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Documento BOE-A-2019-13423

Decreto de 9 de septiembre de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se nombra Fiscal Delegada de Extranjería en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a doña Concepción García de Prado de Olives.

Publicado en:
«BOE» núm. 227, de 21 de septiembre de 2019, páginas 103956 a 103957 (2 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio Fiscal
Referencia:
BOE-A-2019-13423

TEXTO ORIGINAL

El 16 de julio de 2019, el Fiscal de Sala de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado remitió a la Inspección Fiscal escrito del Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el que propone el nombramiento de la Fiscal, Ilma. Sra. doña Concepción García de Prado de Olives, como Delegada de la especialidad en la citada Fiscalía.

Hechos

Con motivo de la vacante en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, del cargo de Fiscal Delegado de la Especialidad, el Fiscal Superior comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. Trasladada la propuesta tan solo hubo una solicitante, la Ilma. Sra. doña Concepción García de Prado de Olives, quien tiene acreditada experiencia y formación.

La propuesta ha sido elevada, con fecha 8 de julio de 2019, por el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears destacando los méritos que hacen idónea a la candidata para desempeñar el cargo.

Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2019, el Fiscal de Sala de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción alguna, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (art. 3.4 RD 437/1993).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de méritos alegados (art. 36.4).

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá también el mismo procedimiento de designación en los casos en los que el Delegado Provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, quién podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado, a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento. Asimismo, la propuesta del Fiscal Superior está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Nombrar a la Ilma. Sra. doña Concepción García de Prado de Olives, Fiscal Delegada de Extranjería en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

2. Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny, n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contenciosos-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 9 de septiembre de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.

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