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Por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1994 («BOE» núm. 64, de 16 de marzo de 1994) se aprobó por el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP) del Puerto de Tarragona, siguiendo los trámites del artículo 15.2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En fecha 6 de julio de 2005, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona acordó formular la relación de los bienes y derechos considerados de necesaria expropiación para la ejecución del PUEP. Previa solicitud del Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, el 1 de septiembre de 2005 el Delegado del Gobierno en Cataluña, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y con los artículos 16, 17 y 18 de su Reglamento, acordó someter a información pública la relación de los bienes y derechos afectados por el PUEP, al objeto de que los titulares pudiesen subsanar posibles errores u omisiones. A tal fin se publicaron los correspondientes anuncios en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 225, de 20-9-2005, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona», núm. 216, de 19-9-2005, en el «Diario de Tarragona» de 22-9-2005 y se insertaron edictos en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Tarragona y Vila-seca. Como consecuencia de dicho trámite de información pública, algunas entidades y particulares presentaron alegaciones, las cuales hacen referencia a que se subsanen determinados errores de titularidad, naturaleza y superficie incluidos en la citada relación de bienes y derechos; disconformidad con la calificación o uso de los terrenos afectados; y, finalmente, que se incluyan diversas edificaciones y construcciones existentes en alguna de las fincas. Tales alegaciones fueron trasladadas a la Autoridad Portuaria de Tarragona para su estudio y consideración y han sido contestadas por ésta en un escrito de fecha 5 de abril de 2007, con el contenido que, en síntesis, se reproduce a continuación.

1. Doña Ángeles García Maldonado. En cuanto a las alegaciones que realiza en interés propio, no se aceptan por no estar incluida la finca que dice ser de su propiedad dentro del perímetro correspondiente a los terrenos afectados por la expropiación, por lo que no puede considerarse como interesada en este procedimiento.

Respecto a las alegaciones que realiza en representación de otros propietarios, no se valoran por no estimar suficiente el poder presentado al efecto.

2. D. Ramón Sevill Ollé, en representación de Inmobiliaria Sevill Ollé, S.L.

No se acepta la alegación sobre la mayor cabida de las fincas afectadas, ya que la superficie catastral es coincidente con la que figura en la relación de bienes, por lo que se mantiene la superficie de 96.079 metros cuadrados.

Se admite y toma en consideración la alegación referente a la existencia de diferentes edificaciones, construcciones e instalaciones destinadas a diversos usos, las cuales serán valoradas en el trámite oportuno.

3. Dña. Isabel Pujol Batlle, en representación de Aiscondel, S.A. y de Aragonesas Industrias y Energía, S.A.

Finca número 8: Se rechaza la alegación sobre el uso de la finca como emisario, dado que ha caducado la concesión otorgada en su día y únicamente dispone de una autorización provisional. Por otra parte, en el catastro consta sin uso específico.

Fincas números 3 y 18: Se rechaza la alegación sobre el uso como emisarios de ambas fincas, dado que ha caducado la concesión otorgada en su día y únicamente dispone de una autorización provisional. Por otra parte, en el catastro constan sin uso específico.

4. D. Antonio Sáez Casas y otro, en representación de Bayer Polímeros, S.L.

Se acepta corregir la titularidad de las fincas 20, 21 y 24, en el sentido manifestado por el alegante, y se atribuye la propiedad a Bayer Polímeros, S.L.

5. D. Miguel Muñoz Marco, en representación de Clariant Ibérica, S.A.

Se admiten sus alegaciones en cuanto a la titularidad de las fincas números 1 y 2 de la relación de bienes y se corrige, atribuyéndola a Clariant Ibérica, S.A., y se acepta también la superficie afectada que indica.

No se acepta la modificación de la naturaleza de las fincas citadas, ya que en el registro catastral figura la calificación como suelo rústico, sin que se acredite otra naturaleza distinta, por lo que no procede reconocer la solicitud de modificación a suelo urbano industrial consolidado. Visto que se han cumplido los trámites de los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y los concordantes del Reglamento, 26 de abril de 1957, y se ha emitido informe favorable por la Abogacía del Estado; de conformidad con lo previsto en los artículos 20, 21 y 22 de la citada Ley y 19, 20 y 21 del Reglamento y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 23.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuelvo:

1. Declarar la necesidad de la ocupación de los bienes y la adquisición de derechos afectados por el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Tarragona, aprobado y declarado de utilidad pública por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1994, cuya relación individualizada queda definitivamente aprobada, después de que se hayan incorporado las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas, la cual figura en el anexo insertado a continuación.

2. Disponer la publicación de esta resolución en la forma prevista en el artículo 18.2 de la Ley de Expropiación y su notificación individual a quienes aparezcan como interesados en este procedimiento, tal y como establece el artículo 21 de dicho texto legal. 3. Solicitar de los Registros de la Propiedad de Tarragona y de Salou, la expedición de los certificados de dominio y cargas de las fincas afectadas y la práctica sobre éstas de la anotación que prevé el artículo 32.1.ª del Reglamento Hipotecario o, en su caso, la emisión del certificado negativo de inscripción.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Barcelona, 12 de junio de 2007.-El Delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel i Tarrés.