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En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de E.

Hechos

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de E., don M., nacido en E. (Sahara Occidental) el 5 de mayo de 1939, solicitaba la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción ya que ha ostentado la nacionalidad española al haber nacido en territorio español y encontrarse inscrito en el correspondiente Registro Civil, que no pudo ejercer el derecho a optar a la nacionalidad española por encontrarse durante los años 1976 y 1977 en el desierto limítrofe con el Sáhara por la situación del conflicto bélico que vive el Sáhara. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de empadronamiento, certificado de nacimiento, documento de identificación personal del Ministerio de Defensa Español, fotocopia del pasaporte español y salvoconducto del gobierno general del Sáhara. 2. Ratificado el interesado, comparecen dos testigos que manifiestan que conocen a ciencia cierta y atestiguan ser cierto todo cuanto en la solicitud del interesado expone. 3. El Ministerio Fiscal no se opone a lo solicitado por el interesado, toda vez que el solicitante aporta nueva documentación que acredita su residencia en el territorio del Sáhara durante el periodo de vigencia del Decreto de 10 de agosto de 1976. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha 2 de mayo de 2006 en el que deniega la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado. 4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste, mediante representante legal, presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar el reconocimiento de la nacionalidad española con valor de simple presunción. 5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que procede confirmar la resolución recurrida. La Juez Encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Fundamentos de Derecho

I. Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, y las Resoluciones de 11-8.ª y 12-3.ª de septiembre de 2001 y 29-2.ª de octubre de 2002 y 13-2.ª de febrero y 4-3.ª de julio de 2003 y 17 de julio de 2004. II. Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de presunción que tiene la nacionalidad española de origen un saharaui, nacido en territorio del Sahara en 1939, cuyo nacimiento se inscribió en el Registro Civil de esta anterior posesión española. III. La petición se fundamenta en la doctrina sentada para el caso particular de otro saharaui por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998. Ahora bien, aun reconociendo la dificultad -no apreciada por la sentencia- de conceder eficacia retroactiva al artículo 18 del Código Civil, dando trascendencia a una posesión y utilización de la nacionalidad española derivados de actos muy anteriores a la Ley de 17 de diciembre de 1990 que introdujo ese artículo, lo cierto es que en el caso presente concurren circunstancias específicas que permiten aplicar al caso la doctrina de aquella sentencia, pues suponen una coincidencia notable con el supuesto de hecho singular contemplado en la decisión del Tribunal Supremo. IV. La primera de estas circunstancias es que está suficientemente probado que el interesado no estaba incluido en ninguno de los dos supuestos en que, en función de su residencia y en razón de determinada documentación, se permitía a los naturales del Sahara el derecho a optar a la nacionalidad española en los términos y plazo establecidos en el Real Decreto de 10 de agosto de 1976. En efecto durante todo el periodo de tiempo en que estuvo en vigor el citado Real Decreto el promotor, según se ha acreditado mediante la práctica de diligencia para mejor proveer acordada por este Centro Directivo, no residía en España ni en el extranjero, sino en el Sahara y, por tanto, no pudo optar a la nacionalidad española en el plazo de un año al amparo de esta disposición. V. La segunda de las circunstancias apuntadas consiste en que el promotor ha acreditado suficientemente la posesión y utilización continuadas de la nacionalidad española. En efecto, siguiendo la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998 aquellos documentos administrativos expedidos por las autoridades españolas deben considerase como signos de posesión de estado tenidos en cuenta como medios de prueba. La admisión de esta documentación española, no obstante haber quedado anulada y desprovista de todo valor conforme a la disposición final segunda del repetido Real Decreto, hay que entenderla como corolario de la aplicación retroactiva del artículo 18 del Código civil efectuada por el Alto Tribunal en la sentencia que se cita. En cualquier caso, admitidas tales pruebas es evidente que en base a las mismas el promotor reúne los requisitos que para la consolidación de la nacionalidad española establece el artículo 18 del Código civil.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:

1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado.

2.º Declarar con valor de simple presunción que M. es español de origen; la anotación se practicará al margen del asiento de nacimiento que debe extenderse en el Registro Civil Central.

Madrid, 24 de abril de 2007.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.