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«Hago saber: Que por este anuncio se notifica al que fuera funcionario del Cuerpo Nacional de Policía don Gregorio Morín Núñez (DNI 42.012.733-J) que el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, ha dictado una resolución, de fecha 16 de marzo de 2006, en el expediente declarativo de pago indebido que se sigue contra él, que no ha podido serle notificado por otros medios al encontrarse en paradero desconocido, y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Declarar que don Gregorio Morín Núñez (DNI 42.012.733-J), ha percibido indebidamente de la Administración la cantidad líquida de quince mil setecientos veintisiete euros con noventa y seis céntimos (15.727,96 €), en concepto de retribuciones básicas durante el período comprendido entre 28/07/2000 y el 9/09/2002 en el que estuvo suspenso de funciones; con la consecuente obligación de restitución de esta cantidad mediante ingreso en la Delegación de Economía y Hacienda del lugar de su domicilio, y remisión del correspondiente justificante de pago al Área de Retribuciones de la División de Personal de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, informándole que este Centro Directivo lo comunicará a la Delegación de Economía y Hacienda competente en el plazo máximo de diez días previsto en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2005 sobre reintegros de pagos indebidos (BOE número 311, de 29 de diciembre de 2005), contados a partir de la notificación de la presente resolución con el fin de que esta pueda efectuar el registro contable del derecho y su cobro en período voluntario.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, a tenor de lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tiene su domicilio el interesado, o bien, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se encuentra la sede de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que es el órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, así como en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 17 de abril de 2007.-El Director General de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida Ferrando.» La presente notificación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61, a fin de que pueda alegar lo que a su derecho convenga y presentar los documentos y justificaciones pertinentes, advirtiéndole que en el caso de no efectuar dichas alegaciones ni aportar los documentos o justificaciones aludidas se tendrá por realizado dicho trámite.

El interesado podrá conocer el contenido completo de la presente resolución, personándose de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el Área de Retribuciones, sita en la calle Julián González Segador, s/n, de Madrid en el plazo de diez días computados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 18 de abril de 2007.-El Jefe de la Sección, Roberto Gómez Guillén.