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La instauración de la llamada «Nueva Política Económica» en Bolivia, en el año 1985, supuso el inicio de una etapa de profundas y continuadas reformas estructurales, que le han permitido, entre otros avances, la privatización de las empresas públicas bajo un original sistema conocido como «capitalización», la creación de un nuevo sistema de pensiones y significativas mejoras en los sistemas educativo, financiero, impositivo y judicial. Hasta el momento, las reformas han permitido al país disfrutar de una larga estabilidad económica con moderadas tasas de crecimiento que es necesario aumentar.
Desde el punto de vista económico, además del interés estrictamente comercial del país, las inmensas necesidades de infraestructura, junto con las excelentes perspectivas en el terreno energético y la gran potencialidad de su sector industrial, constituyen campos interesantes de actuación para las empresas extranjeras. En efecto, tras la construcción y puesta en funcionamiento del gasoducto Bolivia-Brasil el pasado año, nuevos descubrimientos de importantes reservas de gas han provocado el estudio de nuevas salidas del gas boliviano a los mercados vecinos (Paraguay, Argentina y Brasil), que convertirían a Bolivia en una potencia del gas de gran importancia en la región. Adicionalmente, están en estudio varios proyectos de gran envergadura de generación eléctrica con gas para su exportación a los mercados vecinos. Por otra parte, también hay que resaltar los futuros proyectos de infraestructura vial que deberá afrontar el país, que podrían convertir a Bolivia en el centro neurálgico de interconexión terrestre alternativo a la necesidad actual de interconexión marítima entre el norte y el sur de Sudamérica y las dos vertientes oceánicas. Finalmente, en el sector industrial, el país también ofrece grandes oportunidades, principalmente en los sectores de explotación de su abundante riqueza mineral (estaño, plomo, zinc), agropecuaria (soja, café, azúcar, arroz, carne, algodón, maíz, cereales y madera) y agroindustrial de exportación.
En términos de inversión, también puede considerarse a Bolivia como un destino relevante de la actividad empresarial española. España ocupa el quinto lugar en el ranking de países inversores.
En lo que respecta a las relaciones institucionales, el marco actualmente existente es adecuado y constituye un magnífico punto de apoyo para la actividad de las empresas españolas, que es necesario aprovechar.
Por las razones anteriormente expuestas, se considera necesaria la creación de una Oficina Económica y Comercial de España en La Paz, con el fin de mejorar la asistencia a la empresa española en su penetración en el mercado boliviano, dentro del marco normativo que forman tanto la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, como los artículos 11 y 15 del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre Organización de la Administración del Estado en el Exterior, y 4 del Real Decreto 2827/1998, de 23 de diciembre, de organización, funciones y provisión de puestos de trabajo de las Consejerías y Agregadurías de Economía y Comercio en las Misiones Diplomáticas de España.
En su virtud, a iniciativa conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Economía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de mayo de 2003,
DISPONGO:
Se crea la Agregaduría de Economía y Comercio de la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Bolivia, con sede en La Paz, que se articula como Oficina Económica y Comercial de dicha misión.
Esta Agregaduría de Economía y Comercio dependerá funcional, administrativa y presupuestariamente del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, sin perjuicio de las facultades de dirección y coordinación del Jefe de la Misión Diplomática.
La estructura orgánica de la Agregaduría de Economía y Comercio será la que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo, sin que ello suponga, en ningún caso, incremento del gasto público.
Los gastos que origine la apertura, instalación y funcionamiento de la Agregaduría de Economía y Comercio que se crea por este real decreto se cubrirán con cargo a los créditos de los presupuestos ordinarios del Ministerio de Economía existentes para las Oficinas Económicas y Comerciales en el extranjero, incluidos los del personal, por lo que no se producirá incremento del gasto público.
El Ministro de Administraciones Públicas y los Ministros de Asuntos Exteriores y de Economía, en el ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo previsto en este real decreto.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 2 de mayo de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
