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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 21 de mayo de 2024, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020, acuerda:

1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas del informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la administración socio-laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020.

2. Aprobar el informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la administración socio-laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad.

3. Instar al Gobierno a:

– Llevar a cabo los estudios oportunos para evaluar la conveniencia de que la protección por desempleo, contributiva, y no contributiva se integre en los presupuestos de la Seguridad Social, puesto que conforme al artículo 42 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, esta protección forma parte del sistema de Seguridad Social y su pago se realiza a través del circuito financiero de la Tesorería General de la Seguridad Social.

– Que las transferencias del Estado que recibe el Servicio Público de Empleo Estatal para la cobertura de este tipo de gastos tengan entrada en el circuito financiero de la Seguridad Social, para, seguidamente efectuar un abono en formalización a este organismo autónomo. Así quedarían en la Tesorería General de la Seguridad Social los recursos liquidos asociados a dichas transferencias, para afrontar los pagos de las prestaciones y subsidios de desempleo, y a la vez, el Servicio Público de Empleo Estatal contaría con la cobertura presupuestaria necesaria para asumir la imputación de los gastos por este concepto.

4. Instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a:

– Llevar a cabo los estudios oportunos para evaluar la conveniencia de que la cobertura de la protección por desempleo, contributiva y no contributiva se integre en los presupuestos de la Seguridad Social, puesto que, conforme al artículo 42 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, esta protección social forma parte del sistema de la Seguridad Social y su pago se realiza a través del circuito financiero de la Tesorería General de la Seguridad Social. Con ello se conseguiría reunificar en la misma área administrativa del sistema de la Seguridad Social, la Imputación presupuestaria de los gastos por este concepto y su pago material, evitando así las posibles disfunciones entre el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y la liquidez de la Tesorería General de la Seguridad Social.

– Que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina determinen con exactitud y rigurosidad el importe que corresponda a las prestaciones por incapacidad temporal asimilada a accidente de trabajo por COVID-19 abonada a los beneficiarios bajo la modalidad de pago delegado, con la finalidad de mejorar el control y seguimiento de estos gastos extraordinarios del sistema de la Seguridad Social.

– Que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ajuste su interpretación del artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, a lo dispuesto al efecto en la disposición final octava apartado uno del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, para que los entes que han de asumir los costes derivados de las exoneraciones asociadas a la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el precitado artículo, los imputen correctamente.

5. Instar al Instituto Nacional de la Seguridad Social a determinar con exactitud y rigurosidad el importe que corresponde a las prestaciones por incapacidad temporal asimiladas a accidentes de trabajo por COVID-19 abonada a los beneficiarios bajo la modalidad de pago delegado, con la finalidad de mejorar el control y seguimiento de estos gastos extraordinarios del sistema de Seguridad Social.

6. Instar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a ajustar su interpretación del artículo 17 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, a lo dispuesto al efecto en la disposición final octava apartado uno del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, para que los entes que han de asumir los costes derivados de las exoneraciones asociadas a la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el precitado artículo, los imputen correctamente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.–El Presidente de la Comisión, Juan Francisco Serrano Martínez.–El Secretario Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.