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El 26 de diciembre de 2018 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado comunicación del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Illes Balears dando cuenta de la renuncia efectuada por el Delegado de Criminalidad Informática en dicho órgano del Ministerio Fiscal, Ilmo. Sr. don José Díaz Cappa, que fue aceptada por Decreto de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado de fecha 21 de enero de 2019.

Hechos

Único.

Con motivo de la renuncia del anterior Delegado de Criminalidad Informática quedó vacante en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad. Para cubrirlo, el Fiscal Jefe Superior comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud, sin que hubiese ningún peticionario, procediéndose por aquel a designar por turno de reparto para el ejercicio de la función a don José Alfonso San Román Ibarrondo, por considerarlo persona idónea para el ejercicio de dicha actividad, dada su preparación, sólidos conocimientos jurídicos y experiencia especifica en esta materia, habiendo participado en Congresos Internacionales sobre la misma.

Dicha propuesta fue remitida el 16 de julio de 2019 a la Fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática que en escrito de 30 de julio de 2019, ante la ausencia de peticionarios asume la designación efectuada por el Fiscal Superior proponiendo a la Fiscal General del Estado el nombramiento de don José Alfonso San Román Ibarrondo, dadas las condiciones que concurren en el mismo por razón de sus conocimientos y preparación en esta materia, y la experiencia adquirida en el anterior desempeño de esa función en calidad de Fiscal Delegado de esta especialidad en la Fiscalía Provincial de Madrid, tarea en la que cesó voluntariamente y por propia iniciativa el 10 de enero de 2013, no formulando objeción alguna el Consejo Fiscal (art. 3.4 RD 437/1983).

Fundamentos

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (art. 36.4), lo que ha sido debidamente cumplimentado.

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá el mismo procedimiento de designación también en los casos en los que el delegado provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Superior de Illes Balears está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, acuerdo:

1.  Nombrar al Ilmo. Sr. don José Alfonso San Román Ibarrondo, Fiscal Delegado de Criminalidad Informática en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.

2. Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny, n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 9 de septiembre de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.