo del desarrollo y de la seguridad para el desarrollo, de conformidad con el artículo 9.

l)

Apoyo a las medidas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en particular a través de la aplicación de las Resoluciones 1325 (2000) y 2250 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la participación y la representación de las mujeres y los jóvenes en procesos de paz formales e informales.

m)

Promover una cultura de la no violencia, en particular mediante el apoyo a la educación formal, informal y no formal para la paz.

n)

Apoyo a las medidas que fortalezcan la resiliencia de los Estados, las sociedades, las comunidades y las personas, que incluyan evaluaciones de la resiliencia concebidas para identificar las capacidades endógenas dentro de las sociedades que les permiten resistir y adaptarse a las presiones y conmociones y recuperarse rápidamente.

o)

Apoyo a los tribunales penales internacionales y a los tribunales nacionales ad hoc, a las comisiones de la verdad y la reconciliación, a la justicia transicional y a otros mecanismos para la resolución jurídica de denuncias en materia de derechos humanos y de reivindicación y declaración de derechos de propiedad.

p)

Apoyo a las medidas de lucha contra el uso ilícito de las armas de fuego, las armas pequeñas y las armas ligeras y el acceso a ellas.

q)

Apoyo a la transferencia de conocimientos, el intercambio de información y buenas prácticas, la evaluación, investigación y análisis de riesgos o amenazas, los sistemas de detección precoz, la formación y la prestación de servicios.

a)

Amenazas para la ley y el orden público, la seguridad y la protección de los ciudadanos, en particular el terrorismo, la radicalización que lleva al extremismo violento, la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, las amenazas híbridas, y el tráfico, el comercio y el tránsito ilegales; en particular, reforzando la capacidad de los cuerpos de seguridad y de las autoridades judiciales y civiles que participan en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, especialmente la delincuencia informática.

b)

Amenazas para los espacios públicos, las infraestructuras de importancia vital, en particular el transporte internacional, como el tráfico de pasajeros y de mercancías, las operaciones relativas a la energía y la distribución de energía, la ciberseguridad.

c)

Amenazas para la salud pública, especialmente epidemias repentinas con posibles repercusiones transnacionales.

d)

Amenazas para la estabilidad medioambiental, amenazas para la seguridad marítima o amenazas derivadas del impacto del cambio climático que puedan tener un efecto desestabilizador en la paz y la seguridad.

e)

Atenuación de los riesgos, ya sean de origen intencionado, accidental o natural, en relación con materiales o agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares o agentes y de los riesgos para las instalaciones y emplazamientos correspondientes, o restos explosivos de guerra y conflictos, en particular en los siguientes ámbitos:

En su caso, estas actividades deberán estar en consonancia con las del Instrumento Europeo de Cooperación Internacional en materia de Seguridad Nuclear.

f)

Desarrollo de capacidades de los actores militares en apoyo del desarrollo y de la seguridad para el desarrollo, de conformidad con el artículo 9.

a)

Desarrollar elementos cruciales de un sistema de salud efectivo y global, en particular para las enfermedades contagiosas que sea más adecuado tratar a escala mundial, para garantizar el acceso equitativo, asequible, integrador y universal a los servicios sanitarios, especialmente a los mencionados en el artículo 8, apartado 4.

b)

Promover, prestar y ampliar los servicios básicos y los servicios de apoyo psicológico a las víctimas de violencia, en particular a las mujeres y los niños víctimas de violaciones.

c)

Reforzar iniciativas mundiales que sean factores clave de la cobertura sanitaria universal mediante el liderazgo mundial respecto de un planteamiento basado en «la salud en todas las políticas» en un proceso continuo de asistencia, que incluya la promoción de la salud, desde la prevención hasta el postratamiento.

d)

Abordar la seguridad sanitaria mundial y la resistencia a los antimicrobianos mediante la investigación y el control de las enfermedades contagiosas, en particular las enfermedades relacionadas con la pobreza, las enfermedades desatendidas y las evitables mediante vacunación, combatir los medicamentos falsos, traducir el conocimiento en productos, diagnósticos, tecnologías relacionadas con la salud y políticas que sean seguros, accesibles y asequibles (como los medicamentos genéricos) y que hagan frente al cambio en la carga de morbilidad (enfermedades no contagiosas, todas las formas de malnutrición y factores de riesgo medioambientales), y configurar mercados mundiales para mejorar el acceso a los productos y servicios sanitarios básicos y asequibles, especialmente los mencionados en el artículo 8, apartado 4.

e)

Apoyar iniciativas mundiales para el desarrollo de vacunas seguras, eficientes y asequibles.

a)

Promover la consecución de los objetivos acordados a escala internacional en materia de educación mediante el esfuerzo global conjunto por una educación y una formación, también para profesores, integradora, equitativa, accesible y de calidad en todos los niveles y para todas las edades, también en situaciones de emergencia y de crisis, haciendo un especial hincapié en el refuerzo de los sistemas gratuitos de educación.

b)

Reforzar el conocimiento, las capacidades y los valores mediante asociaciones y alianzas que incluyan apoyo para los datos y análisis, la investigación e innovación y el intercambio de conocimiento en materia de educación, así como para las redes educativas, por una ciudadanía activa y unas sociedades productivas, instruidas, democráticas, integradoras y resilientes.

c)

Apoyar la acción mundial para reducir todos los aspectos de la discriminación y las desigualdades, como la brecha entre niñas y mujeres y niños y hombres, así como entre distintos grupos sociales, para garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades para participar en la vida económica, política, social y cultural.

d)

Apoyar una educación integradora y de calidad en entornos frágiles.

e)

Apoyar las acciones y promover la cooperación en el ámbito del deporte para contribuir al empoderamiento de las mujeres y de la juventud, a escala individual y comunitaria.

a)

Comprometerse a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos; en particular prestar apoyo para establecer un entorno económico, político y social más propicio para el cumplimiento de los derechos de las niñas y las mujeres que les permita participar plenamente en la sociedad, tener las mismas oportunidades de liderazgo en la vida social, económica, política y civil y ser un motor de desarrollo.

b)

Dirigir y respaldar los esfuerzos, asociaciones y alianzas a escala mundial en favor de los derechos de las mujeres y las niñas, tal como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, en particular la exclusión de las mujeres en los distintos ámbitos de su vida privada y pública, como el mercado laboral y el acceso a servicios sociales y sanitarios.

c)

Dirigir y respaldar los esfuerzos, asociaciones y alianzas a escala mundial en favor de los derechos de las mujeres para eliminar todas las formas de violencia y de prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia física, psicológica, sexual y de género, la mutilación genital femenina, así como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la violencia y la discriminación económicas, políticas y de otro tipo, especialmente en situación de crisis, y también la exclusión que padecen las mujeres en los distintos ámbitos de su vida pública y privada.

d)

Abordar las causas profundas de las desigualdades de género como medio para apoyar la prevención de conflictos y la consolidación de la paz; fomentar el empoderamiento de las mujeres, especialmente en su papel de agentes del desarrollo y de consolidación de la paz.

e)

Fomentar la protección y el cumplimiento de todos los derechos de las mujeres y las niñas, en especial los mencionados en el artículo 8, apartado 4.

f)

Promover la protección y el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas, en particular los derechos económicos, políticos, laborales y sociales, así como los contemplados en el artículo 8, apartado 4.

a)

Promover el acceso universal a todos los servicios sociales y sanitarios para la infancia y la juventud, en particular los colectivos más marginados, con especial atención a la salud, la nutrición, la educación, la protección social y el desarrollo de la primera infancia, especialmente a través de servicios específicos adaptados a la juventud.

b)

Promover nuevas iniciativas para crear sistemas más sólidos de protección de la infancia en terceros países, garantizando que los niños tengan el mejor comienzo de vida posible y estén protegidos en todos los ámbitos de la violencia, los abusos y el desamparo, en particular promoviendo la transición desde la asistencia infantil institucional a la comunitaria.

c)

Fomentar el empoderamiento de la infancia y la juventud abriendo espacios para su participación activa y significativa en asuntos que les afecten, en particular en la vida política y los procesos de paz y tareas de mediación, apoyando iniciativas de diálogo intercultural entre organizaciones juveniles y previniendo la marginación y la exclusión.

d)

Intensificar la asistencia a la juventud para ayudarla a obtener las capacidades pertinentes y a acceder a empleos dignos y de calidad a través de la educación, la formación profesional y técnica, y las tecnologías digitales.

e)

Promover el empoderamiento de la juventud y la ciudadanía responsable, abriendo espacios para su participación activa y significativa en la vida política y en los procesos de paz y tareas de mediación apoyando iniciativas de diálogo intercultural entre organizaciones juveniles y previniendo la marginación y la exclusión.

f)

Crear un entorno propicio que ofrezca nuevas oportunidades innovadoras para el compromiso cívico de la juventud y el emprendimiento y el empleo juveniles.

a)

Garantizar el liderazgo sostenido de la Unión en la configuración del programa mundial sobre migración y gobernanza de los desplazamientos forzosos en todas sus dimensiones, en particular para facilitar una migración legal, segura, regular y responsable, en consonancia con los derechos humanos, el Derecho internacional sobre refugiados y el Derecho internacional humanitario.

b)

Dirigir y respaldar los diálogos estratégicos mundiales y transregionales, también sobre migración sur-sur, incluido el intercambio y la cooperación sobre migración y desplazamiento forzoso.

c)

Apoyar el cumplimiento de los compromisos internacionales y de la Unión en materia de migración y desplazamiento forzoso, en especial a escala de las Naciones Unidas.

d)

Mejorar la base de pruebas mundial, también sobre el vínculo entre migración y desarrollo, e iniciar acciones de carácter piloto destinadas a desarrollar enfoques operativos innovadores en el ámbito de la migración y el desplazamiento forzoso.

e)

Impulsar las asociaciones estratégicas con las organizaciones internacionales pertinentes para apoyar la cooperación internacional y la gobernanza de la migración de conformidad con el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional sobre refugiados.

a)

Configurar las prioridades mundiales y respaldar iniciativas relativas a la integración de un pilar sólido sobre igualdad y justicia social de conformidad con los valores europeos.

b)

Contribuir a las prioridades mundiales sobre trabajo digno para todos en un entorno saludable, de acuerdo con las normas laborales fundamentales de la OIT, especialmente en lo relativo al diálogo social, los salarios dignos y la lucha contra el trabajo infantil, la responsabilidad social de las empresas, en particular haciendo que las cadenas de valor mundiales sean sostenibles y responsables y mejorando los conocimientos sobre políticas efectivas de empleo con perspectiva de género que respondan a las necesidades del mercado laboral y fomenten la integración socioeconómica, incluidos la educación y formación profesionales y el aprendizaje permanente.

c)

Respaldar iniciativas mundiales en materia de empresas y derechos humanos, en particular la responsabilidad corporativa en caso de violación de derechos y el acceso a vías de recurso.

d)

Respaldar iniciativas mundiales sobre protección social universal que sigan los principios de eficiencia, sostenibilidad e igualdad; incluido el apoyo para atajar la desigualdad con vistas a mejorar la igualdad de género y la cohesión social, en particular estableciendo y reforzando sistemas sostenibles de protección social y de seguridad social.

e)

Proseguir la investigación y el desarrollo a escala mundial a través de la innovación social que mejore la inclusión social y haga frente a los derechos y las necesidades concretas de las capas más vulnerables de la sociedad.

f)

Promover y apoyar los esfuerzos para hacer que la vida social, política y económica sea más integradora y para hacer frente a los factores socioeconómicos que influyen en los conflictos.

a)

Fomentar iniciativas para la diversidad cultural y el diálogo intercultural e interconfesional para unas relaciones pacíficas entre comunidades.

b)

Apoyar la cultura como motor del desarrollo sostenible social y económico y reforzar la cooperación en materia de patrimonio cultural y la preservación de dicho patrimonio.

c)

Desarrollar la artesanía local como medio para conservar el patrimonio cultural local y fomentar el desarrollo sostenible.

d)

Reforzar la cooperación en materia de protección, conservación y mejora del patrimonio cultural, en particular la preservación del patrimonio cultural especialmente vulnerable, sobre todo de minorías y comunidades aisladas y pueblos indígenas, en la línea de lo establecido en la DNUDPI.

e)

Apoyar los acuerdos para la restitución de bienes culturales a sus países de origen.

f)

Apoyar la cooperación cultural mediante intercambios, asociaciones y otras iniciativas y el reconocimiento de la profesionalidad de autores, artistas y agentes culturales y creativos.

g)

Apoyar la cooperación y las asociaciones entre organizaciones deportivas.

a)

Reforzar la gobernanza climática y medioambiental a escala mundial, la ejecución del Acuerdo de París, de las Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y de otros acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente.

b)

Contribuir a la proyección exterior de las políticas medioambientales y en materia de cambio climático de la Unión.

c)

Integrar el medio ambiente, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el cambio climático, los objetivos de reducción del riesgo de catástrofes y de preparación ante ellas, en políticas, planes e inversiones, también mediante la mejora del conocimiento y la información.

d)

Ejecutar iniciativas internacionales y de la Unión para promover la adaptación y mitigación del cambio climático y el desarrollo con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático, en particular mediante la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional y de estrategias a largo plazo de bajas emisiones de carbono y resiliencia al cambio climático, promover la reducción del riesgo de catástrofes, atajar la degradación medioambiental y frenar la pérdida de biodiversidad, promover la conservación y la gestión y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y marinos y los recursos naturales renovables, incluida la tierra, el agua, los océanos, la pesca y los bosques, fomentar la forestación y la protección de los bosques naturales, atajar la deforestación, la desertificación, la degradación del suelo, la tala ilegal, el tráfico de especies silvestres, frenar la contaminación, en particular los residuos marinos, y garantizar un entorno saludable, abordar problemas climáticos y medioambientales, como los desplazamientos provocados por catástrofes naturales, promover la eficiencia de los recursos, el consumo y la producción sostenibles, la gestión integrada de los recursos hídricos y la gestión racional de los productos químicos y de los residuos y apoyar la transición a economías ecológicas, circulares, hipocarbónicas y resilientes al cambio climático, así como fomentar la responsabilidad de las empresas y una conducta empresarial responsable.

e)

Promover prácticas agrícolas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, incluida la agroecología, a fin de proteger los ecosistemas y la biodiversidad y de mejorar la resiliencia medioambiental y social al cambio climático, centrándose especialmente en apoyar a los agricultores minifundistas, a los trabajadores y los artesanos.

f)

Poner en marcha iniciativas internacionales y de la Unión encaminadas a abordar la pérdida de la biodiversidad, fomentando la conservación, la gestión y el uso sostenibles de los ecosistemas terrestres y marinos y su biodiversidad.

g)

Apoyar la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles perjudiciales para el medio ambiente, fomentar la adopción de tarifas que reflejen los costes por parte de las empresas de servicios públicos y explorar alternativas de protección social más rentables y respetuosas con el clima.

a)

Apoyar los esfuerzos, compromisos, asociaciones y alianzas a escala mundial, incluida la transición a la energía sostenible.

b)

Fomentar la seguridad energética para los países socios y las comunidades locales, en especial la diversificación de las fuentes y las vías de suministro, teniendo en cuenta la volatilidad de los precios y el potencial de reducción de las emisiones, mejorar los mercados e impulsar, en particular, las interconexiones y el comercio de electricidad.

c)

Animar a los gobiernos socios a optar por políticas y reformas del mercado en el sector energético de manera que se establezca un entorno propicio para el crecimiento integrador y la inversión que aumente el acceso a servicios energéticos para todos, que sean respetuosos con el clima, asequibles, modernos, fiables y sostenibles, dando prioridad a las energías renovables y la eficiencia energética.

d)

Explorar, detectar, integrar globalmente y apoyar financieramente modelos empresariales sostenibles con potencial de conversión a escala y posibilidad de ser replicados, que ofrezcan tecnologías novedosas y digitales mediante la investigación innovadora que garantice mayor eficiencia, en particular, para los enfoques descentralizados que ofrezcan acceso energético mediante energía renovable incluso en ámbitos en los que la capacidad del mercado local sea limitada.

a)

Promover inversiones privadas sostenibles mediante mecanismos de financiación innovadores y riesgo compartido.

b)

Mejorar el entorno empresarial y el clima de inversiones, fomentar un sector privado local responsable desde el punto de vista social y ecológico, respaldar la mejora del diálogo entre el sector público y el privado y desarrollar las capacidades, la competitividad y la resiliencia de las pymes y las empresas emergentes locales, así como de las cooperativas y las empresas sociales, e impulsar su integración en la economía local, regional y mundial.

c)

Fomentar la inclusión financiera favoreciendo el acceso a servicios financieros como los microcréditos, el microahorro, los microseguros y las transferencias de pago, y su uso efectivo por parte de las pymes y los hogares, en particular en el caso de grupos socialmente desfavorecidos o vulnerables.

d)

Respaldar la aplicación de la política comercial y los acuerdos comerciales de la Unión, en consonancia con el desarrollo sostenible; reforzar las capacidades comerciales de los países socios, mejorar el acceso a los mercados de los países con los que se colabora y estimular el comercio justo y las oportunidades empresariales y de inversión comprometidas y responsables para las empresas de la Unión, eliminando a la vez las barreras para el acceso al mercado y la inversión, así como procurar facilitar el acceso a tecnologías respetuosas con el medio ambiente, al tiempo que se garantiza, en la mayor medida posible, el intercambio de valor añadido y la diligencia debida en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro, teniendo en cuenta la coherencia de las políticas para el desarrollo.

e)

Promover una política combinada efectiva que apoye la diversificación económica, el valor añadido y la integración regional y la economía azul y ecológica sostenible.

f)

Impulsar el acceso a las tecnologías digitales, promoviendo también el acceso a la financiación y la inclusión financiera, así como al comercio electrónico.

g)

Promover el consumo y la producción sostenibles y tecnologías y prácticas innovadoras para una economía circular baja en emisiones y eficiente en el uso de recursos.

h)

Reforzar la sostenibilidad medioambiental y social, la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable en toda la cadena de valor.

i)

Luchar contra el blanqueo de capitales, la corrupción, los flujos financieros ilícitos y la evasión y elusión fiscales. Promover la fiscalidad progresiva, medidas de lucha contra la corrupción y unas políticas redistributivas del gasto público.

j)

Fomentar el crecimiento integrador, en particular promoviendo y apoyando la participación de las mujeres y la juventud y detectando de forma proactiva la marginación económica de grupos concretos y abordándola.

a)

Apoyar e influir en las estrategias, organizaciones, mecanismos y agentes internacionales que ponen en marcha cuestiones y marcos estratégicos importantes de alcance mundial en torno a la seguridad alimentaria y nutricional sostenible, reduciendo la fragmentación en la arquitectura mundial nutricional y contribuyendo a la rendición de cuentas en los compromisos internacionales relativos a la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible.

b)

Mejorar los bienes públicos mundiales buscando poner fin al hambre y la desnutrición; garantizar un acceso equitativo a los alimentos, en particular ayudando a colmar la brecha de financiación para la nutrición, especialmente mediante instrumentos como la Red mundial contra las crisis alimentarias para aumentar la capacidad de responder adecuadamente a las crisis alimentarias y nutricionales.

c)

Mejorar de forma coordinada y agilizada los esfuerzos intersectoriales para aumentar la capacidad de producción diversificada de alimentos a escala local y regional, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, así como el acceso al agua potable, y mejorar la resiliencia de los más vulnerables, en particular en los países que se enfrentan a crisis prolongadas o recurrentes.

d)

Reafirmar en el plano mundial el papel central de la agricultura, la pesca y la acuicultura sostenibles, en particular la agricultura minifundista y la ganadería y el pastoreo a pequeña escala, para incrementar la seguridad alimentaria, erradicar la pobreza, crear empleo, garantizar un acceso equitativo y sostenible a los recursos y a la gestión de estos, especialmente a recursos como la tierra y los derechos de tenencia de la tierra, el agua, las semillas de «código abierto», otros insumos agrícolas y los (micro)créditos; mitigar el cambio climático y adaptarse a él, fomentar la resiliencia y los ecosistemas sanos.

e)

Aportar innovación a través de la investigación internacional y reforzar los conocimientos y la experiencia en el ámbito mundial, la promoción y el refuerzo de estrategias de adaptación locales y autónomas, en particular en relación con la adaptación al cambio climático y la mitigación de este, la agrobiodiversidad, las cadenas de valor globales e integradoras, el comercio justo, la seguridad alimentaria, las inversiones responsables, la gobernanza de la tierra y la tenencia de los recursos naturales.

1.

2.

3.

a)

una situación de emergencia, crisis, fragilidad, amenazas híbridas, crisis incipiente o catástrofes naturales, cuando sea pertinente para la estabilidad, la paz y la seguridad;

b)

una situación que suponga una amenaza para la paz, la democracia, la ley y el orden público, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, o la seguridad y protección de las personas, en particular de aquellas expuestas a la violencia sexual y de género en situaciones de inestabilidad;

c)

una situación que amenace con derivar en un conflicto armado o con desestabilizar gravemente al tercer país o los terceros países en cuestión.

a)

el apoyo, en forma de asistencia técnica y logística, a los esfuerzos emprendidos tanto por las organizaciones internacionales, regionales y locales como por los Estados y la sociedad civil en el fomento de la confianza, la mediación, el diálogo y la reconciliación, la justicia transicional y el empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes, en particular en caso de tensiones comunitarias y conflictos prolongados;

b)

el apoyo a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la juventud, la paz y la seguridad;

c)

el apoyo al establecimiento y funcionamiento de administraciones provisionales con mandato internacional de conformidad con el Derecho internacional;

d)

el apoyo al desarrollo de instituciones públicas democráticas y pluralistas —incluidas medidas para aumentar el papel de las mujeres en tales instituciones—, de una administración civil eficaz y de la supervisión civil del sistema de seguridad, así como medidas para reforzar el cumplimiento de la ley y apoyar a las autoridades judiciales que participan en la lucha contra el terrorismo, contra la delincuencia organizada y todas las formas de tráfico ilícito;

e)

el apoyo a los tribunales penales internacionales y a tribunales nacionales ad hoc, a las comisiones de la verdad y la reconciliación, a la justicia transicional y a otros mecanismos para la resolución jurídica de denuncias en materia de derechos humanos y reivindicación y declaración de derechos de propiedad;

f)

el apoyo al refuerzo de la capacidad de un Estado ante presiones importantes para construir, mantener o restablecer rápidamente sus funciones esenciales y la cohesión social y política;

g)

el apoyo a las medidas necesarias para comenzar la rehabilitación y la reconstrucción de infraestructuras de importancia vital, vivienda, edificios públicos y activos económicos, y la capacidad de producción básica, así como otras medidas para la reactivación de la actividad económica, la creación de empleo y el establecimiento de las condiciones mínimas necesarias para un desarrollo social sostenible;

h)

el apoyo a las medidas civiles relativas a la desmovilización y la reintegración de excombatientes y de sus familias en la sociedad civil y, cuando proceda, a su repatriación, así como medidas para ocuparse de la situación de los niños soldado y de las mujeres combatientes;

i)

el apoyo a las medidas para atenuar los efectos sociales de la reestructuración de las fuerzas armadas;

j)

el apoyo a las medidas dirigidas a abordar, en el marco de las políticas de cooperación de la Unión y sus objetivos, el impacto socioeconómico en la población civil de las minas antipersonas, los artefactos sin explotar o restos de explosivos abandonados. Las actividades financiadas en el marco del Instrumento podrán abarcar, entre otras cosas, la formación en materia de riesgo, la detección y supresión de minas y, en relación con ello, la destrucción de arsenales;

k)

el apoyo a las medidas dirigidas a combatir, en el marco de las políticas de cooperación de la Unión y sus objetivos, el uso y el acceso ilícitos a las armas de fuego y a las armas ligeras y de pequeño calibre;

l)

el apoyo a medidas que aseguren que se atienden adecuadamente las necesidades específicas de las mujeres y de los niños en situaciones de conflicto o de crisis, en particular evitar su exposición a la violencia de género;

m)

el apoyo a la rehabilitación y reintegración de las víctimas de conflictos armados, incluidas las medidas destinadas a tratar las necesidades específicas de las mujeres y de los niños;

n)

el apoyo a las medidas para fomentar y defender el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho y los instrumentos internacionales conexos;

o)

el apoyo a las medidas socioeconómicas para promover un acceso equitativo a los recursos naturales, y una gestión transparente de los mismos, en una situación de crisis o de crisis incipiente, incluyendo medidas de consolidación de la paz;

p)

el apoyo a las medidas para hacer frente al impacto potencial de movimientos súbitos de población relevantes para la situación política y de seguridad, incluidas medidas dirigidas a satisfacer las necesidades de las comunidades de acogida;

q)

el apoyo a las medidas para fomentar el desarrollo y la organización de la sociedad civil y su participación en el proceso político, incluidas medidas dirigidas a aumentar el papel de las mujeres en dichos procesos y medidas para fomentar medios de comunicación independientes, plurales y profesionales;

r)

el apoyo a las medidas destinadas a hacer frente a catástrofes naturales o causadas por el ser humano que supongan una amenaza para la estabilidad, así como a amenazas para la salud pública relacionadas con pandemias, en caso de que no haya ayuda humanitaria y de protección civil de la Unión o como complemento de la misma;

s)

el refuerzo de las capacidades de los actores militares en apoyo del desarrollo y de la seguridad para el desarrollo, de conformidad con el artículo 9.

a)

reforzar la resiliencia, tratar los factores de vulnerabilidad y abordar los posibles factores de conflicto apoyando a los ciudadanos, las comunidades, las instituciones y los países para que puedan prepararse mejor para resistir, adaptarse y recuperarse rápidamente de las tensiones y las crisis políticas, económicas y sociales, las catástrofes naturales o causadas por el ser humano y los conflictos, las pandemias y las amenazas mundiales, en especial identificando y reforzando sus capacidades existentes; reforzando la capacidad de un Estado ante presiones importantes para construir, mantener o restablecer rápidamente sus funciones esenciales y la cohesión social y política, y apoyando a las sociedades, comunidades y ciudadanos para gestionar oportunidades y riesgos de manera pacífica y sensible a los conflictos y construir, mantener o restablecer los medios de subsistencia y los servicios sociales ante tensiones graves respaldando las iniciativas internacionales y multilaterales que sean pertinentes para estos fines;

b)

atenuar los efectos adversos a corto plazo ocasionados por perturbaciones exógenas que crean inestabilidad macroeconómica e intentar preservar las reformas socioeconómicas y el gasto público prioritario para el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza;

c)

llevar a cabo una rehabilitación y una reconstrucción a corto plazo que permitan a las víctimas de catástrofes naturales o causadas por el ser humano, de conflictos y de amenazas mundiales beneficiarse de un mínimo de normas socioeconómicas y crear, lo antes posible, las condiciones para reanudar el desarrollo sobre la base de objetivos a largo plazo fijados por los países y las regiones en cuestión y las poblaciones afectadas; también hacer frente a las necesidades urgentes e inmediatas causadas por el desplazamiento de personas y de las comunidades que las acogen tras catástrofes naturales o causadas por el ser humano;

d)

ayudar a las regiones, los Estados, a escala nacional o local, o a las organizaciones internacionales o de la sociedad civil a crear mecanismos de prevención y preparación a corto plazo ante las catástrofes naturales, también para la previsión y alerta rápida, con objeto de atenuar las consecuencias de las catástrofes;

e)

apoyar medidas que permitan poner en práctica los planteamientos integrados, en particular mejorando la coordinación y la aplicación de planteamientos sensibles a los conflictos por parte de agentes de los ámbitos humanitario, del desarrollo y, cuando proceda, del mantenimiento de la paz.

a)

el apoyo de las estrategias de cooperación bilaterales, regionales e interregionales de la Unión, la promoción del diálogo estratégico y el desarrollo de planteamientos y respuestas colectivos a retos de naturaleza mundial como la migración y el desplazamiento forzoso, el cambio climático y las cuestiones de seguridad, también la mediación, y el aprovechamiento de las oportunidades al respecto;

b)

el apoyo a la política comercial y la negociación, aplicación y ejecución de los acuerdos comerciales; y a la mejora del acceso a los mercados de los países socios y al estímulo de oportunidades empresariales, de inversión y comerciales para las empresas de la Unión, en particular las pymes, suprimiendo al mismo tiempo las barreras para el acceso al mercado y la inversión y protegiendo los derechos de propiedad intelectual e industrial mediante la diplomacia económica y la cooperación empresarial y normativa, con las adaptaciones necesarias para la situación específica del país socio, teniendo en cuenta el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo establecido en los artículos 208 y 212 del TFUE y los compromisos internacionales a que se refiere el artículo 3, apartado 1, del presente Reglamento;

c)

las contribuciones a la aplicación de la dimensión internacional de las políticas internas de la Unión, entre otras, de medio ambiente, cambio climático, energía, ciencia y educación y cooperación en materia de gestión y gobernanza de los océanos, y de apoyo a la convergencia normativa;

d)

la promoción de un mayor entendimiento y visibilidad de la Unión y su papel en el escenario mundial por medio de la comunicación estratégica, la diplomacia pública, los contactos interpersonales, la diplomacia cultural, la cooperación en asuntos educativos y académicos y las actividades de divulgación para promover los intereses y valores de la Unión.

a)

Proporcionar financiación y apoyo al desarrollo del sector privado y cooperativo que reúna las condiciones expuestas en el artículo 209, apartado 2, del Reglamento Financiero y sea conforme con los objetivos del artículo 31, apartado 12, del presente Reglamento con particular atención a las empresas locales y pymes, a la promoción de la creación de empleo digno de acuerdo con las normas fundamentales del trabajo de la OIT y al fomento de la contribución de las empresas europeas a los fines del FEDS+.

b)

Abordar los obstáculos a la inversión privada proporcionando instrumentos financieros, que podrán ser denominados en la moneda local del país socio de que se trate, incluidas garantías de primera pérdida para carteras, garantías para proyectos del sector privado, tales como garantías de préstamo para pymes, y garantías para riesgos específicos derivados de proyectos de infraestructura y de otro tipo de capital riesgo.

c)

Potenciar el efecto palanca de la financiación del sector privado, con una atención especial a las pymes, haciendo frente a los cuellos de botella y obstáculos a la inversión.

d)

Reforzar los sectores y ámbitos socioeconómicos y las infraestructuras conexas públicas y privadas y la conectividad sostenible, incluida la energía renovable y sostenible, el agua y la gestión de los residuos, el transporte y las tecnologías de la información y la comunicación, así como el medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales, la agricultura sostenible y la economía azul, la gestión forestal y la restauración del paisaje sostenibles, las infraestructuras sociales, la sanidad y el capital humano, con el fin de mejorar el entorno socioeconómico.

e)

Contribuir a la acción por el clima y la protección y la gestión del medio ambiente.

f)

Contribuir, mediante el fomento del desarrollo sostenible, a abordar las causas profundas socioeconómicas específicas de la migración irregular y las causas profundas del desplazamiento forzoso, y contribuir a la reintegración sostenible de los migrantes que retornan a su país de origen, así como fomentar la resiliencia de las comunidades de tránsito y de acogida, prestando la debida atención a que se refuercen el Estado de Derecho, la buena gobernanza y los derechos humanos.

1)

puntuación con respecto al Estado de Derecho en los países beneficiarios de la ayuda de la Unión;

2)

porcentaje de la población por debajo del umbral internacional de pobreza por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural);

3)

número de mujeres en edad reproductiva, chicas adolescentes y niños menores de cinco años atendidos por programas de nutrición con ayuda de la Unión;

4)

número de pequeños agricultores que se benefician de intervenciones financiadas por la Unión destinadas a aumentar la producción sostenible, el acceso a los mercados o la seguridad de las tierras;

5)

número de niños de un año que han recibido una vacunación completa con ayuda de la Unión;

6)

número de estudiantes matriculados en educación: a) primaria; b) secundaria; y número de personas que se han beneficiado de intervenciones de educación y formación profesionales o desarrollo de capacidades en una institución o en el lugar de trabajo, respaldadas por la Unión;

7)

supresión de emisiones de gases de efecto invernadero (en kilotoneladas de equivalente CO2) con el apoyo de la Unión;

8)

zonas de ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce protegidos o gestionados de manera sostenible con ayuda de la Unión;

9)

estímulo de las inversiones y efecto multiplicador logrado;

10)

número de personas que se benefician directamente de intervenciones financiadas por la Unión destinadas de forma específica a respaldar a la población civil tras un conflicto, a la consolidación de la paz o a la prevención de conflictos;

11)

número de procesos relativos a prácticas de países socios sobre comercio, inversiones y empresas, o que promuevan la dimensión exterior de las políticas internas o los intereses de la Unión que han resultado influidos;

12)

número de personas que han mejorado su acceso al agua potable o a las instalaciones de saneamiento con el apoyo de la Unión;

13)

número de migrantes, refugiados y desplazados internos o de personas de comunidades de acogida protegidas o asistidas con el apoyo de la Unión;

14)

número de países y ciudades con estrategias de reducción del riesgo de catástrofes o de lucha contra el cambio climático a) implantadas o b) en curso de aplicación con el apoyo de la Unión;

15)

número de pymes que aplican prácticas sostenibles de consumo y producción con el apoyo de la Unión;

16)

capacidad de generación de energía renovable instalada (MW) con el apoyo de la Unión;

17)

porcentaje de cooperación financiada por la Unión para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer;

18)

número de víctimas de violación de los derechos humanos que se benefician directamente de ayudas financiadas por la Unión;

19)

número de iniciativas financiadas por la Unión en apoyo de la implantación de reformas políticas, económicas y sociales y de acuerdos conjuntos en países socios.