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Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 30 de junio de 1978, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Miller y Compañía, S. A.», y seguido ante el Tribunal Supremo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia según sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de "Miller y Compañía, S. A.", contra resolución del Ministerio de Trabajo de veintidós de enero de mil novecientos setenta y dos, que en alzada confirmó otra de la Dirección General de Trabajo de veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y uno, que impuso a la Sociedad recurrente multas por un total de ciento veintitrés mil pesetas en expediente sobre infracción de las Leyes de Emigración, debemos anular y anulamos las expresadas resoluciones administrativas por ser contrarias al ordenamiento jurídico, y como consecuencia de dicha, anulación dejamos sin efecto el acta originaria número ST 420, levantada el veinticinco de abril de mil novecientos setenta por la Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife,. debiéndose devolver a la accionante el total importe de la susodicha sanción económica satisfecho para recurrir; todo ello sin especial imposición de las costas procesales.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro Martín de Hijas, José Luis Ponce de León, Manuel Gordillo, Aurelio Botella y José Gabaldón (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 5 de febrero de 1979.‒P. D., el Subsecretario, Gerardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.