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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 506.904, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, promovido por don Salvador Tarrafa Ros, don Jaime Martínez Espuch, don Bartolomé Covas Mulet, don José Sala Ros, don Vicente José Rubio Ferrándiz, don Francisco Martínez Espuch, don Vicente Bonet Clapes don Antonio Ramón Serra, don Francisco Losada Alvarado, don Antonio Cervantes Segura, don Francisco Vengut Borrero, don Mariano Morales Sendino, don Lino Rodríguez Márquez, don Antonio Martínez Talavera, don José Marcos Xoubanova Blázquez, don Joaquín Piñeiro Riveiro, don Angel Barreiro Vilariño, don Tomás Pérez Bolorino, don José Esteban Peña, don Luis Escámez López, don José Cabalgas Fernández, don Antonio Zaragoza Sesé, don Miguel Lloret Llorca, don Sebastián Serra Verder, don Mateo Calvet Sancho, don Miguel Chico Ropero, don Justo Saura González, don Manuel Antonio Carvajal Mañogil, don Jaime Canillas López, don Adolfo Oliva Ruiz, don Andrés Bravo Valero, don Rafael Izquierdo Hernández, don Manuel Martínez Hernández, don José Antonio Pérez Andréu, don José Andréu Macía, don Manuel Martínez Trilles, don Francisco García Alba, don Juan Roig Clapes, don Mariano Lorenzo de la Rubia, don Francisco Mercader Martínez, don Francisco Esplá Linares y don Manuel Carvajal Vera contra la Administración, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre revocación del Decreto 3065/1973, de 23 de noviembre, ha dictado sentencia la mencionada Sala, con fecha 29 de noviembre de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de don Salvador Tarrafa Ros y demás litisconsortes antes citados, contra el Decreto número 3085/1973, de 23 de noviembre, así como contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 1975, recaído al resolver el previo recurso de reposición, debemos declarar y declaramos la legalidad del referido Decreto 3065/1973, de fijación de coeficientes retributivos a los funcionarios de Organismos autónomos, en cuanto asignó a los recurrentes, Motoristas de 1.ª y 2.ª clase del Servicio de Vigilancia Fiscal (Ministerio de Hacienda), el coeficiente 2,3 en su Relación-Anexo XIII, a que la presente impugnación se contrae, confirmándolo por estar ajustado a Derecho y absolviendo a la Administración demandada de la pretensión actora. No hacemos especial imposición de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” e insertará en la “Colección Legislativa”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (firma ilegible).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 16 de febrero de 1979.‒P. D., el Director general de Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.