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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido ante el Tribunal Supremo, Sala Quinta, con el número 504.365, interpuesto por don Pablo León Torres Salcedo, contra resolución de 29 de noviembre de 1971, se ha dictado sentencia con fecha 16 de enero de 1979, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pablo León Torres Salcedo, contra la Orden del Ministerio de la Vivienda de veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y uno, por la que se aprobó el proyecto de expropiación del área de actuación “Tres Cantos”, y se fijó el justiprecio de la parcela trescientos diez de su propiedad y desestimación presunta, por silencio administrativo, del recurso de alzada, reposición contra dicho justiprecio interpuesto, revocamos dichos actos administrativos como contrarios a derecho, declarando en su lugar que el valor de dicha parecía se obtendrá manteniendo inalterados los factores tenidos en cuenta por la Administración, salvo las expectativas que se fijan en el noventa por ciento, y el módulo que se establece en mil trescientas setenta y cinco pesetas, con cincuenta y dos céntimos, debiendo incrementarse el justiprecio obtenido con el cinco por ciento en concepto de afección y abonarse en lo no percibido y hasta su completo pago los intereses legales, confirmando en lo demás las resoluciones recurridas, sin especial imposición de costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 9 de mayo de 1979.–P. D., el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director Gerente del Instituto Nacional de Urbanización.